Más de 1630 jóvenes investigadores formados en el país están siendo expulsados del Sistema Científico Nacional

En las últimas semanas ha tomado estado público la situación de más de 1630 jóvenes investigadores formados en el país que están siendo expulsados del Sistema Científico Nacional. Se trata del resultado de las convocatorias del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), principal ente Estatal que emplea a los científicos del país. En el caso de la convocatoria para acceder a becas postdoctorales 2011 se presentaron 1506 doctores. De ellos, 726 no ingresaron (48,8%). En el caso de la convocatoria para ingresar a la Carrera del Investigador Científico se presentaron 1452 doctores. De ellos, no ingresaron 904 postulantes (62,3%). Sintetizando, sólo en el CONICET en el año 2011 han quedado afuera 1630 (904 + 726) investigadores especializados en distintas áreas del conocimiento. Esta realidad no sólo impacta negativamente sobre la situación individual de cada uno de los profesionales formados, sino que afecta en forma directa el desarrollo de proyectos de investigación y la ciencia en general. Ambos requieren la consolidación de grupos de trabajo en donde los jóvenes investigadores constituyen uno de los eslabones más importantes de dicha estructura.

Esto se agrava aún más cuando muchos de los postulantes obtuvieron excelentes calificaciones en las evaluaciones (incluso varios de ellos superiores a 90/100), fueron recomendados por las comisiones evaluadoras del CONICET para continuar con sus investigaciones, pero aún así han quedado afuera. Ni siquiera se han publicado los órdenes de mérito correspondientes ni los criterios que se utilizaron en las evaluaciones, lo cual contradice el más mínimo principio de transparencia que cualquier institución pública debe tener. Peor aún, se han encontrado casos de explícita discriminación ideológica, de género o de edad en el resultado de las evaluaciones (por ejemplo el caso de Fabián Harari).
Como respuesta a esta situación se han realizado dos movilizaciones de alrededor de 400 becarios e investigadores a las puertas del CONICET y se ha entregado un petitorio firmado por más de 2000 becarios, investigadores, personal de apoyo y docentes universitarios de todo el país. Hemos logrado que se convoque a una reunión extraordinaria del Directorio del CONICET para analizar esta cuestión, pero la única respuesta en concreto que nos han dado es la designación de 106 becas postdoctorales adicionales que no resuelven la gravedad de este problema. Resulta indignante que las autoridades del CONICET se sigan negando a publicar los órdenes de mérito de las evaluaciones.

La formación de los científicos es costosa, y es una obligación de cualquier gobierno hallar las políticas que permitan la continuidad laboral dentro de su territorio de los profesionales e investigadores formados. Entendemos que la expulsión de los más de 1630 jóvenes científicos del Sistema Científico va a contramano de la jerarquización del sector que tanto se anuncia. La expulsión de tales recursos significa, en muchos casos la discontinuidad o interrupción de líneas de trabajo que, paradójicamente, han sido apoyadas y financiadas desde el CONICET o desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La inversión y el esfuerzo que demanda de la sociedad, de los directores de las investigaciones a cargo de la formación y fundamentalmente de los propios jóvenes científicos, son sumamente elevados como para desaprovechar el potencial que han logrado alcanzar.
Es el pueblo argentino el que financia la formación de investigadores durante más de 6 años de carrera de grado y 5 de carrera de postgrado, por lo tanto debe existir una planificación estatal que posibilite poner estos recursos humanos altamente calificados al servicio de los intereses del pueblo y la nación. Esta responsabilidad institucional es ineludible. No se puede dejar librado "al mercado" la planificación de nuestro desarrollo científico-tecnológico ni la inserción laboral de los investigadores formados en el país.
Resulta contradictorio repatriar 800 científicos del exterior en los últimos 8 años y en tan sólo uno expulsar a 1630. Invertir millones en difundir la ciencia argentina en grandes eventos como Tecnópolis resulta un sinsentido si al mismo tiempo no garantizamos la continuidad laboral de nuestros jóvenes científicos. Sobre todo, cuando esos científicos reafirmaron su voluntad de continuar realizando sus investigaciones en Argentina al aplicar a las convocatorias del CONICET y cuando el propio organismo reconoce que no se trata de un problema de limitación presupuestaria sino de una decisión política trazada por el gobierno nacional para el sector científico.
Ante esta situación exigimos se implementen a la brevedad medidas que den respuesta al problema inmediato, pero también que se replanteen políticas científicas integrales y con continuidad en el tiempo, único camino para tener una crecimiento verdadero, sólido y sustentable, con capacidad de incidir de manera transformadora en la realidad de nuestro país y nuestra sociedad.
Exigimos:
1) Otorgamiento de la beca postdoctoral o ingreso a Carrera de Investigador Científico (CIC) según corresponda, a todos los doctores expulsados cuya evaluación de desempeño ameritó la recomendación positiva por parte de las comisiones evaluadoras correspondientes.
2) Transparencia, coherencia y justicia en los concursos, con criterios previamente establecidos, órdenes de mérito y líneas de corte públicos para terminar con cualquier tipo de discrecionalidad por parte de las autoridades. Ampliación y revisión pública de los dictámenes no favorables que omitieron antecedentes. Prohibir la discriminación por género, edad, formas colectivas de generar conocimiento e ideológica (caso Fabián Harari en Ingreso CIC) en los dictámenes de cualquier convocatoria.
3) Presencia de Veedores Becarios y Veedores Gremiales en las comisiones evaluadoras de Becas e Ingresos CIC.
4) Eliminación de la cláusula que impide la solicitud de ingreso a la CIC en caso de haber presentado una recusación al dictamen de la convocatoria anterior.
5) Hacer público el Orden de Merito usado para la otorgación de las Becas Tipo I, Tipo II y postdoctorales usadas en la convocatoria 2011. Mayor número de Becas Tipo I, ante la gran cantidad de concursantes con excelente calificación que quedaron sin beca.
6) Discusión democrática y formulación pública de las prioridades temáticas y los criterios geográficos a mediano y largo plazo para el otorgamiento de becas, ingresos CIC y subsidios de investigación de acuerdo a las verdaderas necesidades de nuestro país, evitando arbitrariedades y garantizando la continuidad laboral de todos aquellos que cumplen apropiadamente con su trabajo académico.
7) Reformulación del estatuto del CONICET para garantizar el cumplimiento de los puntos anteriores, asegurando la transparencia de la Institución en todas sus actividades.
8) Aprobación de un Nuevo Régimen Laboral para los Becarios/as, con pleno reconocimiento de derechos laborales (aportes jubilatorios, aguinaldo, licencia por maternidad, obra social, etc.)


Jóvenes Científicos Precarizados – Regional Buenos Aires (JCP-Bs As)

Para mandar adhesiones de organizaciones o individuales escribir a prensa.jcp@gmail.com

Beder Herrera quiere meter presos a los vecinos que impiden la minería Famatina

Desde ayer no le permiten a la canadiense Osisko iniciar tareas de exploracion. Beder Herrera los intimidó con una patota pero no logró echarlos. Ahora, la fiscal Alcaraz citó a ocho por "entorpecer el libre tránsito”. Se prevé una pena de tres meses a dos años de prisión.

La actuación de la justicia es la última esperanza que tiene Luis Beder Herrera para que los vecinos de Famatina levanten el corte al cerro de esa localidad, iniciado ayer para imposibilitar la exploración minera que iba a iniciar la canadiense Osisko.

Ocho manifestantes recibieron hoy una carta documento en sus domicilios con el remitente de la fiscal Analía Alcaráz, quien los acusó de violar el artículo 194 del Código Penal.

Este apartido fija una prisión de tres meses a dos años para quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad de sustancias energéticas”.

Los citados fueron Lidoro Leiva, Carlos Sufich, Francisco Peralta, Félix Luna, Karina Díaz Moreno, Daniel Rodríguez y Andrea y Marcela Crabbe. Sólo las dos últimas se negaron a declarar.

“Me da bronca. La justicia siempre es para nosotros, que estamos pidiendo un derecho constitucional como es el de vivir en un ambiente sano y sustentable. ¿No es más importante ese derecho que el del libre tránsito?”, se preguntó Marcela Crabbe ante LPO.

Ayer Beder Herrera fracasó en todos sus intentos para terminar con el corte en el cerro Famatina. Instruyó a los policías locales, con jefe nuevo desde el jueves, y hasta envió una patota de militantes al centro de la ciudad para intimidar.

Pero los manifestantes, que llegaron a ser 600, se negaron a descender del cerro y ahora se encontraron con una embestida judicial. “No sabemos quien nos denunció. Suponemos que fue una actuación de oficio”, supuso Crabbe.

Santiago del Estero: El gobierno y Zamora apañaron los experimentos de Glaxo que mataron 14 bebés

por ACTA

La administración del gobernador de Santiago del Estero estaba directamente involucrada en los experimentos del laboratorio británico con seres humanos que provocó 14 muertes. El hermano del ministro de Salud era quien realizaba los experimentos. Denuncia de Jorge Yabkowski, dirigente de la FESPROSA y la CTA.

La Casa Rosada tampoco hizo nada para evitarlos: “Ocaña nos decía que no podía hacer nada. Manzur ni nos atendió”, afirmó Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) e integrante de la Mesa Nacional de la CTA.

Cristina Kirchner se desentendió de los vínculos entre el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con los laboratorio británico GlaxoSmithKline, multado con un millón de pesos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que lo encontró responsable de realizar ensayos clínicos irregulares que ocasionaron 14 muertes.

La mitad de esas víctimas se registró en Santiago del Estero, cinco en Mendoza y dos en San Juan. Pero en la primera provincia la operatoria dejó más expuesto a la administración provincial: el encargado de habilitar las polémicas investigaciones era Enrique Smith, hermano de Juan Carlos, por entonces Ministro de Salud de la provincia.

Así lo atestiguaron los afiliados a la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina quepresentaron la denuncia y remarcaron las implicancias políticas del procedimiento.

“La operatoria que vimos era la siguiente: reclutaban a gente pobre de manera espuria, por 30 o 40 pesos. La llevaban a los hospitales o los centros de Salud, le daban una vacuna, ponían a dos mamás como parte del testeo independiente y les prometían una obra social. Esto sucedió entre 2005 y 2007”, relató Jorge Yabkowski, también secretario de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la Argentina.

“Después empezaron los primeros fallecidos y varios querían salir del programa pero los amenazaban con sacarles los planes”, completó. En 2008 el Anmat tomó la denuncia y comenzó una investigación que finalizó en la multa ahora ratificada en la justicia. Pero nada se habló de las responsabilidades políticas.

“(La ex ministra de Salud Graciela) Ocaña nos dijo que no podía intervenir en los hospitales provinciales porque no tenía jurisdicción. Y Manzur nunca nos recibió”, se lamentó Yabkowski.

GlaxoSmithKline es la tercera mayor farmacéutica del mundo por facturación, con 33.998 millones de euros en 2010. La vacuna en cuestión es la Antineumocócica conjugada 10 valente, aprobada en más de 85 países (incluidos los 27 de la UE) a partir de 40 estudios hechos en países como España, Francia y Alemania.

La actitud de Zamora difirió mucho de la que tomó en 2005 el entonces intendente de Córdoba, Luis Juez, quien sancionó a 12 médicos del Hospital infantil y al infectólogo Jorge Tregnaghi, a cargo del Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría (Cedepap), en el que Glaxo desarrollaba las polémicas vacunas.

Tregnaghi no perdía tiempo al momento de combatir a sus detractores. Querelló por calumnias e injurias a Juez y a Yabkowski, quien dijo que ganó ese juicio. No fue el caso del intendente cordobés.

La primera advertencia que encontró Yabkowski sobre el peso político del programa de vacunación en Santiago del Estero fue que Zamora declaró de interés provincial el programa, “una manera de darle protección política”.

Ocurre que Zamora, lejos de ser discriminado por el Gobierno fue bendecido con la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Norma Amada Abdala Matarazzo.

La usurpación británica en las islas Malvinas cumplió 179 años

por Emilio Marín

La soberanía argentina sobre Malvinas goza de una abrumadora mayoría de opinión favorable. Sin embargo, Londres sigue cerrada a toda negociación. ¿Y si se prueba con sanciones a sus grandes empresas aquí?.

"Hermanita perdida vuelve a casa", cantaba Atahualpa Yupanqui en un tema de su autoría y Ariel Ramírez. No estaba perdida sino robada, porque Malvinas, de ella se trata, fue ocupada por el colonialismo inglés el 3 de enero de 1833.

Esos primeros piratas pusieron a bordo los residentes y los trasladaron de prepo a Buenos Aires. Soledad y Gran Malvina serían suyas. No importaba que Londres quedara a 14.000 kilómetros y no pudiera invocar título legal de propiedad. El viejo imperio se hizo grande invadiendo, robando, pirateando y guerreando. ¡Cuántos títulos nobiliarios se habrán comprado de ese modo, goteando sangre apenas disimulada!

Los títulos de la Confederación Argentina, en cambio, eran perfectos. Continuaba jurídicamente al Virreinato del Río de la Plata y en las islas había un delegado del gobernador de Buenos Aires. Los británicos no habían objetado esa continuidad legal y política, cuando en 1825 reconocieron a la nación que sería la Argentina.

Reclamo va, reclamo viene, las islas siguieron bajo dominio británico hasta el 2 de abril de 1982, cuando el Operativo Rosario de las Fuerzas Armadas argentinas. El 14 de junio, tras bombardeos y desembarcos, los ingleses retomaron el control y Puerto Argentino volvió a su denominación de Port Stanley. Las Malvinas perdieron otra vez la identidad con el nunca bien ponderado "Falklands".

Euforia y derrota

El desembarco del 2 de abril generó euforia en el pueblo argentino, pero el 14 de junio reabrió los reproches contra "la guerra de Malvinas". Volver a nuestras islas estuvo bien, luego de 149 años de ocupación sin cambios a la vista. Los pueblos latinoamericanos apoyaron esa gesta, sin importar que se llevara los aplausos un general tan poco majestuoso como Leopoldo Galtieri. El resultado de la guerra bien pudo ser otro si los militares argentinos peleaban con la bravura de los pilotos de la Fuerza Aérea o de algunos infantes de Marina.

Fidel Castro le preguntó en La Habana al canciller Nicanor Costa Méndez cómo era el general Mario B. Menéndez, gobernador. El ministro empezó a contestar: "es un hombre morocho, bajito, de familia militar". "No -aclaró el cubano- le pregunto si sabe pelear".

Ese fue el problema. Menéndez y otros de su familia, como el genocida Luciano Benjamín, sabían de operativos nocturnos contra militantes populares, en mayoría de 200 a 1. Sabían secuestrar, torturar y matar, robar chicos y violar mujeres. Eso sabían. De pelear contra un ejército profesional en un teatro aero-naval, ni noticias. Para colmo sus padrinos, los militares norteamericanos de West Point, las escuelas del Canal de Panamá, el Plan Cóndor, etc, estaban totalmente del lado inglés, como correspondía a dos aliados de la OTAN. Pésima conducción de la guerra al margen, a Argentina aún le duelen sus 649 muertos, entre ellos muchos del ARA "General Belgrano". También los centenares que se suicidaron al volver. De eso no se debería renegar como sí lo hizo un amplio espectro de políticos, militares y medios desmalvinizadores. Para éstos el 2 de abril no debió existir. Pero existe.

"Vieja Raposa"

El imperio británico había mostrado su condición de "Vieja Raposa" antes de 1982 y su conducta posterior fue idéntica. No había aceptado la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que instaba a conversar entre las dos partes sobre la soberanía. Y obturó esa vía diplomática a pesar de nueve resoluciones similares posteriores.

Tuvo razón la presidenta Cristina Fernández cuando en la Cumbre de la Unión Europea y Latinoamérica, en mayo de 2010, le reprochó al premier David Cameron que aquella conducta "es un mal ejemplo para la multilateralidad".

Londres fue adoptando una actitud de más en más provocadora. No se sienta a hablar en los términos solicitados por la ONU y aceptados por Buenos Aires. También hizo emitir a los Kelpers licencias de pesca en forma unilateral; la mayoría de esas autorizaciones fueron para barcos españoles (¿dónde está entonces la "solidaridad" de los Borbones?).

Violaciones

Asimismo, con la venia de la corona británica, Rockhopper y Desiré Petroleum han comenzado a explorar en busca de petróleo alrededor de las islas. Habrían encontrado reservas de crudo al norte, por 242 millones de barriles, empleando la plataforma Ocean Venture. El petróleo y la pesca, huelga decirlo, son argentinos, pero los usurpadores se comportan como si fueran suyos.

No conformes con esas violaciones de la legalidad internacional, Cameron ordenó en octubre de 2010 ejercicios militares en las islas y emplear misiles tierra aire, que fueron disparados desde la isla Soledad.

Lo que los ingleses tienen a la vista es una dotación militar de 1.200 hombres, más el buque HMS Clythe, 4 aviones Typhoon y abundante artillería y misiles. Provocadores, los efectivos declararon que si los argentinos querían llegar a las islas serían abatidos son ningún inconveniente. "Sería como cazar pavos" dijo uno, pavoneándose el pavote.

La parte que no se ve, pero que en cualquier momento podría mostrar el mástil, es un submarino nuclear que estaría recorriendo el Atlántico Sur en "defensa" del archipiélago. Los súbditos más colonialistas claman a Cameron y su ministro de Defensa Philip Hammond que ese submarino muestre al fin su nariz. Se lo pedían al antecesor de Hammond, Liam Fox, pero debió renunciar en octubre de 2011 fulminado por denuncias de corrupción.

Sancionar monopolios británicos

Por lo antedicho, el camino recorrido por Argentina en 179 años de sufrir una amputación de su territorio nacional ha sido el de la diplomacia, exceptuados esos casi 75 días de desembarco con armas.

Los frutos de esa labor diplomática continuada han sido bien escasos según el balance concreto. Las autoridades argentinas podrán esgrimir que Londres es un hueso duro de roer, al punto que de las 16 posesiones coloniales que perviven vergonzosamente en mundo, 10 son presas que los ingleses se resisten a soltar.

Pero también ese ejemplo se puede leer de otro modo. Entre los territorios que la reina Isabel II debió devolver estuvo Hong Kong. China la apuró, con fuerza económica, unidad nacional y soldados, en una combinación exitosa para que la diplomacia de Beijing se anotara esa victoria monumental. No es que el país de ojos rasgados estuviera a punto de invadir la perla financiera del Este, pero metían miedo el ruido de las maniobras del EPL. No es lo que sucede con las Fuerzas Armadas argentinas: no tienen hipótesis de conflicto aero-naval, ni misiles ni siquiera un balance a fondo de la experiencia de 1982.

Prohibiciones

El otro error capital argentino, de tiempos menemistas pero no rectificado por Cristina Fernández (ni antes por su marido), fue sacar la cuestión Malvinas de la órbita de la Asamblea General y derivarlo a un organismo inferior, el Comité de Descolonización.

El Palacio San Martín debería aprender de Cuba, que todos los años presenta su moción contra el bloqueo estadounidense ante la Asamblea General y obliga a un debate internacional completo, que desnuda al imperio. En vez de discutir en aquella gran caja de resonancia, las islas se consideran en una comisión de segunda categoría. ¿Para cuándo a la Asamblea General, canciller Héctor Timerman?

El último comunicado de la cancillería argentina detalla los pronunciamientos solidarios con Argentina: "Cumbre de América del Sur y Países Arabes (ASPA) del 31 de marzo de 2009; Cumbre de América del Sur y Africa del 27 de septiembre de 2009; Cumbre de Unasur del 29 de octubre de 2011; Cumbre Iberoamericana del 29 de octubre de 2011; Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), del 5 de diciembre de 2011, y Grupo de los 77 más China". La serie culmina con la decisión del Mercosur, del pasado 20 de diciembre, "prohibiendo el uso de sus puertos a barcos que ostenten la ilegal bandera que Gran Bretaña ha inventado para su colonia".

Multas

Todas estas gestiones y declaraciones son útiles pero no decisivas para obligar a Londres a poner el trasero en una silla dentro de una negociación sobre soberanía. Si se multa a sus multinacionales que ganan fortunas en Buenos Aires, como el banco HSBC, Shell y British Petroleum, Unilever, Bridgestone, Nobleza Piccardo, el laboratorio anglo-estadounidense Glaxo, etc, las cosas pueden variar.

Si el Foreing Office no responde ante esas multas se podría confiscar alguna empresa, comenzando por Glaxo, ya multada por un proceso irregular de investigación de vacunas en el que han muerto 14 niños, pobres. En vez de tantos documentos diplomáticos, y sin arrojar misiles a Puerto Argentino, se podría entrar con orden judicial y la Gendarmería en ese laboratorio.

Los negociados del Grupo Roggio con Metrovías

por Damián Solanas

El traspaso del servicio de subtes de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste características interesantes de analizar.

Si bien es importante la ingerencia de la Ciudad en las decisiones de política y planificación del transporte que opera en su jurisdicción, el gigantesco negociado y estafa que se vienen arrastrando año a año desde la privatización del servicio de subtes -1993 en manos de Metrovías/Grupo Roggio- continuarán, como nunca, vigentes.

La efectiva transferencia en los términos que está planteada es una puesta en escena armada conjuntamente por el Kirchnerismo y el macrismo con el objetivo de, por un lado, desvincularse del costo político que implicaría la aplicación de ajustes tarifarios y, por el otro lado del mostrador, dar luz verde a la profundización de los negociados entre el Grupo Macri, la Constructora Benito Roggio (Metrovías) y las compañías Chinas asociadas a la venta de material ferroviario.

Cabe mencionar que ambos consorcios, tanto Macri como Roggio, fueron y son parte de la elite empresaria del gobierno kirchnerista y poseen recorridos en común desde hace años. Además de haber compartido juntos la construcción de la Autopista Rosario-Córdoba, las dos se asociaron en la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas conjuntamente con la aceitera china Sanhe Hopefull Grain & Oil, al igual que, mantienen actualmente ese vínculo en la construcción del subte de la ciudad de Córdoba junto a la empresa china estatal Railway Internacional. Todas las adjudicaciones, es bueno remarcarlo, contaron con la bendición del Gobierno Nacional.

No deja de aturdir enterarse que Metrovías (Grupo Roggio) en el último año recibió en concepto de subsidios más de 700 millones de pesos mientras que en el mismo año decidió repartir dividendos por $150 millones entre sus accionistas.

El sistema de subsidios, ejercido rigurosamente desde los años noventa y profundizado por el gobierno kirchnerista, lejos de consistir en una transferencia de recursos hacia los sectores con menos ingresos acabó sirviendo a la concentración empresaria amparada por la Ley 25.561, de Emergencia Pública y el Decreto 2075/2002, de Emergencia Ferroviaria.

Ambos instrumentos desligaron a las empresas concesionarias del deber de cumplir con el régimen de inversiones estipulados en cada uno de los contratos, mientras que las tarifas congeladas junto con el subsidio estatal sirvieron para garantizar un margen de rentabilidad único para el sector empresario desligado de todo riesgo. De esta manera, sin un sistema de mantenimiento adecuado ni reposición del material amortizado, el sistema perverso creado fagocitó a los bienes públicos prestadores de servicios. Esos mismos bienes deberán ser ahora repuestos, por decisión política del Gobierno Nacional y Porteño, ahora sin subsidios, costeados por los mismos usuarios. Gatopardismo mediante, cuando la crisis se acerca algo deberá cambiar para que nada cambie, el régimen de garantías de beneficios al sector empresario seguirá vigente.

Córdoba: la estigmatización de la pobreza

por Daniel Klocker

La iniciativa del registro de trabajadores eventuales propuesta por los vecinos de barrio Urca reavivó la estigmatización del estereotipo de laburantes sospechados de delincuentes por su origen humilde o por portación de cara.

La iniciativa del centro vecinal de Urca de crear un registro de trabajadores eventuales para combatir la inseguridad en el barrio reavivó la polémica sobre estigmatización del estereotipo de laburantes sospechados de delincuentes por su origen humilde o por portación de cara.

Esta discriminatoria iniciativa apunta directamente a albañiles, guardias de seguridad, pintores, jardineros y otro personal doméstico que los vecinos de esa acomodada barriada del oeste de la ciudad pudiesen llegar a contratar para realizar tareas en sus domicilios.

Es decir parten de la falsa premisa de que toda esa gente es culpable hasta que la base de datos de la policía demuestre lo contrario, pero mientras tanto como siempre sucede no se mide con la misma vara a “los Ricardo Jaime, a los Marcelo Falo”, y a tantos otros que cuentan con la protección del poder para zafar”.

No tienen esas mismas oportunidades los trabajadores que diariamente buscan el pan con sudor y sacrificio porque sus manos son las principales herramientas que tienen para sobrevivir en esta selva donde desigualdad es una constante porque la riqueza está mal distribuida.

Por supuesto, el gobernador José Manuel de la Sota dijo que la Provincia “escuchará a los vecinos de Urca, aún en las ideas que podamos compartir o no”, y que el flamante ministro de Seguridad y ex Jefe de Policía, Alejo Paredes “se comunicará con ellos”.

Seguramente, en la mayoría de los barrios de la ciudad de Córdoba al enterarse de la decisión del titular del Poder Ejecutivo querrán que el funcionario Paredes también “se comunique con ellos” porque –como los de Urca- son víctimas de la inseguridad, pero no apelan a la confección de censos de potenciales trabajadores o delincuentes.

El trabajo esclavo también es un delito y lo cometen importantes empresas nacionales y multinacionales, pero los gobiernos, mas allá de algunos procedimientos mediáticos y multas de ocasión, miran para otro lado, mientras tanto, los trabajadores continúan siendo explotados con total impunidad.

Es cierto, la inseguridad no es una “sensación” sino que es una realidad que los cordobeses vivimos a diario con arrebatos, asaltos violentos, crímenes, secuestros express y violaciones, pero más allá de esta irrefutable realidad no podemos permitir que el miedo y la desesperación nos gane la batalla y apelemos al facilismo de echarle la culpa al más débil, en todo sentido.

¿Felices Fiestas para los jubilados?

por Fabiana Arencibia

El miércoles de la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional la firma de un decreto por el cual se limitará -de ahora en más- el costo de los créditos a jubilados y pensionados. Esta medida es hacia adelante, por lo cual las tasas de usura que actualmente pagan casi dos millones de ellos por los préstamos ya concedidos, seguirán vigente.
Podemos considerar este anuncio como positivo en principio. Sin embargo vale la pena desglosar algunos de sus aspectos para analizar por qué, según opina el Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, significa “un subsidio universal por pobreza para los adultos mayores”, con 5 millones de jubilados cobrando el haber mínimo (1.434 pesos) que no llega a cubrir su canasta básica de subsistencia.La mayoría de nuestros viejos esperaban expectantes el anuncio de fin de año. Así venía sucediendo desde el 2008, año a partir del cual los jubilados cobraban un bono para las navidades como refuerzo a las jubilaciones que, en casi un 80 por ciento, no llegan al salario mínimo vital y móvil (2.300 pesos).Sin embargo no escucharon lo que deseaban. La Presidenta y el titular de la ANSES, Diego Bossio, indignados por la “usura”, el “abuso” y la “rapiña financiera” anunciaron que de ahora en más las tasas de los créditos que se les otorguen a jubilados y pensionados -cuyas cuotas se descuentan directamente de sus haberes mensuales- no podrán superar la que cobra el Banco Nación mas un 5 por ciento, como máximo.
El anuncio oficial sumó además una segunda medida. El Gobierno nacional habilitó a la ANSES para que utilice hasta un 20 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), institución que administra los ahorros previsionales, para dar préstamos del mismo tipo a jubilados y pensionados. El FGS asciende en la actualidad a 200.000 millones de pesos. Sin embargo se comenzará con la utilización en el 2012 de cinco mil millones y no lo hará en forma directa la ANSES. Así lo aclaró Bossio quien afirmó en un reportaje: “No vamos a prestar en forma directa. Vamos a explorar alternativas para llegar con los créditos a una tasa conveniente para los jubilados, pero será a través de intermediarios”.Sin embargo los fondos de la Anses se utilizan sin intermediación y como si fueran un recurso presupuestario más, para otros destinos que no tienen que ver con beneficios para los jubilados sino con medidas asistencialistas, préstamos a multinacionales y con pago de deuda.
Diego Bossio confirmó que este año el Gobierno no pagará un plus para las fiestas a jubilados como lo hizo en ocasiones anteriores. Y para justificarlo afirmó que los aumentos de haberes de 2011 fueron “muy positivos”, en un nivel del 37 por ciento, por arriba de cualquier paritaria. “Ha sido un año extraordinario en cuanto a los aumentos surgidos de la ley de movilidad previsional”, dijo, aduciendo al porcentaje de ajustes en las jubilaciones y pensiones, que puede parecer alto si no se tiene en cuenta que se aplica sobre un haber de miseria, y por lo tanto es también una miseria.“Evidentemente los jubilados hoy son la variable de ajuste de todo este proceso y los mayores inversores porque es su dinero que, sin ningún tipo de consulta, se utiliza con diversos destinos, incluso para equilibrar el presupuesto”, afirmó Semino en un reportaje realizado por el programa Los Locos de Buenos Aires en FM La Tribu.“Los fondos de la Seguridad Social pasan a ser, tanto en Argentina como en el mundo lo que compensan las erogaciones del Estado. Esto es una ratificación de lo que plantearon los organismos multilaterales de crédito en la década del 90 en el sentido de que hay que sacar la plata del vértice de la pirámide poblacional para aplicarla a la base. Pero le sacaron a los viejos y nunca le dieron a los chicos y la plata se fue para afuera”, agregó.
Nadie se pregunta por qué durante todos estos años (más de 20) se crearon mutuales y cooperativas para darles préstamos a los jubilados, que eran verdaderas mesas de usura. Esto sucedió con la anuencia del Estado, porque las cuotas de esos créditos se las descontaban - y seguirá siendo así- del recibo por el que cobraban el haber jubilatorio (mecanismo conocido como código de descuento). No hay casi posibilidad de morosidad en esto, porque aún falleciendo el jubilado, su seguro de vida lo cubre.Curioso dato: este código de descuento fue instituido en 1993 en la misma ley que dio origen a las AFJP. Sigue vigente a pesar de la estatización del sistema jubilatorio y la desaparición de estas administradoras privadas y es el que habilita que cooperativas, mutuales, centros de jubilados y sindicatos, entre otros, presten plata a jubilados y pensionados.
Otro dato curioso: las entidades debe firmar un acuerdo con la ANSES para poder operar, de esta forma es el Estado a través del organismo previsional quien está avalando una medida que viene de las entrañas del neoliberalismo.Hay que agregar que no es la mayoría de los jubilados la afectada por esta situación. En la actualidad equivale al 34 por ciento del total de beneficiarios (casi dos millones) que tomaron créditos con el mecanismo de código de descuento.
Según comenta Eugenio Semino, “son créditos pequeños que no suministra la banca oficial, y este detalle tampoco se dijo en el anuncio. Son pequeños créditos que en general los utilizan para cubrir necesidades básicas y en muchos casos situaciones de enfermedad. Créditos que van de 1000 a 3000 pesos, y que son tomados en general porque la jubilación no alcanza”.Sin embargo las altas tasas, cuyo costo financiero total alcanza en muchos casos al 70 por ciento del préstamo original, se convierten en una carga. A partir de esta medida estarían pagando por nuevos préstamos, tasa del Banco Nación (28 por ciento), más los 5 puntos adicionales.“Les puedo asegurar que el Banco Nación no regala el dinero. Lo que estamos diciendo sigue siendo un excelente negocio. No estamos haciendo socialismo con la plata de los demás. En la Argentina son todos socialistas con la plata de los demás. Nosotros no. Creemos en el crédito. En lo que no creemos ni vamos a aceptar es la usura institucionalizada”.
Si bien nadie piensa que usar los fondos de la ANSES para prestarle a las empresas sea hacer socialismo, cabe destacar que el dinero que se está usando es de los jubilados. Es por eso que no podemos entender que pueda hablar en términos de “excelente negocio” cuando se está refiriendo a préstamos hacia jubilados y pensionados que, insistimos, los toman no porque crean en el crédito como la forma de vida en sus últimos años, sino porque tienen carencias que cubrir.Por más de una década la Defensoría cuestionó este mecanismo perverso e incluso se presentaron denuncias penales. Pero los jueces contestaban que había consentimiento por parte de los que tomaban esos créditos, o sea, los jubilados.“Hace poco más de 60 días se suspendió esta operatoria por una denuncia que hizo la Defensoría y que tuvo repercusión pública. Y ahora aparece este anuncio que es correcto pero que es una ratificación pública que hay un impuesto a la vejez. Porque se va a cobrar el interés del Banco Nación más un 5 por ciento como máximo sobre la tasa del banco, con lo cual ese incremento es un impuesto a la vejez”, afirmó Semino.Nos preguntamos ¿por qué un jubilado no puede obtener un crédito en las mismas condiciones que alguien que no lo es? A las empresas la ANSES le presta dinero a tasa mucho más baja aun que las anunciadas por la presidenta con esta medida.
La cuestión de fondo a resolver es que a los jubilados se les pague lo que le corresponde, el 82 por ciento móvil por el que vienen batallando desde siempre. Hoy la canasta básica de un jubilado es calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 3059 pesos. Con esto se cubre el mantenimiento de una vivienda propia o un alquiler compartido o una pensión con baño compartido (entre 700 y 900 pesos), agregando luego alimentos, higiene y limpieza, transportes, medicamentos, salida una vez por mes de recreación. “Este anuncio fue, más que para los jubilados, para los que suponen a que los jubilados están bien. Hoy lo que tenemos es un subsidio universal por pobreza para los adultos mayores, con 5 millones ganando la mínima que no tiene que ver ni con su trabajo, ni con los aportes ni con la cobertura de sus necesidades básicas”, afirmó Semino.


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EE.UU: ¿democracia? ¡De acá!...

USA arranca el año bajo una virtual ley marcial
El año empezó en USA con la aprobación National Defense Authorization Act (NDAA), una ley que, en términos generales, permite a las autoridades militares detener a cualquier estadounidense en cualquier parte del mundo sin especificar los cargos que se le imputan ni el tiempo de detención, basándose únicamente en la sospecha de terrorismo. En otras palabras, imponiendo una ley marcial en todo el mundo.

El año nuevo comenzó en USA, al menos en materia legal, con la aprobación por parte del presidente Barack Obama de una medida netamente totalitaria y dictatorial, propia de un gobierno represivo. Se trata de la National Defense Authorization Act (NDAA), una ley que, en términos generales, permite a las autoridades militares detener a cualquier estadounidense en cualquier parte del mundo sin especificar los cargos que se le imputan ni el tiempo de detención, basándose únicamente en la sospecha de terrorismo. Asimismo, la interrogación y persecución de los sospechosos también carece de límites precisos, por lo cual la tortura y otros procedimientos afines podrían volverse totalmente legales.

Aunque se dice que Obama quiso vetar la NDAA por el evidente abuso que implica a las garantías civiles más elementales de todo ciudadano, al final dio su beneplácito, aunque “con serias reservas”: “Quiero aclarar que mi administración no autorizará la detención militar indefinida y sin juicio de ciudadanos estadounidenses. De hecho creo que hacer en esto rompería con nuestras más importantes tradiciones y valores que tenemos como nación. Mi administración interpretará la sección 1021 [de la ley] asegurándose que cualquier detención autorizada se llevará a cabo conforme a la Constitución, las leyes de guerra y todas las leyes aplicables”, declaró Obama en un comunicado al respecto. El diario El País informa que el presidente tuvo que firmar la ley “porque la finalidad general de esa norma es financiar en parte a las tropas y la guerra de Afganistán”.

Por otro lado, activistas y abogados en pro de las libertades civiles se mostraron decepcionados por la actuación del presidente Obama, pues creían que con él habían quedado atrás los excesos en que incurrió la administración Bush en su “guerra contra el terror”; confían además en que esta ley pueda derogarse por medio de otros recursos como la apelación ante la Suprema Corte.

George W. Bush y Obama, ambos en su momento, demandaron que la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) del 2001, les daba el poder para que los militares detengan a la gente por el simple hecho de sospechar de estar asociada con al-Qaeda u otras organizaciones relacionadas, sin acusarlos por el tiempo que dure la “guerra contra el terror”. No importaba si el sospechoso era un extranjero, un ciudadano de USA, o un residente legal. Tampoco importaba si la ofensa alegada era cometida dentro o fuera de USA. El campo de batalla abarcó el mundo entero.

Al interpretar el AUMF de esta manera, ambos gobiernos fueron más allá del lenguaje de la ley. En sus propias palabras, el AUMF solo autoriza “al presidente… a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones, o personas que él determine planearon, autorizaron, estuvieron comprometidos, o ayudaron a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001, o albergaron a tales organizaciones o personas [...] con el fin de prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra los Estados Unidos [cometidos] por tales naciones, organizaciones o a personas”.

Es muy claro que el uso del poder está restringido a la gente implicada en el 9/11 y a quienes los protegieron. Sin embargo, bajo la novedosa teoría de la autoridad constitucional de la rama ejecutiva, esto se convirtió en un virtual cheque en blanco.

El AUMF tampoco hace ninguna referencia a la detención indefinida o a entregar a los ciudadanos y los residentes legales a los militares, en lugar de hacer cumplir la ley civil, cuando ellos son meramente sospechosos de participar en actividades de clasificación incierta tales como “fuerzas asociadas” o de “apoyo” en la comisión de actos beligerantes.

Sin importar la ausencia de un lenguaje relevante [en la ley], los gobiernos de Bush y de Obama exigieron amplios poderes que son una burla para la Constitución de USA y la Quinta Enmienda de los Derechos Civiles en particular.

Ahora estos poderes han sido establecidos formalmente en el papel. Irónicamente, el gobierno de Obama hizo alusión a un veto del proyecto de ley a causa de que, en su versión original, incluía restricciones a su autoridad. Continuando con la filosofía de Bush, de que bajo la Constitución la rama ejecutiva tiene poderes virtualmente ilimitados, Obama se opuso a cualquier intrusión del congreso sobre sus prerrogativas, incluso si solo codificaba la autoridad ya demandada y ejercitada.

Por ejemplo, una sección requería que la rama ejecutiva entregara a los militares a una persona sospechosa de terrorismo. Observe que esto incluso incluiría a los individuos que se resisten a la ocupación norteamericana de Afganistán o al bombardeo en Sudán o Somalia. Podría también incluir a cualquiera que inocentemente dio dinero a una entidad de caridad que no sabía que tenía cierta conexión con una organización “asociada”. Pero al gobierno de Obama no le gustaba que le requieran hacer esto. En cambio, prefiere tenerlo como una opción. Al final, al gobierno se le concedió el poder de utilizar cortes civiles, pero solo después de presentar una renuncia de dicho privilegio con el congreso.

La sección de esta ley dice que dentro de la autoridad militar está incluido la “detención bajo la ley de la guerra sin juicio hasta el final de las hostilidades”. Esta sección, sin embargo, exime a los ciudadanos norteamericanos capturados dentro del país.

La sección siguiente se aplica a los ciudadanos norteamericanos y a otros residentes legales. Aunque dice explícitamente que el gobierno no es requerido entregarlos a los militares, puede hacerlo si lo desea. Obama se opuso con éxito a una prohibición en esta sección contra la detención militar de los ciudadanos norteamericanos.
Como uno de sus defensores, el Senador Lindsey Graham, dijo de la disposición: “La declaración de autoridad para detener se aplica a los ciudadanos norteamericanos y señala al mundo como el campo de batalla, incluyendo a la nación”. Esto no debe sorprender: Obama ya demando la autoridad para matar a norteamericanos sin el debido proceso.

La intención de Obama de firmar el NDAA nos dice exactamente donde está parado él sobre los Derechos Civiles. Como Human Rights Watch lo puso: “El Presidente Obama entrará en la historia como el presidente que implementó la detención indefinida sin juicio en la ley de USA”.

Beder Herrera mandó una patota parapolicial para garantizar la minería en Famatina

Los vecinos impiden subir al cerro a operarios de la canadiense Osisko, contratada por el gobernador para iniciar una exploración minera. La policía local se resiste a reprimir. “Nos mandó combis con patoteros, pero no nos van a sacar”, advirtió la manifestante Marcela Kravet.Vecinos de la localidad riojana de Famatina acampan desde ayer en el cerro local para bloquearles el ascenso a los operarios de la canadiense Osisko Mining, contratada por el gobernador para iniciar allí una explotación minera.
Luis Beder Herrara firmó el convenio con la empresa el 1 de septiembre y provocó el rechazo inmediato de los pobladores, que ahora dicen que no se retirarán mientras el contrato siga vigente.
Así lo hicieron saber esta mañana, cuando se colocaron en hilera para imposibilitar que 50 empleados de Osisko asciendan a la mina. La policía local, como jefe nuevo desde el jueves, no intervino. Pero el gobernador no se quedaría de brazos cruzados.
“Le exigen a los policías que repriman pero como son vecinos nuestros no lo van a hacer. Por eso Beder Herrara mandó a patoteros en una combi para obligarnos a bajar”, denunció ante LPO Marcela Kravet, miembro de la asamblea por la vida, impulsada por ONG locales pero copada por todo el pueblo de Famatina.
Tanto es así que semanas atrás el propio gobernador vivió en carne propia la furia local tras ratificar el proyecto minero con un acto reservado a dirigentes. “Fue una provocación. Hicimos más de 5 kilómetros de caravana”, rememoró Kravet, desde 1.500 metros de altura.
En Famatina, Beder Herrera justificó el ingreso de la minería al considerarla “la única salida” para “crecer”. Y les pidió a “quienes hablan sobre el cuidado del agua y el medio ambiente que se fijen en San Juan, que vive de la minería desde hace tiempo y es igual de seca que La Rioja”.
También se legitimó en el apoyo electoral que recibió en las elecciones de mayo. “Eso es un error, porque nadie lo votó para darle un cheque en blanco y que haga lo que quiera”, remarcó Kravet.
Es que Beder Herrara esperó esa elección para firmar el convenio con Osisko Mining, que de inmediato aglutinó a los vecinos en su rechazo. El primer golpe lo sufrió en las elecciones generales: la lista de Carlos Menem mejoró su performance de las primarias y superó a patrocinada por el gobernador.
El intendente local, Ismael Bordagaray, también oficialista, no entendió el mandato popular como su jefe político y se mostró a favor de los vecinos. “Hay que seguir resistiendo, generando conciencia en el pueblo, que es lo único que va a frenar la minería en el departamento”, instó.
También se plegó el sacerdote Omar Quinteros. “Este pueblo de Dios no acepta dádivas. Hay que decir no sólo que el Famatina no se toca, sino también que el pueblo no se vende”, afirmó.
El sacerdote denunció además que “desde las altas esferas del poder solicitaron mi traslado y que me prohíban tocar las campanas”, en alusión a los tañidos que emite para advertir a la población de la presencia de gente relacionada a la minería.

Falta una ley de investigación biomédica

por Jorge Yabkowski

La confirmación de la multa al Laboratorio Glaxo es importante pero insuficiente. Lo que hay que decir es que no existe una legislación nacional que regule la investigación biomédica.
Dice John le Carré en el epílogo de su novela "El Jardinero Fiel" (llevada al cine con el protagonismo de Ralph Fieness) "...al adentrarme en la jungla de la industria farmacéutica llegué a la conclusión de que mi relato, comparado con la realidad, era tan inocuo como una postal de vacaciones".

Quienes hayan leído el libro o visto la película recordarán el tendal de muertos y enfermos que deja una investigación sobre una nueva droga en los barrios pobres de Nairobi.

Para quienes piensan que eso ocurre sólo en África tenemos que decirles que no es así. Los bebés muertos en Santiago del Estero que denunciáramos en el 2007 fueron apenas la punta de un iceberg de corrupción y manipulación que incluyó al Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Smith, al Gobernador Zamora, que avaló ese estudio con decretos gubernamentales, al jefe principal del equipo investigador, el Dr. Tregnaghi quien, expulsado de Córdoba por el entonces intendente Juez y sus equipos de salud (los doctores Jiménez y Barri), recaló en la provincia norteña donde, a cambio de los jugosos euros de la multinacional Glaxo, cometió toda clase de tropelías contra la ética de la investigación.

Inventó consentimientos de pacientes analfabetos, amenazó a madres que no iban a los controles, impidió que los médicos del Hospital de Niños atendieran a los pacientes bajo protocolo falleciendo varios por retardo de la atención.

Lo dijimos en el 2007 y como Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) denunciamos los casos ante la ANMAT, financiando con dineros sindicales el viaje a Buenos Aires de los familiares damnificados. Tregnaghi nos hizo juicio por calumnias e injurias y lo perdió. Glaxo intentó reunirse con nosotros, invitación que rechazamos prolijamente.

Hoy, el juez Aguinski confirma la multa resultado de esa investigación de la ANMAT. Pero Argentina sigue sin una Ley Nacional de Investigación Biomédica.

No hay figura del Código Penal que castigue a los investigadores inmorales, a sus financiadores y protectores políticos.

Glaxo ganará con la vacuna el valor de cien mil multas. Y los culpables de usar a nuestro niños pobres como conejitos de indias ni siquiera pasarán por un juzgado.

Esa es otra deuda de la democracia argentina.

Santa Cruz: el reino de Nadalandia

por Félix Herrero

Santa Cruz debe recurrir a un cruento ajuste a través de una ley sacada de apuro y que recorta el amarrete bienestar con que vive la mayoría de los argentinos.

A fin de año aparecen las leyes de apuro, las normas que recortan el amarrete bienestar conque vive la mayoría de los argentinos y, ahora, nuevamente, las reacciones populares contra dichos rebanes, que sirven a los ricos y a sus delegativos gobernantes poniendo a la vista de todos, la contradicción creciente entre la democracia representativa y la participativa. Este es el gran debate con que las crisis financiera y económica de los Estados europeos terminan por arribar. Este es otro gran debate que nos debemos los argentinos.

Pensemos en un reino, dotado con grandes riquezas que gratuitamente recibió de Dios o de la Naturaleza (se extraen, no se producen), que no llegan a los súbditos, sino a la clase monárquica y a sus socios extranjeros, que, como Santa Cruz y varias provincias argentinas, tiene oro, petróleo, gas y pesca (y negocios financieros, sin duda), pero que no, no es verdad que los tiene porque todo se va por el mar (recursos y renta), como diría el ingeniero Mosconi.

Del oro apenas queda en el reino provincial solo un 7,5%, del petróleo y el gas una misérrima parte que no alcanza al 12% por los descuentos, de la pesca un pobrísimo canon que mejor no acordarse. Mientras tanto, sus gobernantes manejan cifras, estadísticas y cuentas que solo existen el mundo ideal de la narración y, cada vez, con el pasar del tiempo, más alejado del real. Es el logro del Reino de la Nada: todos los recursos naturales y sus rentas para las multinacionales extranjeras, nada para el reino.

Pero hay algo más: en Santa Cruz no se cultiva soja pero las provincias sojeras le dan, como a todas las provincias, participación en el impuesto a la exportación de la soja, ya tiene energía eléctrica compartida con el resto de las provincias pero sigue cobrando un 6xmil de las ventas de electricidad (¿por qué las demás provincias no reciben participación de la renta aurífera, petrolera y gasífera de las provincias que la tienen). Pero por qué el reino no da participación a las demás comarcas no petroleras ni gasíferas -14 distritos con la capital federal- de la poca la renta petrolera y minera que recibe de lo poco que queda en el país.

Pensemos en la historia bíblica de los siete años de vacas gordas de Egipto pero nuestro Reino de la Nada no supo prepararse para los siete años de vacas flacas que ya comenzaron (la renta sojapetrominera y la financiera fueron extraídas del país de tal modo que ni siguiera se hicieron fondos financieros anticíclicos). Ahora, con el viento de proa, el rey y la familia real no saben que hacer y recurren a castigar al pueblo, porque el verdadero poder que los gobierna no les permite que lo restrinja.

Entonces, como siempre más allá de las palabras, viene el ajuste de los trabajadores con trabajo, a los que no lo consiguen, y a los que ya trabajaron.

Santa Cruz, igual que las 10 provincias petroleras, de las cuales 8 están en déficit fiscal y endeudamiento con el gobierno nacional, debe recurrir a un cruento ajuste a través de una ley que eufemísticamente titulan para el relato “Superación de la situación económica y reordenamiento del Estado”.


Santa Cruz: el reino de Nadalandia

Carlos Soria murió sin condena

El gobernador de Río Negro, que falleció en la madrugada del 1ero de enero de un disparo en la cara bajo circunstancia que aún la justicia investiga, había sido designado por Cristina Fernández como candidato en representación del Frente para la Victoria, pero en junio de 2002 estaba al frente de la SIDE durante la denominada Masacre de Avellaneda, en donde como resultado de un plan represivo planificado por el gobierno de Eduardo Duhalde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

En todos estos años, Soria nunca fue investigado, cuando existen sobradas pruebas que lo involucran en la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

Reproducimos a continuación parte del comunicado difundido por el Frente Popular Darío Santillán: “Soria pudo postularse a gobernador porque el gobierno nacional, cuando tuvo la oportunidad de impulsar la investigación sobre los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, eligió garantizar la impunidad, al punto de no abrir los archivos de la SIDE y no impulsar de ninguna manera la investigación, permitiendo que personajes como Soria y Duhalde no se presenten ante la justicia para dar explicaciones.

Soria nunca fue investigado, cuando existen sobradas pruebas que lo involucran en la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi. Tanto la Justicia como los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández prometieron impulsar la investigación y nunca cumplieron, lo que los hace cómplices del asesino Duhalde y sus secuaces.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE SORIA EN LA MASACRE DE AVELLANEDA?
El 26 de junio de 2002, mientras miles de trabajadoras y trabajadores desocupados salían a las calles a exigir trabajo, justicia y dignidad, el entonces presidente dio la orden de reprimir a los manifestantes en el Puente Pueyrredón. Dos jóvenes muertos y más de 30 heridos con balas de plomo fue el saldo de lo que se conoce como la Masacre de Avellaneda. El objetivo político aparecía claro: desarticular al movimiento popular que había protagonizando jornadas históricas como las de diciembre del 2001. El 26 la SIDE, liderada por Soria y Oscar Rodríguez, operó como nexo entre las decisiones gubernamentales y las fuerzas de seguridad que las ejecutaron. Durante la represión y en las horas posteriores, el comisario Fanchiotti estuvo en contacto directo con la Sede Billinghurst de esta dependencia.

Tanto el 26 como al día siguiente, el gobierno apeló a la lógica de las ´balas piqueteras´ para explicar las muertes, justificar la represión y dar cuerpo a la causa legal levantada contra los movimientos. Soria fue quien aportó los elementos necesarios para sostener esta versión con una serie de informes producidos a partir de la infiltración de sus agentes en encuentros públicos y organizaciones populares.

En ellos se sostenía la existencia de grupos radicalizados decididos a tomar las armas y atentar contra las instituciones democráticas, teoría que debía sustentar la Causa Complot y que Álvarez y Matzkin asumieron en las conferencias dadas el 26 y 27. El 26 ´los piqueteros se habían matado entre ellos´ y no se trataba de un hecho aislado sino de un exponente de esta ´nueva amenaza subversiva´. Estrategia que el gobierno debió abandonar rápidamente, luego de que las verdaderas responsabilidades materiales de la masacre salieran a la luz.

A pesar de haber sido una de las figuras cuestionadas en aquel momento, esto no supuso ningún tipo de investigación sobre la responsabilidad de Carlos Soria, ni impidió que continuara su carrera política hasta llegar a ser gobernador por el FPV en Río Negro.

¿QUIÉN ERA CARLOS SORIA?
Soria fue tres veces diputado por el PJ hasta llegar a ser titular de la SIDE. Luego de su renuncia tras la Masacre, se postuló por el PJ para gobernador, pero sin éxito. Enquistado en el PJ de Río Negro, hasta fines de los '90 se desempeñó como diputado a partir de sucesivas reelecciones. Pasó buena parte de su carrera a la sombra de José Luis Manzano, estrechando así su relación con Duhalde, quien en el '99 lo nombra ministro de Seguridad Bonaerense luego de la masacre de Ramallo, en pleno contexto de ´guerra contra la delincuencia´ y ´reforma policial´.

Tras la llegada de Duhalde a la presidencia dos años más tarde, lo designa al frente de la SIDE, una estructura que se encarga del espionaje y la identificación de las organizaciones populares y sus militantes. Para ello recibe, por día, 2 millones de pesos de presupuesto estatal. Amparada en el "secreto" de su misión, tiene vía libre para el uso indiscriminado de estos fondos, sin auditorías ni ningún tipo de control. La SIDE jugó un rol fundamental en la trama de la masacre de Avellaneda.

Para más información consultar http://masacredeavellaneda.net/

Docentes del Rojas contra la precariedad laboral

La Comisión Gremial de Docentes del Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) denuncia una situación de fraude laboral y pide el apoyo de la comunidad para organizarse y mantener sus puestos de trabajo. Aseguran que los obligan a firmar contratos basura que se renuevan cada cuatro meses, excepto en el verano; por lo que no cobran de diciembre a marzo. Tampoco reciben aguinaldo, no les pagan indemnización por despidos, no tienen licencia por enfermedad ni por maternidad, no les reconocen antigüedad, ni les pagan las cargas sociales ni los aportes jubilatorios correspondientes.

dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA, se dictan más de 400 cursos, agrupados en tres programas principales: Capacitación para el Trabajo, Cultura y Adultos Mayores de 50 años. Estudian en ellos más de 10.000 alumnos y alumnas.

Estos cursos los elaboramos y dictamos más de 300 docentes, que nos encontramos sometidos a una situación de extrema precariedad laboral. Nos obligan a firmar contratos basura que se renuevan cada cuatro meses, excepto en el verano; por lo tanto, no cobramos de diciembre a marzo.

Tampoco recibimos aguinaldo. No nos pagan indemnización por despidos. No tenemos licencia por enfermedad ni por maternidad. No nos reconocen antigüedad. Tampoco nos pagan las cargas sociales ni realizan los aportes jubilatorios correspondientes.

El sistema de fraude laboral que implementa la UBA en el Centro Cultural Ricardo Rojas nos mantiene en una situación de incertidumbre permanente sobre nuestra continuidad laboral, que habilita todo tipo arbitrariedades y sirve como herramienta para disciplinar a los y las docentes.

Por estas razones, los y las docentes del Rojas nos estamos organizando y realizaremos nuestra primera elección de delegados/as a comienzos de 2012. Esperamos contar con el apoyo de todos y de todas.

Comisión organizadora provisoria de la AGD-Rojas: Alejandro Belkin, Agustina Lizzi, Paula Belmes, Manuel Ferrer y Mariela Delnegro".

El gobierno adjudicó compras de gas licuado por más de 10 mil millones

Enarsa concretó este mes, en el mayor de los sigilos, una compra de 55 buques de gas natural licuado por más de 10 mil millones. Repsol, Morgan Stanley –que tiene como lobbista al menemista José Luis Dromi-, Excelerate y Gas Natural fueron los ganadores de la licitación, a los que sorpresivamente se sumaron la japonesa Marubeni y la British Petroleum (BP). El gasto alcanzará al 1% del PBI.

Enarsa adjudicó en diciembre la compra de 55 buques de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés), cada uno con capacidad para transportar hasta 148.000 metros cúbicos (m3) del fluido. La operación involucra el pago de más de US$ 2.300 millones, según indicó un encumbrado directivo de la empresa estatal de energía.

En un principio, la licitación convocada por la compañía presidida por Exequiel Espinosa preveía la adquisición de 80 cargas de LNG, 25 más que el año pasado, para abastecer las terminales regasificadoras de Bahía Blanca y Escobar, ambas en la provincia de Buenos Aires. Pero los elevados precios incluidos en las ofertas –superiores a los U$S 16 por millón de BTU, cifra tope establecida por la empresa-, limitaron la adjudicación a 55 buques.

Entre los ganadores figuran los cuatros proveedores conocidos -Repsol, Morgan Stanley, Excelerate y Gas Natural-, a los que en esta compulsa se sumaron la japonesa Marubeni y British Petroleum (BP), según confirmaron las fuentes consultadas, que no brindaron detalles acerca de las cantidades adjudicadas a cada uno. También participaron de la licitación Petrobras, E-Cross World, Mitsubishi, Chevron, Total, y la trader rusa Gunvor.

Sorprende la adjudicación a la petrolera británica BP justo cuando el conflicto por las Islas Malvinas tuvo otro pico con la declaración conjunta del Mercosur reclamando al Reino Unido que abra el diálogo y mientrsa las Argentina avanza en las amenazas de boicot a los vuelos a las islas.

“Compramos el 70% de las cargas de Escobar y 30 buques para la terminal de Bahía Blanca, que este año amplió su capacidad en un 50 por ciento”, indicaron a LPO desde Enarsa. La terminal regasificadora, que funciona en el muelle de la empresa Mega y es operada por YPF, puede inyectar desde este mes 16 millones de m3 diario (MMm3/d) de gas a la red de gasoductos. Un tamaño similar (17 MMm3/d) puede procesar la planta de Escobar, también controlada por la petrolera de Repsol y la familia Eskenazi.

Según afirmaron desde Enarsa, el precio del LNG que se inyectará en Bahía Blanca oscilará entre los 11 y los 13 dólares, en tanto que el de Escobar alcanzará los US$ 15 por millón de BTU, a raíz de las complejidades logísticas que acarrea la unidad: la profundidad del Río de la Plata no permite el ingreso de barcos de gran calado, por lo que hay que recurrir a naves más pequeñas que encarecen la operación. La unidad de Bahía Blanca puede recibir directamente cargas de 149.000 m3 de LNG, algo así como 80 MMm3 de gas natural.

Precios que asustan
De acuerdo que los números que manejan en Enarsa, las cargas adquiridas tendrán un costo cercano a los US$ 2.300 millones. Y estiman que cuando se licitan el 30% restante, la importación de gas por barco demandará un gastos superior a los U$S 3.600 millones, el equivalente al 1% del PBI.

En la empresa estatal están preocupados por el encarecimiento del LNG, debido a que desde que el desastre de la central nuclear de Fukushima, en Japón, se incrementó su demanda. “Si bien existe disponibilidad de LNG en el mercado, la oferta se ha restringido y los precios se han encarecido un 15% en los últimos meses”, advirtió el directivo consultado, que prefirió la confidencialidad.

Lo que aún no definió Enarsa es a qué precio venderá el gas que llegue por barco a los grandes industriales, principalmente a los asentados en el polo aceitero del gran Rosario y a los del Polo de Bahía Blanca. Lo cierto es que la idea del Gobierno es que buena parte del costo de importación de LNG lo paguen los grandes usuarios. En esa dirección, a través de la nota 10161 del 2 de septiembre, el Enargas ordenó que las industrias que no cumplan con las restricciones al consumo fijadas por el ente regulador empiecen a comprarle el fluido a Enarsa.

La norma, retroactiva al 1º de agosto de este año, aún no se está implementando de forma efectiva, pero en el mercado estiman que tomará vigencia definitiva a partir de enero. Desde ahora, los grandes usuarios deberán pagar cerca de US$ 5,50 por millón de BTU el gas que demanden por encima de lo autorizado por el Gobierno, según pudo saberse. Hasta este momento, el abastecimiento estaba a cargo de las empresas productoras –YPF, Total, Pluspetrol y Petrobras, entre otras- y comercializadoras.

En los despachos privados la nota de Energía cayó como un balde de agua fría, porque reduce su negocio a futuro. “A partir de ahora, nuestros clientes que no acaten las restricciones fijadas por las distribuidoras, deberán pagarle el excedente a Enarsa”, explicaron el gerente comercial de una comercializadora, que prefirió la confidencialidad. “Eso atenta directamente contra el volumen de gas que vendemos”, agregaron.

Comenzaron los recortes presupuestarios y crece el peligro de conflicto social

Ya son ocho las provincias en las que se anuncian despidos y ajuste fiscal
A pesar de que la presión tributaria y lo recaudado por los gobernadores es récord en dólares, sus distritos cierran el año con un déficit similar al de 2009, cuando hubo crisis y sequía.
Por Pedro Ylarri
Pase a disponibilidad que predice despidos, congelamiento de salarios y vacantes, recortes presupuestarios, expresiones que no se escuchaban desde hace una década fueron repetidas en estos días por gobernadores, la mayoría de ellos impulsados por Cristina Kirchner para anunciar una oleada de ajuste que ya sumergió a ocho provincias. La paradoja es que el déficit de las provincias será este año de $ 11 mil millones, unos $ 1.000 millones superior al arrojado en la crisis de 2009, pero con una presión fiscal y recaudación récord. La situación también es complicada para los municipios. El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, dijo ayer que no puede pagar los sueldos de diciembre.
Los economistas esperan un peor escenario el año que viene, aun con el “desahogo fiscal” que significó esta semana la prórroga por dos años que les dio la Nación para el pago de deudas por $ 13.800 millones.
Las provincias en problemas son Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Córdoba, Chaco, Catamarca y Mendoza, cuyos gobernadores salieron a recortar, con diverso éxito y magnitud, gastos en salarios u obras o a refinanciar deudas e incluso lanzar bonos para evitar el default.
En Santa Cruz, cuando su gobernador, el kirchnerista Daniel Peralta, lanzó en cadena provincial el proyecto de ley de “emergencia económica”, desató un caos social. Propuso elevar la edad jubilatoria, eliminar “privilegios” de los empleados públicos, suspender la paritarias, pagarles en bonos a proveedores por cuatro años y subir impuestos a casi todos los sectores. Sólo se salvaban los casinos, propiedad de Cristóbal López.
El jueves, en Río Negro, aprobó la Ley de Emergencia y con ella pasó a disponibilidad por 180 días hábiles a 20 mil empleados estatales en planta permanente (sobre un total de 47 mil). Además, habilitó el uso de cianuro en la minería con fines recaudatorios. Tiene una deuda de casi US$ 1.000 millones, de la cual $ 400 millones son a proveedores, muchos de ellos del rubro salud y educación.
Otras dos provincias patagónicas, Neuquén y Chubut, también hicieron mal las cuentas y ahora agradecen al Gobierno nacional. El miércoles, Cristina Kirchner prorrogó por dos años el pago de $ 13.800 millones que las provincias le adeudaban y debían empezar a pagar en 2012. Neuquén había proyectado un déficit para este año de $ 600 millones, pero será de $ 1.000 millones. Los $ 190 millones que no deberá pagarle a la Nación servirán para pagar el aguinaldo en enero. En Chubut, hasta hace unos días, se jactaban de no pedirle dinero a la Nación, pero el miércoles debió refinanciar servicios por $ 185 millones.
El caso de Córdoba y Mendoza, dos provincias con fuerte recaudación, no es diferente. En la primera aumentaron los impuestos hasta 40% y ya anticiparon que no habrá más de 12% de aumento para los 100 mil estatales provinciales en 2011. En Mendoza, Francisco Pérez dijo que congelará salarios para reducir el déficit de $ 2 mil millones, la mitad de los cuales usó para pagar salarios. En Catamarca, el presupuesto 2012 implica recortes de entre 30% y 40%. El Chaco, que gobierna Jorge Capitanich, también recortará gastos y salió a refinanciar deuda.
“Los problemas fiscales de las provincias se explican en que sus gastos son procíclicos, es decir que cuando la situación económica es favorable cometen el exceso de gastar de más. Cuando el crecimiento comienza a atenuarse tienen la inercia de los gastos en aumento y les es muy complicado conseguir financiamiento”, explica a PERFIL Marcelo Capello, del Ieral. Este año, añade, por las elecciones, tanto Nación como provincias gastaron más de la cuenta.
Coinciden desde la consultora Federico Muñoz & Asociados: “El gasto de las provincias sigue lejos de moderarse y no da señales de racionalidad. Desde 2007 acumula una suba de 5 puntos del PBI y superó la barrera del 18%, dinámica que empujó las cuentas provinciales otra vez en zona de insustentabilidad. Para las provincias ha llegado la hora del ajuste fiscal”.
Nadin Argañaraz, del Iaraf, estimó que, tras un resultado fiscal de 2010 “equilibrado”, este año las provincias tendrán un déficit primario (sin contar el pago de deudas) de $ 7.250 millones (0,4% del PBI) y un déficit luego de intereses de millones (0,55%). Para 2012, estimaba un déficit fiscal de un punto del PBI ($ 25 mil millones), aunque tras la prórroga de deudas de la Nación igualará al de este año, de fuerte crecimiento económico y servicios de deuda reducidos.

Mayor dependencia de la NaciónMientras las provincias ven cómo se deterioran cada vez más sus cuentas públicas, otro proceso se produce en simultáneo: crece su dependencia del poder central. La mayoría depende de la Nación para sobrevivir y, como si fuera poco, las políticas de deuda pública del kirchnerismo, que apuntan a evitar los mercados de deuda mundial, hacen muy difícil a las provincias financiarse en el exterior.
“Sucede que las provincias han perdido participación en los tributos nacionales que se reparten en forma automática”, explica el economista Marcelo Capelllo, de la Fundación Mediterránea. “En 1991 se transfería 45% de los recursos tributarios nacionales a las provincias; el número desde entonces fue cayendo, con algunas excepciones, y en 2011 será de 25%”, añade, lo que en definitiva hace que “las provincias dependan más de los recursos discrecionales de la Nación”.
Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), pone nombre al fenómeno: “Desequilibrio vertical”. Ocurre cuando uno de los niveles de gobierno tiene un excedente de ingresos propios por sobre sus responsabilidades de gasto, y viceversa. En el país, la Nación recauda 80% del total nacional pero sólo hace frente a 54% del gasto. Las provincias se ocupan del 38% del gasto y recaudan sólo el 15%. La génesis fue la descentralización de los servicios que hubo en los noventa.
El Iaraf estima la dependencia del poder central a través del indicador de “autonomía tributaria”, que mide qué porcentaje del gasto de una provincia es recaudado localmente. Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Corrientes y Chaco dependen casi en su totalidad de ingresos externos (sólo recaudan entre 6,3% y 12,5% de sus gastos). La Ciudad y la provincia de Buenos Aires son las más autónomas

Arde Córdoba capital: Mestre dijo que no puede pagar los sueldos

El intendente dijo que el municipio sólo cuenta con $18 millones cuando necesita $120 millones para pagar los haberes de los empleados municipales y de las empresas que dependen de la comuna correspondientes a diciembre.


El intendente de la ciuda de Córdoba, Ramón Mestre, anunció este viernes (30/12) en conferencia de prensa que el municipio no podrá pagar los sueldos de diciembre a los empleados municipales, del transporte público Tamse y de la empresa de residuos Crese.

Mestre, quien asumió como intendente el 10/12 último, explicó la imposibilidad del gobierno comunal de hacer frente a sus obligaciones argumentando que el Ejecutivo cuenta con $18 millones en las arcas para sueldos cuando debe afrontar erogaciones por $120 millones

"La semana que viene tenemos que afrontar en términos líquidos erogaciones por más de $120 millones tienen que ver con los gastos salariales de los empleados municipales, de la Crese y en parte de los sueldos de Tamse, como así también de gastos necesarios e imprescindibles para poder llevar adelante las funciones de los servicios básicos que necesita nuestra ciudad", dijo Mestre en conferencia de prensa en el Palacio 6 de Julio, según informa el sitio LaVoz.com.ar.

En consecuencia, resaltó, el Ejecutivo cuenta para esos conceptos con $18 millones, con lo que le faltarían 102 millones para liquidar los haberes de diciembre. En ese sentido, Mestre dijo que no sabe cuándo podrá pagar los salarios.

Por otro lado, Concejo Deliberante cordobés aprobó este viernes un aumento impositivo.

Los docentes de Santa Cruz denuncian el “despilfarro tremendo” de Peralta

El titular de uno de los gremios, Pedro Muñoz, acusó al gobernador de no tener manejo de las cuentas públicas de la provincia y advirtió que la responsabilidad del ajuste es de todo el Frente para la Victoria, incluida La Cámpora.

El titular del gremio docente santacruceño ADOSAC, Pedro Muñoz, denunció hoy un "despilfarro tremendo" y un total "desmanejo" de las cuentas públicas del gobierno de Daniel Peralta, y aseguró que las decisiones "nunca" las toma la administración provincial sino que "se digitan" desde afuera, en alusión a la Casa Rosada.

Muñoz, quien ratificó su absoluto rechazo a la emergencia económica que ayer intentó aprobar el gobierno de Peralta, responsabilizó al mandatario provincial y a La Cámpora por la situación que derivó en las protestas desatadas frente a la Legislatura, que terminaron en una dura represión policial.

"Les pedimos a los diputados que no sesionaran, pero se tomó la decisión política de avanzar en el ajuste y ahí la responsabilidad es del Frente Para la Victoria en su conjunto, desde Peralta hasta La Cámpora", enfatizó.

En declaraciones a radio El Mundo, Muñoz disparó: "Ha habido tal desmanejo de la provincia, tal descalabro...Como había muchas divisas hubo un despilfarro tremendo. Lo que pasa es que el gobierno mira para atrás y no hay nadie para echarle la culpa porque son ellos que hace 21 años que están gobernando".

El líder gremial sostuvo que "como se ha visto siempre dentro del espectro del Frente para la Victoria, las decisiones en general no las toma el gobernador; nunca ha sido así, a excepción de cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia".

"Después, cuando Kirchner ascendió a la Presidencia, las decisiones se digitaban" desde "afuera", afirmó el sindicalista, en alusión a la Casa Rosada.

Cuando se le preguntó si, a la luz de esas afirmaciones, Peralta es un mandatario "sin poder", Muñoz respondió: "En principio sí".

El dirigente docente insistió en apuntar al descontrol de las cuentas públicas en Santa Cruz. "Nadie conoce fehacientemente cuáles son los montos económicos, los presupuestos son un dibujo aquí, nadie conoce cómo se maneja la plata", enumeró.

Añadió que "con los 580 millones de dólares (de la época de Kirchner como gobernador) nunca se supo qué pasó, nunca fue clarificado".

En cuanto a la crisis política desatada en la provincia, que derivó en la renuncia de al menos dos funcionarios del gabinete y el retiro de La Cámpora del gobierno, Muñoz la calificó de "preocupante".

"La cuestión interna que está viviendo el Frente Para la Victoria era un secreto a voces aquí en la Provincia, pero ayer quedo mucho más que claro y nos da la pauta que esto se podría haber evitado porque le pedimos a los diputados que no sesionaran", resaltó.

SE EXTIENDE EL AJUSTE

En medio de manifestaciones, Soria consigue aprobar la emergencia económica

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto de ley de Emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social impulsada por el gobernador Carlos Soria. Así, se aplica el pase a disponibilidad de todos los empleados de la administración pública.

En medio de manifestaciones y protestas de los empleados estatales, la legislatura de Río Negro consiguió aprobar la ley de Emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social que pasa a disponibilidad a todos los empleados de la administración pública.

La iniciativa contó con el aval de los legisladores del Frente para la Victoria mientras que fue rechazada por los bloques de la oposición -Concertación, ARI, PPR y Unidos por Río Negro- que la consideraron inconstitucional y arbitraria.

La Policía desplegó un amplio operativo para contener las manifestaciones de estatales que, desde las 10 de la mañana, cuando se inició la sesión, rodearon el edificio. Las protestas se multiplicaron en toda la provincia.

Luego de la aprobación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo a la norma por considerarla inconstitucional y porque "legaliza el temor en los sectores laborales".

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, consideró que la ley de emergencia representa "la institucionalización de un grave ataque a todas las garantías constitucionales que tutelan la defensa de la estabilidad en el empleo público, y a la legalización del temor en los sectores laborales".

Por su parte, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de Río Negro presentó en Viedma un recurso de amparo ante la justicia provincial con el objetivo de "proteger la situación de los contratados".

Santa Cruz: fracasó el ajuste de Peralta en medio de una represión y heridos

La Legislatura no logró aprobar el paquete que propuso el gobernador, que entre otras medidas de ajuste eleva la edad jubilatoria. Los gremios se enfrentaron con la Infantería y hubo heridos. El vicegobernador ingresó disfrazado de policía a la Cámara de Diputados y anució la suspensión de la sesión.


La tensión por el ajuste iniciado por el gobernador Daniel Peralta va creciendo en Santa Cruz. Es que medio de manifestaciones y represión contra los gremios, el Ejecutivo fracasó en su intento de aprobar la emergencia económica y previsional que eleva la edad jubilatoria en unos diez años promedio. Finalmente, luego de los enfrentamiento y de diferencias internas con La Cámpora, el vicegobernador, Fernando Cotillo, anunció la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados.

Según el relato de los integrantes de la denominada Mesa de Unidad Sindical, la Infantería ingresó al patio interno de la Cámara y arrojó gases lacrimógenos. También disparó balas de goma contra los gremialistas que respondieron con piedras.

“Hubo un enfrentamiento hace una hora, ahora la infantería que está apostada. Ingresaron a la fuerza, tiraron balas de goma y quedaron dos compañeros golpeados aunque por suerte no es gravedad. Se vivieron momentos de tensión, hay compañeros de distintos sectores, familias que nos apoyan”, dijo el titular del gremio docente ADOSAC, Pedro Muñoz.

Sucede que los gremios intentaron impedir que los diputados del oficialismo –que cuenta con 22 de los 24 legisladores que componen la Cámara- llegaran al recinto para sesionar. Por eso, la Infantería intentó despejar el camino para el ingreso de los diputados.

Tan tensa era la situación que el vicegobernador, Fernando Cotillo, debió ingresar a la Cámara disfrazado de policía, según pudo saberse . En 2005, cuando era intendente de Caleta Olivia, y los municipales también tomaron medidas de fuerza, debió disfrazarse de bombero para salir del Municipio.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo es ampliamente rechazada por los gremios. Prevé la elevación de la edad jubilatoria de 54 a 65 años en los hombres y de 50 a 60 en las mujeres, la eliminación de la movilidad y el agregado de aportes extraordinarios, de entre el 3% y el 17% para los jubilados y del 2% al 5% para los activos.

En tanto, para los docentes, que hoy se jubilan sin límite de edad, el Ejecutivo quiere que los hombres se retiren a los 60 años y las mujeres a los 57 años, con aportes durante 30 años. De todos modos, existiría una cláusula por la cual los trabajadores podrán jubilarse como en la actualidad, pero serán penados con el descuento de los aportes personales y patronales hasta que cumplan la edad nacional.

Sesión suspendida y rumores de renuncia

De todos modos, Cotillo confirmó que la sesión finalmente se suspendió porque que “no están dadas las condiciones por un corte de luz en el edificio, falta de personal y por no estar dadas las condiciones fuera del edificio”.

“No se sabe cómo continuará la situación”, dijo a Tiempo FM de Santa Cruz. Sin embargo, luego se conoció que los diputados de La Cámpora -8 sobre 22 oficialistas- no quisieron acompañar el paquete de medidas porque “afecta derechos de los trabajadores”.

En ese sentido, el legislador Matías Bessi, explicó a la misma radio que La Cámpora se abstenía de votar el ajuste porque “la situación no da y en algún punto son cuestiones que tienen que ver con profundizar un modelo de gestión que se inició en 2003 y con un responsable como el gobernador Peralta a la cabeza y algunos componentes sindicales que acompañaron”

“En algún punto debe haber un acuerdo entre el gobernador y algunos líderes sindicales que están allá abajo como Garzón y Muñoz, que, por otro lado, entendemos que están defendiendo algunos aspectos sindicales que van en desmedro de algunos trabajadores municipales y de la 591”, indicó.

Pero el alejamiento de La Cámpora no sólo se traduce en un alejamiento en el legislativo. Según se anunció, los funcionarios que integraban el gabinete de Peralta también renunciaron, entre ellos el director del estatal del Canal 9, Gabriel Esteban Aguirre, y el secretario General de Gobierno, Francisco Anglesio, ambos muy cercanos a la familia Kirchner.

Mientras, en horas de la tarde comenzó a circular la versión de que Peralta podría dimitir agobiado y acorralado por las internas del propio oficialismo.

Con todo, en medio de la crisis también se anunció la postergación hasta mañana del vuelo que la presidenta Cristina Kirchner tenía planeado para hoy a la tarde hacia El Calafate para descansar antes de la operación que será sometida la semana que viene.

De todos modos, oficialmente se informó que surgió una nueva reunión con Amado Boudou después del encuentro que mantuvieron esta mañana. A las 18, se reunirá con el secretario de Obras Públicas, José López. Una hora más tarde, recibirá al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y a las 20 al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.