Bauen: entre el desalojo y la expropiación
“El rechazo de la Corte nos hace despabilar y ponerle toda la energía a lograr la sanción de la Ley de Expropiación” dijo Federico Tonarelli a lavaca. La Corte entendió que no correspondía juzgar el expediente: los dos fallos en contra eran suficientes. La causa volvió a primera instancia, pero hasta ahora no llegó ninguna notificación de desalojo. Los trabajadores buscarán ahora presionar por la Ley de Expropiación que está siendo trabajada en la Comisión de Legislación General de la Legislatura. Si desde 2003 la pelea fue legal, ahora es política.
Fraudes S.A
Desde el 28 de diciembre de 2001 en que dejaba de funcionar, el Hotel BAUEN se vio envuelto en todo tipo de entramados económicos y legales. Por entonces la firma chilena Solari S.A presentaba la quiebra fraudulenta del negocio, pero no era su propietaria. Tan sólo había pagado 4 de los 12 millones de dólares pactados, y su fundador Marcelo Iurcovich ofreció al juzgado devolver la suma a cambio del inmueble. El juez accedió pero Iurcovich nunca devolvió el dinero.
La historia sigue con los herederos de Iurcovich y otros terrores inmobiliarios. Finalmente la familia logró obtener la propiedad del Hotel y en 2005 anunció su nueva venta: esta vez a Mercoteles S.A., empresa que se haría cargo de las inversiones necesarias para su reapertura. Es decir: en el medio, el BAUEN había sido recuperado por sus trabajadores y vuelto a cerrar (enseguida contaremos esa historia). Son comprobadas las vinculaciones de Mercoteles con Iurcovich hijo, de nombre Hugo, es decir que el inmueble estuvo siempre en las mismas manos.
Votos
Aquel 2001 había dejado a 70 trabajadores del hotel en la calle. Enseguida se contactaron con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y formaron una cooperativa. Hasta que recomenzaron a trabajar pasó un año y medio en el que subsistieron con algunos subsidios de desempleo que utilizaban para mantener la enorme infraestructura. En este caso firmaron un convenio con el Gobierno de la Ciudad y el propio Marcelo Iurcovich, que les permitió empezar a explotar comercialmente los salones a cambio de ceder el uso del teatro a la Ciudad. Antes y después, la familia Iurcovich calificaría a los trabajadores de “ocupantes ilegítimos”.
La propiedad del inmueble no estaba hasta entonces definida. Iurcovich se decía el propietario pero no se hizo cargo de la deuda impositiva de 5 millones de pesos que pesaba sobre el negocio. Este vacío no le permitió por años a la cooperativa de trabajadores reclamar la Ley de Expropiación ni firmar convenios con empresas de turismo.
En diciembre de 2005 el macrismo ganó en la Legislatura la votación de una ley con el mínimo de votos que perdonaba la deuda pero proclamaba nula la cooperativa de los empleados para manejar el Hotel. Éstos se organizaron, reclamaron y el entonces jefe de gobierno porteño Jorge Telerman demoró la firma de la ley. En julio de 2006 la Justicia determinó que el hotel pertenecía a la firma Mercoteles, y el 30 de ese mes la jueza comercial Paula Ualde intimó al desalojo del hotel para el mes de septiembre. Los trabajadores lanzaron un comunicado:
“Hoy tenemos un pleno funcionamiento. Desde que nos constituimos como
Cooperativa hemos realizado todas las acciones y medidas a nuestro alcance
para poder explotar el lugar, seguir generando más puestos de trabajo y
demostrar que la gestión de las empresas recuperadas por sus trabajadores es
viable, concreta y exitosa. Los logros están a la vista, hemos generado más
de 150 puestos de trabajo -de los 20 iniciales -, en menos de tres años, y
otra cantidad de empleos tercerizados si tenemos en cuenta los contratos con
empresas proveedoras de insumos”.
La expropiación
El desalojo nunca llegó. La cooperativa de trabajadores logró hasta julio de 2011 discutir las persecuciones legales que ponían en jaque la propiedad del edificio. Y amenazaban, de vuelta, con dejarlos en la calle.
La última presentación que hicieron fue en 2009: giraron un recurso de queja que fue rechazado en primera instancia y luego en la Cámara de Apelaciones. El fallo intimaba a devolver el hotel a la firma Mercoteles. Los trabajadores llegaron a la Corte Suprema pidiendo que se examinara el expediente. Pero este julio de 2011 la Corte consideró suficientes los fallos anteriores, y avaló su resolución. “No queda una instancia superior a la Corte Suprema. Si bien desde el principio supimos que la pelea judicial iba a ser difícil, con esto nos queda más que claro que tenemos que resolverlo a través de la Ley nacional de Expropiación”, explica Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa.
¿Cómo hacer?
La Ley de Expropiación, presentada en 2008 por la diputada Victoria Donda, está siendo discutida en la Comisión de Legislación General. Básicamente consagra la expropiación de bienes según éstos “procuren la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”. Considerar a ese objeto “expropiable” significa poner en juego una serie de subjetividades e interpretaciones a cargo de veremos quiénes. Pero la voluntad estatal de promulgar la ley, en caso que salga, inclina el análisis a favor de los trabajadores. Se tendrán para esto en cuenta “todo aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto”. La carta arriba citada y los años trabajando rellenan estos requisitos.
Como expropiante puede actuar tanto el Estado Nacional como la Municipalidad de la Ciudad o las entidades autárquicas nacionales y sus propias empresas. Una vez en sus manos, el Estado debe resolver el futuro. Tonarelli imagina que ocurriiría en caso de llegar a esa instancia: “El Estado se sienta con la cooperativa a buscar algún modelo de transferencia del edificio, que puede ser la venta, el préstamo o la cesión”.
En esa puja están hoy los trabajadores del hotel BAUEN, lejos de bajar los brazos. “El rechazo de la Corte nos hace despabilar un poco y ponerle toda la energía a la sanción de la ley. Para eso vamos a seguir hablando con diputados e iniciar una campaña pública con apoyo de personalidades de la cultura, del cooperativismo, del ámbito social, político y sindical. La idea es preparar un acto importante con artistas para reclamar públicamente la situación de este conflicto”, anuncia Tonarelli. El evento se estima para agosto.
Mientras, los plazos siguen corriendo. Lo cierto: en cualquier momento puede notificarse la orden de desalojo. Pero Tonarelli, tranquilo, busca no hacer una campaña del terror: “Nuestra jugada va por la positiva: queremos la sanción de la ley”. El contexto electoral, cree, lo hace todo aún más peligroso: “Lo que queremos es que el Gobierno juegue todas las cartas en esto. Hasta ahora, nos ha apoyado tibiamente”.
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