PAMI NO ESCUCHA

por Fabiana Arencibia

En el mes de junio, cuando cumplían sus 1000 marchas, los jubilados nucleados en la Mesa Coordinadora, reclamaron ante la Cámara de Diputados que sea tratado un proyecto presentado por ellos para que se sancione una nueva Ley Previsional (1).
Este proyecto contempla en su fundamentación y articulado los aspectos que vienen planteando desde hace 20 años: que se deroguen las leyes vigentes del menemismo (24241 y 24463); el 82 % móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función; un haber jubilatorio mínimo no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, actualizado con la canasta básica total que sea la real. Exigen también que la dirección y administración de los fondos previsionales la realice un Ente Público no Estatal, con representantes de jubilados y trabajadores activos elegidos con voto directo y secreto, y la participación del Estado.
Además acaban de presentar un proyecto de Ley de Normalización de su obra social: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. El texto prevé que el instituto sea dirigido, como lo fue desde sus comienzos, por una comisión directiva de 11 miembros: siete representantes de los jubilados y dos de los trabajadores activos –todos por elección directa y secreta - y dos representantes del Estado. Y que el presidente del Consejo de Dirección sea elegido por los jubilados.
El Pami es la obra social más grande de América Latina y la segunda en toda América, con alrededor de cuatro millones y medio de afiliados. Fue creada hace 40 años y está intervenida desde hace treinta. Por lo que los jubilados no tienen ningún poder de decisión en el manejo y la administración de sus fondos
El INSSJP se creó para resolver los problemas vinculados a la atención de la salud de jubilados y pensionados. También se encarga de la recreación y los viajes y de la internación en geriátricos. Pero lo fundamental es el tema de la salud, por lo cual es insólito que el organismo no presente balances donde puedan verse los ingresos y las salidas de dinero. Desde la Mesa han reclamado a la Auditoria General de la Nación que les informen sobre entradas y salida de dinero, pero no han obtenido respuesta.
Marcos Wolman, secretario general de la Mesa Coordinadora, afirma que este punto encubre el manejo discrecional que la intervención del Pami hace con los fondos que recauda. Uno de los “grandes negocios” lo tienen las cámaras farmacéuticas. Estas administran dinero que el instituto les da por cada jubilado, para que los provean de medicinas. Mientras que el Pami cubre solo una parte de su costo, el resto lo pagan los jubilados con sus haberes. “Evaluando las grandes ganancias que tienen hoy los laboratorios y las empresas farmacéuticas vemos que ahí está el gran negocio que aparece totalmente oculto. Por otro lado están las contrataciones a través de tercerizar servicios y además privatizaciones hasta del servicio de ambulancias (2). Hay una deficiencia muy grande y un manejo incontrolado porque quien lo gestiona exclusivamente es el Estado a través de una intervención”.
El último decreto de intervención del actual gobierno finalizó en el 2004. Sin embargo se firmó entonces uno nuevo, de necesidad y urgencia, por el cual se nombró a un director y un subdirector ejecutivos hasta que el Congreso sancionara la ley que definiera el funcionamiento de la institución. El Poder Ejecutivo envió luego un proyecto para ello, que fue aprobado por una de las cámaras del Congreso. Luego pasó a otra que lo modificó y entonces debió regresar nuevamente a la de origen. Entre idas y vueltas, pasó el tiempo y los años. El proyecto nunca fue aprobado.
“Los fondos proveniente de los trabajadores activos, las contribuciones de sus empleadores y la parte que el Estado deriva para la Seguridad Social deben ser utilizados para resolver exclusivamente las jubilaciones y pensiones (...) Hoy esos fondos se utilizan para otras cosas, incluso para pagar deudas y resolver problemas financieros del Estado y se manejan de forma arbitraria”, afirmó Wolman en una entrevista realizada en el programa Al Oeste de FM En Tránsito.
Según sostiene el actual interventor nacional del PAMI, Luciano Di Cesare, el presupuesto del instituto para 2010 fue de 15.600 millones de pesos. Asegura además que el organismo tiene reservas por 7.200 millones de pesos, o sea, la mitad de su presupuesto anual. Wolman se pregunta cómo entonces es posible que el gobierno use los fondos para pagar deudas, cubrir sus déficits y para planes sociales que deberían salir de los recursos ordinarios que el Estado recauda por impuestos y otros ingresos como las retenciones, en lugar de destinarlos para resolver la deficiente atención a la salud de los jubilados y pensionados, con medicamentos que cada vez son más caros y de los cuales el Pami solo cubre una parte, con cerca del 76 % por ciento del total de los jubilados que cobran el haber mínimo - por debajo de la canasta de pobreza establecida por el Indec - que significan 40 pesos diarios.
La base del reclamo por parte de los jubilados es que las normas vigentes han convertido a los organismos en entes estatales-gubernamentales, lo cual permite a cualquier gobierno de turno manejar los fondos de los jubilados sin que ellos puedan ser parte de la toma de decisiones.
Por eso los proyectos presentados apuntan a convertir a ambos organismos en entes Públicos No Estatales; por lo tanto, en ambos casos, se reclama que sean administrados y dirigidos por representantes de jubilados y trabajadores activos elegidos con voto directo y secreto, y la participación del Estado.
Al referirse a los proyectos presentados, la Mesa Coordinadora sale al cruce de quienes dicen que no son sustentables en el tiempo y afirman: “En una Argentina que en las condiciones de demanda mundial de su producción y riquezas naturales, crece a altas tasas, son decisiones políticas la determinación del destino del crecimiento, de la distribución del ingreso.
Son decisiones políticas que definen los intereses de clase del Gobierno y los poderes del Estado”
Además sostienen que “el logro de la nacionalización de los recursos previsionales y el fin del negociado de las AFJP debe ir acompañado por la decisión sobre los destinos de esos fondos, que deben ser dirigidos y administrados por los interesados con participación del Estado, como establece la Constitución Nacional”.
Y agregan: “Son decisiones políticas, producir una profunda reforma impositiva, que entre otros aspectos se elimine el IVA en productos de consumo básico, establecer impuesto a la transacciones financieras, disponer de la renta que produce la explotación del petróleo, la minería, y recursos estratégicos que deberían estar en manos del Estado, el terminar con el agravio de seguir pagando la deuda externa ilegítima y no investigada. Son decisiones políticas que harían sustentable para hoy y en el tiempo la Seguridad Social”.