EE.UU: ¿democracia? ¡De acá!...

USA arranca el año bajo una virtual ley marcial
El año empezó en USA con la aprobación National Defense Authorization Act (NDAA), una ley que, en términos generales, permite a las autoridades militares detener a cualquier estadounidense en cualquier parte del mundo sin especificar los cargos que se le imputan ni el tiempo de detención, basándose únicamente en la sospecha de terrorismo. En otras palabras, imponiendo una ley marcial en todo el mundo.

El año nuevo comenzó en USA, al menos en materia legal, con la aprobación por parte del presidente Barack Obama de una medida netamente totalitaria y dictatorial, propia de un gobierno represivo. Se trata de la National Defense Authorization Act (NDAA), una ley que, en términos generales, permite a las autoridades militares detener a cualquier estadounidense en cualquier parte del mundo sin especificar los cargos que se le imputan ni el tiempo de detención, basándose únicamente en la sospecha de terrorismo. Asimismo, la interrogación y persecución de los sospechosos también carece de límites precisos, por lo cual la tortura y otros procedimientos afines podrían volverse totalmente legales.

Aunque se dice que Obama quiso vetar la NDAA por el evidente abuso que implica a las garantías civiles más elementales de todo ciudadano, al final dio su beneplácito, aunque “con serias reservas”: “Quiero aclarar que mi administración no autorizará la detención militar indefinida y sin juicio de ciudadanos estadounidenses. De hecho creo que hacer en esto rompería con nuestras más importantes tradiciones y valores que tenemos como nación. Mi administración interpretará la sección 1021 [de la ley] asegurándose que cualquier detención autorizada se llevará a cabo conforme a la Constitución, las leyes de guerra y todas las leyes aplicables”, declaró Obama en un comunicado al respecto. El diario El País informa que el presidente tuvo que firmar la ley “porque la finalidad general de esa norma es financiar en parte a las tropas y la guerra de Afganistán”.

Por otro lado, activistas y abogados en pro de las libertades civiles se mostraron decepcionados por la actuación del presidente Obama, pues creían que con él habían quedado atrás los excesos en que incurrió la administración Bush en su “guerra contra el terror”; confían además en que esta ley pueda derogarse por medio de otros recursos como la apelación ante la Suprema Corte.

George W. Bush y Obama, ambos en su momento, demandaron que la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) del 2001, les daba el poder para que los militares detengan a la gente por el simple hecho de sospechar de estar asociada con al-Qaeda u otras organizaciones relacionadas, sin acusarlos por el tiempo que dure la “guerra contra el terror”. No importaba si el sospechoso era un extranjero, un ciudadano de USA, o un residente legal. Tampoco importaba si la ofensa alegada era cometida dentro o fuera de USA. El campo de batalla abarcó el mundo entero.

Al interpretar el AUMF de esta manera, ambos gobiernos fueron más allá del lenguaje de la ley. En sus propias palabras, el AUMF solo autoriza “al presidente… a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones, o personas que él determine planearon, autorizaron, estuvieron comprometidos, o ayudaron a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001, o albergaron a tales organizaciones o personas [...] con el fin de prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra los Estados Unidos [cometidos] por tales naciones, organizaciones o a personas”.

Es muy claro que el uso del poder está restringido a la gente implicada en el 9/11 y a quienes los protegieron. Sin embargo, bajo la novedosa teoría de la autoridad constitucional de la rama ejecutiva, esto se convirtió en un virtual cheque en blanco.

El AUMF tampoco hace ninguna referencia a la detención indefinida o a entregar a los ciudadanos y los residentes legales a los militares, en lugar de hacer cumplir la ley civil, cuando ellos son meramente sospechosos de participar en actividades de clasificación incierta tales como “fuerzas asociadas” o de “apoyo” en la comisión de actos beligerantes.

Sin importar la ausencia de un lenguaje relevante [en la ley], los gobiernos de Bush y de Obama exigieron amplios poderes que son una burla para la Constitución de USA y la Quinta Enmienda de los Derechos Civiles en particular.

Ahora estos poderes han sido establecidos formalmente en el papel. Irónicamente, el gobierno de Obama hizo alusión a un veto del proyecto de ley a causa de que, en su versión original, incluía restricciones a su autoridad. Continuando con la filosofía de Bush, de que bajo la Constitución la rama ejecutiva tiene poderes virtualmente ilimitados, Obama se opuso a cualquier intrusión del congreso sobre sus prerrogativas, incluso si solo codificaba la autoridad ya demandada y ejercitada.

Por ejemplo, una sección requería que la rama ejecutiva entregara a los militares a una persona sospechosa de terrorismo. Observe que esto incluso incluiría a los individuos que se resisten a la ocupación norteamericana de Afganistán o al bombardeo en Sudán o Somalia. Podría también incluir a cualquiera que inocentemente dio dinero a una entidad de caridad que no sabía que tenía cierta conexión con una organización “asociada”. Pero al gobierno de Obama no le gustaba que le requieran hacer esto. En cambio, prefiere tenerlo como una opción. Al final, al gobierno se le concedió el poder de utilizar cortes civiles, pero solo después de presentar una renuncia de dicho privilegio con el congreso.

La sección de esta ley dice que dentro de la autoridad militar está incluido la “detención bajo la ley de la guerra sin juicio hasta el final de las hostilidades”. Esta sección, sin embargo, exime a los ciudadanos norteamericanos capturados dentro del país.

La sección siguiente se aplica a los ciudadanos norteamericanos y a otros residentes legales. Aunque dice explícitamente que el gobierno no es requerido entregarlos a los militares, puede hacerlo si lo desea. Obama se opuso con éxito a una prohibición en esta sección contra la detención militar de los ciudadanos norteamericanos.
Como uno de sus defensores, el Senador Lindsey Graham, dijo de la disposición: “La declaración de autoridad para detener se aplica a los ciudadanos norteamericanos y señala al mundo como el campo de batalla, incluyendo a la nación”. Esto no debe sorprender: Obama ya demando la autoridad para matar a norteamericanos sin el debido proceso.

La intención de Obama de firmar el NDAA nos dice exactamente donde está parado él sobre los Derechos Civiles. Como Human Rights Watch lo puso: “El Presidente Obama entrará en la historia como el presidente que implementó la detención indefinida sin juicio en la ley de USA”.