Los grandes contaminantes siguen en pié: los patrones del Riachuelo

por Lucas Schaerer

Los únicos detenidos por el juez federal Luis Armella fueron trabajadores de fábricas recuperadas. Con un presupuesto de casi 5 mil millones, Acumar solo trasladó este año a 93 familias que vivían en la ribera, de un total de 18 mil.

Casco, pasamontañas negro, guantes de tela para sostener la ametralladora y los borceguies para voltear puertas. Así ingresó el pelotón de 50 efectivos de infantería de la Policía Bonaerense enviados por el juez federal de Quilmes Luis Armella para realizar el allanamiento a la fábrica gestionada por trabajadores, Curtidos Unidos, y así llevarse detenido a un trabajador que ni siquiera saber leer y escribir pero que a los grandes medios ACUMAR, el ente que debe sanear la cuenca Riachuelo-Matanza, hizo creerles que es un empresario contaminador.

Oscar Aguirre es un morocho y petacón curtidor de cuero. Toda su vida laboró en esta actividad. Al punto que las huellas dactilares no pudieron quedar registradas en sede policial porque desaparecieron de sus dedos. “El funcionario de ACUMAR decía mal la versión a los policía. Me acusó que yo era el responsable de la contaminación. Es cierto que firmé un papel porque agarraron unos cueros y me preguntaron si los había trabajado. A lo que respondí que sí.

"Pero después en la causa figura que yo rompí la faja de clausura y eso es falso. Tan injusta fue mi detención que los policías me pidieron disculpas. Ni alpargatas tengo y dicen que soy un empresario”, explicó Aguirre a Noticias Urbanas tras una asamblea en la ex Curtiembre Neira, que desde hace cinco años la gestionan los propios trabajadores del cuero, que entonces fueron avisados por una empleada de limpieza del vaciamiento que realizaba Manuel Neira, quien fundó la curtiembre en 1918 y llegó a tener tres turnos con 280 empleados, y que hoy bajo la gestión obrera resisten en sus puestos 30 trabajadores que conforman la cooperativa Curtidores Unidos, ubicada en Avellaneda, Entre Ríos 1457, a no menos de cincuenta cuadra del Riachuelo.

La detención de Aguirre fue la única de todo el megaoperativo en donde el magistrado Armella libró 38 órdenes de allanamiento sobre distintas empresas vinculadas al rubro curtiembres. De los procedimientos participó personal de la Policía Ecológica de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y el coordinador de Fiscalización Industrial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con directivas del presidente ejecutivo de ese organismo, Oscar Deina.

No fue la única avanzada judicial del quilmeño Armella con su brazo ejecutor, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, más conocida por sus iniciales ACUMAR. Otro de los trabajadores de la recuperada Curtidores Unidos que fue detenido es Carlos Bustamente. También reprodujeron que era un empresario. “No estaba en la fábrica cuando allanaron. Me avisan que estaba la policía y que necesitaban papeles administrativos. Me vine y después de entregar la documentación me piden que suba al patrullero para trasladarme a la seccional a firmar unos papeles. En cuanto me senté en el móvil me dicen que estaba detenido. Siempre me llevaron esposado, pasé por dos comisarías esa noche y siempre en celdas con presos comunes”.

Bustamente, un hombre delgado que maneja la computadora en Curtidores y fuma compulsivamente, expresó a este semanario que “los medios como La Nación y Popular se pasan porque somos operarios no empresarios como escribieron. Es una vergüenza que nunca nos vinieron a ver o llamar para comprobar quienes somos en verdad”.

Tanto para Aguierre como para Bustamente, acusados en los diarios de ser contaminadores del Riachuelo, “Armella y Acumar buscan trascendencia política para cubrirse, ya que a los grande nunca los tocan”. Un destacado miembro del poder judicial porteño involucrado en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, que en el 2008 llegó a la Corte Suprema de la Nación, reconoció a NU que “existe un cierre político en la causa. Los patrones del Riachuelo se sientan en una mesa.

Lorenzetti (presidente de la Corte), Fernández (Aníbal, ex jefe Gabinete Nacional), que maneja al juez Armella para ascenderlo a camarista, y el ex intendente Mussi (Juan José, titular de ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación). Se han presentado infinidad de quejas por los habitantes en el camino de sirga (los 35 metros de la zona ocupada a la vera del Riachuelo que debe liberarse de viviendas y empresas). Ninguna tiene recepción. Es imposible entrarles. Ya que la Corte Suprema rechaza las medidas que se le presente. No pudieron organizaciones sociales y barriales aportando elementos de contaminación de tres grandes multinacionales contaminadoras”, detalló desde el anonimato este trajeado funcionario judicial porteño.

Además de las detenciones, las fábricas recuperadas sufrieron cuatro clausuras con fajas de ACUMAR y ordenadas por el magistrado en la causa por el saneamiento del Riachuelo. “Clausuraron en total cuatro fábricas del movimiento y otra recuperada (Cooperativa de Trabajo Huesitos Wilde) que no se agrupa con nosotros. Nos persiguen en lugar de darnos una alternativa para trabajar.

Ahora los muchachos cuentan con el permiso municipal y la idea es empezar a producir de manera inmediata porque Curtidores al momento de la clausura tenía muy poca producción”, afirmó el abogado y fundador del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), Luis Caro.

Las denuncias desoídas

“En medio de ese proceso, en el que ni siquiera se está produciendo en las fábricas, este juez salió de caza de brujas con las fábricas más pequeñas y está haciendo la vista gorda con las más grandes”, sostuvo Juan Grabois, el abogado y militante de la organización cartonera más numerosa del país radicada en Villa Fiorito en la zona aledaña al Riachuelo. Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluido (MTE), junto a vecinos de Lomas de Zamora y el respaldo de la Fundación Alameda el primero de junio con una marcha a la Corte Suprema radicaron una denuncia penal contra tres multinacionales acusándolas de contaminadoras. La denuncia es previa a que los cartoneros, costureros y las fábricas recuperadas se agruparan en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En la denuncia penal, con patrocinio del vicepresidente de la Fundación Alameda el penalista Mario Ganora, se señala la violación al artículo 55 de la ley 24.051 contra los directivos de las empresas multinacionales SADESA SA (que fact
ura más de 1000 millones de pesos al año con la producción de cuero), CAMILO FERRON SA (agroindustrial que factura 20 millones de pesos anuales y fue clausurada en el 2007) y CONTE TODO S.A. (un depósito de desechos industriales que quema azufre y luego lo entierra debajo de escombros) por envenenamiento.

“Estas empresas forman parte de la mafia ambiental de la Argentina, que gracias a las coimas que pagan siguen arrojando impunemente efluentes envenenados, ante la mirada complaciente de inspectores y funcionarios. Presentamos videos, pruebas de laboratorio, informes médicos y testimonios de vecinos que respaldan la denuncia. Mientras que todo ocurre ACUMAR dilapida más de 5 mil millones de pesos y la Cuenca no mejora”, difundieron en su momento las ong’s.

El juez federal Amella, responsable directo de aplicar las órdenes de la Corte Suprema, ya había sido acusado de beneficiar a la empresa Edesur. Su respuesta fue judicializar la protesta de vecinos que se sublevaron a la instalación de una subestación eléctrica. El caso es conocido como Rigolleau, el nombre de la subestación, a instalarse en Berazategui (tierra de Mussi), y llegó al escándalo cuando los vecinos fueron citados por la Justicia Federal de Quilmes. La citación a indagatoria por un corte de vías realizado tiempo atrás, se produjo en medio del estado de alerta de los vecinos autoconvocados, ante las versiones de un inminente regreso de los trabajos para la puesta en funcionamiento de la subestación.

Los pocos traslados

La liberación del camino de sirga es uno de los objetivos clave para el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo. Armella estableció plazos inamovibles para la mudanza de todas las poblaciones que sigan asentadas en la ribera. El plazo es 2013. Sin embargo este año del camino de sirga solo fueron trasladadas 93 familias. Las viviendas sociales que deben construirse para los habitantes que viven en la ribera del Riachuelo suman 17.771, entre ambas jurisdicciones.

Por Capital se mudaron 30 familias en el asentamiento Luján y 33 del asentamiento el Pueblito de Pompeya. De los asentamientos porteños quedan pendientes trasladar 116 familias del asentamiento Magaldi, 215 de la Villa 26 y 1.334 que habita en la villa 21/24 de Barracas. Por el fallo de Armella, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debe liberar los 35 metros desde la costa del Riachuelo hacia adentro. Las casas son construidas por la Corporación del Sur y entregadas con créditos que otorgó el IVC con el compromiso de pago de una cuota mensual de 500 pesos durante 20 años.

Pero al paupérrimo nivel de construcción de las viviendas se suman las deficiencias de las nuevas construcciones. El asesor Tutelar de Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, señaló en varios escritos dirigidos a todas las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, además de la Defensoría del Pueblo, que existen viviendas sin gas “usan en cambio garrafas que pagan las familias sin que se contemple la cuestión de seguridad por una posible explosión y en cuanto a la luz recurren a la que aporta la obra ya que sucede que se entregan las casas sin el certificado de obra.

"La falta de energía impide el uso de la bomba de agua y por ende la falta de líquido hace imposible higenizarse, limpiar y cocinar", cerró Gustavo Moreno el asesor de Cámara que vela por los derechos de los menores e incapaces.

ACUMAR no atiende el teléfono

Oscar Deina, el presidente Ejecutivo de ACUMAR, se negó a responder las preguntas de Noticias Urbanas. Tampoco el departamento de prensa tuvo argumentos en cuanto al cuestionado proceder del organismo tripartito. Acumar es el ente creado en 2006 producto de un fallo de la Corte Suprema que instaba a los organismos estatales correspondientes a sanear el recorrido del río que pone diariamente en riesgo la salud de 3.500.000 habitantes.

Un informe de ACUMAR revela que “el universo de curtiembres radicadas en la Cuenca es de 247, de las cuales 196 están en actividad comprobada. De este total, 181 están en funcionamiento dado que las restantes han sido clausuradas. De estas curtiembres, 91 están en un plan de reconversión industrial; otras 24 están en proceso de declaración de agente contaminante y el resto permanece en monitoreo constante”. Para el organismo “existen 32 empresas con registro de curtiembres en comprobado estado de abandono y 13 curtiembres que no vuelcan actualmente sus efluentes. Ocho curtiembres tienen actividad intermitente y 27, pese a tener carteles de venta o alquiler, los vecinos dieron información respecto de la actividad de la planta”, finaliza el informe de Acumar que dio a conocer tras una campaña de la ong ambientalista Greenpeace sobre las curtiembres.