Tierras fiscales sociedad anónima

por Fabiana Arencibia

El 16 de diciembre pasado, la legislatura entrerriana sancionó la ley 10.092, promulgada a los tres días por el Poder Ejecutivo provincial. La norma pone en peligro uno de los humedales mas importantes del mundo, fuente generadora de agua potable, y entrega por 99 años a una sociedad anónima la explotación del puerto y de tierras fiscales.
La nueva norma derogó la anterior ley 9.603 que protegía a “todas las Islas Fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos, que al presente pertenezcan al patrimonio provincial o que en lo sucesivo ingresen al mismo por cualquier título o modo”.
Entre otras medidas, la 9.603 explicitaba que si esas tierras fuesen arrendadas debía hacerse mediante el “procedimiento público de selección de ofertas”, con contratos de duración de tres años, renovables por única vez por igual plazo. Además prohibía que se subarrienden y que en ellas se realice explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.
Derogada esta ley, un área de 200.000 Has de tierras fiscales pasa a ser zona liberada para la práctica agrícola más agresiva y contaminante. El proyecto del gobernador Sergio Urribarri, alineado al proyecto kirchnerista, deja estas tierras que son propiedad del estado en manos de poderosos grupos privados. Y además permite concesionar el puerto dentro del mismo paquete.
“Podemos señalar que es una enormidad sin precedentes en la historia de la provincia la entrega al Capital privado concentrado, del control y manejo de dos fuentes de riqueza y desarrollo como son las tierras fiscales y los puertos. Y esto con la creación de una sociedad comercial con participación minoritaria del estado provincial, renunciando al control en la toma de decisiones”, dice un comunicado dado a conocer ayer por un grupo de ciudadanos y organizaciones de Paraná y la región, que se han comenzado a organizar para que la nueva ley sea derogada.
La 10.092 crea “Arroz Delta Entrerriano SA” , sociedad comercial que podrá por 99 años “ejercer la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la Provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo y la concesión para el mejoramiento, ampliación de su capacidad instalada, modernización, administración y explotación comercial de los puertos, con arreglo a lo establecido en la presente ley y en el respectivo contrato de concesión que será redactado y suscripto por el Poder Ejecutivo provincial quien actuará como Concedente”
También la Sociedad podrá hacer convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Si bien el estado provincial será titular de acciones de esa S.A. solo tendrá 20 por ciento del capital con lo cual pierde el control sobre la toma de decisiones. Tampoco lo poseerá en la dirección y administración de la empresa en el cual solo tendrá un integrante titular, sobre un total de cinco.
La ley también establece que el Poder Ejecutivo provincial puede transferirle a la sociedad anónima, en forma total o parcial, “los préstamos que sean concedidos a la provincia de Entre Ríos por organismos oficiales de crédito o por instituciones bancarias oficiales” siempre que se destinen al “mejoramiento y transformación de las tierras fiscales de propiedad de la provincia de Entre Ríos, o para el mejoramiento, modernización y la ampliación de la capacidad instalada del Puerto de Ibicuy”.
Además lo autoriza a contratar un préstamo de hasta 50 millones de dólares para financiar la ejecución de estos proyectos. La garantía de devolución la constituyen las sumas a percibir por el régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales.
Ayer, convocados por el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, personas y entidades de diversas procedencias –ambientales, gremiales, políticas, culturales, educativas, etc, se reunieron y decidieron organizarse para luchar por la inmediata derogación de la ley provincial 10.092.
En una gacetilla de prensa afirmaron que la esta norma “promueve un mayor proceso de concentración y extranjerización de las tierras, pero a la vez abre peligrosamente el camino para una mega depredación de los humedales del Delta, y donde los beneficiados serán unos pocos privilegiados a costa del patrimonio y los bienes comunes de todos los entrerrianos”.
Critican además el apuro en aprobar la ley en el recinto de mayoría kirchnerista, sin que mediara un estudio y ni siquiera el conocimiento previo de su texto.
“Esta norma otorga inexplicablemente dos cheques en blanco: uno a las empresas de los agrobusiness y otro al Poder Ejecutivo, quién podrá establecer las condiciones de las contrataciones a discreción. Debe entenderse que las tierras fiscales no son de propiedad privada de ninguna gestión de gobierno. Pertenecen al pueblo de la provincia y los legisladores no han recibido ninguna autorización en blanco de sus electores como para disponer sin debate y sobre tablas la entrega del patrimonio de todos los entrerrianos”, afirman.