Santa Cruz previsible: El ajuste lo van a pagar los estatales
El artículo 3º suspende “todos los regímenes legales de determinación de remuneraciones del personal dependiente de cualquiera de los Tres poderes del Estado que adopten pautas salariales establecidas en otra jurisdicción distinta a la Provincial”. Nuevamente quedan sin efecto los acuerdos salariales surgidos de Convenios Colectivos nacionales y se retrocede a los tiempos en que el Ejecutivo provincial fijaba los sueldos por decreto.
El artículo 7º permite al Ejecutivo “reubicar al personal de su ámbito del sector público a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos humanos existentes, dentro de la zona geográfica de su residencia y escalafón en que reviste”, lo que significa en la práctica poner al personal a “disponibilidad” como sucedió en la dictadura militar.
El artículo 23º restablece el Fondo Unificado de Cuentas Públicas “a los fines de la consolidación, transferencia o unificación de saldos. Más o menos lo que viene ocurriendo desde hace 20 años, el gobernador va a disponer a su antojo de las partidas presupuestarias. Aunque en este caso un tanto mejorado ya que el artículo 26 determina que el Ejecutivo “podrá disponer que los saldos no invertidos de ejercicios anteriores provenientes de recursos con afectación específica de origen provincial, sean desafectados e incorporados al Tesoro Provincial”
En cuanto al régimen previsional la nueva reforma que propone el gobierno rebaja salarios y conculca derechos.
El artículo 35 es el que eleva la edad en coincidencia con el sistema nacional.
“Tendrán derecho a la Jubilación Ordinaria los afiliados que hubieren cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad el varón y sesenta (60) años de edad la mujer, y acrediten treinta (30) años de servicios” determina inapelable el proyecto.
El artículo 36 ° Establece a modo de consuelo que quienes se jubilen bajo las condiciones de la ley vigente “pasarán a aportar, una vez jubilados, tanto los aportes personales que hacían cuando estaban activos, como los patronales, hasta cumplir la edad de 60/65 años ó 57/60 si son docentes. Llegado ese momento, seguirán aportando, igualmente, un 50% del aporte personal” lo que en la práctica es una merma en el haber jubilatorio de entre el 26 y el 30%. Es decir, si el jubilado iba a cobrar 6000 pesos de bolsillo, en realidad va a percibir 4.440 ó 4.200 pesos.
El Artículo 55 bis no solo afecta derechos adquiridos sino la voluntad, capacidad, y libertad individual que tiene cada ciudadano de elegir adonde quiere vivir y pasar el resto de sus días una vez que culminó su vida laboral activa. Sin nombrarlo la nueva norma amenaza quitar el adicional por Zona Desfavorable cuando sostiene: “Los adicionales vinculados a la residencia o arraigo en la provincia, imputados y abonados a los jubilados de la Caja de Previsión según las políticas salariales y previsionales dispuestas, serán de estricto cumplimiento y pasibles de controles efectivos para acreditar la residencia” Promete controlar que el beneficiario continúe viviendo dentro de la provincia, de lo contrario “Ante la detección de la irregularidad consistente en la emigración de la provincia por parte del beneficiario, se iniciarán de inmediato las acciones tendientes a suspender o revocar el adicional en cuestión”. El gobierno y sus sabuesos ejercerán una suerte de control migratorio para evitar que los infieles al régimen crucen Ramón Santas llevándose consigo el adicional por zona desfavorable. Lanchas de la Prefectura patrullarán ambos márgenes de la ría local para impedir la fuga de balseros.
El artículo 42° Sustituye el artículo 122 de la ley N° 1.782 y determina una nueva movilidad:” El índice de movilidad jubilatorio será calculado según la variación de los recursos propios de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz” y restringe los aumentos a marzo y septiembre de cada año. Uno de los puntos más violentos de la reforma de Peralta ya que la movilidad es lo que protegió a las jubilaciones de la inflación. Si se desenganchan, los jubilados estarán condenados a recibir los aumentos que unilateralmente decida el gobierno. Hoy el 85% de los jubilados nacionales cobra la mínima que no llega a los $1.500 mientras que con fondos del ANSES la presidenta Cristina Fernández financia créditos para electrodomésticos o para obras públicas.
Por el Artículo 44 se incrementa el aporte personal a la Caja entre 2 y 5 puntos para los activos a partir de los sueldos brutos que superen los $5.000.
Y el Artículo 48 dispone que todos los jubilados actuales y futuros “estarán sujetos a la retención de una contribución de emergencia sobre el total de las pasividades percibidas por cualquier concepto” a partir de los $4.000, de entre 3 y 17 puntos.
Por lo demás, la pomposa ley de emergencia se reitera con su antecesora surgida de los decretos 139 y 140 de hace dos décadas: que se van a restringir gastos en celulares, viáticos, alquileres, vehículos oficiales, publicidad, y promesas por el estilo de medidas que actúan de relleno para justificar el objetivo de fondo: achicar el gasto público ajustándole el cinturón al vecino, al vecino pobre.
La iniciativa gubernamental no inscribe ninguna medida de fondo que apunte a generar los recursos necesarios para salir del colapso de las finanzas provinciales, solo una dócil “invitación” para que las petroleras y las mineras operen sus fabulosas ganancias a través del Banco santa Cruz. Se espera respuesta de Don Enrique Eskenazi y Peter Munk.
Eso sí, el gobierno no ahorró críticas e imputaciones a terceros adjudicándole la responsabilidad de todos los males de este mundo a los petroleros y docentes y sus reclamos de “privilegios”, y atribuyéndole el rojo previsional al ex procurador Eduardo Sosa, y a un par de matrimonios de ex jueces que están vaciando la Caja con sus fabulosas jubilaciones de privilegio.
Por: Héctor "Cacho" Barabino
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