Otro desaparecido en democracia.

Daniel Francisco Solano era uno de los tantos trabajadores que, para poder vivir, tienen que alejarse de su tierra y su familia a realizar trabajos en empresas que aprovechan estas situaciones de absoluta vulnerabilidad de los trabajadores y hacen uso de sus derechos a la flexibilización y la superexplotación.

Daniel tenía 27 años y era una especie de delegado en la cuadrilla en la que trabajaba, junto a otros peones rurales, en la empresa Agrocosecha S.R.L. Como de costumbre, la empresa ya lo había fichado y rápidamente le ofrecieron oficiar de puntero para aislarlo de sus compañeros, cosa que Daniel rechazó.

Ante el pago de la primera quincena, que fue mucho menor a lo que correspondía, Daniel y sus compañeros realizarían un reclamo de conjunto. De esta acción tuvo conocimiento la empresa, que pidió colaboración a la policía para resolver el conflicto.

El 5 de Noviembre de 2011, Daniel salía de un baile en la localidad patagónica en la que trabajaba, Choele Choel, cuando la policía lo detuvo y se lo llevó. Desde ese día nadie volvió a verlo ni se tuvieron noticias de él.

Como no podía ser de otra manera, la complicidad del aparato judicial garantiza que no haya detenidos. Sólo hay seis policías apartados de sus funciones, es decir cobrando el 50% del sueldo sin trabajar. Por parte de la empresa, no hay imputados.

Ante esta situación, hace tres meses que la familia de Daniel acampa en las puestas de la fiscalía y preparan junto a la Comisión de Solidaridad y Apoyo a la Familia Solano una jornada cultural en la que participarán varias organizaciones para difundir el caso, el próximo 5 de mayo, al cumplirse 6 meses de la desaparición de Daniel.

La desaparición de Daniel se suma a la de Julio López, Luciano Arruga, Iván Torres, entre otros; casos en los que aún el Estado no ha dado respuestas, todos desaparecidos en democracia y bajo el gobierno de los Kirchner.

Además, es un caso que tiene como contexto casos de gatillo y de asesinatos por la represión a manifestaciones como Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Julián Amado.

En el sur, como en el resto del país, la represión sigue siendo garantizada por las fuerzas represivas al servicio de las empresas y la clase dominante, con la impunidad garantizada por el poder judicial y las instituciones del estado.

Fuente: CORREPI