Basta de represión del gobierno imperialista a los movilizados pueblos mineros
Los únicos responsables de la represión en Catamarca (Belén y Tinogasta), La Rioja (Famatina) y Tucumán (Amaicha del Valle) son la Presidente Cristina Fernández y sus cómplices provinciales, los Gobernadores Lucía Corpacci, Carlos Breder Herrera y José Alperovich.
Todos ellos, como el Gunga Din de la película homónima, son sirvientes y socios nativos de las empresas imperialistas inglesas, canadienses, norteamericanas, europeas y australianas como Barrick Gold, Xstrata, Yamana Resources, Anglo Gold, FMC Lithium, Río Tinto, Openheimer, etc y por lo tanto, están para “cuidar” los intereses de los accionistas de las empresas imperialistas que saquean los minerales, que solo pertenecen al Pueblo Argentino.
La legislación vigente en materia minera (Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras (1993) y subsiguientes, la Constitución antinacional de 1994, etc), “autoriza” a las empresas imperialistas el saqueo de los minerales, la contaminación del aire, el agua y el suelo; que pueden usar intensivamente la electricidad y el agua en provincias desérticas y encima sin pagar el valor de su consumo, que les confiere el privilegio de la estabilidad impositiva por 30 años; que les permiten exportar en base a papelitos -declaraciones juradas-, que la Aduana Nacional no controla ni la cantidad exportada ni el contenido de los minerales exportados (calidad) y minimizan totalmente las regalías mineras a pagar a las Provincias.
No debe llamar la atención la represión de la Gendarmería Nacional y las Policías Provinciales contra los pueblos mineros y la complicidad de la “justicia” Federal y provincial, con el pleno apoyo del Gobierno Nacional. Tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Judicial provincial y federal-, son pretores al servicio del imperialismo, que cuidan el saqueo que ejecutan sus mandantes. La historia del colonialismo y del imperialismo occidental desde el siglo XVI hasta la fecha, demuestra palmariamente que las burguesías imperialistas de Gran Bretaña, Europa Occidental, EEUU y Japón, jamás han escatimado esfuerzos en usar la violencia, el asesinato, el genocidio de pueblos enteros, las guerras fratricidas, las invasiones militares y los golpes de Estado, para apoderarse de los recursos naturales no renovables -minerales, e hidrocarburos de los países del Tercer Mundo (Asia, Africa y América Latina), en donde se localizaban tales riquezas. Las dictaduras semifascistas o gobiernos “civiles” fraudulentos o no, impuestos por el imperialismo con la ayuda de las clases dominantes de los
países sometidos, siempre han tenido un único propósito: imponer a las sociedades dependientes, la monoproducción, la monoexportación, el sometimiento a la explotación y al hambre de los pueblos. Solo así, podían -y pueden- apoderarse a precio vil de los minerales y de otros recursos, necesarios para el ciclo productivo de los países metropolitanos.
América Latina aún recuerda el saqueo español de la plata del Potosí, en época Colonial –Siglos XVII a XIX-, con la muerte de miles de indios, sometidos a un bárbaro sistema de explotación. Y en el siglo XX, la Rosca boliviana de Hoschild, Patiño y Aramayo, sirvientes y socios del imperialismo, llevaron al minero a morir antes de los 40 años por las enfermedades contraídas en la extracción del estaño. Las rebeliones de los humildes mineros fueron reprimidas –antes de la Revolución de 1952- en forma sanguinaria, por el ejército oligárquico de la Rosca. Hoy mismo, las expediciones militares imperialistas anglofrancesas y norteamericanas a Irak (2003), a Afganistán (2003), a Libia (2011) y el actual acoso a los legítimos Gobiernos de Siria e Irán, tuvieron y tienen un único motivo: saquear el petróleo, el oro y el agua de esos países, pisoteando abiertamente el Derecho Internacional con todo cinismo y al mejor estilo del Hitler de 1938, con el cínico apoyo de la ONU, máscara del bandidaje imperialista. La mencionada invasión a Irak, le costó la vida a más de 1.000.000 de iraquíes y la reciente a Libia, 60.000 libios muertos por los bombardeos de la OTAN, además del derrocamiento y asesinato de sus legítimos gobernantes –Saddam Hussein- o conductores –Muhammad Gaddafi-.
Debemos ser claros en que la discusión ambiental, no puede ocultar que la contaminación de los emprendimientos mineros a Cielo Abierto o Megaminería, es consecuencia y no causa del problema minero. La contaminación del medio ambiente, el uso intensivo del agua y de la
electricidad en los proyectos mineros en operación, es el resultado “lógico” de la elección de las empresas imperialistas de la tecnología de la minería a cielo abierto, por razones de costos. Otra tecnología extractiva de los minerales metalíferos es posible, pero tiene otros costos, en principio superiores, con disminución de la rentabilidad. Esta es la razón, de la elección de la minería a cielo abierto por parte de las empresas imperialistas, que determina la contaminación ambiental y el uso intensivo del agua y la electricidad. Estos procesos, pueden realizarse en virtud de la legislación promulgada por la democracia colonial, continuadora de la dictadura colonial, iniciada con el golpe de 1976 y que permiten legalmente el pillaje. Existen otras formas tecnológicas de extracción de minerales, con menor impacto ambiental, pero con mayores costos. Pero ello, solo lo puede hacer el Estado –en función del interés nacional y social-, si la propiedad del subsuelo y la industrialización de los minerales extraídos quedan a su cargo. Eso es lo que los políticos vendepatria no quieren hacer, por tener un respeto reverencial por el imperialismo y por los compromisos secretos que tiene con este, y que no dicen públicamente. Solo la Revolución Nacional, lo puede hacer.
El tema en cuestión, es el saqueo imperialista de recursos con un valor superior a
miles de millones de dólares –Oro, Plata, Cobre, Molibdeno, Uranio, Cromo,
Potasio, bromo, zinc, estaño, etc, etc, etc- en más de 600 emprendimientos en
150.000 km2 de la Cordillera de los Andes que están en operación, en construcción, en exploración, o en estudio y no la contaminación, que es consecuencia de aquel. Si esos mismos minerales, en lugar de ser saqueados por el imperialismo, fueran extraídos por el Estado argentino y puestos al servicio de la república, nos permitiría a los argentinos producir energía eléctrica a bajísimos costos (utilizando el uranio), ser un Gran País Industrial en base a los metales resultado de la metalurgia de los minerales extraídos del subsuelo, tener un altísimo nivel de vida, dar empleo a millones de provincianos obligados en el presente a migrar por falta de oportunidades laborales. Los gobiernos provinciales podrían disponer de recursos genuinos de carácter impositivo (regalías), durante el período de vida útil de los proyectos.
No es posible aceptar la esclavitud financiera bajo ningún concepto que nos impuso a los argentinos la dictadura colonial del 24 de marzo de 1976, y que le permita al imperialismo, el saqueo de recursos que solo pertenecen al Pueblo Argentino y que en Tribunales extranjeros se dirima la propiedad de los yacimientos, ubicados en territorio argentino.
La disyuntiva es clara: o los minerales los extraemos los argentinos con una empresa estatal extractiva e industrial que transforme los mismos, dentro de nuestras fronteras, sin contaminación y si no que se queden en el subsuelo.
-Basta de represión de la Gendarmería y las Policías provinciales.
-Procesamiento inmediato de los funcionarios judiciales –fiscales y jueces- y políticos –gobernadores y Secretarios de Estado, responsables de las represiones en las Pcias. de Catamarca, La Rioja y Tucumán.
-Derogación de la Ley Nº 24.196, llamada de Inversiones Mineras y suspensión inmediata de todos los emprendimientos mineros en operación o en prospección y exploración, amparados dicha ley, con simultánea ocupación de los yacimientos mineros por parte de las FFAA, en representación del Estado Argentino.
-Derogación de la Constitución de 1994 e inmediata restauración del imperio de la Constitución de 1949, derogada por un bando militar de septiembre de 1956, con inmediata transferencia al Estado Nacional de la propiedad del subsuelo de las provincias (art. 40º).
Reestatización de las empresas públicas con inmediata transferencia al Estado Nacional de sus servicios y/o producción, usurpadas por el capital imperialista y socios nativos y privatizadas a precio simbólico por imperio de las leyes Nº 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica –que también serán derogadas-, sin ningún tipo de resarcimiento para los actuales concesionarios y/o propietarios, también por imperio del art. Nº 40º de la Constitución de 1949.
-Creación de una empresa estatal nacional de
minería –con participación de los gobiernos provinciales de los habitantes de las regiones mineras-que tendrá a su cargo la extracción de los minerales metalíferos y no metalíferos, así como la fundición y refinación de los primeros. Se establecerá una Ley que regle las misiones y funciones de la empresa a crear, así como el régimen de regalías a favor de las provincias que dispongan de minerales, que sustituya al 3% actual, del valor de bocamina.
En principio, el régimen de regalías a favor de las provincias, podría efectuarse, por analogía- con el régimen previsto por la Ley Nº 17.319 –de hidrocarburos-, estimada en un 12% del valor de bocamina.
Por todo lo expresado, las organizaciones abajo firmantes declaramos:
O la minería la explotamos los argentinos, con mínimo impacto ambiental o si no, que
se quede bajo el subsuelo.
¡No al pillaje imperialista de los minerales argentinos y a la contaminación.!
¡Viva la Lucha de los Pueblos Mineros.!
¡Viva la Patria.!
Leopoldo Markus - Partido Socialista de la Izquierda Nacional (2ª época)
Juan Manuel Soaje Pinto - Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro (CEEMFRA)
Rubén Tamborindeguy - Centro Cultural Alejandro Olmos
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