La realidad de la deuda externa
El megacanje no tuvo quita efectiva debido a que la administración Kirchner compensó esa reducción nominal con la entrega de cupones ligados al producto interno bruto.
Por Héctor Giuliano*
La columna de Salvador Treber, publicada el pasado de 22 de noviembre en este diario, se enfoca en el problema de la deuda externa argentina y, al final, analiza su última reestructuración, análisis sobre el cual cabe hacer observaciones:
En el “megacanje” Kirchner-Lavagna de 2005, el Gobierno nacional ofreció bonos elegibles por valor de 81.800 millones de dólares (U$S), y la operación fue aceptada por tenedores que representaban el 76 por ciento de esos títulos –U$S 62.300 millones–, porcentaje que luego, con la reapertura del canje en 2010, ascendió al 92%.
Contra el rescate de los
U$S 62.300 millones de bonos viejos, el gobierno de Kirchner emitió nuevos bonos por
U$S 35.300 millones, por lo que la quita nominal –U$D 27 mil millones en valor absoluto– fue de 43,4%, no de 67,8%.
En realidad, el megacanje no tuvo quita efectiva debido a que la administración Kirchner compensó esa reducción nominal con la entrega de cupones ligados al producto interno bruto (VLPIB) que cubrían con creces la citada merma: U$S 0,57 por cada dólar canjeado
(100-43) más
U$S 0,48 por VLPIB (tal fue el porcentaje que se estableció, según prospecto) da U$S 1,05 por cada dólar de valor nominal original.
Por la operación de canje, se pactó, además, la capitalización de intereses por anatocismo durante el decenio 2005-2014, el ajuste por inflación de la deuda en pesos –ajustable por CER– y la entrega de los VLPIB ya mencionados.
En el megacanje 2005-2010, la Argentina reconoció una serie de cláusulas a favor de los acreedores: prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, renuncia a oponer inmunidad soberana, exenciones impositivas totales sobre los nuevos bonos, cláusula pari passu para trato igualitario de todos los tenedores, cláusula del acreedor más favorecido, compromiso de no hacer (negative pledge ) y cláusula general de acción colectiva (CAC).
El coeficiente deuda-PIB –pese a su uso generalizado– no refleja debidamente la capacidad de repago del país, y deviene engañoso porque mide la relación entre un numerador que es una magnitud financiera cierta (la deuda) contra un denominador que es una magnitud económica estimada (el producto). Con el agravante de que la cifra de deuda que se toma es incompleta, porque hay deuda no registrada (por intereses a pagar, capitalización de intereses, ajuste por inflación de la deuda en pesos y cupones PIB) y porque, además, se compara el PIB del país contra la deuda sólo en cabeza del Estado central, sin tomar en cuenta la deuda nacional en su conjunto. Falta computar la deuda de provincias y municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central y juicios contra el Estado con sentencia en firme.
Números rojos
El último saldo de deuda pública del Estado central –según el Ministerio de Economía, al 30 de junio de este año– es de U$S 207.600 millones (U$S 196.100 millones de deuda en cumplimiento y U$S 11.500 millones por deuda con holdouts ).
Si a ese total se le suman los intereses a futuro –U$S 72.200 millones– y los cupones ligados al PIB (VLPIB) –unos U$S 15 mil millones faltantes de pago– el monto de la deuda oficial sube a U$S 294.800 millones.
Falta considerar aquí la capitalización de intereses por anatocismo (que hoy es poco significativa), los ajustes sobre el stock de deuda por tipo de cambio y por inflación interna (sobre la deuda en pesos ajustada por CER), los reclamos y gastos por los juicios de holdouts y por arbitrajes ante el Ciadi –el tribunal arbitral del Banco Mundial– y los adicionales y punitorios por la deuda externa con los países del Club de París. Por este motivo, el stock real de la deuda pública del Estado central supera hoy los U$S 300 mil millones.
Aunque con las reservas del caso –dadas las objeciones sobre la metodología de cálculo señaladas–, si se toma este stock de deuda real contra un PIB estimado por el Ministerio de Economía en unos U$S 450 mil millones, el coeficiente deuda/producto da 67%, contra el 43,6% oficial. Reitero que se trata de un cálculo muy incompleto, porque comprende sólo la deuda del Estado central, no la deuda nacional en su conjunto, cuya magnitud se desconoce porque no es informada por el Gobierno.
El pago total y anticipado de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
–U$S 9.530 millones– no fue, estrictamente hablando, una decisión voluntaria del Gobierno argentino, sino una exigencia del FMI contra los tres principales deudores de ese organismo internacional: Brasil, Argentina y Turquía. Además, si el país quería liberarse verdaderamente de la injerencia del FMI –más allá del paréntesis parcial en sus relaciones abierto desde entonces–debería haberse desafiliado, ya que como país miembro sigue sujeto a todas las obligaciones que le fija el estatuto.
Los reclamos contra la Argentina ante el Ciadi son deudas no registradas por el Ministerio de Economía, por lo que no están dentro del total de los U$S 207.600 millones de deuda pública.
Confusión
Existe una confusión entre deuda pública y deuda externa: la primera es la deuda total en cabeza del Estado central y suma, oficialmente, unos U$S 208 mil millones. La segunda, en cambio, es la suma de deuda externa pública y privada que, según los últimos datos informados, estaría en el orden de U$S 140 mil millones.
Esto es así porque la deuda externa pública –según criterio de residencia del acreedor– era de unos U$S 70 mil millones en junio de este año (incluidos los
U$S 11.500 millones de holdouts ), y la deuda externa privada –según la última información del Banco Central– era de U$S 68.500 millones, el 31 de marzo de este año.
De este total de deuda privada, a su vez, U$S 21.500 millones es deuda exigible, por estar vencida, y otros U$S 25.100 millones tienen vencimiento entre abril y diciembre del corriente año.
Obviamente, se trata de obligaciones privadas que no corresponde mezclar con la deuda pública, aunque es importante anotar que las divisas necesarias del sector privado las tiene que proveer el Banco Central (al tipo de cambio oficial) y no las tiene.
Por último, la mayor parte de la deuda pública hoy se encuentra en manos de agencias del propio sector público, es decir, que se trata de deuda intra-Estado –U$S 115.800 millones (59% de la deuda en cumplimiento)–, lo que facilita al Gobierno las operaciones de refinanciación continua de estas obligaciones (vía Anses, Banco Central, Afip, Lotería, etcétera).
Este tipo de deuda creció de manera extraordinaria bajo la administración Kirchner para pagar en forma privilegiada a acreedores privados y organismos financieros multilaterales con fondos tomados de las reservas del Banco Central, de las diversas cajas del Estado (en especial, del fondo de los jubilados de la Anses) y de la cartera de créditos del Banco Nación, sustituyendo así deuda externa pública por deuda intra-Estado. El detalle está en que el Estado no tiene capacidad de repago demostrada para poder cumplir con estas obligaciones.
La deuda intra-Estado habría funcionado hasta ahora como “préstamo-puente”, evitando colocar deuda externa; pero, según la hoja de ruta del entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, los pasos a seguir por el Gobierno son tres: 1) liquidar la cuestión de los juicios de los holdouts ; 2) arreglar la deuda externa con los países del Club de París y –cumplidos los dos pasos anteriores– 3) volver al mercado internacional de capitales, lo que significa volver a endeudarse.
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