El CIADI y la industria del juicio

Por Modesto Guerrero

Varios países latinoamericanos viven pendientes de los fallos de un tribunal internacional.

Desde hace casi una década, varios países latinoamericanos y muchos del tercer mundo viven pendientes de los juicios de un tribunal internacional conocido como Centro Internacional de Arreglo de Controversia sobre Inversiones (Ciadi), dedicado a procesar demandas millonarias de empresas multinacionales contra los Estados.

Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México acumulan facturas por unos 80.000 millones de dólares en juicios por decisiones gubernamentales que afectaron in­­versiones radicadas en sus economías. Esta suma escala a casi 200.000 millones de dólares si ampliamos el mapa de juicios a los más de 60 paí­ses de América latina, Asia y África que esperan sentencia en el Ciadi.
Esta entidad fue fundada en 1965 para proteger las inversiones externas directas mediante Tratados de Protección. “Las demandas solamente pueden ser planteadas por empresas contra Estados y no al revés. No hay una instancia superior, en consecuencia, las decisiones del Ciadi son inapelables e irrevisables”, señaló en 2007 el economista belga Alan Goods, motivado por la denuncia del Ciadi que hicieron tres Estados de la Alianza Bolivariana de las Américas, Alba.

Según datos del sitio especializado en deuda externa con sede en Bruselas cadtm.org, de las 252 sentencias emitidas hasta 2009, un total de 250 las perdieron los Estados.
Una revisión de los documentos de esta entidad evidencia que la montaña de dinero a cobrar es el resultado de la cantidad de Tratados de Protección de Inversión firmados por cada país en las últimas dos décadas. El 72% de los juicios actuales figuran desde 1991, cuando el neoliberalismo campeaba por el mundo. En sus primeros 35 años de existencia se firmaron 602 Tratados de Protección de Inversiones entre Estados y empresas, mientras que en casi la mitad de ese lapso, 18 años, se triplicaron hasta llegar a los 1.857 Tratados (Sonia R. Jiménez, Unam, México 2009).

Hasta el año pasado, ciento cuarenta y siete países habían aceptado sus normas, pero actualmente varios gobiernos tratan de alejarse del Ciadi. Esta tendencia fue inaugurada por Bolivia y Ecuador entre 2007 y 2009, cuando ambos Estados renunciaron al organismo para no pagar las demandas millonarias a favor de empresas extranjeras afectadas por decisiones oficiales. Ecuador fue sentenciada a pagar 12.000 millones de dólares y Bolivia unos 4.000 millones. Desde entonces, otros cuatro países de nuestro continente, cinco del Medio Oriente y tres de Europa oriental intentan huir de este tribunal.

Guiados por las estadísticas del Ciadi/Banco Mundial, desde el año 1975 hasta 2011, su Tribunal Internacional de Controversias, con sede en Washington, juzgó y resolvió sobre 228 juicios contra 98 países. En 81 casos perdieron Estados de América latina y el Caribe, le siguió África negra con 45 resoluciones en contra, Asia con 34, los gobiernos del mundo árabe con 28 sentencias desfavorables; el resto de los juicios tuvieron que pagarlos nueve Estados europeos de la ex Urss, Turquía y los pequeños países de la lejana Asia.

La Argentina es la nación con más demandas en contra dentro de los tribunales del Ciadi. Un total de 58 causas desde el año 2002 en adelante por las que deberá sufragar alrededor de 20.000 millones de dólares, luego de negociar una rebaja de casi 30.000 millones en 2009.
En América latina le sigue Venezuela con 22 demandas a un costo aproximado de 42 mil millones de dólares en expedientes, más del total de sus reservas actuales (Dr. Luis Britto García, Aporrea, Caracas 18/01/11).

Los tratados de inversión se pactan por alrededor de 10 años. Argentina estaría más presionada porque sus juicios comenzaron entre 2001 y 2003. Aunque en el país caribeño aparecieron casi todos entre 2007 y 2009, cuando se nacionalizaron y expropiaron más de 60 propiedades, el monto supera el doble de Argentina. En ambos casos la presión sobre sus reservas y finanzas será la misma.

La mayoría de las sentencias del Ciadi recaen sobre países latinoamericanos que pertenecen a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Alba, que sostienen políticas autónomas respecto de los principales organismos financieros internacionales. En este contexto, se justificaría la expresión del intelectual venezolano Lusi Brito García, quien calificó lo que hace el Ciadi, como un “golpe judicial”.