Conflictos por la tierra y leyes que los sostienen

por Noelia Carrazana

A un mes de 2012 el estado argentino sigue ignorando los reclamos en la relación con la tierra de sus ciudadanos (aborígenes, campesinos y sociedad urbana). Además de agudizarse las protestas en contra de las mineras, los reclamos de los qom por sus tierras siguen sin resolverse y las comunidades mapuches sufren abusos constantes de invasión de sus territorios. Las leyes que los protegen son violadas sistemáticamente y gobernadores provinciales continúan entregando tierras para su explotación, a empresas extranjeras.

En el norte el reclamo de la comunidad Qom La Primavera sigue sin resolverse y cada vez sus integrantes son más castigados a través de amenazas verbales y físicas que vienen denunciando. Las Comunidades Mapuches también sufren abusos constantes como en el caso de Neuquén, donde comerciantes, estancieros, concejales y funcionarios de la lujosa Villa Pehuenia, pretendieron nuevamente apropiarse de tierras de la comunidad Mapuche Placido Puel. Cantaron el himno nacional a modo de mostrar que ellos son argentinos y les pertenece la tierra como espacio público… ¿y los mapuches qué?

Un grupo de más de cien personas integrado por empresarios de la Cámara de Comercio, concejales, estancieros y funcionarios municipales ingresaron a territorio del lof Placido Puel en las costas del lago Alumine. Con la consigna “playa para todos los argentinos”, banderas argentinas y desparramando insultos racistas, los intrusos golpearon a mujeres y hombres Mapuche que se encontraban en el lugar. Días antes el municipio, a fuerza de topadoras, comenzó a arrancar especies nativas para utilizar esa costa que es parte del territorio comunitario. El Lof Placido Puel, no quiere en esta etapa abrir ese extremo del territorio al turismo. Las familias Mapuche impidieron el trabajo de las maquinas e instalaron un alambrado precario para resguardar su territorio.

Existen leyes que amparan a las comunidades pero se cumplen contadas veces: el artículo 75 de la Constitución nacional, las leyes 23.302 y 26.160; en la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, y la adhesión argentina al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las comunidades aborígenes vienen reclamando que se reconozca "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y señalan que debe garantizarse "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". En este sentido es muy poco lo que se avanzó ya que por ejemplo no existe prácticamente ningún trabajo realizado por el supuesto relevamiento oficial previsto en la ley 26.160 para definir cuánta tierra les correspondería a esas comunidades. Este trabajo lo tendría que haber llevado a cabo desde el 2006 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

“La mayoría de estas personas que nos golpearon ni siquiera viven acá, son de afuera, casi todos de Buenos Aires”, afirma el inan logko Raúl Puel representante de Villa Pehuenia. Se cree que el intendente Badilla junto a las empresas de turismo tiene interés de explotar los recursos turísticos del territorio comunitario.

Durante el mes de enero se conoció el informe de Amnistía Internacional. En una en nota al diario Río Negro, el presidente de esta organización, asegura que en argentina el 40% vive marginado, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces ni siquiera tienen documentos. "Lo que está pasando en la Argentina con los pueblos indígenas es un genocidio silencioso. La situación en todo el país es parecida: no tienen acceso a sus tierras, muchas veces los territorios que les pertenecían fueron vendidos y ocupados por privados o el Estado los utiliza para fines diversos" indicó Montero.

El investigador explicó que “los aborígenes Argentinos muchas veces no tienen acceso a su identidad porque se ven privados de acceder a las tierras ancestrales y eso es lo que les da acceso a la cultura, porque esas tierras tienen que ver con sus formas de vida, son sus cotos de caza. Eso es lo que les permite mantener su identidad cultural. Tienen que mirar hacia grandes centros urbanos y se convierten en mano de obra barata. Otros, como los tobas, en Formosa, tienen títulos de propiedad, pero el Estado está llevando a cabo una serie de acciones que viola el derecho de propiedad que ellos tienen sobre esas tierras, violando la ley 26.160, que prohíbe realizar cualquier tipo de desalojo o actividad administrativa sobre las tierras hasta tanto haya un relevamiento territorial que permita conocer qué pueblos indígenas viven en qué tierras. Mientras, no se puede intervenir en esos lugares, mucho menos de manera violenta como sucedió en Formosa”.

Esto en parte ocurre porque en las ultimas décadas y desde el ingreso a Argentina de la soja transgénica resistente al glifosato, en 1996 cuando Felipe Solá era secretario de Agricultura, se afianzó la producción de monocultivos transgénicos y la alta rentabilidad de los commodities. Esto sucedió en paralelo a que la política para paliar el hambre de los expulsados del campo, fue un conjunto de diferentes variantes asistencialistas y de control social sobre las poblaciones perjudicadas y sobre los territorios devastados.

Las comunidades afectadas pasan de denunciar la quita de tierras a pedir la prohibición de las fumigaciones cercanas a poblados, la no deforestación, todas consignas legítimas pero que fragmentadas como se vienen dando desde algunos sectores hacen que el único beneficiado sea el modelo extractivita propiciado las connivencias de Monsanto con sectores episcopales y los lobbies corporativos sobre las Universidades, el INTA, el INTI, el CONICET y el Ministerio de Agricultura. (1)

Desde el Grupo de Reflexión Rural (GRR), en este sentido denuncian el proyecto de ley propuesto por la Presidenta Cristina Fernández, titulado “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, explican que “en ese contexto, que los extranjeros no puedan tener la propiedad de las tierras, pero sí permitirles el uso, explotación y control de ellas, parece una disposición absurda o al menos una contradicción in situ”. Es decir que esta ley sólo se limita a quienes pueden ser los dueños de la tierra, mientras permite que el manejo y control de las tierras puedan seguir en poder de los grandes capitales como en la actualidad que el empresario sojero Grobocopatel de jacta de ser un campesino sin tierras, y es uno de los más beneficiados económicamente con los suelos argentinos que tiene rentados y que seguramente abandonara una vez que ya no le sean productivos por la misma desedificación que genera el cultivo intensivo de la soja.

Alcances de esta Ley Como vemos en estos ejemplos los perjudicados serán los mismos de siempre, ya que existen denuncias de los pobladores de la provincia de Río Negro por el acuerdo firmado entre el Gobernador Miguel Ángel Saiz con la empresa estatal china de la provincia de Heilongjian. Según datos del GRR, China pasará a controlar la producción de 330.000 hectáreas en los valles rionegrinos, sobre un total de tierras aptas para agricultura de 500.000, a lo sumo 800.000 con un sistema de riego muy eficiente. Es decir que China controlará, en el mejor de los casos, casi la mitad de las tierras agrícolas de toda la provincia de Río Negro; en el peor, controlará más del 65% de las tierras aptas para agricultura de la provincia de Río Negro. El agua y los nutrientes contenidos en los alimentos que se desean llevar, tampoco figuran en la contabilidad economicista que practican demasiados dirigentes e intelectuales.

Lo mismo sucederá en la provincia del Chaco, donde el Gobernador Capitanich ha firmado acuerdos con la empresa proveniente de Arabia Saudita del Sheik Al-Khorayef (Alkhorayef Group) para que dicha empresa pueda producir más de 220.000 hectáreas de patrimonio de los Chaqueños. Esto sucede en una de las provincias que detentan mayores reclamos de tierras por parte de sus pobladores, cabe preguntarse de dónde saldrán estas tierras que comenzarán a controlar capitales extranjeros. Seguramente de poblaciones con economías de subsistencia que de repente verán como un dragón los saca a coletazos de sus campos por no tener la propiedad legal y quizás quien sabe ni existan para la nación ya que muchos no tienen DNI.