Reformas y reservas para el modelo

Las expectativas de sectores afines al gobierno de que la presidenta anunciara la reforma a la Ley de Entidades Financieras se desvanecieron. La mandataria optó por no hacer “tanto ruido” para no molestar a la banca. Presentó, en su lugar, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que deberá ahora ser enviado al Senado.

La reforma, aprobada en general por 142 votos contra 84, consiste en ampliar las finalidades, funciones y facultades de la entidad, del Directorio y de su presidente.

La actual Carta Orgánica establece en su artículo 3º que la entidad tiene como misión fundamental preservar el valor de la moneda. La reforma de dicho artículo define como sus finalidades la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Se le incorpora la facultad de “regular y orientar el crédito”, la de “proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia”, a abrir sucursales y otras dependencias de entidades financieras para “atender zonas con menor potencial económicos y densidad poblacional”.

El presidente asume, con la reforma, la potestad de dirigir la actuación de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Este sector del BCRA, desde donde se ejerce el poder de fiscalizar a los bancos, financieras y agencias de cambio, estaba definido hasta ahora como un “órgano desconcentrado”, pero con la modificación quedará supeditado a la actuación del presidente de la entidad y se le recortan atribuciones. Además se le suma la atribución de operar en los mercados monetario y cambiario quedando en el Directorio solo la posibilidad de intervenir en las decisiones que puedan afectar a dichos mercados.

Por su parte, el Directorio podrá, luego que se apruebe la nueva Carta, regular las condiciones de crédito en cuanto a plazos, tasas de interés, comisiones y demás cargos, así como orientar su destino y promover, a través de las instituciones financieras, su oferta a mediano y largo plazo destinada a la inversión productiva. Tendrá también la potestad de establecer políticas diferenciadas orientadas a las Pequeñas y Medianas Empresas y las economías regionales.

Uno de los puntos relevantes es la facultad del Directorio de determinar el nivel de reservas del Banco Central para lo cual el Gobierno también ha enviado la modificación de la llamada Ley de Convertibilidad, a través de la derogación de los artículos que obligan a que las reservas del Central sean las mismas que la base monetaria (o sea que por cada peso circulante o depositado a la vista en cuentas de entidades financieras, haya un dólar de reserva en el BCRA). Se terminaría así con el llamado “1 a 1”, que fue el corazón del neoliberalismo de los 90.
En el tema de las reservas se centra una de las mayores luces rojas que diversos sectores han encendido respecto a esta reforma.

Por un lado, la nueva Carta Orgánica le incorpora al Directorio la facultad de “fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero” y, como complemento, se modifica el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad estableciendo que el nivel de reservas lo definirá el Directorio para poder cumplir con esas políticas. “Las excedentes - dice el nuevo artículo 6 – se denominarán de libre disponibilidad (...) y podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral”.

Aumentaría entonces la cantidad de reservas de libre disponibilidad que podrá utilizar el Banco Central. El punto está en para qué serán usadas, qué se entiende por “ordenamiento económico” y a qué apunta la “expansión” del sistema financiero.

El economista Julio Gambina opinó al respecto, en el programa Al Oeste de FM En Tránsito: “Las reservas pueden utilizarse para un desarrollo autónomo. El problema es que en general sospechamos que van a ser utilizadas para seguir cumpliendo con los pagos al exterior. Es muy probable que Argentina siga privilegiando su inserción internacional como pagador porque siendo parte del G20 que discute la crisis mundial, no puede no seguir con el plan riguroso de pago para que sea recibida en el mercado mundial de capitales”.

Esta opinión es fundamentada si analizamos la llamada política de “desendeudamiento” que desde la gestión kirchnerista ha pasado por varias instancias. Recordemos el pago de la deuda al FMI que hizo Néstor Kirchner en 2005, la creación del Fondo Bicentenario de Desendeudamiento en 2010 y que seguramente seguirá con la cancelación de la deuda ilegítima al Club de París.

El 1º de marzo, cuando la presidenta Cristina Fernández abrió las sesiones ordinarias del Parlamento muchos sectores kichneristas pensaron que uno de los anuncios sería la modificación de la Ley de Entidades Financieras. Sin embargo, planteó la reforma de la Carta Orgánica porque dijo que reformar la ley era hacer “mucho ruido para romper pocas nueces”.

Conservar la ley de entidades financieras de la dictadura (de la cual el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, dijo que era la ley más revolucionaria) es que siga vigente una norma que permitió el proceso de concentración y extranjerización de la banca en Argentina. Extranjerización que hoy sigue plenamente vigente y que posibilita el ingreso y salida de capitales, y que sea uno de los sectores que más ganancias obtienen haciendo plata con la plata.

La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo, al presentar el proyecto ante los diputados: “Si no se quiere forzar un brutal ajuste fiscal se hace esto” o sea pagar deuda con reservas. Esta única salida para Marcó del Pont, parte de la idea de que primero hay que pagar y luego ver que se hace con la plata que nos queda. En esta línea se instala la “disyuntiva” de que se paga con fondos del presupuesto (el ajuste fiscal al que hace referencia) o se paga con reservas.

“Sin embargo, en estos 8 años se han pagado, tal como lo dijo Cristina Fernández en su discurso del 1º de marzo, 19.500 millones de dólares en bonos de deuda pública que fueron entregados a ahorristas para salir del corralito. Y la presidenta se lamenta por no haber podido utilizar ese dinero en inversiones en el sistema ferroviario”, dijo Gambina.

“Por su lado, la oposición de derecha se opone al proyecto porque entre otras cosas dice que hay que guardar las reservas y si se necesita dinero hacer ajuste de gastos. Sin embargo, ambas posiciones apuntan a garantizar el pago a los acreedores”, agregó el economista.
Lo concreto es que se sigue pagando y la deuda pública sigue en aumento. Este año vencen alrededor de 15.000 millones de dólares de intereses de la deuda. Una parte están en el presupuesto 2012 pero seguramente no alcanzará para cancelar la totalidad por lo que van a tener que usar reservas internacionales (como ya lo han hecho en su momento).

Nos preguntamos qué tipo de producción es la que va a favorecerse con el desarrollo y orientación del crédito que se prevé poner en práctica a partir de la reforma de la Carta Orgánica en un país que se sustenta con la soja en el campo, la megamineria contaminante y la industria automotriz.
Gambina afirma que se debería discutir entonces cuál es el modelo productivo que se sigue afianzando en Argentina y para el cual la reforma será funcional: “La producción en la Argentina está altamente concentrada, extranjerizada, transnacionalizada, y su financiamiento se encuentra mas en el mercado mundial de capitales que en el local. Entonces uno se pregunta cuál es la producción que se va a alentar (1) (…) No alcanza solo con cambiar la orientación del Banco Central si no se establece una política que suponga el cambio del modelo productivo”.

por Fabiana Arencibia