Trato Preferencial
El martes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio dos discursos: uno desde el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada -donde anunció el aumento de jubilaciones y de la ayuda escolar anual- y otro para la militancia, desde uno de los patios interiores de la Casa Rosada. En ellos se mostró dura con los trabajadores ante la inminente apertura de las negociaciones paritarias y con los sectores populares que se manifiestan en la calle. En contraposición, fue condescendiente con los sectores de la riqueza más concentrada de nuestro país. Repasemos algunos fragmentos de sus palabras.
En el primero de los discursos, con un patio interno de la Casa Rosada atiborrado de militantes, la presidenta dijo, refiriéndose a los empresarios “que no cumplen” los acuerdos de precios: “han ganado mucho dinero, y no nos molesta que ganen mucho dinero lo que sí nos molesta -y no lo vamos a permitir- es que nos tomen de estúpidos y nos tomen el pelo y sigan saqueando a los argentinos”.
Se refería los llamados “formadores de precios”. Para poder dimensionar el monto de las ganancias que ellos y los grandes grupos económicos de nuestro país han obtenido -lo que parecen no molestar a este gobierno-, basta revisar los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que datan de 2011: de las 500 que están a la cabeza del ranking, 455 obtuvieron ganancias por 15.000 millones de pesos más que a fines de 2010(1). Si tomamos específicamente el rubro alimenticio, un comunicado que dio a conocer esta semana el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), denuncia que “En Argentina unas 28 corporaciones controlan más del 70 por ciento de la cadena agroalimentaria. Difícil poder determinar las cifras exactas de las ganancias de estos grupos, pero se estima que en esa cadena logran una renta superior al 50%”. En el documento el MNCI alerta: “Llegamos a un punto donde avanzamos o retrocedemos. Avanzar significa ir contra las corporaciones”. A estos, a quienes “ganaron” en estos diez años Cristina se dirigió cuidando no molestarlos demasiado.
En cambio, inmediatamente después la Presidenta embistió contra las organizaciones y movimientos sociales: “todavía subsisten grupos o grupitos chiquitos, de diez, de quince o de veinte, que cortan la calle por cualquier cosa. Y sin embargo, no hacen nada cuando ven lo que hacen otros, respecto de los intereses que dicen representar”.
Planes del Estado para los sectores de trabajadores desocupados, educación y reclamo de justicia, fueron tres de los reclamos de los últimos meses que se concretaron con movilizaciones en la calle. Los tres, además de constituir problemáticas sociales esenciales hoy, implican una desatención desde el estado nacional y/o provincial.
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En el segundo de los discursos, ya en uno de los salones de la Casa Rosada, la presidenta afirmó: “Los derechos en Argentina se siguen ampliando y reconociendo gracias a instituciones como la de la movilidad jubilatoria que fue establecida desde el año 2009”, afirmó para dar a conocer el aumento de las jubilaciones y pensiones cuyo mínimo, a partir de marzo, será de $ 2.757, un 11,31 por ciento más alto respecto a la vigente.
Este aumento representa solamente 9 pesos más por día para aportar a una Canasta Básica para la tercera edad -calculada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires- que en noviembre pasado era de $ 4.885(2). Además de diciembre a fines de enero, el precio de los alimentos frescos y medicamentos, que es básicamente lo que consumen la mayoría de los jubilados, subieron entre un 21 y un 28 por ciento. Por lo tanto, el incremento en los haberes ya está absorbido por la inflación y cuando se cobre en marzo, no representará ningún impacto.
La Presidenta, que estructura sus discursos con muchos datos (lo mismo hace el Jefe de Gabinete), puso el incremento en porcentajes: “el aumento correspondiente al mes del marzo es de 11,31, anualizando un aumento del 27,35 por ciento para nuestros jubilados, pensionados, contribuciones, pensiones no contributivas”.
El incremento para marzo es el más bajo desde setiembre de 2010 (los haberes se ajustan dos veces por año, en marzo y en setiembre). Por otra parte la anualización citada es el aumento marzo 2013- marzo 2014. Lo que no menciona en el discurso es que esa misma anualización un año antes (marzo 2012- marzo 2013) significó un aumento del 31,5 % y que último aumento de setiembre de 2013 había sido de un 15,2%. O sea que, con el ajuste anunciado, se perdieron 4 puntos respecto a sus anteriores.
“Este es el sexto año que está en funcionamiento esta movilidad jubilatoria, es el décimo primer aumento; es un 300 por ciento, del 2009 hasta la fecha”, dijo. Más allá de lo impactante del porcentaje, vale la pena repasar cuál era el poder adquisitivo en marzo de 2009 y cuál es ahora. En el 2009, con la jubilación mínima de $ 770 se podían comprar 192 kilos de pan. Hoy con el haber de $ 2.757 se podrán comprar en marzo (si el pan no aumenta) 110 kilos al precio corriente o 147 kilos si tomamos el “precio cuidado”.
“Aumentamos el número de jubilados en más de 2 millones y medio, gente que no tenía una cobertura previsional y que nos convierte en el país de Latinoamérica de mayor cobertura previsional con un 93 por ciento”, afirmó. Este aumento, que podemos entenderlo como una medida positiva, ha sido acompañado por una achatamiento de la pirámide. Por eso en la actualidad 8 de cada 10 jubilados cobran el haber mínimo.
Recordó también que el diputado nacional por el Frente para la Victoria, el abogado especialista en derecho laboral Héctor Recalde, “no creía que esta fórmula iba a andar. Pero la fórmula iba a dar porque está directamente vinculada a la recaudación, que es como tiene que estar en cualquier economía racional y normal. Vos, tus egresos tienen que estar ahí directamente vinculados con tus ingresos, y realmente batimos récord de recaudación -como por ejemplo se dio en diciembre- con un 37,5 por ciento de recaudación”. Si la fórmula que se utilizar para calcular el ajuste en los haberes toma como componentes la variación de salario de los trabajadores activos y la recaudación previsional impositiva, entonces ¿por qué el ajuste fue menor “si batimos récord de recaudación” y “también aumentamos los salarios”?
Según comenta Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad hasta el próximo mes de marzo, los datos para este cálculo son de difícil obtención y están encriptados, en especial los del padrón de beneficiaros. Por eso no se puede controlar si los incrementos son los correctos, aunque “los componentes de la fórmula son datos públicos y deberían se publicados”, afirmó.
La educación: el caballito de batalla de todos y todas
Posteriormente, se refirió a cuánto se ha hecho en estos 10 años para posibilitar que nuestro país sea apetecible a la inversión empresarial: aumento de los puestos de trabajo, las fábricas, las aulas, parques industriales, etc. La alusión a la inversión en educación omite que “40 años atrás durante el gobierno de Illía cuando se llegó al más alto nivel del presupuesto educativo nacional, el Estado Nacional aportaba el 25% del presupuesto para educación y hoy aporta apenas el 5,6%”, señala la docente e investigadora Laura Marrone. Además agrega que no se debemos olvidar que hoy gran parte del presupuesto educativo va para subsidios a la escuela privada. “Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se han aumentado en los últimos 4 años en más del 150%: de 600 a 1500 millones de pesos para este año 2012”.
Paralelamente, el gobierno nacional a través del ministerio de desarrollo ha lanzado el Plan Fines 2 (Plan de Finalización de Estudios Secundarios), en la intención de alcanzar los estándares de finalización del secundario (terminalidad educativa), nivel límite de obligatoriedad del estado y uno de los requerimientos de los organismos internacionales. Como señala Darío Balvidares, docente e investigador sobre temas educativos, “cada vez hay más planes, más programas devenidos de los organismos internacionales, más resoluciones tomados por haber sido firmantes de las Metas Educativas 2021, por haber firmado la Cumbre de Jomtien”.
Según Luciana Aghazarian, del área de Flacso Educación, en un informe publicado en junio del año pasado sostenía que “sólo un 43 por ciento de los estudiantes secundarios de nuestro país obtienen el título en los plazos establecidos y apenas un 50 por ciento logra concluir la escuela media, según un informe de Unesco”.
¿En qué consiste el Plan Fines 2? En el desconocimiento de todos los derechos laboras de los docentes y en la precarización de la educación. En pocos más de cinco meses (dos veces por semana, durante tres cuatrimestres), el alumno finaliza su nivel secundario. En tanto, el tutor (no reviste la figura de docente) que da clases en el Plan Fines 2, está precarizado en las tres instancias de su recorrido laboral (ingreso, permanencia y salida), ya que está contratado por lo que dura el cuatrimestre de cursada. Hace unos meses en una de las cadenas presidenciales, la Presidenta se vanaglorio de haber entregado el título del Plan Fines número 400 mil.
Además, la Presidenta señaló el martes el logro que significaba de haber impulsado y sancionado la ley de negociaciones paritarias. En este sentido, la paritaria docente nacional marca el piso para las negociaciones posteriores para cada provincia. La paritaria nacional 2012 y 2013 cerró unilateralmente y el ministro de educación nacional, Alberto Sileoni, marcó por decreto ese piso salarial.
Más trabajo, pero precario
La presidenta pasó someramente y sin dar cifras el tema de la precarización laboral. Bien sabe que en los últimos diez años a la “creación de puestos de trabajo”, le corresponde un alto porcentaje de trabajadores precarios. Según el Indec, en el último trimestre de 2012 la precariedad laboral alcanzó el 34,6 por ciento. Es decir, de cada 10 trabajadores, tres están en una relación laboral precaria. Sin embargo, la estadística no incluyó a los trabajadores autogestionados, del sector rural y trabajadoras domésticas. De haber incluido a estos trabajadores el porcentaje de trabajadores precarios sería aún mayor. Por ejemplo, el sector de trabajadoras domésticas alcanza el 85 por ciento. Es decir, de cada 10 ocho están en vulnerabilidad laboral.
Como señala el documental ¿Quién mató a Mariano Fereryra?, la instalación de las empresas tercerizadas no hubiese sido posible sin la colaboración empresario-sindicalismo. El asesinato de Mariano Ferreyra, por acompañar solidariamente el reclamo de los trabajadores ferroviarios tercerizados, y la posterior sentencia al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario, demostró la connivencia de los gordos del sindicalismo argentino en la conformación de las empresas tercerizadas, como forma de trabajo más barato.
El caso de Mariano Ferreyra “pone en juego toda una cantidad de elementos: el poder de las viejas estructuras sindicales, cómo esos sindicalistas se transformaron en empresarios con la complicidad del Estado, cómo el Estado y los distintos gobiernos usaron esas viejas estructuras sindicales y cómo esas estructuras, por un lado ejercen violencia, como en este caso en que terminaron matando a Ferreyra; y por otro lado, se transforman en estructuras patronales y mafiosas”, afirma Martín Caparrós, protagonista del filme documental.
La ley que no fue y la fuga de capitales
“Pero es necesario que, en lugar de fugar al exterior las divisas, con contado o con liqui, o con todas las maniobras que se hacen, las reinviertan en el país y apuesten a su país. Y si no, miren lo que pasó en la banca: hasta que llegó este Gobierno, al cual el sector financiero no quiere mucho, no quiere mucho, no quiere nada, pero deberían, por lo menos los nacionales, quererlo un poquito más. Porque era mucho más alta la participación de la banca extranjera hasta que vino en el año 2003, que cuando llegamos nosotros que a partir del año 2003, es más importante la participación de la banca nacional en el mercado financiero nacional”, dijo en otros de los pasajes de su discurso.
El 1º de marzo de 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández abrió las sesiones ordinarias del Parlamento muchos sectores kichneristas pensaron que uno de los anuncios sería la modificación de la Ley de Entidades Financieras. El diputado de Nuevo Encuentro, aliado al kirchenrismo, había trabajado en un proyecto en este sentido. Sin embargo, la Presidenta planteó la reforma de la Carta Orgánica porque dijo que reformar la ley era hacer “mucho ruido para romper pocas nueces”.
La mandataria decidió así conservar la ley de entidades financieras de la dictadura (de la cual el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, dijo que era la ley más revolucionaria), norma que permitió el proceso de concentración y extranjerización de la banca en Argentina. Extranjerización que hoy sigue vigente y que posibilita que el sector financiero sea uno de los que más ganancias obtienen haciendo plata con la plata (en 2013 acumuló ganancias superiores a $ 26 mil millones).
La Ley de Regularización Tributaria, Promoción del Empleo y Exteriorización de Capitales (conocida como Ley de Blanqueo) que fue presentada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso a mediados del año pasado, mencionaba que en el Balance de Pagos se reconocen cerca de 160.000 millones de dólares de Formación de Activos Externos entre 1992 y 2012, de los cuales 40.000 millones de dólares estarían en el país fuera de los circuitos oficiales y casi 120.000 millones en el exterior. Esa es la magnitud de la fuga de capitales. Sólo durante el año 2013 el Banco Central perdió reservas por 12 mil millones de dólares entre fuga de capitales y pagos de la deuda, según datos oficiales. Y si tomamos los dichos presidenciales, en 10 años de gestión kirchnerista se han destinado 173 mil millones de dólares para pagar deuda.
Pobreza e indigencia
Más allá de que la FAO haya declarado que Argentina ha logrado el objetivo fijado en las políticas de “hambre cero” y que la CEPAL haya afirmado que la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajó de 5,7 % a 4,3%, los datos que se desprenden de la realidad muestran que ha crecido la pobreza e indigencia. Es simple llegar a esta conclusión si tenemos en cuenta que para el gobierno y sus estadísticas no ser pobre significa tener un ingreso diario de $ 14,60 y no ser indigente es vivir diariamente con $ 6,40.
Hoy en Argentina hay 11.390.000 pobres, 3 de cada 10 habitantes. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de ellos son pobres estructurales, o sea que han caído en la pobreza y no han podido salir de ella. Casi la mitad de los pobres en Argentina son niños y adolescentes; es decir 5 millones de menores de 18 años viven en la pobreza. 4 de cada 10 pobres en la Argentina son niños o adolescentes, y de estos, la indigencia alcanza a 2.240.000. Esta situación se agrava en provincias como Chaco donde 7 de cada 10 niños y adolescentes son pobres.
¿Qué hacer ante una realidad que aparece tan disímil desde quien la relata y quienes la viven? La devaluación es relato y realidad. Y sabemos que en estas coyunturas los que siempre pierden son los sectores populares, que viven de sus salarios o de un magro ingreso y a los que la devaluación les quita aún más poder adquisitivo. Por el contrario, los grandes capitales son los ganadores. El trato preferencial a los sectores que hacen los lobby históricamente más secretos y redituables no hace más que envalentonarlos.
Referencias:
1) Inflación y concentración económica
2) El haber que perciben 8 de cada 10 jubilados cubre la mitad de sus necesidades
Fuentes:
http://www.redeco.com.ar/nv/
http://www.argenpress.info/
http://educacion.flacso.org.
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.plazademayo.com/
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