Sindicales denunciaron acoso de la justicia jujeña

El viernes pasado se conoció el pedido de detención de toda la comisión directiva del Ingenio La Esperanza de San Pedro de Jujuy y el de sus asesores legales. Las detenciones se sucedieron hasta que la movilización masiva de la gente logró que el lunes siguiente quedaran todos liberados, aunque continúan procesados.

Primero fueron detenidos Raúl Maigua y José Álvarez; mientras que el resto de la comisión directiva, Santiago Bonillas, José María Castrillo, Ricardo Daniel Cuellar, José Tolaba, como así también sus representantes legales, Fabián Tejerina y Enrique Alejandro Wandschneider se entregaron el lunes, luego de conseguir, mediante la movilización frente al juzgado, que la jueza acepte un rápido trámite judicial y una inmediata liberación en una causa que, según aclaró un representante legal a Radio Pueblo, no es excarcelable, aunque lo hace igual “para mantener la paz social”.

La semana pasada el sindicato anunció que en paritarias iba a reclamar que el trabajador del Ingenio Ledesma gane cinco mil pesos, tres días después salió la orden de detención. El único beneficiado con esta situación fue el Ingenio Ledesma, que cuenta con cuatro mil trabajadores del azúcar y tres mil de la fruta. No debe tomarse como una casualidad que uno de los detenidos haya sido el Dr. Wandschneider, quien es asesor del gremio del Tabacal, La Mendieta y del gremio de los azucareros y de los Frutales del Ingenio Ledesma.

Esta medida fue ejecutada por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas del Juzgado de Instrucción en lo Penal 5, está relacionada con la toma de la fábrica en el año 2010 cuando estaba en situación de quiebra La Esperanza. Los obreros realizaron esta medida para defender sus puestos de trabajo. La decisión de la jueza no es llamativa, ya que Pérez Rojas es la misma magistrada que el año pasado ordenó el brutal desalojo y represión en el Ingenio Ledesma que se cobrara la vida de Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán y que provocara más de una decena de heridos.

El Dr Wanschneider, en conferencia de prensa el martes pasado consideró que este accionar judicial fue violatorio a la libertad sindical, a las garantías personales constitucionales de cualquier trabajador o persona que esté dentro del ámbito del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy. “Esta jueza tiene ámbito en San Pedro, Liberador, Valle Colorado. Cualquier compañero esta expensa a que irrumpan en su casa a las seis de la mañana, sin notificación previa, sin indagatoria, sin trámite previo, directamente vaya y diga usted está detenido”.

Aclaró el letrado, que en enero de este año por las cuatro muertes de Ledesma, los secretarios generales de los sindicatos del Azúcar del Ingenio Río Grande La Mendieta, La Esperanza, de Ledesma y de distintos gremios no azucareros, presentaron un Jury de enjuiciamiento contra la jueza. “Le notificamos a la Sra. Jueza, y le dijimos usted no puede juzgar, nosotros la estamos denunciándola a usted, eso es una cuestión de código procesal penal”. El Jury lo realizaron porque “cuando se produjo el problema en el triángulo en Libertador, secuestraron a nuestro vicepresidente, se lo llevaron a cinco kilómetros de otra localidad, balearon a otro dirigente y resulta ahora que es una bala de plomo. Vemos que todo esto se manipula, no se encuentran resultados a estas causas, pero si se tiene tiempo para proteger los intereses de los empresarios”, indicó Wanschneider.

En la conferencia de prensa también habló Rafael Vargas, secretario general del azúcar de Ledesma, quien se refirió a las paritarias nacionales para el sector. “Estamos cuestionando cosas que antes nunca se cuestionaban, entonces nosotros queremos mostrar nuestra disconformidad y nuestra gran preocupación respecto a cómo se maneja el Poder Judicial. Hoy no nos sentimos con las garantías que necesitamos los dirigentes para trabajar de una manera libre, sin que se nos coarte la posibilidad de trabajar con nuestra gente y poder denunciar estas cosas, porque la criminalización que hoy se busca en el actuar sindical realmente nos preocupa”, remarcó Vargas.

Según el dirigente, causa sospecha la actitud de la jueza al reactivar una causa que estaba a punto de prescribir y ordenar directamente la detención de los trabajadores sin trámite previo. “En una causa a punto de prescribir se le ha dado todo el tiempo, argumento y herramientas para que nuestros compañeros hayan sido detenidos y tratados como delincuentes. Eso es lo que nos preocupa, porque nosotros lo único que buscamos es un salario digno, condiciones dignas de trabajo y poder trabajar para nuestra gente. Vemos asombrados que cuando los gremios empiezan a trabajar de manera ordenada y organizada, en un bien común, cuando asesores empiezan a tener el prestigio y la confianza de los trabajadores, empiezan a ser perseguidos”.

Sobre las excusas de la jueza de que se trató de un simple trámite policial, el Dr. Wanschneider señaló: “No ha sido sencillamente un trámite judicial, ella tendría que haber notificado a cada compañero, que se había avocado al expediente y decirle usted está imputado, le notifico que yo me estoy avocando al caso, porque ella no es la jueza originaria del expediente, es el Dr. Zaman. Por una ley que salió en diciembre del 2011 se apersona en el expediente, lo tramita y nosotros nunca habíamos tenido ninguna notificación. O sea que los imputados podríamos ser cualquiera de los 2.300 trabajadores que estuvieron manifestando ante los tribunales de San Pedro el 10 y el 30 de marzo de 2010”.

Para muchos jujeños estas detenciones y la persecución a los trabajadores de La Esperanza tienen relación directa con la Ley Antiterrorista, además de la presión de la patronal para que la justicia persiga y detenga a los trabajadores. La justicia jujeña tiene el antecedente de sumar más de 15 luchadores sociales con causa armada. Los primeros imputados bajo esta ley fueron dos integrantes de la Corriente del Pueblo por pintadas realizadas en el Hotel Howard Johnson perteneciente al vicegobernador Guillermo Jenefes.

por Noelia Carrazana