Argentina: Destruyen puesto campesino

El 26 de mayo la UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra) denuncia que en Jocolí, departamento Lavalle, Mendoza, cerca del límite con la provincia de San Juan, la empresa Argenceres avanzó sobre el puesto de una familia campesina colocando un alambrado y destruyendo la vivienda, las piletas de agua y un pequeño galpón de acopio. Entrevista a Lena Mozas (34), del área de Territorio de la UST.

P: Describinos el campo de la familia Sarmiento. ¿Cuándo comenzó la filial de este grupo español a correr el límite de su propiedad?

R: Es un campo de secano alargado de unas 9.000 hectáreas; necesitás mucha extensión de tierra para los animales. La familia Sarmiento llega en el año 44; los hermanos, a medida que fueron haciendo sus familias, se fueron asentando en distintas partes del campo para poder facilitar el manejo. En 2007 esta empresa hizo un alambrado, al norte del campo, y después lo corrió a unos 200, 300 metros de la casa familiar y los corrales.

P: ¿Por qué razón una fiscal le dio la orden a los Sarmiento de salir del lugar, imputando a tres de sus miembros por el delito de usurpación?

R: La usurpación la tiene que resolver un juez penal, pero la posesión de un campo un juez civil. La fiscal, vaya uno a saber motivada por qué intereses, en vez de decidir que la discusión vaya a la vía civil, ordena el cese del delito de usurpación. El delito de usurpación preescribe a los tres años... La empresa reconoce que ahí ha estado viviendo la familia Sarmiento. El poder económico no actúa solo, tiene que ir acompañado del poder político y, en este caso, judicial.

P: ¿De qué se trata el proyecto oleícola que está desarrollando Argenceres en la finca "Doña Carmen", un campo de 38.000 hectáreas?

R: Al encontrarnos con esta empresa y con este conflicto nos fuimos enterando de algo que desconocíamos... Es como implementar el modelo de la soja pero en otros cultivos. Hablan de cultivos super intensivos en olivos: meten gran cantidad de plantas, mucha maquinaria, riego por goteo, tecnología vinculada a la fábrica de aceite de oliva. El mismo paquete tecnológico utilizado en la soja lo utilizan en el monocultivo de olivo.

P: Según señala la UST, además de apropiarse de campos, la empresa se estaría apoderando de vertientes y acuíferos...

R: Sí, porque están justo en la zona límite entre Mendoza y San Juan, y en esa zona hay vertientes. En Mendoza, para poder regar, utilizás el agua de los ríos. Este emprendimiento está haciendo perforaciones. Irrigación le habilitó cerca de siete u ocho perforaciones de 12 pulgadas para extraer agua, y eso merma la fuente de agua en la parte del llano. Ellos están sobreexplotando esos acuíferos para regar olivos. Hacen diques secos para contener el agua de lluvia, que normalmente fluiría para otros lugares, y la reutilizan. Nos hemos enterado que la empresa aceitera a los deshechos los pone en una represa, y eso se infiltra y contamina no solamente el suelo, sino también las napas de agua.

P: ¿Permanece la familia, junto con los miembros de la UST, en el lugar? ¿Recibieron la visita de funcionarios o fuerzas de seguridad en el campamento?

R: Ha ido la fiscal, la policía. La empresa, que en un primer momento tenía un alambrado a 200 metros, en dos días lo corrió cinco kilómetros más al sur y tapó los pozos para que no quedara rastro. La semana pasada empezaron de vuelta a armar ese alambrado... Decían que en realidad no es Argenceres, sino que es otra empresa que también es parte de lo que son los capitales españoles. Es parte de un manejo para lavar la posesión: yo compro, te lo vendo y luego se vende a otro, y voy generando títulos. La fiscalía ha ido en defensa de estas empresas. Hay portación de bolsillo: al que tiene plata no le hacemos nada, y al que tiene el bolsillo vacío lo imputan de delincuente. Se hizo presente gente de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU), que tiene a cargo el programa de arraigo. La fiscal no reconoce que esta familia es originaria de la zona. Este organismo dio fe de esa situación pero a la fiscal no le interesa.

* Realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.