Jujuy: Expropiación y comisión investigadora

La Cámara de Diputados de Jujuy aprobó en sesión especial la expropiación de 40 hectáreas en Libertador General San Martin. También se aprobó la creación de la Comisión Investigadora para determinar responsabilidades en los incidentes de Libertador.

La Legislatura jujeña aprobó por unanimidad en la sesión especial de anoche (01/08) la creación de la Comisión Parlamentaria Extraordinaria Investigadora por la Verdad y la Justicia, para esclarecer los graves episodios acaecidos en la localidad de Libertador el 28/07, y precisar las responsabilidades políticas.

La comisión está integrada por 12 miembros:

> por el PJ: Patricia Arach, Jorge Casas, Guillermo Snopek, María Elina Domínguez, Héctor Tento y Daniel Almirón;

> por la UCR: Jorge Rizzotti, Pedro Olver Legal, Pablo Baca y Alberto Bernis; y

> por Primero Jujuy: Carolina Moisés y Roberto Bidondo.

La comisión podrá recibir denuncias y material probatorio sobre los hechos que se investigan; requerir y recibir declaraciones testimoniales, efectuar careos; realizar inspecciones oculares, solicitar informes escritos u orales, requerir el envío de documentación a los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de administración pública provincial o municipal o de entres descentralizados, autónomos o autárquicos, y a toda persona jurídica de existencia física e ideal. También queda facultada a establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.

También podrá denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación es otra de las facultades que se confiere a la comisión. Además, podrá requerir la presencia de funcionarios y personas por la fuerza pública.

En un plazo de 15 días corridos contados a partir de su constitución, la Comisión deberá elevar un informe final a la Cámara, dice la resolución sancionada anoche.

Durante la sesión, Osvaldo del Grosso (PJ) apeló a datos del Censo para intentar demostrar que el Gobierno hizo bastante en materia habitacional, aunque terminó reconociendo que no ha sido suficiente y que en lugares como Libertador es muy difícil dar respuestas por razones que no explicó.

El presidente del bloque justicialista, Rubén Rivarola, quien momentos antes había sido interpelado por no haber evitado el desalojo cuando se sabía con antelación que iba a ocurrir, prefirió apuntar los cañones hacia el Poder Judicial y tras cuestionar al juez Jorge Osvaldo Samman por firmar el desalojo y luego tomarse vacaciones.

El papel del Ingenio Ledesma fue abordado por la diputada Carolina Moisés quien habló de “grupos económicos a los que no les importa su responsabilidad social” y ya pasaron todos límites.

Pablo Baca manifestó la necesidad de investigar la actuación de Ledesma en el episodio.

Expropiación

En la sesión especial, Diputados sancionó la Ley 5.679 que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de 40 hectáreas de propiedad de la empresa Ledesma, con destino a “satisfacer necesidades sociales de la población del lugar”.

Durante el debate, el bloque justicialista sobrellevó casi en silencio las fuertes acusaciones de la oposición, que le endilgó la principal responsabilidad en la muerte de 4 personas durante el intento de desalojo de un predio de Ledesma. La incapacidad del Gobierno para responder a la intensa demanda habitacional de poblaciones del interior de la Provincia, fue otro de los cargos.

La ley de expropiación, que fue considerada histórica por el diputado ledesmense Pedro Olver Legal, estipula que el Poder Ejecutivo realizará los trámites tendientes a la expropiación de la fracción del inmueble referido, pudiendo actuar el procedimiento de expropiación de urgencia y compensar el depósito respectivo con los créditos que correspondan al Estado provincial por tributos adeudados en razón del inmueble de que se trata.

También dispone que el valor de la fracción será establecido de conformidad a la valuación definitiva que efectuará el Tribunal de Tasaciones de la provincia con los efectos previstos en el artículo 79 de la Ley 3.018. Las tierras –dice en otro artículo- serán destinadas a satisfacer necesidades sociales en el marco de las leyes 2.903 y 3.169.

El proyecto se aprobó con el voto de los bloques PJ y UCR.

El Frente Primero Jujuy no apoyó la iniciativa por considerar que las decisiones en esta materia deben apoyarse en estudios serios sobre las demandas habitacionales en Libertador.

Oscar Agustín Perassi afirmó también que “no nos convence dar un cheque en blanco a este Gobierno” y recordó el empréstito con ANSeS que sancionó la Legislatura a fines de 2009 para construir viviendas.

Carlos Lops, legislador del PJ, tampoco votó el proyecto porque dijo que el solo anuncio de la expropiación desató una ola de apropiación de terrenos y viviendas en varios lugares de Jujuy.

“La más perjudicada por el conflicto es Cristina Fernández de Kirchner”, lamentó.

El terreno según el proyecto sancionado está individualizado como matricula E-19735 Circ. 1 Sección 5 – Parcela 566, Padrón E-426.

Originalmente, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo proponía expropiar solo 15 hectáreas, pero los legisladores consensuaron elevarlas a 40 teniendo en cuenta que en los últimos tres días se incrementaron los asentamientos ilegales en propiedades del ingenio Ledesma.

Barrionuevo

El gobernador de la Provincia, Walter Barrionuevo, realizó previamente una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno provincial en la que pidió mesura a la gente que está ocupando terrenos y que no se deje engañar por aquellos que solo buscan generar más conflicto.

Barrionuevo dijo que las personas que están ocupando terrenos en la zona de Libertador General San Martín están siendo "inducidas de forma irresponsable por gente que quiere aprovecharse de la situación y buscan además sacar algún tipo de beneficio".

Agregó que si persisten en esa actitud no podrán acceder en el futuro a una vivienda porque "están actuando fuera de la legalidad; no es el camino correcto el que eligieron".

Barrionuevo pidió que la gente "no se deje engañar para ocupar un terreno", ya que pasarán a estar inhabilitados y serán incompatibles para poder acceder a una vivienda, y/o planes sociales ya sea que sea construida ésta por la Nación o la provincia.

El gobernador no descartó que los trágicos acontecimientos hayan tenido un origen político tomando en cuenta que se está a pocos días de una elección interna en el partido gobernante.

Confirmó que también el Estado se presentará como querellante en la causa y que a tales efectos el Fiscal de Estado, Alberto Matuk, tomará conocimiento del expediente judicial que está en curso.

Morales

El senador nacional Gerardo Morales, anunció previamente que la UCR promoverá un proyecto de ley para que el Gobierno Provincial y el Municipio de Libertador diseñen un ordenamiento territorial.

Morales dijo que “el crecimiento urbanístico de Libertador General San Martín lo debe definir el pueblo con sus representantes, no la empresa”, por eso la UCR impulsará la expropiación de 100 hectáreas al Ingenio Ledesma o las que sean necesarias para atender los déficits de tierra y vivienda.

"La gente de Libertador quiere vivir en Libertador”, destacó Morales y señaló que el déficit habitacional existente en esa ciudad ha provocado hacinamientos y condiciones indignas de vida.

Finalmente, Morales afirmó que “la única manera de ponerle fin a estos hechos graves es la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia y el gobierno debe resolver la falta de trabajo, de tierra y viviendas” concluyó.