LA CRISIS DE LA DEUDA K

Por Héctor GIULIANO (9.2.2014).

 

La administración Kirchner, tratando de justificar sus pagos récords de deuda externa, argumenta frecuentemente que “este gobierno está pagando deuda que no contrajo”.

Como regla general, todos los gobiernos precedentes – directa o indirectamente – adujeron también el problema de la “herencia recibida” en materia de deuda (hasta el gobierno Videla, con el ministro Martínez de Hoz, lo llegó a invocar entre los motivos del Golpe Militar de 1976) pero todos tomaron después más deuda y dejaron al final de su gestión un stock de pasivos superior al que recibieron: 44.000 MD (Millones de Dólares) el Proceso, 62.000 MD Alfonsín, 122.000 MD  Menem, 145.000 MD De la Rúa, 173.000 MD Duhalde y 208.000 MD Kirchner (todos según cifras oficiales con redondeo).

Pero, independientemente de las excusas reales o de procedimiento, en el caso de la administración K no es tan cierto que haya estado pagando sólo deuda y costos financieros de otros gobiernos sino que a ello sumó además su propia deuda:

-        Porque aceptó los compromisos heredados sin cuestionar la legitimidad del endeudamiento público recibido y de esa manera lo hizo propio.

-        Porque aumentó su monto y complicó aún más el cuadro de dicho endeudamiento sin capacidad de repago del país.

-        Porque además se jactó de hacerlo, argumentando falsamente que ahora el problema de la deuda había pasado a un segundo plano porque el país se estaba “des-endeudando”.

Por ende, no es válido el intento del gobierno Kirchner de tratar de desentenderse de su cuota de culpabilidad en la actual crisis de Deuda después de haber aumentado y ocultado lo que heredó.

EL MEGACANJE KIRCHNER-LAVAGNA DE 2005.

La primera falsía vendida por el gobierno a la opinión pública (una falsedad no refutada por la clase dirigente argentina sino, por el contrario, reconocida por la partidocracia opositora y elogiada por los grandes medios de comunicación del establishment) es la mentira del éxito del Megacanje 2005-2010, cuya responsabilidad política fue indudablemente del presidente Néstor Kirchner pero su responsabilidad técnica y profesional fue del Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen.

El Megacanje 2005 fue presentado como el logro de una quita extra-ordinaria por la reestructuración de la deuda en default desde 2001 aduciendo una reducción de los montos negociados y, consecuentemente, del stock de la deuda pública; lo cual no era cierto:

a)    El canje se hizo sobre unos 82.000 MD de bonos elegibles, de los que fueron aceptados 62.000 (siempre, en números redondos, para simplificar su comprensión).

b)    Contra este monto de títulos rescatados se emitieron nuevos bonos por 35.000 MD, esto es, con una quita nominal del  43.5 % (27.000 MD).

c)    El Ministerio de Economía (MECON) dijo que el stock de deuda se había reducido con esta operación en unos 65.000 MD (producto de 192.000 contra 127.000 MD), lo que no era cierto porque el stock pre-canje no era de 192.000 MD – como decía el gobierno - sino de 173.000 y porque el stock post-canje no era de 127.000 MD – como consignaban los datos oficiales - sino de 147.000 MD (un saldo prácticamente igual al existente en el momento del default de 2001: 145.000 MD).

d)    El MECON abultó el stock de la deuda pre-canje incluyendo dentro de la misma 19.000 MD de intereses atrasados que no correspondía computar porque el devengamiento de los intereses se interrumpe al momento del default; y luego omitió en el stock post-canje el importe de los bonistas que no entraron en la operación (los holdouts), entonces de 20.000 MD.

e)    Pero además de esta presentación engañosa de las cifras sobre la baja del stock de la deuda, se ocultó la cuantificación de tres nuevos rubros asumidos por la administración Kirchner con las obligaciones del Megacanje: 1. Unos 12.000 MD de intereses capitalizados por anatocismo durante el decenio 2005-2014, 2. Ajustes por inflación de la deuda en pesos según coeficiente CER, que para los primeros años implicaba un aumento por indexación del orden de los 4.000 MD anuales, y 3. El pago de cupones ligados al PBI por valor de 30.000 MD (el 48 % de los bonos canjeados de 62.000 MD).

Por ende, el Megacanje Kirchner-Lavagna (que convalidó la deuda que estaba siendo investigada por la justicia proveniente del Plan Brady de 1992-1993 y del Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001 y su posterior conversión a Préstamos Garantizados) no fue un buen arreglo y, como agravante, fue presentado como el acuerdo que allanaría el regreso argentino al mercado internacional de capitales.

El primero que observó la inconsistencia básica de este Megacanje debido al peso de los nuevos rubros citados – particularmente los cupones PBI – y la desubicación de los fines del acuerdo negociado por el equipo Lavagna fue Javier Llorens, de Córdoba, que aparte de cuantificar la magnitud de las cifras reales comprometidas por la administración Kirchner destacó la contradicción en la esperanza de volver al mercado de capitales mientras quedaban afuera del canje tenedores por 20.000 MD (los holdouts), que iban a plantear sus reclamos contra el gobierno argentino impidiendo así el levantamiento completo de la situación de default.

Con el agravante que la capacidad de repago del Megacanje fue mal estimada y que por ello el cumplimiento del mismo – con el peso adicional de los 9.500 MD pagados luego por anticipado al FMI en Enero de 2006 y las obligaciones asumidas de recompra de deuda hasta el 2009 - entró en crisis muy poco después de su firma, lo que llevó a una serie de medidas de emergencia financiera, entre las cuales las más importantes fueron el intento de aumento de las retenciones sobre granos, la estatización de las AFJP y el uso de reservas internacionales para el pago de deuda externa.

Así, en el contexto del problema insoluble de fondo - que es la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina - fue el fracaso de este Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 la causa concreta que se vino arrastrando hasta desnudar la actual crisis de Deuda que sufre nuevamente nuestro país.

 

LA CUESTIÓN DE LA DEUDA INTRA-ESTADO.

Dada la falta estructural de capacidad de repago de la deuda pública y el problema generado por el Megacanje 2005, el gobierno Kirchner apeló al endeudamiento sistemático intra-sector público, es decir, a la toma de fondos públicos administrados por el Estado para poder sostener los pagos de la Deuda:

a)    Estatización de las AFJP, en Octubre de 2008, para traspasar el stock de títulos impagables en cartera de las mismas – que ya entonces representaban un 60 % del Fondo de la ANSES (sobre un total de 100.000 M$, Millones de Pesos) – alivianando así la atención de los vencimientos de capital e intereses por esa deuda con terceros (las AFJP, controladas por los grandes bancos y aseguradoras) pero comprometiendo la situación financiera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

b)    Política de pagos de la Deuda Externa con reservas internacionales del Banco Central (BCRA) – a organismos multilaterales de crédito y acreedores privados – con la consiguiente descapitalización progresiva del banco mientras se permitía la salida irrestricta de divisas fuera del país.

c)    Emisión masiva de dinero sin respaldo para reponer las reservas utilizadas en los pagos de la deuda en moneda extranjera (que el BCRA presta al gobierno), emisión de pesos para facilitar Adelantos Transitorios al Tesoro para atender también pagos de la deuda y otros rubros; y aumento de la deuda cuasi-fiscal del BCRA para esterilizar la mayor parte del dinero emitido, cosa que efectúa a través de la colocación de Lebac/Nobac.

d)    Derivación creciente de préstamos del Banco Nación (BNA) al Tesoro, con la colocación de títulos públicos en cartera (que hoy representan más del 45 % de su Activo), restando así márgenes de crédito destinados a la actividad privada productiva.

e)    Utilización generalizada y sistemática de fondos circunstancialmente disponibles tomados de toda una serie de otros organismos nacionales - AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc. – con el consiguiente engrosamiento de la deuda interna con el propio sector público.

f)    Manipulación de los índices de inflación del INDEC, desde el año 2007 – esencialmente el IPC – con el efecto consecuente de sub-indexación del CER, que se usa para la actualización de la deuda en pesos ajustada por inflación.

g)    Mantenimiento de una política de retraso cambiario como ancla anti-inflacionaria pero también como forma de ayuda para sostener el pago de los servicios de la deuda en moneda extranjera, que tienen que atenderse con la conversión de una recaudación fiscal en pesos.

La combinación de toda esta batería de políticas y medidas o acciones financieras por el gobierno Kirchner terminó agravando el cuadro de situación del endeudamiento argentino y desembocando en una nueva Crisis de Deuda.

La política de Deuda intra-Estado ha tenido por objeto abonar deuda pública con terceros – acreedores y organismos internacionales – traspasándole deudas sin capacidad de pago al propio Estado, con el agravante que no se trataba de fondos propios o compensables sino de dinero administrado por el Estado, como el caso del Fondo de la ANSES y de las reservas internacionales del BCRA (reservas que pasaron a comprarse con deuda cuasi-fiscal).

Esta política de “empapelamiento” del sector público con obligaciones impagables no sólo no contuvo el crecimiento de la deuda sino que, por el contrario, la deuda fue aumentando a un ritmo de más de 10.000 MD anuales (14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012).  

De esta manera, la Deuda intra-Estado terminó derivando en más deuda, en desfinanciamiento de la ANSES (que administra la plata de los jubilados) y en descapitalización del BCRA. Y además terminó también provocando más Inflación.

DEUDA PÚBLICA E INFLACIÓN.

La nueva Crisis de Deuda, que estalla este Verano de 2014, es la causa de la falta de divisas, del incremento de las tasas de interés y del aumento de la inflación.

El gobierno Kirchner habría llegado al límite de la Deuda intra-Estado: de la deuda en moneda extranjera, por el uso en gran escala de las reservas internacionales para el pago de deuda externa, amén de la facilidad irresponsable dada a la salida de divisas; y de la deuda en pesos por tope de los márgenes razonables de títulos públicos en cartera en manos de la ANSES, del BCRA, del BNA y de toda una serie de organismos nacionales.

La llamada política de des-endeudamiento – en realidad, política de traspaso de deudas impagables al propio Estado – terminó así lógicamente agotando sus posibilidades de financiamiento interno y generando mayor inflación por la emisión de dinero sin respaldo para recompra de divisas prestadas al gobierno para el pago de deuda externa y para darle adelantos transitorios al Tesoro en pesos con el mismo objeto: financiar el déficit fiscal provocado por la Deuda Pública.

El estrangulamiento en la disponibilidad de divisas se hizo más grave todavía no sólo por el perfil de vencimientos de la deuda externa pública sino también – y muy especialmente – por el de la deuda externa privada, que por acumulación de obligaciones comerciales y financieras suma actualmente más de 70.000 MD, en su mayoría vencidas.

Empezó entonces a pesar cada vez más la renovada presión de los grupos financieros del Club o Partido de la Deuda – ligados a la planificación de los ciclos de endeudamiento público de corto, mediano y largo plazo - para que el gobierno vuelva a los mercados internacionales de capital, es decir, para que vuelva a colocar deuda externa, con el argumento neo-liberal de que es más conveniente financiarse con deuda que con emisión monetaria.

Es parte de la trampa de Deuda Perpetua, que se replantea siempre sobre la falacia que no hay problema en seguir tomando deuda sin capacidad de repago mientras se puedan cubrir los intereses y vivir refinanciando las deudas por capital.

Que no es sino la trampa de la meta buscada con el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 y luego con la Hoja de Ruta Boudou, que propugna liquidar cuanto antes el problema de los holdouts y arreglar la deuda con el Club de París para volver al mercado internacional de capitales.

Y para ello se estaría forzando el acomodamiento pertinente de las principales piezas necesarias en el tablero financiero:

1. Presión devaluatoria controlada – es decir, sin abandonar el atraso cambiario relativo - para lograr una tabla cambiaria que garantice la relación peso-dólar a una paridad estable, para poder llegar así a cálculos más confiables de pago de las deudas existentes, de los pagos extra-ordinarios por arreglo de juicios con los holdouts y por anticipos al Club de París y, sobre todo, de aparente solvencia fiscal para tomar nueva deuda.

2. Acuerdos limitados de precios y salarios tratando de frenar los reclamos salariales con el argumento de una supuesta contención de precios, con el establecimiento de pautas de aumentos a futuro sin recupero de la pérdida de ingresos por desfase financiero y bajo amenaza de aumento del desempleo por las perspectivas de recesión económica.

La finalidad de estos acuerdos sería, en gran medida, una reedición de la mega-devaluación del 2002, tratando de contener aumentos de precios en sus niveles actuales – después de los adelantos generalizados ya producidos - y, especialmente, de usar dicho freno aparente de precios como argumento para limitar los incrementos de salarios a niveles inferiores a la devaluación, abaratando así los costos internos medidos en dólares.

3. Gran aumento de las tasas de interés locales – que tienen como piso de referencia las elevadas tasas de las Lebac/Nobac que coloca semanalmente el BCRA – para garantizar mayor rentabilidad bancaria, frenar el uso del crédito y ampliar el margen de ganancia por arbitraje de los capitales financieros que ingresen al país para aprovechar el diferencial de tasas bajo garantía de estabilidad cambiaria.

Este último punto es particularmente importante porque, unido a una mayor libertad en los movimientos de capitales, aumentaría el nivel de las reservas internacionales a la vez que acentuaría la dependencia de capitales financieros de corto y mediano plazo.

Sería el camino a la reedición de una experiencia ya sufrida en la Argentina en época del Proceso Militar y luego en la década menemista de los ´90, consistente en “alinear” tres elementos clave: 1. Estabilidad cambiaria con retraso relativo del tipo de cambio para facilitar la capacidad de repago de los servicios de la deuda externa (pública y privada), 2. Frenar la inflación interna con el aumento de las tasas de interés y la amenaza de mayor desempleo, y 3. Liberar el movimiento de capitales y volver a los mercados internacionales para colocar nueva deuda pública.

EN CONCLUSIÓN:

La crisis financiera que hoy vive otra vez la Argentina – traducida en inflación/devaluación, déficit fiscal y desequilibrio de la balanza de pagos – es consecuencia de la nueva Crisis de Deuda Pública.

Ésta es la verdadera causa de la crisis, una causa de fondo que la clase dirigente argentina se esmera en ocultar – oficialismo, oposición y medios de comunicación – y que constituye en la práctica una etapa más dentro de los ciclos de endeudamiento que se dan en nuestro país a través de sucesivos cambios de política financiera, sea a cargo de los mismos o de distintos gobiernos, siendo todos ellos funcionales al sistema de la Deuda, esto es, al procedimiento de refinanciaciones perpetuas.

Los grandes grupos de poder financiero internacional tienen la capacidad suficiente para planificar tales Ciclos de Deuda y los momentos de crisis son parte estos ciclos, como puntos de inflexión para el reacomodamiento de las piezas en el tablero y reapertura hacia nuevas formas de endeudamiento.

Los cambios a realizar para llegar a estas readecuaciones dentro de la política de Deuda Pública pueden darse dentro de una misma administración o en forma inter-temporal, es decir, a través de sucesivas administraciones, de forma que las modificaciones se obtengan por medio de otros actores políticos pero el resultado sea el mismo: más Deuda.

Como la Clase Política depende de los condicionamientos del Poder Financiero, las políticas de fondo subordinadas al Sistema de la Deuda Perpetua – pese a su influencia determinante - no entran en el debate público, ya que la regla de comportamiento es que “de la Deuda no se habla.”

A cambio de ese silencio se le permite a los gobiernos y al funcionariado de turno contar con una tolerancia de sus torpezas y desprolijidades, de sus violaciones a la normativa y a la lógica de las finanzas públicas y, en definitiva, al incumplimiento de los deberes de funcionarios del Estado.  

Luego, cuando los nuevos acuerdos de endeudamiento se instrumentan, los mismos son saludados por el establishment como un retorno a la racionalidad financiera, como una nueva reinserción de la Argentina en el Mundo y un consiguiente renacer de la “confianza externa”.

Es un estadio al que inexorablemente se vuelve por debilidad, ineptitud, corrupción y/o complicidad de los gobiernos y de la clase dirigente argentina.