El derecho y la represión al derecho

En un nuevo intento de criminalizar la protesta social, alrededor de 50 integrantes de la Asamblea de Tinogasta fueron citados por la Justicia provincial para declarar en carácter de imputados en causas iniciadas por el bloqueo informativo que mantienen en la ruta nacional 60.

Las citaciones que comenzaron a llegar el jueves 26 de abril, indican que los delitos de los que se los imputan son: Desobediencia Judicial, Entorpecimiento del Tránsito Terrestre y Atentado. Los dos primeros son el común denominador en las más de cincuenta imputaciones, mientras que el tercero, “Atentado”, es solamente para algunos.
Desde la Asamblea de Tinogasta, señalaron esta actuación judicial como una clara acción intimidatoria y pidieron a las asambleas del país, a los medios y los militantes de las organizaciones sociales que difundan esta gran injusticia y el atropello del que son objeto.
Valeria, asambleísta tinogasteña indicó a La Olla TV, en referencia a los delitos que se les imputan, que desobediencia no puede haber porque en ningún momento “nadie se acercó al bloqueo a plantear nada”, y respecto al entorpecimiento del tránsito señaló que jamás tuvieron un camión parado, ni siquiera cuando sufrieron la represión en el mes de febrero ya que la intervención que ellos realizan es un bloqueo selectivo informativo.
Las citaciones llegaron sólo una semana después de la visita al departamento del Presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, y del Procurador General, Enrique Ernesto Liljedhal, quienes se reunieron con los intendentes de Tinogasta y Fiambalá para tratar el tema de los bloqueos.
Ambos intendentes mantienen políticas pro mineras y buscaban con el Tribunal Supremo provincial avanzar en ordenar el desbloqueo de la ruta nacional 60.
Luego de la reunión, el presidente de la Corte de Justicia manifestó en conferencia de prensa que presentarían un protocolo de actuación para toda la provincia para tratar este tipo de casos, para garantizar tanto el derecho a transitar como al de protestar. A su vez, dejó en manos de la autoridad de los Fiscales de cada distrito, las formas en que se ejecutarán las órdenes de despeje de rutas sin negar la posibilidad de la utilización de la fuerza, “perros, camiones hidrantes, gases, gomas, todo para lograr el objetivo”.
Tan sólo un día después de la llegada de las citaciones, llegó la primera provocación cuando tres camiones de la empresa Tamarugal que transitaban desde Belén hacia Chile sin carga, escoltados por tres autos sin identificación lograron burlar el bloqueo selectivo situado en el acceso sur de la cuidad, y atravesaron uno de los barrios más populares de Tinogasta a una velocidad de más de 100 km por hora.
Los asambleístas decidieron seguir la marcha de los camiones y fueron interceptados por un auto del que descendieron cuatro policías de Catamarca que realizaban un operativo para el cual contaban con un Oficio remitido desde la Fiscalía de Tinogasta que indicaba: “Arbítrense los medios que sean necesarios para que los camiones de la empresa Tamarugal puedan llegar hasta el límite de la jurisdicción sanos y salvos protegiendo siempre la integridad tanto de los transportistas como la de los vehículos. Si fuera menester el uso de la fuerza o cualquier maniobra disuasiva o represiva deberá ser usada”.
Vale recordar que los asambleístas mantienen este bloqueo selectivo e informativo en el Paso Internacional San Francisco desde hace más de 90 días. Su reclamo parte de un derecho garantizado por la Constitución provincial que en su artículo 1° asegura al pueblo de la Provincia “el poder decisorio pleno sobre el aprovechamiento de sus recursos y riquezas naturales”. Sin embargo, su oposición a lo que consideran “políticas extractivas que están vaciando nuestra cordillera y contaminando nuestras comunidades” ha recibido como respuesta la represión, como el 10 de febrero pasado cuando la infantería de la provincia intentó “despejar” la ruta 60 con gases y balas de goma, y ahora, con la venia de la justicia provincial, judicializando el reclamo.
De todos modos, los vecinos de Tinogasta han dejado claro que no se dejarán intimidar. Saben también que su lucha por el agua y por la vida es compartida y crece dentro de su comunidad, de la provincia y del país.
Un claro ejemplo se produjo el viernes pasado en otra comunidad fuertemente afectada por la minería, Andalgalá, cuando el secretario de Minería de la provincia de Catamarca, Rodolfo Miccone; el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo; y el ministro de Producción Ángel Mercado, llegaron a la ciudad para inaugurar una nueva oficina de “atención minera”. Al enterarse, un numeroso grupo de asambleístas se dirigieron al lugar “en repudio de sus presencias”. Hubo incidentes y forcejeos, y como la manifestación no cedía, los funcionarios provinciales tuvieron que retirarse del lugar, viéndose impedidos de continuar con la apertura del local minero.

Fuentes: noalamina – Catamarca Contaminada – ipodagua.com – La Olla TV – Córdoba Indymedia – Agencia Walsh – La Colectiva Radio