Cuanto más secreto, mejor

En Tierra del Fuego el gobierno hizo secretos los Contratos Petroleros y prohíbe la difusión de información en los medios de prensa


Una medida dictada hace 7 meses, fue publicada en el Boletín Oficial del 17 de agosto último, por el cual la Secretaría de Hidrocarburos de TDF obliga a las partes que negocien contratos petroleros, a suscribir un contrato de confidencialidad e impide el conocimiento público de las condiciones en que se desarrolla la negociación. Otro escándalo que envuelve a la administración de Fabiana Ríos que aún no pudo recuperarse de la mala prensa que le dio el salariazo que se autoimpuso junto a legisladores del oficialismo y Ministros.Una resolución adoptada para el día de Reyes, el 6 de enero de 2011, por la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, expresa que en todos los contratos de renegociación petrolera que haga la provincia, incluyendo la que está en curso, obviamente, las partes (Estado y privados) quedarán sujetos a un Contrato de Confidencialidad, durante el cual se prohíbe a los actores a brindar cualquier tipo de información y/o difundir detalles de la operación a ninguna persona o medio de comunicación, haciéndose pasible (quien vulneren estas condiciones) a juicios por “daños y perjuicios”.

La medida, previendo el Ejecutivo provincial que iba a despertar serias polémicas, la publicó en el Boletín Oficial recién el 17 de agosto de 2011, o sea, 7 meses después de su promulgación, cuidando de atravesar la fecha de las elecciones provinciales, donde Fabiana Ríos resultó reelecta, estimando de antemano que la difusión de tal noticia podría afectar la intención de voto, especialmente del electorado independiente de la isla, por el rechazo que produce, naturalmente, este tipo de negociaciones secretas, en las cuales se deja afuera del conocimiento al pueblo, encendiendo las suspicacias de corrupción, negociados o intenciones de dejarlo al margen de las decisiones del Estado.
En este sentido el legislador de Encuentro Popular Manuel Raimbault, quien fue uno de los denunciantes del “salariazo” instó al Poder Ejecutivo a anular la norma, dado que la considera ilegítima y atentatoria del control que los distintos organismos, incluyendo la legislatura, deben tener sobre los actos del gobierno.

En virtud de ello y tal como lo manifestó el propio diputado Raimbault, el colmo del ocultamiento oficial llegó a su punto máximo, cuando los diputados de su partido solicitaron una copia certificada de todos los expedientes en trámites sobre la renegociación de contratos o concesiones petroleros, hecho que está amparado por la Ley 653 de libertad de acceso a la información pública y recibieron como respuesta que dado los voluminosos cuerpos que tiene la documentación “de costosa reproducción” y “a fín de evitar un dispendio de recursos” los documentos se ponen a disposición en la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia. El legislador consideró un disparate los argumentos, atendiendo que el interés del objeto, como son los contratos petroleros que firma la provincia comprometiendo el futuro de los recursos naturales de los fueguinos, justifica, a todas luces, el costo de simples fotocopias.
El legislador consideró que en realidad hay una intencionalidad manifiesta de ocultamiento y reserva que atenta contra la institucionalidad y con el derecho público a la información, que además lesiona el derecho individual de los ciudadanos de TDF que luchan, trabajan y contribuyen con su dinero, a sostener la estructura de un Estado que no transparenta sus acciones. (Agencia OPI santa Cruz)