La CGT insiste en un reclamo más que justo

por Irina Santesteban

El discurso de Cristina Fernández ante los empresarios de la UIA dejó claro que su gobierno no impulsará el proyecto de ley que establece el reparto del 10% de las ganancias de las empresas entre los trabajadores.

La Constitución Nacional, en el primer párrafo del artículo 14 bis dispone: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".

Este artículo fue el "premio consuelo" que el golpe de Estado de 1955 le dejó a la Constitución sancionada por el primer gobierno peronista, la llamada "Constitución del 49". La reforma constitucional de 1957 restableció prácticamente el texto de un siglo atrás, pero dejó plasmadas algunas conquistas obreras en el referido artículo 14 bis. Durante muchos años, fue la bandera del peronismo y de los sectores obreros que peleaban por mejores condiciones de trabajo, en épocas de duros planes económicos neoliberales.

Obligados

La Constitución de 1994 lo dejó tal cual y le agregó nuevos derechos y garantías sociales, acordes a los nuevos tiempos, como la igualdad entre varones y mujeres en cuanto al acceso a los cargos electivos, los derechos de los consumidores, la defensa del medioambiente, las nuevas formas de participación como la iniciativa y la consulta populares, etc.

La mayoría de los derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis fueron logrados mediante leyes que obligaban a los empresarios a poner en práctica esas conquistas: la jornada laboral de 8 horas; el descanso dominical y el aguinaldo; el salario mínimo, vital y móvil; las vacaciones; etc. Así lo consagró la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, y sus modificatorias, aunque muchas de éstas fueron para restringir y no para ampliar esas conquistas, en especial durante la dictadura militar de 1976-1983 y la década neoliberal de los '90.

La historia de los derechos obreros nos enseña que, si no se obliga al empresariado mediante leyes, y a veces con otras medidas más duras, a poner en práctica esos derechos consagrados en la Constitución Nacional, es bastante improbable que por "motu propio" lo hagan.

Incluso los tiempos neoliberales fueron modificando este artículo, pues el "descanso dominical" no existe para los empleados del gremio de Comercio, que trabajan en los centros comerciales, que atienden de lunes a lunes, de 8 a 22 horas. Los convenios colectivos firmados por los sindicatos y las cámaras empresariales, no siempre consagran nuevos y mejores derechos, muchas veces han sido perjudiciales para los trabajadores. Y esto es responsabilidad de los dirigentes que han acordado con los empresarios, en contra de los derechos de sus propios afiliados.

Golpe muy duro

Si no hubiera leyes que obligan al pago del aguinaldo, de las vacaciones, de las horas extras, etc., ¿se pagarían? ¿Bastaría sólo el texto constitucional para hacer efectivo esos derechos que tantas luchas obreras costaron?

Por ello resultó un golpe muy duro, no sólo para los dirigentes de la CGT, sino para todos los trabajadores, una gran parte de los cuales votó a la presidenta, oír su discurso que, sin embargo, sonó como una música muy dulce para los oídos de los empresarios, siempre reacios a otorgar mejoras a sus asalariados, sino son arrancados con presión y pelea.

El Smata negoció un bono de 6.500 pesos a pagar en febrero, para los obreros de las empresas automotrices y de 4.000 pesos para los de las autopartistas. Nos preguntamos si los pequeños o medianos talleres mecánicos, cuyos obreros también sean afiliados del Smata, estarán en condiciones de negociar ese bono. ¿Cómo le explica la dirigencia del Smata a sus afiliados, que algunos percibirán ese premio y otros no?

Ganancias enormes

La presidenta justificó su negativa a discutir el reparto de ganancias por ley, con el argumento de que "no todas las empresas tienen las mismas ganancias". Si se trata de que cada gremio, nacional o provincial, negocie ese reparto en el convenio colectivo de cada sector, esa dificultad no sólo que se mantiene, sino que se agranda.

Porque en una República, aunque parezca un poco ingenuo y no siempre se cumpla, las leyes se dictan para establecer obligaciones y/o derechos iguales para todos y todas, en igualdad de situaciones.

Si las automotrices han negociado ese monto con el Smata es porque sus ganancias son enormes, y les es más conveniente pagar esa suma a todos sus operarios, antes que abrir sus libros y balances, y mostrar los números que indicarían el real estado de su situación económica y patrimonial. Prefieren 6.500 pesos para cada obrero, y no el 10 por ciento de sus ganancias. Eso está claro y lamentablemente el gobierno nacional los apoya. Prefiere empresarios con enormes ganancias, pero tranquilos.

Insistencia

Por ejemplo, la empresa Alpargatas, del grupo brasileño Camargo, obtuvo en los primeros tres trimestres de 2011, en relación a 2010, ganancias por casi 20 millones de pesos, lo que significa un 44,3% más; Petrobras también del 44% y Telecom del 39%; mientras que el grupo Clarín obtuvo ganancias por 438 millones de pesos (15%) y el Banco Macro, 829 millones de pesos (12,7%), según una nota en La Nación de Juan Pablo de Santis del 21 de noviembre.

La negativa de la presidenta a tratar por ley el reparto de las ganancias de las empresas, generó un evidente distanciamiento de la CGT que lidera el camionero Hugo Moyano, que inmediatamente declaró que iban a "insistir" con ese proyecto.

Moyano se despachó con otras reivindicaciones que la central obrera impulsa: el aumento del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias; la generalización de las asignaciones familiares y el pago de las deudas pendientes del Estado con las obras sociales sindicales.

Todas estas demandas son justas y necesarias. Aunque en el manejo de las obras sociales, algunos sindicatos han sido investigados y enjuiciados, como la causa por los medicamentos que afronta el bancario Juan José Zanola, la deuda del Estado con estas obras sociales, asciende a 12 mil millones de pesos.

Demanda por Ganancias

En cuanto al Impuesto a las Ganancias para los salarios, éste es la remuneración que percibe el trabajador por su fuerza de trabajo, pero no es una actividad lucrativa, por lo tanto no genera "ganancia". Por eso, es más que justa la demanda de la CGT, de aumentar el monto del mínimo por encima del cual se pasa a tributar, porque además el gobierno nacional no lo ha incrementado al mismo ritmo que los aumentos salariales. En realidad lo que debería hacer el gobierno o el Congreso Nacional, es eliminar la categoría cuarta de este Impuesto, para que no grave ningún salario.

Y la universalización de las asignaciones familiares, también es un reclamo justo, pues fue Domingo Cavallo el que impuso, cuando era ministro de Economía del presidente Carlos Menem, cambios sustanciales para este beneficio del que goza la familia del trabajador. Eliminó las asignaciones por esposa y familia numerosa, y las dividió en tres categorías, según los montos de los salarios. Así, muchos trabajadores, cuando logran aumentos salariales o son ascendidos y mejoran sus ingresos, en realidad éstos se ven disminuidos porque se eliminan las asignaciones familiares.

Reclamos

Por todo ello, el gobierno debería reflexionar y atender estas demandas, que no significarían la ruina ni el derrumbe del crecimiento económico. Tomar en cuenta los reclamos de millones de trabajadores que apoyaron la candidatura de la presidenta, fortalecería el apoyo popular que hoy tiene Cristina, y pondría un freno a la voracidad empresaria, que hoy escucha alegremente sus discursos, pero hace tres años se escandalizó y se sumó a actitudes destituyentes, cuando intentó (sin éxito), limitar las enormes ganancias del sector agropecuario.