viernes, 27 de febrero de 2015

Miles de personas marcharon al cumplirse nueve años de la muerte de Paulina Lebbos

En el acto, familiares de Lebbos y organizaciones sociales y políticas exigieron que se declare la "emergencia nacional en derechos humanos". Por el crimen fue sobreseído el hijo del gobernador José Alperovich y la senadora Beatriz Rojkés
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http://cdn01.ib.infobae.com/adjuntos/162/imagenes/010/416/0010416458.jpgCrédito: Télam Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada, dijo, durante la marcha, que "no se trata de un marcha de silencio" porque "gritamos por justicia y marchamos bien identificados, para que todo el mundo sepa quién está en la calle".

Además, apuntó contra la senadora Rojkes, madre de uno de los acusados por el crimen, a quien le pidió que "le diga a sus nietos lo que hace el abuelo", en referencia al gobernador Alperovoch, quien, según denuncia, "encubre delincuentes".
20130711 - Alberto Lebbos FP
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De la marcha participaron María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de los fallecidos en el accidente ferroviario de Once; familiares de Cromañón, inundados de La Plata, Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga; organizaciones sociales y la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán.
En tanto, Luján Rey exigió que "los crímenes cometidos por funcionarios públicos no prescriban", y denunció que "ser poderoso es un pasaporte hacia la impunidad".
20130711 - Alberto Lebbos

Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006 tras compartir un remis con una amiga con la que había salido a bailar, y apareció muerta al costado de la ruta provincial 341, trece días después.
Según Alberto, a Paulina la llevaron a una fiesta en la que estaba el hijo del gobernador y el del secretario privado, por lo que los acusó de ser los responsables en su muerte.
El fiscal Diego López Avila pidió el pasado viernes el sobreseimiento de Gabriel Alperovich (hijo del gobernador) y de Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto Kaleñuk, ex jefe de Gendarmería y
secretario privado de Alperovich), por considerar que no hay pruebas para vincularlos con el encubrimiento del crimen.

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