Hacete amigo del juez...

Por Adriana Meyer

Si la impotencia tuviera sabor sería amargo. Ana Gritti la habría sentido así, al igual que los fiscales del juicio por el otrora tan mentado caso venta de armas, en el que ayer fueron absueltos el ex presidente Carlos Menem y el resto de los acusados. Sin embargo, la viuda de una de las víctimas de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, fallecida recientemente, sabía que éste era el final posible para una historia que empezó a escribirse hace más de dieciséis años. Había empezado a percibir esa amargura cuando, luego de años de lucha, la Justicia determinó que no había relación entre ambos sucesos, pocos días después de que la Cámara de Casación sacara al expediente principal del fuero federal para unificarlo en penal económico, o penal “cómico”, como le dicen en Tribunales. Salvo que esta vez la sentencia del megaproceso sólo provocó las sonrisas de Menem y sus cuñados Emir y Amira Yoma.

La causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, unificada luego con la de contrabando ilegal de armamento y pólvora, fue denunciada en marzo de 1995 por el abogado Ricardo Monner Sans en base a notas periodísticas, cuando trascendió que durante la Guerra del Cóndor, entre Perú y Ecuador, Argentina vendió armas a este último país, siendo que era uno de los garantes de paz en ese conflicto. En el caso de Croacia, una resolución de la ONU prohibía la comercialización de material bélico. El juez federal Jorge Urso investigó el presunto tráfico de 6500 toneladas de armamento –en su mayoría usado y perteneciente al Ejército, como los cañones Otto Melara, por unos 35 millones de dólares– como “asociación ilícita, falsedad ideológica de los tres decretos secretos de los envíos de armas y malversación”. Es que en los decretos los funcionarios decían haber hecho los envíos a Panamá y Venezuela. Al mismo tiempo, se abrieron otras dos causas en penal económico por contrabando agravado, y durante años los jueces Julio Speroni y Marcelo Aguinsky tironearon por la competencia del caso.

El 3 de noviembre de ese año explotó la fábrica militar de Río Tercero y murieron siete personas. Los investigadores sospecharon que la voladura tuvo la intencionalidad de ocultar pruebas de la maniobra. En 1996, el presunto traficante Diego Palleros fue citado por la Justicia y escapó hacia Sudáfrica. En octubre de 1998, Luis Sarlenga, interventor de Fabricaciones Militares, se convirtió en el primer preso en la causa. El 4 de abril de 2001, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los ex ministros de Defensa Oscar Camilión y Erman González, del ex canciller Guido Di Tella y del ex jefe del Ejército Martín Balza, entre otros. También ordenó a Urso profundizar la pesquisa en torno del “aspecto patrimonial” del caso, investigar a Yoma y al sirio Monzer Al Kassar y avanzar hacia los “más altos niveles” de decisión. Ese año fue clave: dos días después, Sarlenga se convirtió en “arrepentido” y declaró que Emir Yoma le confió que el dinero de las armas estaba destinado al PJ y que “todos sabían” cuál era el destino real del armamento. El 7 Yoma quedó detenido como presunto “organizador” de la asociación ilícita y horas más tarde el entonces fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria del ex presidente Carlos Menem como “jefe” de esa banda.

En junio de 2001, Página/12 anticipó la detención de Menem. Lejos de ir a marcar palotes en una celda, el ex presidente pasó 166 días en la quinta de Armando Gostanian. Mientras Cecilia Bolocco saludaba desde las rejas del predio de Don Torcuato, su marido mantenía reuniones políticas y el magistrado que lo había “encarcelado” soñaba con mudar sus nuevos sillones de cuero rojo estilo Chesterfield a un despacho de la Corte Suprema. Su colega Speroni benefició con una falta de mérito a Menem, pero en 2002 encarceló al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Todos recuperaron su libertad porque la Corte Suprema consideró que no hubo asociación ilícita. Quizá no hubiera existido un juicio oral si Palleros no confesaba que “todos sabían cómo y a quién se vendía”. Durante la investigación de una década y media, hubo otros cuatro muertos que se sumaron a los siete de Río Tercero: los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, que fallecieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo, y los nunca esclarecidos suicidios del capitán Horacio Estrada, sindicado como presunto traficante, y de la ex secretaria de Yoma Lourdes Di Natale, que había declarado durante doce horas, con las copias de sus famosas agendas.