Córdoba: Los trabajadores siguen pagando con su cuerpo

por Eduardo Ahamendaburu - Silvia Belga

A raíz de las graves quemaduras que sufrieron cuatro operarios de la nueva Central Termoeléctrica de la Epec en la ciudad de Pilar, el Instituto de Salud y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) denuncia la política de tercerización que transforma la vida y la salud en un insumo mas de los procesos productivos.

Electroingeniería vuelve a ser noticia. Sin embargo, los motivos no son esta vez los escándalos y sospechas de corrupción, como fue el caso Skanska, los sobreprecios en obras eléctricas en Santa Cruz, o sus aceitados vínculos políticos a nivel provincial y nacional que le permitieron un crecimiento exponencial en los últimos años

En esta oportunidad, ocupa la atención pública, por las gravísimas quemaduras sufridas el 1º de junio por cuatro trabajadores de una empresa tercerizada por Electroingeniería, concesionaria del mantenimiento desde diciembre del año pasado de la nueva Central Termoeléctrica de la EPEC, en la ciudad de Pilar, a raíz de fallas en la seguridad eléctrica en una celda de 6,6 kilovoltios, en la que desarrollaban tareas de mantenimiento.

Es posible entrever una urdimbre de responsabilidades que posibilitaron el hecho y sus terribles consecuencias. Desde el Gobierno Provincial, pasando por la EPEC, Electroingeniería y su sociedad con Siemens (acusada en Estados Unidos, Alemania y otros países de cargos de cohecho, corrupción y falsificación de libros contables) y finalmente la empresa de la que dependen directamente estos trabajadores.

Aún está fresco el recuerdo de la explosión de un horno de ACINDAR en Villa Constitución, en donde como en Pilar, fue producto de la cadena monstruosa de tercerizaciones cuyo único objeto es reducir costos y acrecentar ganancias que se concentran en muy pocos.

La política de tercerización transforma la vida y la salud en un insumo mas de los procesos productivos, fácilmente reemplazables en el contexto de precarización y de bajo costo por obra y gracia de las A.R.T.

Es menester, ante este tipo de acontecimientos, que el poder público tome cartas en el asunto; y no lo deje librado a un simple dictamen de la ART y al pago de la indemnización de rigor.

Pero por sobre todo, son necesarias organizaciones de trabajadores que no miren para otro lado ante este tipo de hechos y se generen formas democráticamente participativas en defensa de la salud y la vida, so pena que ante el próximo “que se vayan todos” sus dirigentes queden inscriptos en los anales de la ignominia.

Eduardo Ahamendaburu (Presidente ISLyMA) – Silvia Belga (Secretaria de Salud Laboral).