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viernes, 30 de diciembre de 2011
Santa Cruz previsible: El ajuste lo van a pagar los estatales
El artículo 3º suspende “todos los regímenes legales de determinación de remuneraciones del personal dependiente de cualquiera de los Tres poderes del Estado que adopten pautas salariales establecidas en otra jurisdicción distinta a la Provincial”. Nuevamente quedan sin efecto los acuerdos salariales surgidos de Convenios Colectivos nacionales y se retrocede a los tiempos en que el Ejecutivo provincial fijaba los sueldos por decreto.
El artículo 7º permite al Ejecutivo “reubicar al personal de su ámbito del sector público a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos humanos existentes, dentro de la zona geográfica de su residencia y escalafón en que reviste”, lo que significa en la práctica poner al personal a “disponibilidad” como sucedió en la dictadura militar.
El artículo 23º restablece el Fondo Unificado de Cuentas Públicas “a los fines de la consolidación, transferencia o unificación de saldos. Más o menos lo que viene ocurriendo desde hace 20 años, el gobernador va a disponer a su antojo de las partidas presupuestarias. Aunque en este caso un tanto mejorado ya que el artículo 26 determina que el Ejecutivo “podrá disponer que los saldos no invertidos de ejercicios anteriores provenientes de recursos con afectación específica de origen provincial, sean desafectados e incorporados al Tesoro Provincial”
En cuanto al régimen previsional la nueva reforma que propone el gobierno rebaja salarios y conculca derechos.
El artículo 35 es el que eleva la edad en coincidencia con el sistema nacional.
“Tendrán derecho a la Jubilación Ordinaria los afiliados que hubieren cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad el varón y sesenta (60) años de edad la mujer, y acrediten treinta (30) años de servicios” determina inapelable el proyecto.
El artículo 36 ° Establece a modo de consuelo que quienes se jubilen bajo las condiciones de la ley vigente “pasarán a aportar, una vez jubilados, tanto los aportes personales que hacían cuando estaban activos, como los patronales, hasta cumplir la edad de 60/65 años ó 57/60 si son docentes. Llegado ese momento, seguirán aportando, igualmente, un 50% del aporte personal” lo que en la práctica es una merma en el haber jubilatorio de entre el 26 y el 30%. Es decir, si el jubilado iba a cobrar 6000 pesos de bolsillo, en realidad va a percibir 4.440 ó 4.200 pesos.
El Artículo 55 bis no solo afecta derechos adquiridos sino la voluntad, capacidad, y libertad individual que tiene cada ciudadano de elegir adonde quiere vivir y pasar el resto de sus días una vez que culminó su vida laboral activa. Sin nombrarlo la nueva norma amenaza quitar el adicional por Zona Desfavorable cuando sostiene: “Los adicionales vinculados a la residencia o arraigo en la provincia, imputados y abonados a los jubilados de la Caja de Previsión según las políticas salariales y previsionales dispuestas, serán de estricto cumplimiento y pasibles de controles efectivos para acreditar la residencia” Promete controlar que el beneficiario continúe viviendo dentro de la provincia, de lo contrario “Ante la detección de la irregularidad consistente en la emigración de la provincia por parte del beneficiario, se iniciarán de inmediato las acciones tendientes a suspender o revocar el adicional en cuestión”. El gobierno y sus sabuesos ejercerán una suerte de control migratorio para evitar que los infieles al régimen crucen Ramón Santas llevándose consigo el adicional por zona desfavorable. Lanchas de la Prefectura patrullarán ambos márgenes de la ría local para impedir la fuga de balseros.
El artículo 42° Sustituye el artículo 122 de la ley N° 1.782 y determina una nueva movilidad:” El índice de movilidad jubilatorio será calculado según la variación de los recursos propios de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz” y restringe los aumentos a marzo y septiembre de cada año. Uno de los puntos más violentos de la reforma de Peralta ya que la movilidad es lo que protegió a las jubilaciones de la inflación. Si se desenganchan, los jubilados estarán condenados a recibir los aumentos que unilateralmente decida el gobierno. Hoy el 85% de los jubilados nacionales cobra la mínima que no llega a los $1.500 mientras que con fondos del ANSES la presidenta Cristina Fernández financia créditos para electrodomésticos o para obras públicas.
Por el Artículo 44 se incrementa el aporte personal a la Caja entre 2 y 5 puntos para los activos a partir de los sueldos brutos que superen los $5.000.
Y el Artículo 48 dispone que todos los jubilados actuales y futuros “estarán sujetos a la retención de una contribución de emergencia sobre el total de las pasividades percibidas por cualquier concepto” a partir de los $4.000, de entre 3 y 17 puntos.
Por lo demás, la pomposa ley de emergencia se reitera con su antecesora surgida de los decretos 139 y 140 de hace dos décadas: que se van a restringir gastos en celulares, viáticos, alquileres, vehículos oficiales, publicidad, y promesas por el estilo de medidas que actúan de relleno para justificar el objetivo de fondo: achicar el gasto público ajustándole el cinturón al vecino, al vecino pobre.
La iniciativa gubernamental no inscribe ninguna medida de fondo que apunte a generar los recursos necesarios para salir del colapso de las finanzas provinciales, solo una dócil “invitación” para que las petroleras y las mineras operen sus fabulosas ganancias a través del Banco santa Cruz. Se espera respuesta de Don Enrique Eskenazi y Peter Munk.
Eso sí, el gobierno no ahorró críticas e imputaciones a terceros adjudicándole la responsabilidad de todos los males de este mundo a los petroleros y docentes y sus reclamos de “privilegios”, y atribuyéndole el rojo previsional al ex procurador Eduardo Sosa, y a un par de matrimonios de ex jueces que están vaciando la Caja con sus fabulosas jubilaciones de privilegio.
Por: Héctor "Cacho" Barabino
URGENTE
Reprimen a estatales que protestan contra un fuerte ajuste en
Santa Cruz
La Policía provincial recurrió a gases y balas de goma para dispersar a los manifestantes, en la puerta de la Legislatura. El duro ajuste prevé modificar la edad jubilatoria, entre otras medidas.Santa Cruz
La ley de emergencia económica y previsional diseñada por el gobierno de Daniel Peralta ha desatado incidentes frente a la Legislatura santacruceña de Río Gallegos.
La represión fue llevada a cabo esta mañana por la policía provincial con balas de goma y gases. Por lo menos dos personas resultaron con heridas y atención médica.
Efectivos de la Policía provincial están cerca de la Legislatura donde protestan los gremios estatales. La tensión se registra además por la situación de pago en cuotas de salarios y aguinaldos estatales.
La Legislatura de Santa Cruz buscará declarar hoy la emergencia económica y la modificación de la ley de jubilaciones. Se tratará un duro ajuste donde se quieren elevar la edad de jubilación y los aportes patronales.
El Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz ha remitido tres leyes a la Legislatura muy polémicas, una es la emergencia económica similar a la que dictó Néstor Kirchner cuando tomó por primera vez la gobernación de Santa Cruz.
¡BASTA DE AJUSTAR AL PUEBLO Y REPRIMIR A LOS TRABAJADORES!
Comunicado de Prensa del FONAF Misiones
Diciembre de 2011. Bernardo de Irigoyen, Paraje Dos Hermanas
El día de la fecha, la compañera Ines Lorenzetti, integrante de la UTR y del Foro de la Agricultura Familliar, fue gravemente torturada en su chacra por cinco efectivos policiales que acompañaban a un agrimensor, y posteriormente detenida en la comisaría de Bernardo de Irigoyen, donde aun se encuentra demorada. Los efectivos policiales se hicieron presentes a las 8 de la mañana de este dia, y ante el pedido de la compañera para dialogar, la amenazaron verbalmente, la ataron de manos y la golpearon arrojándola al piso, pisándola y arrastrándola por la tierra. Para alejar a sus hijos que se encontraban presentes en estado de pánico, los policías tiraron tiros al aire, y posteriormente la subieron al vehículo de un particular, y sólo después la trasladaron en un móvil oficial a la comisaria. Ante el pedido de la compañera de que la lleven al médico, se negaron.
En el momento en que sufrió el ataque, se encontraba sola con sus hijos en su casa trabajando en la huerta, ya que su marido y vecinos se encontraban vendiendo verdura en el pueblo. Cabe destacar que en el lugar donde sufrió el ataque Ines posee el título de propiedad.
Los incidentes comenzaron desde semanas atrás, cuando un vecino, en complicidad con un abogado y un juez, intentaron mensurar la propiedad para la venta ilegítima de una parte de la chacra de Ines, la cual se encuentra en estado irregular, pero de la cual la familia es poseedora ya que ocupa desde hace mas de 25 años.
El conflicto comenzó cuando el día martes 29 de noviembre, un agrimensor acompañado por la policía ingresa con la intención de mensurar las chacras de los cuatro productores, entre los cuales se encuentran Ines. El agrimensor fue contratado por Joao Fagundez de Oliveira , ya que éstas tierras formarían parte de un negocio inmobiliario especulativo propiciado por este último en tierras en situación irregular. El operativo fue llevado adelante por un oficio propiciado por el Juez Saldaña, en una causa titulada “turbación de la ocupación”. Sin embargo los productores poseedores de la tierra nunca fueron informados por el juzgado de tal situación. Ante la reacción que se generó en la comunidad, el agrimensor se retiró junto con la policía.
Cabe aclarar que los feriantes, son integrantes de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR), que trabajan las tierras afectadas desde hace más de 20 años y que están financiados por el Programa Proalimentos del Gobierno de la Provincia de Misiones y por el Ministerio de Agricultura de la Nación, además de recibir asistencia técnica del INTA desde hace más de 10 años.
De averiguaciones practicadas surgió que había una causa por “turbación de la ocupación” a cargo del juez Roberto Horacio Saldaña, Juez de Instrucción Nº 1 de Eldorado. Curiosamente los colonos supuestamente imputados nunca fueron notificados de la iniciación de la causa, aún cuando la carátula señala que fue iniciada en 2009. Menos aún, los supuestos imputados fueron escuchados en declaración indagatoria. Cuando el mismo martes 29 de noviembre concurren al Juzgado acompañados por su abogado el Dr. Ramón Enríquez, no pudieron acceder al expediente, porque se informo que el mismo estaba en Fiscalia, por lo que “a ciegas” presentaron un escrito intentando frenar la inverosímil orden de que mensuren sus tierras sin siquiera ser notificados de la apertura de la causa y menos aún oídos sus derechos.
El día 2 de diciembre regresa a la zona otro agrimensor acompañado por la policía irrumpiendo nuevamente en la propiedad de los productores y marcando los senderos para la mensura, amenazando con cortar los alambres y maltratando verbalmente a la esposa de unos de los agricultores mientras éstos se encontraban comercializando sus verduras en el pueblo.
Frente a esta situación de atropello, el Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF) nos declaramos en alerta y movilización.
LA DEUDA PÚBLICA Y EL PRESUPUESTO 2012 QUE APROBÓ EL CONGRESO.
El Congreso acaba de aprobar – sin modificaciones – el Proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el Ejercicio 2012. El objeto de este Trabajo es analizar qué aprobó específicamente el Poder Legislativo en materia de Deuda Pública para el año que viene a través de este presupuesto. 
SUPUESTOS MACRO-ECONÓMICOS. Hay tres variables que interesan en forma directa por su relación con la Deuda del Estado: el Tipo de Cambio, la Inflación (IPC) y el PBI. En el Presupuesto 2012 el tipo de cambio Dólar está tomado a 4.13 $ para 2011 y 4.40 $ para 2012. El IPC anual se estima en 9.7 % para 2011 y 9.4 % para 2012; con promedio anual 9.9 y 9.2 % respectivamente. El PIB proyectado es de 1.771.700 M$ corrientes para 2011 (429.000 MD, al tipo de cambio 4.13 $/US$) y de 2.085.300 M$ para 2012 (474.000 MD al cambio de 4.40). El aumento previsto del PBI – variaciones reales – es 8.3 % para 2011 y 5.1 % para 2012. Todo esto, según las proyecciones o supuestos del Presupuesto aprobado. En función de tales datos pueden hacerse algunas observaciones preliminares sobre estas pautas oficiales. APRECIACIÓN REAL DEL PESO: a) La Tasa de Devaluación prevista para 2012 es 6.5 % (4.40/4.13) y 5.6 % para 2011 (4.13/3.91), lo que supone una apreciación del Peso contra Dólar, habida cuenta de las proyecciones de Inflación Interna. b) La devaluación real para fin de este año – tomando los datos actuales - sería ya nominalmente de 8.3 % (4.31/3.98), según el Índice Peso/Dólar con tipo de cambio 3.976 $ al 31.12.10. c) Estos coeficientes muestran así una leve apreciación real del peso durante los dos Ejercicios (2011/2012) en función de la Inflación Oficial; pero dan una apreciación mucho mayor si se toma la Inflación más realista del Índice Congreso – que refleja los datos relevados por las provincias y estimaciones de consultoras privadas – y que se estima hoy en el nivel del 23 % anual. d) El Dólar Futuro se pacta actualmente (cierre del 23.12.11) a 4.413 $ en el Mercado ROFEX (operaciones al 31.3.12) y a 4.786 $ en el MAE (para el 31.10.12), es decir, a importes superiores a las proyecciones presupuestarias. e) El BCRA tendría una suma muy relevante de contratos de venta a futuro de dólares, del orden de los 12.000 MD. f) La apreciación cambiaria constituye un componente importante de la capacidad de pago relativa frente a la Deuda Externa, ya que si se produjese una fuerte devaluación del peso la Argentina entraría de nuevo en peligro de default: más del 61 % de la Deuda se encuentra contraída en Moneda Extranjera (el 64 % – 118.200 MD – si se incluye también a los Holdouts), si bien ahora una parte de la misma está en manos de Agencias del propio Sector Público. g) El año pasado – 2010 – la variación del tipo de cambio permitió mostrar una reducción por este concepto del stock oficial de la Deuda Pública Total de 1.760 MD. La mayor parte de esta variación favorable resultaría de la conversión de la Deuda en Pesos dada su apreciación contra el Dólar. DEUDA INDEXADA POR INFLACIÓN:
h) Una Inflación Minorista del 9.7 % implica un aumento teórico de la base de Capital de los Bonos en Pesos que ajustan por CER de unos 3.600 MD este año que termina y de otros 3.900 MD el año próximo, medidos ambos sobre un stock de Deuda Indexada equivalente en la actualidad a 37.550 MD (al 30.9.11). i) El aumento nominal del Principal de la Deuda ajustable por CER daría así aproximadamente 7.500 MD en el bienio 2011-2012. j) La ONCP, en cambio, combinando los efectos Tipo de Cambio y CER, daba al 30.9.11 una Variación de la Deuda ajustable por CER para el acumulado del año a esa fecha de 530 MD. k) La gran diferencia entre este acumulado y la estimación nominal anual citada – los 3.600 MD – puede deberse no sólo al efecto Tipo de Cambio sino también al simple hecho que la indexación sobre la mayoría de los títulos ajustados por CER se calcula recién a fin de año. En 2010 el aumento de la Deuda por este concepto de ajuste por Inflación fue de 2.200 MD. l) Los Bonos indexados por Inflación tendrían una importante licuación de Deuda a favor del Estado en la medida que los Índices Oficiales - del INDEC - sean mucho más bajos que la Inflación calculada por Consultoras Privadas y Provincias Argentinas (que se refleja en el citado Índice Congreso). m) Este efecto de licuación de Deuda – sobre Capital y consecuente pago de Intereses – es favorable para la Tesorería pero tiene como contrapartida el lucro cesante de los Acreedores de esos títulos en pesos indexados, que en un 65 % se encuentran en poder de Agencias del propio Estado (caso de la ANSES o el BNA). CUPONES LIGADOS AL PBI: n) Las altas Tasas de Crecimiento Económico de la Argentina – que obviamente constituyen un dato positivo para el país – producen, sin embargo, un grave problema financiero por el aumento acumulativo de los pagos por Cupones ligados al PBI (ULPBI), cuyo importe total a ser abonado para este año que termina es del orden de los 2.500 MD. o) Estas cifras son fuertemente crecientes y mayores a la capacidad de atención de los Servicios anuales por parte del Gobierno, que actualmente utiliza Reservas Internacionales del BCRA para afrontar los pagos pertinentes. La Deuda a pagar por las ULPBI no se computa oficialmente dentro del stock de Deuda Pública porque se la considera Deuda Contingente, si bien su pago es prácticamente seguro dado que se prevé un ritmo de crecimiento económico continuado no menor al 3 % anual, que es el piso de cálculo para el pago.
I. DEUDA Y PRESUPUESTO. La Deuda Pública Argentina, a medida que van cayendo los vencimientos de Capital durante el año, no se cancela sino que se refinancia en su totalidad; y además se toma Nueva Deuda. La refinanciación se realiza a través de Operaciones de Administración de Pasivos: Novación de Deudas con el mismo Acreedor o pago al Acreedor contrayendo nueva Deuda con un Tercero (básicamente Agencias del Sector Público). De esta manera, en los últimos años se ha venido pagando Deuda a Tenedores Privados de Bonos y a Organismos Multilaterales de Crédito a costa de aumentar fuertemente la Deuda Intra-Estado. El aumento neto de la Deuda Pública se muestra en el Cuadro de Resultado Financiero del Presupuesto. Para el Ejercicio 2012 el stock de Deuda aumentaría este año (2011) 12.200 MD - producto de Amortizaciones por 31.800 y toma de Nuevas Deudas por 44.000 MD - y el año próximo (2012) el aumento sería de 11.700 MD (40.100 contra 51.800 MD). En el Presupuesto original para el 2011 las previsiones de aumento de la Deuda en el año eran de 9.400 MD (Nueva Deuda por 36.800 contra Amortizaciones por 27.400 MD). Ahora las estimaciones de aumento han pasado a 12.200. Estos datos están corroborados por el último Informe de Deuda Pública – SF/ONCP, al 30.9.11 – que ya muestra un aumento acumulado anual del stock de la Deuda a esa fecha de 11.000 MD, de los que 3.000 todavía no aplicados. Tales cifras demuestran que NO ES CIERTO QUE NUESTRO PAÍS SE ESTÉ DES-ENDEUDANDO: LA DEUDA PÚBLICA VIENE CRECIENDO Y LO HACE A UN RITMO DE MÁS DE 10.000 MD POR AÑO. DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA.
La Deuda Pública en Moneda Extranjera era de 109.000 MD al 30.9.11, es decir, un 62 % de la Deuda Total declarada por el MECON (de 176.000 MD, sin Holdouts ni Deuda no Registrada). En el total de Deuda en Moneda Extranjera están la Deuda con Organismos Multilaterales de Crédito (OMC, que suma 17.500 MD), la Deuda Externa con los Países del Club de París (que el MECON registra por 6.500 MD aunque al país se le reclaman 9.000), la de otros Acreedores Oficiales y la Deuda en dólares Intra-Estado, que no se sabe cuánto es pero que solamente con el BCRA representa unos 31.300 MD por Letras emitidas a cambio de Reservas Internacionales. El Presupuesto de Divisas para 2011 tiene un Resultado Financiero negativo de 5.000 MD (producto de Ingresos por 900 MD contra Gastos – prácticamente la totalidad en concepto de pago de intereses - por 5.900) y para 2012 está previsto en 6.400 MD (también negativo, producto de Ingresos por 1.000 MD contra Gastos por 7.400; todos ellos por pago de Intereses de la Deuda Externa). Esto implica un aumento neto de la Deuda en Moneda Extranjera de 14.100 MD en el bienio 2011-2012. Tomando Recursos Totales con Fuentes Financieras (Endeudamiento Público) menos Gastos Totales con Aplicaciones Financieras (Amortización de Deuda), el Balance de Divisas del Presupuesto muestra diferencias positivas de 2.700 MD en 2011 y 3.000 MD respectivamente. Pero estos saldos a favor no derivan de excedentes propios de divisas sino de mayor endeudamiento externo.
DEUDA PÚBLICA POR CAPITAL. Las Deudas por Capital o Principal – como ya se ha dicho - no se cancelan sino que se refinancian en su totalidad y, además, se toma Nueva Deuda. El Gasto Público que figura como pago de Servicios de la Deuda – dentro del Gasto Corriente del Estado - corresponde sólo a Intereses, no Amortizaciones de Capital. Los vencimientos de Capital del Ejercicio – que se refinancian a medida que van venciendo – son 40.000 MD en 2012 y pasan a 43.000 MD en 2013 y a 46.000 MD en 2014. Además, estas cifras de la Deuda en materia de vencimientos de Capital y también de Intereses – que están tomadas del Proyecto de Presupuesto 2012 - son notablemente superiores a las que muestra la ONCP en sus Informes trimestrales de Deuda Pública, lo que acentúa la importancia de tales diferencias. INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. Según el Presupuesto 2012 los pagos de Servicios por Intereses son de unos 9.000 MD para el año en curso y de 10.200 MD para el Ejercicio próximo. Pasan a 13.000 MD en 2013 y 17.000 MD en 2014. El 60 % de esos Intereses (6.000 MD sobre el total de 10.200 MD en 2012) se pagan en Moneda Extranjera. Los Intereses a Pagar que figuran en el Presupuesto no incluyen los Intereses que se capitalizan por Anatocismo, que sumarían otros 1.500 MD. En el año 2010 fueron 1.800 MD. El pago de 10.200 MD durante el año que viene implica un promedio de 28 MD por día: 1.16 MD - casi 1.2 – que caen por hora que pasa de nuestra vida. II. AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS. La Parte Dispositiva de la Ley de Presupuesto trata sobre las Operaciones de Crédito Público en el Capítulo VII del Título I (Artículos 42 al 59 inclusive), donde se establece básicamente lo siguiente: El ART 42 autoriza Operaciones de Crédito Público – esto es, toma de nuevas deudas - por 138.200 M$ (equivalentes a 31.400 MD) y el ART 46 Operaciones Adicionales por 9.180 MD: un total de 40.600 MD. Esta suma corresponde al grueso del endeudamiento previsto para 2012 (que en el Cuadro de Resultado Financiero figura por 40.100 MD). Los 138.000 M$ corresponden a refinanciación de Servicios de Deuda por Capital que vencen durante el año y se prevé repactarlos a plazos de amortización relativamente cortos: 87.000 M$ a un año o menos, 22.000 a 2 años, 6.000 a 3 años y 23.000 M$ a 4 años. Lo implica que las reestructuraciones previstas no descongestionarían el perfil de vencimientos de las obligaciones del Estado a Corto y Mediano Plazo. La nueva deuda por los 9.200 MD, en cambio, está prevista para el financiamiento de Obras Públicas, aunque también sus plazos son comparativamente cortos: la mayoría a un año y algunos a tres. El ART 47 autoriza además Operaciones de Crédito Plurianuales futuras por 22.400 MD: 9.300 MD a contraer en 2013, 8.300 MD en 2014 y un resto de 4.800 MD a posteriori. Se trata también de préstamos para la financiación de proyectos de Obras Públicas e Infraestructura y sus principales plazos de vencimientos van de uno a cuatro años. Estas sumas de operaciones aprobadas que exceden el Ejercicio 2012 lógicamente no se reflejan en las partidas del Presupuesto del año, pero quedarían ya autorizadas. El ART 44 fija en 19.000 M$ el monto de Deuda a contraer a Corto Plazo por parte de la Tesorería. El ART 45 faculta la colocación de Letras del Tesoro por otros 10.000 M$ para ser utilizadas como garantía de la compra de combustibles, importación de Energía Eléctrica, compra de aeronaves y componentes extranjeros/Bienes de Capital. El ART 43 autoriza en el Ejercicio 2012 la suma de 5.700 MD para el denominado Fondo del Desendeudamiento Argentino (FDA), creado por Decreto 298/10. Este monto, integrado con Reservas Internacionales del BCRA, será destinado a cancelar servicios de Deuda Pública exclusivamente con Tenedores Privados, cosa que no está permitida por la Ley 23.928 de Convertibilidad modificada, que en su Artículo 6 sólo autoriza el uso de reservas para el pago a Organismos Multilaterales de Crédito (OMC). Se trata de la utilización de Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) - exactamente 5.674 MD – que se definen como Reservas que exceden la cobertura de la Base Monetaria. Pero esta nueva integración del FDA para pago de Deuda Externa con Reservas en el 2012 – aparte del discutible modo de cálculo de esas “reservas excedentes” - presenta ahora un problema adicional: en la actualidad no existen RLD porque el stock de Reservas Internacionales (44.800 MD) es menor que la Base Monetaria que respaldan (49.600 MD), según datos del último Balance semanal del BCRA (al 15.12.11). Ergo: EL CONGRESO ESTÁ APROBANDO EL USO DE RESERVAS QUE HOY NO EXISTEN y que, además, se han venido usando fuera de los términos de la Ley 23.928, para privilegiar el pago a Acreedores Privados. En contrapartida por la toma de Reservas, la Tesorería entrega al BCRA Letras Intransferibles a 10 años de Plazo, con pago íntegro al vencimiento. Tales Letras no tienen capacidad de repago demostrada para cumplir en el futuro este tipo de operaciones. El ART 50 mantiene abierta la Reestructuración de Deuda con los Tenedores de Bonos que no entraron en el Megacanje 2005. El ART 51 autoriza al Poder Ejecutivo para negociar la reestructuración de las Deudas Externas de las Provincias, convirtiéndose el Gobierno Central en nuevo titular o garante de pago frente a los Acreedores; descontando luego dichos pagos de la Coparticipación Federal de Impuestos de las provincias respectivas. El ART 52 autoriza Avales del Tesoro por un monto de 28.000 MD (exactamente 27.885). Se trata de nuevas operaciones de Deuda Indirecta - es decir, contraídas por Empresas del Estado, Entes Nacionales y/o Fondos Fiduciarios - para el financiamiento de Obras de Infraestructura y/o Equipamiento. Comprende una serie de proyectos a cargo del Ministerio de Planificación Federal que suponen la toma de Deudas garantizadas por el Estado Nacional. Estas deudas indirectas de la Administración Central no están incluidas dentro del Stock Total de Deuda Pública, que al 30.9.11 era oficialmente de 186.000 MD. No se conoce, en cambio, cuánto es el monto consolidado de la Deuda Pública Indirecta del Estado Argentino. Hasta aquí las autorizaciones más relevantes en materia de Deuda Pública aprobadas por el Presupuesto 2012 III. PRESUPUESTO Y DÉFICIT FISCAL. Los comunicados oficiales del MECON últimamente informan el Superávit Fiscal Primario pero omiten destacar que el Resultado Financiero es negativo, es decir, que EL GOBIERNO TIENE DÉFICIT FISCAL. Según el Presupuesto aprobado este déficit financiero (Recursos Totales menos Gastos totales) será de 11.800 M$ en 2011 y se tendría un leve superávit en 2012, de casi 1.500 M$ (1.446); aunque cabe recordar que el Proyecto de Presupuesto para el 2011 también era originariamente superavitario. El Resultado Primario previsto para este año (2011) – Recursos menos Gastos, sin contar el pago de los Intereses de la Deuda Pública – es ahora – según el Mensaje del nuevo Presupuesto - de 24.400 M$; y para el 2012 sería de 44.800 M$. Pero el Resultado Financiero del Ejercicio (Resultado Primario menos pago de Intereses), en cambio, es negativo este año (los 11.800 M$ citados) y prácticamente equilibrado en 2012 (1.500 M$). Los resultados del Presupuesto, sin embargo, están totalmente condicionados por el problema de las Necesidades de Financiamiento del Estado; o sea, por la Deuda. El aumento de los Recursos pasa de 413.500 M$ en 2011 a 506.600 en 2012 (22.5 % más) y los Gastos van de 425.300 M$ a 505.100 (18.8 % más); de modo que está previsto una leve desaceleración del incremento del Gasto Público en relación al de los Ingresos. Esto da los Resultados Primario y Financiero antes citados. Pero para llegar a estos resultados el Estado Argentino tiene que cubrir Necesidades de Financiamiento por 228.000 M$ (51.800 MD) en el 2012: 176.000 M$ (40.100 MD) para renovar vencimientos de Deuda durante el Ejercicio y 51.600 M$ (11.700 MD) de Nueva Deuda. Es decir, se tienen que conseguir fondos equivalentes casi a la mitad del Presupuesto Público (228.000/506.600 = 45 %). Lo que significa que, en ambos ejercicios, EL PRESUPUESTO CIERRA CON DEUDA.
CONSIDERACIONES FINALES. La mayoría parlamentaria del Gobierno Kirchner le ha permitido lograr la rápida aprobación de la Ley de Presupuesto 2012, sin modificaciones y sin debate. La Ley renueva las Facultades Especiales o “Superpoderes” del Ejecutivo en materia presupuestaria (ART 5, 8, 9 y 10), que son muy importantes en materia de Deuda Pública porque delegan funciones que la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado y la propia Constitución Nacional reservan al Congreso de la Nación. A su vez, la existencia ahora de una Ley para el nuevo año convalidaría lo actuado en función del Presupuesto vigente del 2011, que fue dictado por Decreto del Poder Ejecutivo. Conjuntamente con el Presupuesto, el Congreso sancionó también una batería de leyes conexas, entre las cuales: a) la prórroga del Impuesto al Cheque y otros gravámenes que mantienen la Presión Tributaria para poder sostener los ingresos fiscales, b) la prórroga de la suspensión de las Leyes 25.917 de Responsabilidad Fiscal y 25.152 de Solvencia Fiscal, que dejan sin efecto los topes de aumento del Gasto Público y de la Deuda Pública de Nación, Provincias y Municipios; y c) fundamentalmente, la nueva prórroga de la Ley de Emergencia Económica, que se viene renovando sistemáticamente desde la Crisis de Deuda del 2001. Este paquete de leyes consagra así nuevamente el principio financiero de que EL PRESUPUESTO CIERRA CON DEUDA PÚBLICA. UNA DEUDA QUE NO TIENE CAPACIDAD DE REPAGO DEMOSTRADA. Lic. Héctor L. GIULIANO ABREVIATURAS: MD y M$ Significan Millones de Dólares y Millones de Pesos respectivamente. Las cifras están tomadas siempre con redondeo. ART Artículo del Presupuesto (Parte Dispositiva). BCRA Banco Central de la República Argentina. BNA Banco Nación Argentina. CER Coeficiente de Estabilización de Referencia (replica la Inflación Minorista). FMI Fondo Monetario Internacional. IPC Índice Precios Consumidor (Inflación Minorista). MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. OMC Organismos Multilaterales de Crédito (Banco Mundial-BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Corporación Andina de Fomento- CAF y otros). ONCP Oficina Nacional de Crédito Público. PBI/PIB Producto Bruto Interno. RLD Reservas de Libre Disponibilidad. SF/SSF Secretaría de Finanzas/Subsecretaría de Financiamiento. ULPBI Cupones ligados al PBI: se identifican por las siglas ULPBI- Unidades ligadas al PBI o VLPBI-Valores ligados al Producto (GDP en inglés). Parte de los puntos desarrollados en el presente trabajo fueron ya tocados por el Autor en otras notas recientes, a las que puede remitirse el lector que se interese en el tema, como informaciones de apoyo y/o datos desagregados: - Deuda Pública y Discurso Presidencial (12.12.11). - Deuda Pública y Elecciones 2011 (7.10.11). - Deuda Pública y Presupuesto 2012 (22.9.11). - La Deuda Pública no Registrada (31.7.11). - El aumento de la Deuda Pública 2011 (4.7.11). - La Deuda Pública Nacional de la Argentina (16.4.2011). Un reciente nuevo trabajo de Javier LLORENS – “El hurto a la ANSES de 21 mil millones en Valores Ligados al PBI (VLPBI) y sus increíbles derivaciones” (Diciembre 2011) – muestra cifras más precisas y preocupantes acerca del crecimiento exponencial de estos pagos, que son acumulativos y no se exhiben como parte del Stock de la Deuda Pública. Los compromisos anuales de pago de tales Cupones PBI comprenden el Servicio de estos instrumentos derivados del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005/2010 (que es el 5 % sobre el excedente de aumento del PBI del año anterior, cuando el mismo supera un 3 %). La suma abonada a los tenedores de VLPBI acumularía ya 9.600 MD en el período 2006-2011 (incluyendo el pago de 2.500 que acaba de realizarse). El importe global estimado faltante de pagar por todos los cupones durante el resto de su vida activa se estima entre 33-34.000 MD más, lo que daría así un costo financiero final de 43.000 MD, derivado sólo de este compromiso por pago de cupones a los Acreedores tenedores de ULPBI. Estas sumas de los VLPBI no son computadas dentro del Total de Deuda Pública por el MECON porque se las considera Deuda Contingente. El Cuadro que sigue muestra como fueron variando las estimaciones trimestrales de la ONCP en cuanto al Perfil de Vencimientos de la Deuda Pública que cae en el 2012, comparando los datos de la Deuda editados en la página web de la SF-SSF/MECON contra la información contenida en el Presupuesto 2012 (que es la que se aprueba oficialmente): Concepto Trim. 1/11 Al 31.3.11 Trim. 2/11 Al 30.6.11 Trim. 3/11 Al 30.9.11 Ppto. 2012 (*) Capital 10.500 13.880 16.140 40.100 Intereses 5.530 5.810 5.910 10.200 Total 16.030 19.690 22.050 50.300 Las fechas identifican los importes de vencimientos a producirse el año que viene según los Informes respectivos dados a conocer por la ONCP – conforme los datos editados al fin de cada Trimestre - mientras que las cifras del Presupuesto 2012 corresponden al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Todas las cifras están expuestas en MD y comprenden sólo la Deuda Performing o en estado de cumplimiento, es decir, sin los Bonos que no entraron en el Megacanje 2005/2010. Aunque una parte de las diferencias pueda explicarse por la omisión de las ULPBI, las discrepancias entre los valores de las estadísticas oficiales de la ONCP y los remitidos al Congreso – a mediados de Setiembre pasado – son muy relevantes. Estas divergencias son también notables entre las últimas proyecciones de la ONCP (al 30.9.11) y las del Presupuesto 2012 en cuanto al Perfil de Vencimientos de los próximos años: Concepto 2012 ONCP 2012 PPTO 2013 ONCP 2013 PPTO 2014 ONCP 2014 PPTO Capital 16.140 40.000 9.020 43.000 10.150 46.000 Intereses 5.910 10.200 5.380 13.000 5.340 17.000 Total 22.050 50.200 14.400 56.000 15.490 63.000 La fuente de estos datos es el Informe de la ONCP al fin del Trimestre III de 2011 (último publicado) confrontado con la información del Presupuesto 2012. Estas inconsistencias son doblemente notables habida cuenta que las informaciones de base para estos conceptos elaboradas por la Subsecretaría de Presupuesto del MECON – que confecciona el Proyecto de Ley respectivo – tienen que provenir precisamente de la ONCP.
Los grandes contaminantes siguen en pié: los patrones del Riachuelo
Los únicos detenidos por el juez federal Luis Armella fueron trabajadores de fábricas recuperadas. Con un presupuesto de casi 5 mil millones, Acumar solo trasladó este año a 93 familias que vivían en la ribera, de un total de 18 mil.
Casco, pasamontañas negro, guantes de tela para sostener la ametralladora y los borceguies para voltear puertas. Así ingresó el pelotón de 50 efectivos de infantería de la Policía Bonaerense enviados por el juez federal de Quilmes Luis Armella para realizar el allanamiento a la fábrica gestionada por trabajadores, Curtidos Unidos, y así llevarse detenido a un trabajador que ni siquiera saber leer y escribir pero que a los grandes medios ACUMAR, el ente que debe sanear la cuenca Riachuelo-Matanza, hizo creerles que es un empresario contaminador.
Oscar Aguirre es un morocho y petacón curtidor de cuero. Toda su vida laboró en esta actividad. Al punto que las huellas dactilares no pudieron quedar registradas en sede policial porque desaparecieron de sus dedos. “El funcionario de ACUMAR decía mal la versión a los policía. Me acusó que yo era el responsable de la contaminación. Es cierto que firmé un papel porque agarraron unos cueros y me preguntaron si los había trabajado. A lo que respondí que sí.
"Pero después en la causa figura que yo rompí la faja de clausura y eso es falso. Tan injusta fue mi detención que los policías me pidieron disculpas. Ni alpargatas tengo y dicen que soy un empresario”, explicó Aguirre a Noticias Urbanas tras una asamblea en la ex Curtiembre Neira, que desde hace cinco años la gestionan los propios trabajadores del cuero, que entonces fueron avisados por una empleada de limpieza del vaciamiento que realizaba Manuel Neira, quien fundó la curtiembre en 1918 y llegó a tener tres turnos con 280 empleados, y que hoy bajo la gestión obrera resisten en sus puestos 30 trabajadores que conforman la cooperativa Curtidores Unidos, ubicada en Avellaneda, Entre Ríos 1457, a no menos de cincuenta cuadra del Riachuelo.
La detención de Aguirre fue la única de todo el megaoperativo en donde el magistrado Armella libró 38 órdenes de allanamiento sobre distintas empresas vinculadas al rubro curtiembres. De los procedimientos participó personal de la Policía Ecológica de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y el coordinador de Fiscalización Industrial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con directivas del presidente ejecutivo de ese organismo, Oscar Deina.
No fue la única avanzada judicial del quilmeño Armella con su brazo ejecutor, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, más conocida por sus iniciales ACUMAR. Otro de los trabajadores de la recuperada Curtidores Unidos que fue detenido es Carlos Bustamente. También reprodujeron que era un empresario. “No estaba en la fábrica cuando allanaron. Me avisan que estaba la policía y que necesitaban papeles administrativos. Me vine y después de entregar la documentación me piden que suba al patrullero para trasladarme a la seccional a firmar unos papeles. En cuanto me senté en el móvil me dicen que estaba detenido. Siempre me llevaron esposado, pasé por dos comisarías esa noche y siempre en celdas con presos comunes”.
Bustamente, un hombre delgado que maneja la computadora en Curtidores y fuma compulsivamente, expresó a este semanario que “los medios como La Nación y Popular se pasan porque somos operarios no empresarios como escribieron. Es una vergüenza que nunca nos vinieron a ver o llamar para comprobar quienes somos en verdad”.
Tanto para Aguierre como para Bustamente, acusados en los diarios de ser contaminadores del Riachuelo, “Armella y Acumar buscan trascendencia política para cubrirse, ya que a los grande nunca los tocan”. Un destacado miembro del poder judicial porteño involucrado en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, que en el 2008 llegó a la Corte Suprema de la Nación, reconoció a NU que “existe un cierre político en la causa. Los patrones del Riachuelo se sientan en una mesa.
Lorenzetti (presidente de la Corte), Fernández (Aníbal, ex jefe Gabinete Nacional), que maneja al juez Armella para ascenderlo a camarista, y el ex intendente Mussi (Juan José, titular de ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación). Se han presentado infinidad de quejas por los habitantes en el camino de sirga (los 35 metros de la zona ocupada a la vera del Riachuelo que debe liberarse de viviendas y empresas). Ninguna tiene recepción. Es imposible entrarles. Ya que la Corte Suprema rechaza las medidas que se le presente. No pudieron organizaciones sociales y barriales aportando elementos de contaminación de tres grandes multinacionales contaminadoras”, detalló desde el anonimato este trajeado funcionario judicial porteño.
Además de las detenciones, las fábricas recuperadas sufrieron cuatro clausuras con fajas de ACUMAR y ordenadas por el magistrado en la causa por el saneamiento del Riachuelo. “Clausuraron en total cuatro fábricas del movimiento y otra recuperada (Cooperativa de Trabajo Huesitos Wilde) que no se agrupa con nosotros. Nos persiguen en lugar de darnos una alternativa para trabajar.
Ahora los muchachos cuentan con el permiso municipal y la idea es empezar a producir de manera inmediata porque Curtidores al momento de la clausura tenía muy poca producción”, afirmó el abogado y fundador del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), Luis Caro.
Las denuncias desoídas
“En medio de ese proceso, en el que ni siquiera se está produciendo en las fábricas, este juez salió de caza de brujas con las fábricas más pequeñas y está haciendo la vista gorda con las más grandes”, sostuvo Juan Grabois, el abogado y militante de la organización cartonera más numerosa del país radicada en Villa Fiorito en la zona aledaña al Riachuelo. Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluido (MTE), junto a vecinos de Lomas de Zamora y el respaldo de la Fundación Alameda el primero de junio con una marcha a la Corte Suprema radicaron una denuncia penal contra tres multinacionales acusándolas de contaminadoras. La denuncia es previa a que los cartoneros, costureros y las fábricas recuperadas se agruparan en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En la denuncia penal, con patrocinio del vicepresidente de la Fundación Alameda el penalista Mario Ganora, se señala la violación al artículo 55 de la ley 24.051 contra los directivos de las empresas multinacionales SADESA SA (que fact
ura más de 1000 millones de pesos al año con la producción de cuero), CAMILO FERRON SA (agroindustrial que factura 20 millones de pesos anuales y fue clausurada en el 2007) y CONTE TODO S.A. (un depósito de desechos industriales que quema azufre y luego lo entierra debajo de escombros) por envenenamiento.
“Estas empresas forman parte de la mafia ambiental de la Argentina, que gracias a las coimas que pagan siguen arrojando impunemente efluentes envenenados, ante la mirada complaciente de inspectores y funcionarios. Presentamos videos, pruebas de laboratorio, informes médicos y testimonios de vecinos que respaldan la denuncia. Mientras que todo ocurre ACUMAR dilapida más de 5 mil millones de pesos y la Cuenca no mejora”, difundieron en su momento las ong’s.
El juez federal Amella, responsable directo de aplicar las órdenes de la Corte Suprema, ya había sido acusado de beneficiar a la empresa Edesur. Su respuesta fue judicializar la protesta de vecinos que se sublevaron a la instalación de una subestación eléctrica. El caso es conocido como Rigolleau, el nombre de la subestación, a instalarse en Berazategui (tierra de Mussi), y llegó al escándalo cuando los vecinos fueron citados por la Justicia Federal de Quilmes. La citación a indagatoria por un corte de vías realizado tiempo atrás, se produjo en medio del estado de alerta de los vecinos autoconvocados, ante las versiones de un inminente regreso de los trabajos para la puesta en funcionamiento de la subestación.
Los pocos traslados
La liberación del camino de sirga es uno de los objetivos clave para el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo. Armella estableció plazos inamovibles para la mudanza de todas las poblaciones que sigan asentadas en la ribera. El plazo es 2013. Sin embargo este año del camino de sirga solo fueron trasladadas 93 familias. Las viviendas sociales que deben construirse para los habitantes que viven en la ribera del Riachuelo suman 17.771, entre ambas jurisdicciones.
Por Capital se mudaron 30 familias en el asentamiento Luján y 33 del asentamiento el Pueblito de Pompeya. De los asentamientos porteños quedan pendientes trasladar 116 familias del asentamiento Magaldi, 215 de la Villa 26 y 1.334 que habita en la villa 21/24 de Barracas. Por el fallo de Armella, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debe liberar los 35 metros desde la costa del Riachuelo hacia adentro. Las casas son construidas por la Corporación del Sur y entregadas con créditos que otorgó el IVC con el compromiso de pago de una cuota mensual de 500 pesos durante 20 años.
Pero al paupérrimo nivel de construcción de las viviendas se suman las deficiencias de las nuevas construcciones. El asesor Tutelar de Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, señaló en varios escritos dirigidos a todas las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, además de la Defensoría del Pueblo, que existen viviendas sin gas “usan en cambio garrafas que pagan las familias sin que se contemple la cuestión de seguridad por una posible explosión y en cuanto a la luz recurren a la que aporta la obra ya que sucede que se entregan las casas sin el certificado de obra.
"La falta de energía impide el uso de la bomba de agua y por ende la falta de líquido hace imposible higenizarse, limpiar y cocinar", cerró Gustavo Moreno el asesor de Cámara que vela por los derechos de los menores e incapaces.
ACUMAR no atiende el teléfono
Oscar Deina, el presidente Ejecutivo de ACUMAR, se negó a responder las preguntas de Noticias Urbanas. Tampoco el departamento de prensa tuvo argumentos en cuanto al cuestionado proceder del organismo tripartito. Acumar es el ente creado en 2006 producto de un fallo de la Corte Suprema que instaba a los organismos estatales correspondientes a sanear el recorrido del río que pone diariamente en riesgo la salud de 3.500.000 habitantes.
Un informe de ACUMAR revela que “el universo de curtiembres radicadas en la Cuenca es de 247, de las cuales 196 están en actividad comprobada. De este total, 181 están en funcionamiento dado que las restantes han sido clausuradas. De estas curtiembres, 91 están en un plan de reconversión industrial; otras 24 están en proceso de declaración de agente contaminante y el resto permanece en monitoreo constante”. Para el organismo “existen 32 empresas con registro de curtiembres en comprobado estado de abandono y 13 curtiembres que no vuelcan actualmente sus efluentes. Ocho curtiembres tienen actividad intermitente y 27, pese a tener carteles de venta o alquiler, los vecinos dieron información respecto de la actividad de la planta”, finaliza el informe de Acumar que dio a conocer tras una campaña de la ong ambientalista Greenpeace sobre las curtiembres.
Quitan fondos para Limpieza del Riachuelo y suben los del Fútbol
El Gobierno decidió hoy quitar fondos al programa destinado a la limpieza del Riachuelo y otorgarle gran parte del mismo a "Fútbol para todos".
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, en los anexos de la decisión administrativa 19. En la misma, se estableció que la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso recortar 28 millones de pesos de créditos presupuestarios destinados al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo y otorgar 25 millones al Programa "Fútbol para todos".
La redistribución se dispuso debido a que "es necesario readecuar el Presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros para atender las acciones planificadas para el presente ejercicio".
En ese sentido, dos de los 161 folios que conforman la decisión administrativa se refieren a créditos presupuestarios de esa cartera, que ahora es conducida por Juan Manuel Abal Medina.
En el primero se habla de un recorte de 28.040.219 pesos de un crédito del Banco Mundial para atender el programa 44 "Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo". Y en el restante, se amplían en 25 millones de pesos los créditos para atender los gastos del programa 46 "Fútbol para todos".
El monto mencionado forma parte de la liberación de una partida de 225 millones de pesos para incrementar el contrato de Futbol para Todos. Los 225 millones se pagarán en 9 cuotas mensuales y consecutivas de 25 millones de pesos a partir de este mes.
Buenos Aires, NA.
El Gobierno nacional recorta fondos a las provincias
El Tesoro tomó casi 2.350 millones de pesos de un fondo destinado a los distritos y los repartió entre empresas de servicios públicos.
El Gobierno reasignó hoy unos 2.100 millones de pesos destinados inicialmente a las provincias, para aumentar subsidios y subir la transferencia de fondos a Aerolíneas Argentinas en unos 234 millones de pesos.
Con plata de las provincias, la administración kirchnerista decidió aumentar en unos 1.500 millones de pesos los fondos que destina a subsidiar los servicios y también subió 243 millones de pesos los que gasta en financiar el déficit de Aerolíneas Argentinas.
Las provincias a las que debía ir ese dinero eran Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, Misiones, San Juan y Corrientes. Cada una de las provincias iba a recibir una suma diferente de acuerdo con sus necesidades financieras para pagar amortizaciones de deuda y, también, según el acuerdo que cada una podría alcanzar con la Nación en convenios anuales.
Para mejorar las transferencias a subsidios y a la compañía aérea estatal, la Nación redujo en casi 3.600 millones el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que esperaban ansiosos los gobernadores más ahogados por el déficit y las deudas. Las reasignaciones fueron dispuestas a través de la decisión administrativa 19 publicada este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Los cambios al Presupuesto 2011 vía resoluciones y decretos firmados a lo largo del año afectaron a una buena parte de los ministerios, secretarías y dependencias de la administración pública nacional. Lo curioso es que esta decisión se adoptó a pesar de que el gobierno anunció que iría eliminando subsidios a los servicios de electricidad, gas y agua.
Estos cambios ocupan un anexo de 161 páginas en el que se detallan qué organismos refuerzan sus presupuestos para el año que termina y cuáles lo ven disminuir. Los últimos mayores movimientos de dinero, por mucho, están vinculados con la reducción de casi 3.600 millones de pesos en aportes del Tesoro al Fondo de Desarrollo Provincial.
Se trata de millonarias transferencias para subsidios y el crecimiento presupuestarios de una serie de organismos y empresas estatales dependientes del Ministerio de Planificación Federal. Entre otras reasignaciones vinculadas con subsidios, la decisión administrativa incluye una transferencia de 900 millones de pesos para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad (CAMMESA).
Otros 650 millones de pesos fueron reasignados para el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (que incluye los subsidios a los colectivos); y otros 280 millones fueron para AYSA, a la que por otro lado se le recortaron 50 millones. Asimismo, el Gobierno reasignó 82 millones de pesos para ENARSA; otros de 23 millones de subsidio a hidrocarburos (gas) y otros de 10 millones para el sistema ferroviario.
Se aumentaron los presupuestos del Ferrocarril Belgrano en unos 188 millones de pesos y el Operador Ferroviario Sociedad del Estado recibió unos 11 millones más. En total, la masa de dinero destinada a subsidios se incrementó en más de 2.100 millones de pesos, más unos 234 millones de pesos adicionales para cubrir el déficit que mantiene Aerolíneas Argentinas.
Buenos Aires, NA.
El intendente electo de Andalgalá en diálogo con Rodríguez Pardo
La primera entrevista que dio el intendente electo de Andalgalá, Alejandro Páez, fue a Javier Rodríguez Pardo. La reunión se llevo a cabo en el municipio, a las siete de la tarde del 10 de diciembre de 2011, después de los festejos de asunción y momentos antes de la reunión con el equipo que gobernará el ayuntamiento. El diálogo giró en torno a la mega minería hidroquímica a cielo abierto.
El voto ganador de las elecciones municipales del distrito catamarqueño de Andalgalá fue el del “no a la minería a cielo abierto”, cosa que, muy a su pesar, reconoce también la gobernadora electa Lucía Corpacci, ex senadora kirchnerista, nieta de la dinastía gobernante Saadi, sobrina del gobernador Vicente Saadi y prima de Ramón Saadi, aquél cuyo mandato interrumpiera el ex presidente Carlos Menem debido al crimen de María Soledad. Para Corpacci como para el gobierno nacional, el nuevo intendente mereció el acompañamiento, en su asunción, de funcionarios de primer nivel como Francisco Gordillo, Angel Mercado y Oscar Pfeiffer, ministros de gobierno, producción y desarrollo social, respectivamente, visita que resultó un hecho inédito en ese departamento de casi quince mil habitantes -quinto en la provincia- y que registra el grado de preocupación del ejecutivo provincial.
A Rodríguez Pardo le acompañaron la concejal electa por el MST-Proyecto Sur, Gloria Peña y la auto-convocada Daniela Agüero. Alejandro Páez resultó electo llevando el sello de MST-Proyecto Sur porque, según él, había sido desplazado por el radical Eduardo Brizuela del Moral del gobernante Frente Cívico y Social y principal derrotado en estas elecciones provinciales.
El informe:
Tal como anuncié el día anterior, durante el desarrollo de la asamblea en la plaza de la capital catamarqueña, me reuní con el intendente electo por propia inquietud, por mis propios fueros -digámoslo de ese modo-, fuera de agrupaciones, asambleas, ONG o partido político alguno.
Le aclaré enseguida que somos muchos los que deseamos saber cuál será su proyecto al frente del municipio de Andalgalá, sin interferencias ni interpretaciones periodísticas. La mirada de los pueblos que manifiestan contra la mega minería -le dije- hoy se halla sobre este municipio y especialmente sobre su futura gestión. Pobladores afectados por la actividad extractiva, centran su atención en este distrito del noroeste argentino. Andalgalá -creí necesario recordarle- sufrió una de las represiones más feroces en tiempos de democracia, un enseñamiento contra un pueblo que se había movilizado en defensa de su hábitat y el de sus hijos, motivado por los anuncios de más explotaciones mineras. Este gobierno municipal, su gobierno - insistí- surge como una esperanza capaz de frenar contaminación, destrucción territorial y saqueo que precisamente son acciones propias de la actividad minera a cielo abierto con compuestos tóxicos. La gente que lo votó –no es sólo la que se reúne en la asamblea El Algarrobo, consecuente con las acciones de lucha, aquí me acompaña -señalé su presencia-, una de las tantas auto convocadas que vive ilusionada con expulsar esta minería, y que por esa razón ella y su familia lo han votado; anhelan desterrar de la región los enclaves mega mineros. ¿Qué esperamos entonces? Ver que se cumplan los objetivos de su campaña electoral donde “el no a la minería a cielo abierto” fue la consigna principal. Andalgalá sabe –y los gobiernos nacional y provincial también- que Alejandro Páez gano con el voto anti mega minería.
El intendente Alejandro Páez contestó que siempre fue del partido radical, ex presidente de la juventud radical de Andalgalá, y que lleva a ese partido en su corazón: “Agradecí a Proyecto Sur y al MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) que me brindaron su boleta para poder participar de las elecciones, y al pueblo en su conjunto que me hizo ganarlas, pero soy un intendente políticamente independiente y trataré de gobernar el municipio para todos los andalgalenses.” Con respecto a la minería sostuvo su oposición a la que contamina y destruye “pero seguramente habrá que investigar mejor para que puedan hacerse bien las cosas. Además debo gobernar para todos y en el municipio son muy diversos los proyectos que hay que desarrollar. Me acompañarán colaboradores idóneos, de indiscutible aceptación popular, muchos provienen de la asamblea antiminera y -agregó exaltándolos- son militantes contra la minería contaminante, algunos secretarios, subsecretarios, directores, porque “yo mismo recibí lesiones el día 15 de febrero cuando hubo la gran represión”. Hay que tener paciencia porque no voy a defraudar a nadie. .. Es un municipio con muchos problemas pendientes de solución y mi preocupación será también evitar hechos de violencia como los del 15 de febrero de este año: “buscaré -dijo- la paz social”. No aseguró que hará un gobierno municipal siguiendo los objetivos de asambleístas y auto convocados contra la mega minería y fue confuso también al expresar que habrá que investigar mejor la cuestión minera. Insistió en que la tarea es difícil y con presiones.
Ni si, ni no, ni blanco ni negro, Páez respondió como en el viejo juego que, curiosamente, resume momentos de la vida misma: los grises actúan cuando los extremos nos abisman. Y aquí es donde deberá aparecer el coraje. Tal vez por eso decidí comentarle experiencias de otros distritos, que visibilicé semejantes. Un caso claro fue el de Calingasta –le dije- donde el intendente y el Concejo Deliberante coincidían en defender un territorio amenazado por la eventual explotación del segundo proyecto minero binacional, el de Pachón en la cordillera sanjuanina, y decidieron plebiscitar la actividad extractiva. La ordenanza municipal fue rechazada en tres ocasiones por el gobernador de San Juan, inescrupulosamente asociado a las mineras. Los temores de ver intervenida la comuna por el ejecutivo provincial incitó a los funcionarios calingastinos a no insistir con la consulta popular a pesar de que iba a ser fiscalizada por escribanos y veedores notables de probada reputación, reemplazando de ese modo al tribunal electoral de la provincia digitado por el gobernador; después de todo, se trata de consultas no vinculantes. El pueblo apoyaba y el país contra la mega minería estaba atento, pero el plebiscito no se realizó y en las elecciones locales siguientes el pueblo castigó con el voto la indecisión y la escasez de audacia. En nuestra opinión –continué narrándole a Páez- el intendente no supo ver el hecho político que podría ser históricamente relevante, en caso de que el gobernador de la provincia le interviniera la comuna simplemente por haber ejercido el derecho de consultar al pueblo, circunstancia que contempla la Constitución Nacional, la provincial y la carta magna del municipio. Perdurar – le ratifiqué con este ejemplo al intendente electo de Andalgalá- a veces no produce la gloria de la trascendencia. El reconocimiento futuro es el mejor fruto de la acción y la mejor forma de consolidarse.
Páez mencionó su formación y extracción social modesta justificando que su tarea política es la de atender al pueblo y disponer de manera independiente. En este sentido se lo ve confiado, seguramente por el volumen de votos conseguidos y por la sorpresa que causó su elección, pero al mismo tiempo el intendente no debería ignorar al activismo antiminero que en las próximas horas podría intentar detener los camiones con suministros para las transnacionales que operan en los yacimientos de La Alumbrera y Agua Rica. Al jefe de la comuna se le presentaría entonces una encrucijada, a poco de iniciar su gestión. Por un lado, el teléfono inflexible con la casa de gobierno de la provincia y, por el otro, la realidad de numerosas familias de Andalgalá que exhiben en los muros de sus viviendas leyendas “no a La Alumbrera, no a Agua Rica, sí a la vida”, alternadas con “la asamblea no se partidiza, ni se negocia”. Muchos votantes creen que Páez tiene resortes para enfrentar los mega emprendimientos mineros y no considera cuestiones de jurisdicción o incumbencia; seguramente en esa creencia radique el mayor error y sea el síntoma del fracaso de la paz social anhelada. Es sabido que frente al poder del lobby minero la única oportunidad la tiene el pueblo organizado, decidiendo en asambleas su estrategia y acciones, y contar con el apoyo del pueblo es vital para poder gobernar. Siguiendo esta línea creemos que la mochila de la paciencia es de escaso volumen y se halla forjada por decisiones de subido tono gris.
Al despedirme, le entregué un ejemplar de "Vienen por el oro, vienen por todo". En el capítulo ocho el intendente Alejandro Páez podrá repasar los comienzos de la gran pueblada antiminera del municipio que decidió administrar por cuatro años.
(*)Javier Rodríguez Pardo, Andalgalá, Catamarca, diciembre 2011
Bienes naturales y modelo productivo
Denuncian que se profundizaron los conflictos socioambientales
Desde la Unión de Asambleas ciudadanas (UAC), espacio que nuclea a organizaciones de vecinos en todo el país, entregaron un informe al Congreso alertando acerca de la contaminación causada por la minería, las fumigaciones y las pasteras.
La megaminería, los agroquímicos, las pasteras y la contaminación urbana generan consecuencias alarmantes en diversas provincias. En Córdoba se suman los problemas generados por la privatización del agua y los incendios intencionales.
En los últimos días, los vecinos realizaron un encuentro en Buenos Aires y entregaron un documento en el Congreso de la Nación reclamando a los diputados que intervengan ante estas problemáticas.
Desde hace seis años, la UAC viene realizando encuentros en distintos puntos del país. Allí, cientos de asambleas y organizaciones comparten los conflictos socioambientales que se viven en sus territorios y deciden acciones conjuntas para detener la contaminación y el daño a las poblaciones. Días atrás realizaron su decimoséptimo encuentro, que se concretó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires.
“Hay un desarrollo de la participación de distintos grupos de vecinos a partir de la situación de conflicto que existe en los lugares donde viven; se ve mucha gente de Córdoba participando de los movimientos a partir de las fumigaciones, los fenómenos que perjudican el agua, la extracción de uranio”, indicó a este diario Juan Nicastro, integrante de la asamblea Villa Giardino Despierta, en relación a la provincia.
El avance de la minería a cielo abierto, las fumigaciones, las pasteras y la contaminación urbana son los principales conflictos detectados por los integrantes de la UAC al realizar una radiografía de la Argentina actual.
“Son conflictos socioambientales; no nos interesa solamente el ambiente en sentido geográfico, porque todo lo que repercute en el ambiente repercute en las sociedades”, aclaró Patricia Agosto, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de la ciudad de Buenos Aires.
Además, los integrantes de la Uac destacaron que los vecinos se involucran en estas problemáticas. “Hay cada vez más complejidad de estos movimientos, se involucran médicos, biólogos, periodistas”, dicen en relación a la creciente participación de redes de profesionales que investigan y difunden las consecuencias de la contaminación. En los últimos años, alrededor de 200 asambleas ciudadanas se sumaron al reclamo al gobierno nacional y los gobiernos provinciales para poner un freno a las consecuencias del actual modo de producción. “Con el gobierno de Kirchner y Cristina no se ha logrado y no es su propósito frenar este modelo extractivo sino que en muchos conflictos hay una profundización”, aseguran.
Zona por zona
“A medida que se va trasladando la sede de la Uac se van incorporando nuevas temáticas y las organizaciones tratan de mantenerlas”, explicó a este diario Patricia.
Así, mediante encuentros en diversas regiones del país, este espacio de articulación fue sumando a sus demandas las principales problemáticas ambientales de todo el territorio nacional. Los miembros de la Uac distinguen cuatro grandes conflictos que viene atravesando al país en los últimos años. Uno de ellos es la explotación minera, que se percibe especialmente en la zona cordillerana. Allí han surgido “muchas asambleas y organizaciones que luchan contra las grandes empresas mineras, que básicamente son multinacionales, aunque no únicamente”, señaló la integrante del espacio.
Sobre este punto, señaló que existe una gran cantidad de emprendimientos que ya están extrayendo minerales y provocando daños en el agua, el suelo, el aire y la salud de las poblaciones cercanas.
Pero, además, “hay muchísimos proyectos por empezar, en fase de cateo y exploración. Hay asambleas y organizaciones que se van a oponer y no van a dejar que avancen, como pasó en Chilecito y Famatina, o San Jorge en Mendoza, donde se logró parar un proyecto”, advirtió Patricia.
“Otro tema es el agronegocio, donde participan muchas asambleas de territorios asediados por la sojización y las fumigaciones”, añadió. La resistencia a esta problemática se hace especialmente visible en el centro del país a través de organizaciones surgidas en Córdoba, Santa Fe y la zona del Litoral.
Según indican, éste es uno de los conflictos que representan mayor peligro para las comunidades. En ese marco, destacaron la participación de los Médicos de Pueblos Fumigados en el encuentro realizado recientemente en Buenos Aires: “Son escalofriantes los datos e imágenes que mostraron de poblaciones que reciben directamente las fumigaciones con glifosato; hay un problema central que tiene ver con la muerte y las malformaciones”, dijeron.
La contaminación urbana también se suma a la lista de los reclamos que vienen sosteniendo desde el espacio. En este caso, la problemática es abordada principalmente por organizaciones de la ciudad de Buenos Aires y el interior de esa provincia, aunque también intervienen algunas asambleas de otras regiones.
Por último, los vecinos señalaron a las pasteras como una actividad que también atenta contra el ambiente y la salud, conflicto especialmente afrontado por organizaciones de varias ciudades de Entre Ríos. Y agregaron que la contaminación que genera esta actividad se volvió evidente a partir de que la planta de Botnia comenzó a funcionar en las costas del río Uruguay.
Además de estos cuatro conflictos, definidos como centrales en el contexto actual, los integrantes de la Uac mencionan la existencia de otros fenómenos preocupantes a nivel socioambiental. Tal es el caso de la extracción de petróleo, problema que es afrontado principalmente por comunidades mapuches en la Patagonia.
El escenario cordobés
Juan Nicastro, quien también participa de la Uac a través de la asamblea Villa Giardino Despierta y las Asambleas Unidas de las Sierras, describió que el panorama en la provincia de Córdoba está en consonancia con el resto del país.
La alarma por la instalación de la minería y la creciente aplicación de agroquímicos también viene provocando el surgimiento de asambleas de vecinos en Córdoba. A estos conflictos se suman la escasez de agua y su privatización en zonas serranas, los incendios intencionales y el desmonte.
En los últimos años, comunidades ubicadas en los valles de Punilla y Traslasierras han conformado diversas agrupaciones que buscan impedir la instalación de emprendimientos mineros. Ongamira Despierta es una de las organizaciones que desde hace tiempo viene trabajando en esta temática y que impulsó la sanción de la ley que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en todo el territorio provincial.
Juan relató que actualmente “hay muchísima gente atenta a qué pasa con la extracción de uranio, que por el momento está frenada, pero si se realizara afectaría muy fuertemente la cuenca del lago San Roque”. Las fumigaciones también vienen generando resistencia en distintas regiones de Córdoba. La mayor parte de estas organizaciones están nucleadas en la agrupación Paren de Fumigar, un movimiento que, según los miembros de la Uac, “es muy fuerte en toda la provincia”. En ese marco, relataron que en marzo próximo se realizará un juicio a productores que aplican agroquímicos en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, provocando graves daños en la salud de sus habitantes. “Es un juicio importantísimo en Latinoamérica porque es el primero de estas características”, afirmaron.
En tanto, en localidades como Carlos Paz, Mendiolaza, La Cumbre y Villa Giardino los vecinos se han organizado para reclamar ante la escasez de agua. “No falta agua sólo por una situación coyuntural de sequía sino porque hay una distribución no democrática del agua, en base a pautas comerciales”, explicó el vecino de Villa Giardino. Y agregó: “Se está planteando hacer un acueducto especial para toda una serie de barrios privados, una inversión muy importante que no está pensada para el bien común sino para gente de altos ingresos. Eso también motiva la participación en instancias asamblearias”.
El avance de los desmontes y los incendios también se suman a las preocupaciones de las organizaciones en la provincia. “La población tiene conciencia de que las más de 100 mil hectáreas quemadas en esta temporada fueron incendios intencionales”, dijo Juan al respecto. Y continuó: “El daño social está clarísimo. Nosotros venimos sufriendo mayores inundaciones, sequía en las cuencas, vía libre al desmonte después de los incendios con el avance del proceso de desertificación, sin hablar del daño directo a productores que se les quemaron sus campos”.
Complicidad del gobierno
Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas sostienen que estos conflictos “tienen que ver con un modelo extractivo y productivo que busca maximizar las ganancias de la mano de grandes empresas con la complicidad de poderes políticos”. Y advierten que esta situación se repite en varios países de Latinoamérica.
Los vecinos señalaron que en el kirchnerismo “no hay intención de poner freno al modelo, se plantea una continuidad y en algunos casos profundización” de estos conflictos. Por este motivo, expresaron que las asambleas encuentran serias dificultades para dialogar con los gobiernos provinciales y el nacional.
Según subrayó Juan Nicastro, lo mismo ocurre en la provincia de Córdoba: “Con el gobierno de Schiaretti y De la Sota no vemos ningún tipo de freno a la devastación socioambiental. En los últimos días De la Sota hizo declaraciones en contra de la minería de uranio, y más allá de que le creamos o no lo que nos interesa es la devastación enorme que ya estamos sufriendo por los desmontes”.
En este sentido, relató que días atrás se detectaron importantes desmontes en la zona de Cruz del Eje.
“No vemos gran diferencia entre kirchnerismo o no kirchnerismo en cuanto a lo que sucede en Córdoba en lo ambiental; no hay interés profundo de tomar cartas en el asunto desde los gobiernos, pero sí desde las poblaciones”, aseveró el integrante de la organización en relación al distanciamiento de Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria.
En este contexto, del 25 al 28 de noviembre cientos de vecinos de todo el país asistieron al 17º encuentro de la Uac que por primera vez se realizó en la ciudad de Buenos Aires y culminó en la localidad de Luján.
Allí, además de difundir a la población lo que está ocurriendo en cada provincia, los integrantes del espacio entregaron al Congreso Nacional una Agenda Popular Socioambiental, que consiste en “un informe detallado y elaborado por las mismas asambleas sobre los crímenes socioambientales que vienen cometiendo las empresas transnacionales en sus territorios”.
En dicho informe, los vecinos expresaron sus principales reclamos y puntualizaron qué leyes sería necesario derogar y cuáles habría qué hacer respetar para revertir la situación actual. “El objetivo era hacer una entrega formal en el Congreso, sabiendo que asumen nuevas autoridades, e interpelarlos de alguna manera”, indicaron.
martes, 27 de diciembre de 2011
No se cumple con la ley que castiga a empresas que tengan vínculos económicos con las Malvinas
Por Sergio Carreras, para el Diario La Voz del Interior.- Suena increíble. Pero es cierto. Una ley que el Congreso aprobó por unanimidad hace sólo ocho meses nunca fue cumplida. Se trata de la ley nacional 26.659, sancionada el 16 de marzo y promulgada de hecho el 12 de abril, llamada Ley de Hidrocarburos.
Es un texto muy breve, de apenas nueve artículos más dos de forma, cuya principal determinación consiste en prohibir a toda persona o empresa que trabaje en el país desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
Es una ley que fue pensada como parte de la estrategia argentina para recuperar las Islas Malvinas y evitar que Gran Bretaña continúe enriqueciéndose con los recursos naturales de la región, en especial a través de la extracción de petróleo.
Socios comunes. El costado más polémico de la ley está en su segundo artículo. Prohíbe también que toda persona o compañía localizada en la Argentina preste servicios o tenga cualquier tipo de participación en personas jurídicas que desarrollen actividades en Malvinas.
Si alguna empresa, por ejemplo, incumple esta ley y participa en las compañías extranjeras que trabajan en la plataforma continental usurpada por Gran Bretaña, será inhabilitada por un plazo que va de 5 a 20 años, además de sufrir las sanciones penales que le correspondan por violar la disposición.
Las sanciones no terminan ahí, sino que se prevé que quienes incumplan la ley sufran “el cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que pudieran habérsele concedido”.
En su artículo 3, la ley prohíbe realizar “actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría” con cualquier empresa o persona que trabaje en la plataforma continental sin autorización de la Argentina.
¿Qué ha hecho que la ley nunca se haya cumplido y que el gobierno de Cristina Fernández evite por todos los medios hablar sobre ella? Quizá una respuesta pueda buscarse en las vinculaciones societarias que existirían entre los grupos dueños de las firmas petroleras que, violando la soberanía argentina, trabajan en Malvinas, y los grupos financieros dueños de las mineras que extraen oro, cobre y otros minerales preciosos de la Cordillera de los Andes.
Según señaló a La Voz del Interior el referente de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, “existen pruebas contundentes que demuestran que los mismos grupos financieros transnacionales que controlan las mineras auríferas del país son los dueños de las tres petroleras enviadas por el gobierno de Gran Bretaña a llevarse el petróleo de la plataforma continental argentina”.
Denuncia en preparación. El detalle de estas vinculaciones será motivo de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público que diputados nacionales de varios partidos pretenden presentar en febrero contra la Presidenta y las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación.
La presentación señalará que hay una coincidencia en quiénes son los dueños del 76 por ciento del paquete accionario de la minera Barrick Gold (explota las minas de oro Veladero y Pascua-Lama, en San Juan), el 55,9 por ciento de Gold Corp (explota las minas de oro La Alumbrera, en Catamarca, y Cerro Negro, en Santa Cruz) y el 40,5 por ciento de Anglo Gold Asanthi (explota la mina de oro Cerro Vanguardia, en Santa Cruz).
Esos mismos grupos financieros serían simultáneamente dueños de importantes porciones de capital de las tres petroleras autorizadas por Gran Bretaña para extraer hidrocarburos en Malvinas.
Tendrían el 33 por ciento de Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum, el 25 por ciento de Desire Petroleum y el 37,8 por ciento de Falkland Oil and Gas.
Los dueños comunes de las mineras que trabajan en Argentina y las petroleras que están en Malvinas serían, en primer lugar, Blackrock Group, propiedad del Bank of America (accionista de la minera Barrick y las petroleras Rockhopper, Desire Petroleum y Falkland Oil and Gas); en segundo lugar, el fondo de inversión estadounidense TD Asset Management, accionista de Barrick, Gold Corp, Rockhopper y Desire Petroleum y, finalmente, el banco Barclays, que además de ser accionista de Desire Petroleum está vinculado no con mineras sino con el canje de bonos realizado en 2010 por el Estado argentino.
Ignorada hasta el momento, la ley 26.659 debería ser puesta en marcha por la Secretaría de Energía de la Nación, que dirige Daniel Cameron, santacruceño muy vinculado al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual jefa del Estado.
En caso de que se probaran los vínculos económicos, Cameron debería decidir la inhabilitación de las empresas que actúan en Argentina.
Además, la ley prevé que la Secretaría de Energía, que depende del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confeccione una nómina pública de quiénes trabajan en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado argentino.
La Secretaría no habría cumplido ni con este requisito a que la obliga la ley. Todas las consultas realizadas por este diario, por distintas vías, para obtener la palabra de Cameron o de cualquier otro funcionario de Planificación Federal sobre esta ley no obtuvieron respuesta.
Tampoco se explayaron sobre el tema las dos más grandes mineras auríferas que trabajan en el país. Barrick Gold afirmó a este diario que “la empresa no tiene ninguna participación en ninguna de esas empresas”. En realidad, la denuncia tampoco afirma eso: dice que comparte dueños comunes con las petroleras.
Desde Xstrata Copper, la empresa que explota La Alumbrera junto a Gold Corp, la vocera Emily Russell dijo a este diario que “Xstrata no desarrolla ninguna actividad petrolera ni tiene interés comercial o estratégico en trabajos de exploración en las Islas Malvinas”. Gold Corp, en tanto, no respondió los pedidos de información enviados a su oficina de prensa.
Contradicciones. La incomodidad que genera la ley en el Gobierno es tan evidente que ni siquiera ha sido reglamentada, pese a que estaba obligado a hacerlo en un plazo no mayor de 60 días desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 13 de abril. Igual, la ley entró en vigencia a los 90 días, a partir del 13 de julio.
Hay un contrasentido evidente en esta ignorancia de la ley y las medidas tomadas por la Presidenta el año pasado, cuando en febrero aprobó el decreto 256, tendiente a prohibir la circulación por aguas argentinas de buques que toquen puerto en Malvinas, como una manera de dificultar las operaciones de las empresas petroleras autorizadas por Gran Bretaña.
Un poco más atrás, en marzo de 2007, el Gobierno nacional emitió, a través de la Secretaría de Energía, la resolución 407, que creó un registro de empresas de exploración y explotación de hidrocarburos que trabajen en la plataforma continental argentina, para que no pudiera permanecer allí ninguna sin autorización del Estado.
Ahora, la actitud renuente a aplicar una ley que el Congreso aprobó aun con el voto de todos los legisladores oficialistas, plantea la pregunta de si el Gobierno está pensando en modificar su postura frente a la preservación de la soberanía sobre Malvinas, pese a las rutinarias declaraciones que los presidentes argentinos efectúan cada año ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
El vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), Félix Herrero, señaló a este diario que “las leyes no son opiniones: son disposiciones de cumplimiento obligatorio. La Presidenta está en una actitud débil frente a las petroleras europeas e incurre en un delito por no cumplir la ley. Esto tiene que ver con el caos legal actual con que se maneja el oficialismo, donde las leyes no se reglamentan o no se cumplen, y se crea, en cambio, un sistema institucional falso, ficticio”.
El abogado Ricardo Monner Sans denunció penalmente el año pasado al ministro de Economía, Amado Boudou?, por haber aprobado una carta convenio que designó al Barclays Bank como coordinador global de la reestructuración de la deuda externa argentina. Barclays Bank había presentado una propuesta para la reapertura del canje de la deuda y –dice Monner Sans– Boudou la aceptó sólo seis días después, por medio de la resolución 267/09.
Apenas un mes antes, en septiembre de 2009 –recordó el abogado porteño en su presentación conjunta con el cordobés Francisco Llorens y el político Mario Cafiero– Barclays Bank se había convertido en el principal accionista institucional de la petrolera Desire Petroleum, una de las que trabaja en Malvinas, con el 4,45 por ciento de sus acciones.
Para poder operar en Argentina, y nada menos que con el Estado argentino en un asunto vital como la deuda externa, Barclays Bank debió, según los denunciantes, haber manifestado su vinculación accionaria con la petrolera Desire, ante el registro que debe llevar la Secretaría de Energía de la Nación que dirige Cameron. Eso le habría impedido participar de la operación, a menos que el Estado hubiera dado una autorización especial, desconocida hasta hoy.
Si no lo hizo, habría incumplido la resolución nacional de 2007. Y estaría violando la ley 26.659, que el Poder Ejecutivo Nacional no muestra esfuerzo por cumplir. Estas preguntas siguen sin respuesta porque el Gobierno no da información, pese a que la Presidenta sigue sosteniendo que Argentina “va a seguir, incansablemente, reclamando la soberanía” sobre Malvinas. Por ahora, una de las principales leyes que servirían para demostrar en los hechos ese propósito sigue sin ser aplicada por su administración.
Sin pelos en la lengua. El diputado nacional Miguel Bonasso y el ex candidato presidencial Fernando “Pino” Solanas reiteraron sus fuertes denuncias de corrupción contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos dirigentes acusan al Poder Ejecutivo Nacional por “entrega de soberanía” a las compañías internacionales que extraen oro y otros minerales valiosos en la cordillera argentina.
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