El gobierno y la justicia contra los jubilados

por Ceferino Rivas

Por enésima vez, los jueces de los tribunales de la Seguridad Social dijeron que el sistema judicial previsional está “en colapso”.

Los datos que ofrecen son claros: “En el año 2009 se sortearon 128.650 expedientes; en 2010, 132.981; y (finalmente) en 2011, 133.741″. Agregaron que “el sorteo a Sala desde 2009 a 2011 aumentó en un 77,41% (25.036 expedientes en 2009 y 44.137 en 2011), cuya derivación es la demora en la tramitación de las acciones, circunstancia ésta que afecta a un universo de litigantes con edad avanzada” (Diario Judicial).

“Como en todo el fuero, esto está en una situación de colapso por la inmensa cantidad de juicios. Es una situación patológica, porque hay una gran cantidad de procesos que, en realidad, no deberían existir. Se están haciendo arqueos en las tres salas de la Cámara, todavía falta arquear la Sala II. Yo calculo que deben existir en la Cámara entre 40.000 y 50.000 causas en trámite”, aseguró Martín Laclau, vicepresidente de la Cámara Federal de Seguridad Social, a Diario Judicial.

La Auditoria General de la Nación calculó que hay 500.000 juicios en trámite. Tres años atrás, la Corte Suprema tuvo que disponer de una “feria judicial” por el peligro de derrumbe del edificio del Fuero de la Seguridad Social en la calle Lavalle al 1200, por el peso de los expedientes, luego de una inspección del Inti.

Mientras la Anses gasta y gasta en costosas publicidades falsas, ésta es la realidad del sistema jubilatorio. Medio millón de juicios porque el gobierno no cumple con los fallos de la Corte Suprema. Es la mayor “movilización” de jubilados, que se renueva todos los meses a razón de unas 9.000 nuevas demandas por mes. Pero la Corte Suprema y los jueces también incumplen con sus fallos porque la Anses no está pagando en término las sentencias firmes y eso obliga al jubilado a iniciar otro juicio que puede demorar otros tres años.

Lógicamente, la Anses no computa esta enorme deuda en sus cuentas, de tal manera de seguir pagando jubilaciones paupérrimas y beneficios y gastos que no le pertenecen, como la asignación por hijo o las computadoras, que deberían pagarse y ampliarse con impuestos al capital y no a costa del sistema jubilatorio.

Obligar a un jubilado a iniciar un juicio de reajuste de haberes, juicio que puede demorar diez años más otros cuatro años para eventualmente cobrarlo, cuando ya la Corte Suprema se expidió, es un “crimen de lesa humanidad”.

El gobierno “nacional y popular” de los “derechos humanos” especula con la muerte de litigantes para “ahorrar” fondos para “honrar” el pago de la deuda.

La solución es sencilla: extender automáticamente a todos los jubilados los fallos de la Corte y establecer el 82% móvil.