Chevron y la fractura de la soberania

por Silvana Melo 

Habrá que explicarles alguna vez a los que están naciendo qué se hizo con el suelo hecho para sostenerse, para pararse, para que ande la libertad. Habrá que contarles la mitología de los pueblos soberanos, la leyenda de la independencia y la quimera del río azul que la araucanía consideraba Ñedken, arrogante y audaz.

El decreto 929 del Gobierno Nacional y la firma de la sociedad de YPF con Chevron es una amarga confirmación de que nada ha cambiado en el país en veinte años. Una desmentida brutal a Heráclito: la Argentina se baña dos veces en el mismo río. Pero antes lo fractura y lo contamina.

Con la sutileza de ahorrarse colocar a un empresario multinacional como ministro de Economía, el Gobierno reparte como naipes en juego los recursos naturales que se agotan y los deja en manos de quienes exprimirán la tierra y el río hasta volverlos desierto, los harán volar, los contaminarán y los dejarán temblando en los pies de la gente. Las leyes mineras del menemismo y el decreto cosido como una blusa a perfecta medida de Chevron responden a la misma matriz filosófica. La riqueza enajenada y con beneficios de patronal concedidos a las empresas multinacionales (a la Barrick, a Chevron, a Monsanto y a todas las que quieran venir a servirse de tan generoso plato) corresponden a una idea determinada de país. Con jefes inapelables en las sombras. Y un escenario colorido donde el poder de cartón hace creer que las decisiones de la médula pasan por Moreno o Kicillof. Habrá que explicarles a los que están llegando quién es la marioneta y quién el que le mueve los brazos.

El decreto 929 autoriza a empresas que realicen una inversión directa en moneda extranjera de mil millones o más (Chevron invertirá 1200 millones) en los primeros cinco años a exportar sin retenciones y con libre disponibilidad de los fondos que generen esas exportaciones. Es decir, nadie les exige que aunque sea una parte de esas divisas se queden en el país a cuya tierra someterán al fracking, fractura hidráulica, hidrofractura. O vejación profunda. Como las megamineras vuelan los cerros y someten a las rocas a la lixiviación por cianuro. Todas necesitan de un volumen de agua dulce monumental, arrancada a los árboles, a los peces y a la vida humana. Sin gestión del agua residual ni de la proliferación de químicos, generalmente devueltos a la ronda inocente del ecosistema.

Un año atrás el decreto 1277 declaraba la soberanía hidrocarburífera. La soberanía parece ser una esclava que pasa de manos. La nacionalización gloriosa y festiva de YPF devolvió el petróleo a manos de empresarios nacionales. No del Estado. Ahora las cosas vuelven a su curso natural. Es el tiempo de desnacionalizar. Y volver a secuestrar la soberanía. Para que no hable tonterías en los discursos vacíos. (El contrato con Chevron estará atado a la jurisdicción legal de Estados Unidos- La Nación, 17/07/2013).

El decreto apareció un día antes de la firma del convenio con la ex Standard Oil y socia fagocitadora de Texaco. Días antes, la Corte Suprema ponía fin al embargo determinado por Ecuador, donde el paso de Chevron dejó una marea de contaminación de futuro impredecible. “Se instaló en 1964 en la Amazonía ecuatoriana y explotó distintos yacimientos hasta 1990. En 26 años derramó 103 millones de litros de crudo, contaminó 63 mil millones de litros de agua y 480 mil hectáreas, afectando gravemente a 30 mil personas -aborígenes y campesinos-, que habitan la zona. (…) La Corte Suprema levantó un embargo de 19 mil millones de dólares pedido por la justicia de Ecuador por contaminación en ese país.” (Darío Aranda). No hay inocentes en esta historia.

Desde el sur hasta los nortes la Ñuke Mapu, la Pacha, la madre de todos los pájaros y todos los frutos les temblará en los pies. Habrá que explicarles. Que el Grupo Rockefeller es el dueño de Chevron y a la vez se relaciona con la explotación de petróleo en Malvinas y a la vez está ligado a los intereses de los agroquímicos y Monsanto y a la vez a la insaciable Barrick Gold.

En Vaca Muerta, en las profundidades cercanas al río Neuquén, hay gas y petróleo que yacen en los fondos abismales. En tiempos en que los recursos se agotan, no se cambian las matrices, no se piensa en modificar las fuentes de la energía que mueve las cosas. Entonces se buscan los hidrocarburos no convencionales. Es decir, aquellos que son de acceso complejo.

Para eso, aparece el fracking. O hidrofractura. Neuquén ya convive con el primer pozo horizontal multifractura. Y en Vaca Muerta vendrán a quebrarles la tierra a lo hondo y a lo ancho. A la comunidad originaria Gelay Ko, cerquita de Zapala, se le mueren los animales. El agua dejó de ser pura y se enferman más. A los mapuches que ayer rodeaban los pozos de Vaca Muerta les mutilarán su espacio y les intoxicarán el aire y el agua. La tierra, la Ñuke, les temblará bajo los pies.

El fracking es un terremoto debajo de la tierra generado por explosiones. Primero se produce una fractura vertical para quebrar las rocas que contienen hidrocarburos en sus poros. Luego, el quiebre es horizontal. Para lograrlo, se utiliza un enorme volumen de agua dulce en mezcla con 203 químicos. Cada excavación requiere 30 millones de litros de agua: el consumo diario de una ciudad de 80.000 habitantes. Si un pozo de petróleo convencional necesita 100.000 litros de agua, uno no convencional se lleva 3.500.000 (Marcelo Sarlingo, antropólogo y magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Humano)

El modelo vorazmente extractivo que hoy aparece con el rostro maquillado de Chevron –pero que es Monsanto, Cargill, Barrick, Osisko y más-, lastima con la misma ferocidad la soberanía y el ambiente. El fracking, además de dejar agujeros vacíos en la entraña de la tierra (como en los cerros volados y la lixiviación con cianuro), además de obligar bajo tortura a la tierra a entregar sus vísceras más secretas y valiosas, sacudirá esa intimidad. Es un terremoto subterráneo. Que producirá veneno en el agua y sismos futuros en la necesidad de reacomodamiento del adentro fracturado.

Mientras tanto, la resistencia está en pie. Y será la diadema a mostrarles a los que están naciendo. Habrá que explicarles y decirles que es posible resistir. “Tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking: Cinco Saltos, en Río Negro, picó en punta, superando incluso el veto de la intendenta; en Entre Ríos, ya son 10 los municipios que prohibieron esta técnica y en Mendoza, cuatro departamentos (…) Una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking (…). La Confederación Mapuche del Neuquén dio a conocer un comunicado en el que rechazan el pacto entre Chevron e YPF, y afirma que no dejarán ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana, a sus territorios ancestrales” (Maristella Svampa, documento de Plataforma 2012).

Habrá que explicarles a los que están llegando qué se hizo con el suelo que les temblará en los pies. Con el aire y el agua hechos para la vida. Con la tierra que les mienten soberana.

Habrá que crecerlos en la resistencia. Para la libertad.

Deuda Pública Argentina: Reconversión de deudas ilícitas 

por Facundo Gutiérrez Galeno 
El Gobierno Nacional ha publicado nueva emisión de deuda por más de 2.000 millones de pesos y títulos en dólares por 1.378 millones. Según cifras oficiales la deuda pública aumentó en 2012 más de 18.800 millones de dólares. Datos y cifras que desvanecen la retórica del (des)endeudamiento y agudizan una peligrosa política de reconversión de deudas ilícitas.

En las dos últimas semanas el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de la Secretaría de Finanzas y Hacienda pertenecientes al Ministerio de Economía, ha publicado en Boletín Oficial varias emisiones de deuda pública por 3.770 millones de pesos y 1.844 millones de dólares. Las operaciones de crédito tienen por objeto captar dinero público para hacer frente a los vencimientos de servicios de la deuda. Las continuas emisiones vienen a cumplir con el calendario de endeudamiento fijado en las leyes de presupuesto. Esta particular política de (des)endeudamiento trajo consigo un aumento de la deuda de 18.800 millones de dólares en 2012.

Como destacáramos en anteriores notas, el Estado Nacional sigue acrecentando su deuda pública con sendas emisiones de títulos y bonos en pesos y dólares. En la última semana se publicaron en Boletín Oficial (BO) cuatro resoluciones conjuntas de la Secretaria de Finanzas y Hacienda por medio de las cuales se emitieron Letras del Tesoro en pesos por valor de 2.035 millones, y bonos por 1.378 millones de dólares. Las letras en pesos fueron suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares. Los títulos en dólares fueron suscriptos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina SA (ENARSA). Ambas emisiones tuvieron como objeto la cancelación de servicios de la deuda pública.

Resoluciones Conjuntas 341/2012 y 84/2012: Este viernes 28 de junio de 2013, se publicó en el BO la emisión de una Letra del Tesoro en pesos por valor de 835 millones de pesos para ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES). La letra lleva fecha de emisión del 28 de noviembre de 2012, con plazo de un año, con amortización de capital íntegra al vencimiento e intereses del 19 % anual a pagar trimestralmente. La letra será transferible y tendrá cotización en los mercados. El dinero prestado por la ANSES será destinado al pago de los servicios de la deuda pública.

Resoluciones Conjuntas 290/2012 y 75/2012: El mismo viernes 28 de junio, también se publicó en BO la emisión de dos letras en dólares. Una por 1.378 millones de dólares para ser suscripta por CAMMESA, con fecha de emisión del 18 de enero de 2012, plazo de dos años y once meses (vencimiento 18/12/2014), amortización en diez cuotas e interés a pagar a la tasa LIBOR más seis por ciento anual. En la misma resolución se autorizó al emisión de otra Letra del Tesoro por 21 millones de dólares a ser suscripta por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA) en las mismas condiciones que la anterior emisión. Ambas tienen por objeto asegurar la cancelación de deuda pública externa que CAMMESA y ENARSA asumieran con la petrolera venezolana PDVSA.

Resoluciones Conjuntas 266/2012 y 72/2012: Por su parte, este martes 2 de julio, la Secretaría de Finanzas y Hacienda publicó en Boletín Oficial la emisión de una Letra del Tesoro por un valor total de 900 millones de pesos. Con amortización íntegra al año, el título fue suscripto por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES) con intereses a pagar trimestralmente del 19 % anual. La letra fue emitida en cumplimiento de la Ley de Presupuesto de 2012, con la finalidad de cancelar vencimiento de deuda pública correspondiente a dicho año financiero.

Resolución Conjuntas 126/2013 y 24/2013: El mismo martes 2 de julio, se publicó en BO la emisión de una Letra del Tesoro en pesos a ser suscripta por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, con vencimiento el día 16 de mayo de 2014, por un monto de 300 millones de pesos. Amortización íntegra al vencimiento e intereses del 18 % anual pagaderos trimestralmente. La deuda fue emitida en virtud de las facultades conferidas por el Art. 32 de la ley de presupuesto 26.784 correspondiente al ejercicio 2013, con la finalidad que lo recibido en préstamo por el Instituto irá al pago de servicios de la deuda pública.

Como se observa, las continuas emisiones tienen un denominador común: obtener dinero de organismos públicos, o empresas controladas por el Estado, para destinarlo al pago de servicios de la deuda. Lo que llama la atención es que muchas de estos títulos tienen fecha de emisión en 2012. Se publican en Boletín Oficial en estos días pero con fechas al año pasado. La desprolijidad es manifiesta. La inquietud perdura y las preguntas apremian. ¿Cuándo fueron emitidas las letras? ¿Por qué se publican en este año resoluciones conjuntas de la Secretaría de Finanzas y Haciendas del año 2012? Posibles respuestas: O bien la letras fueron emitidas el año pasado y recién ahora se blanquean, o la letras son emitidas este año con fecha anterior en cumplimiento de la ley de presupuesto de 2012. Sea como fuere, se acentúa la necesidad de financiamiento público para cubrir vencimientos de deuda.

Aumento de la deuda pública

El Ministerio de Economía de la Nación, a través del Secretario de Finanzas Adrián Cosentino, acaba de informar la actualización de las cifras de la deuda pública argentina al 31 de Diciembre de 2012. En el informe presentado surge que el saldo de deuda pública a fin del año pasado era de 209.000 millones de dólares, correspondientes a deuda “performing” (en cumplimiento) por 197.000 millones, y 11.500 millones de holdouts o bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005-2010. Como bien destaca el licenciado Héctor Luis Giuliano en su reciente artículo “El aumento de la deuda pública”, esta cifra sólo considera la deuda pública en cabeza del Estado Central pero no incluye la deuda de las provincias y municipios, la deuda cuasi fiscal del Banco Central, la indirecta de empresas y organismos del Estado ni la deuda contingente.

Del propio informe brindado por la Secretaría de Finanzas, se desprende que la deuda pública aumentó 18.800 millones de dólares en 2012, debido a que la deuda pública al 31 de diciembre de 2011 estaba en 190.000 millones de dólares (179.000 millones “performing”, y 11.200 holdouts). Un incremento del 10 % anual. Como señala Héctor Giuliano, el aumento es producto de un incremento de deuda real de 24.000 millones menos un ajuste negativo por valuación de 5.400 millones, más la sumatoria de rubros menores por unos 200 millones. El incremento es muy superior al previsto y autorizado por la ley de presupuesto del año 2012. La ley 26.728 preveía un aumento de 11.700 millones de dólares, que surgían de restar al endeudamiento autorizado de 51.800 millones el pago de capital por 40.100 millones. En el año 2011 la deuda aumentó 14.600 millones de dólares.

Sin embargo, a la deuda informada por el Ministerio de Economía falta agregarle intereses a pagar calculados en 71.600 millones de dólares, cupones ligados al crecimiento del PBI por saldo pendiente de 16.000 millones, las deudas provinciales y municipales, deuda indirectas de empresas y organismos dependientes del Estado, deuda no registrada, deuda cuasi fiscal del Banco Central, entre otras. Todo ello arroja una cifra de deuda pública superior a los 350.000 millones de dólares, representando alrededor del 80 % del PBI. Según el informe, la relación Deuda/PBI era del 45 % a fin de 2012, superior a los 41,8 % registrados a fin de 2011. Sin embargo, la deuda pública en su totalidad sigue ubicándose muy por encima de la media del 35 % de la década menemista, y del 50 % registrado en 2001.

Es preciso mencionar que la información recientemente publicada contiene diferencias sustantivas con las establecidas en estimaciones oficiales anteriores, y con la propia ley de presupuesto sancionada en 2013. Así, el informe del Ministerio de Economía establece que los vencimientos de deuda pública para el año corriente por capital son 33.700 millones de dólares, e intereses por 6.800 millones. Sin embargo, el propio Ministerio había estimado (al 30 de junio de 2012), que los vencimientos de capital e intereses para el año en curso ascendían a 17.200 y 6.000 millones de dólares respectivamente. A su vez, ambas cifras son menores que las proyectadas en la Ley de Presupuesto 26.784 (2013), donde se autoriza un endeudamiento público de 36.500 millones de dólares de capital y 10.800 millones de intereses.

Como manifiesta Giuliano, “los datos que el Ministerio informa a la opinión pública son así mucho menores que los que realmente aprueban nuestros legisladores a través de las leyes de presupuesto.”

La deuda con el sector público

Otro de los aspectos claves del informe oficial es la brindada sobre la deuda intra-sector público. Es decir, aquella que el Estado Central debe a organismos públicos descentralizados, agencias estatales, o empresas controladas por el Estado como son entre otros: ANSES, Banco Central; Banco de la Nación Argentina, Lotería y Casinos, AFIP, PAMI, ENARSA, CAMMESA, etc. El informe destaca que la deuda pública con sectores privados continua disminuyendo hasta ubicarse en el 13,1 % del PBI. Por el contrario, la deuda con el sector público aumentó de sobremanera al representar el 58 % de la deuda pública total. Así, al año 2010 la deuda con el sector público era del 46,8 % y a finales de 2011 la misma trepó al 53,8%, para ubicarse finalmente en el 58 % a fines de 2012

Los grandes medios compran el discurso oficial donde se destaca que el crecimiento de la deuda con el sector público, y la consiguiente disminución de la deuda con el sector privado, corrobora la política de (des)endeudamiento que vive la Argentina en los últimos años. Ello, amparado en el subterfugio de que la deuda intra-sector público conlleva menos peligro de colapso y más independencia financiera de los sectores privados y organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, no se analiza la peligrosa conversión y cambio de acreedores que está llevando a cabo el Gobierno Nacional. Se toma partidas y fondos públicos con destinos específicos para cubrir vencimientos de deuda con acreedores privados y organismos internacionales. Así se internaliza deuda por vía de “estatización de obligaciones” sin la demostración de la capacidad de repago del Estado de la deuda asumida con el sector público.

Una lógica perversa se apodera de las finanzas. Como precisa Giuliano, “la lógica de esta política sería descargar la mayor parte de los compromisos actuales de la deuda externa con terceros transfiriéndola como deuda intra-Estado, utilizar esta deuda como préstamo puente interno para sostener la crisis de la deuda que afecta hoy a la Argentina, y preparar con ello el regreso de nuestro país a los mercados internacionales de capitales, justamente para volver a tomar más deuda externa”.

Reconversión de deuda ilícita

La creciente deuda con el sector público es parte de una lógica que viene agudizándose en toda América Latina. Es la conversión de deuda pública del sector privado al sector público, y el desvanecimiento de la relación histórica del proceso de endeudamiento de los Estados. Los medios que reproducen el falso discurso de una deuda “más sustentable” no se detienen en perspectiva de fraude y estafa que implican las deudas nacionales. Desde su conformación y crecimiento en los años 1976/83 hasta la actualidad, las políticas públicas con respeto a la deuda han licuado responsabilidades y ocultados ilícitos e ilegitimidades en su conformación y posteriores negociaciones.

Nadie menciona que nuestra deuda es consecuencia jurídica directa de la dictadura militar. A partir de 1976 las empresas del estado eran obligadas a endeudarse en dólares con el exterior para cubrir falsos déficit operativos internos en moneda nacional. Los dólares que ingresaba por endeudamiento eran destinados al mercado cambiario para ser utilizados en la fuga de capitales por grandes grupos económicos como consecuencias de las ganancias obtenidas por la timba financiera (tablita de Martínez de Hoz). De esta manera, el Estado fijaba cupos de endeudamiento trimestral para las empresas públicas. La propia justicia federal corroboró en la causa 14.467, iniciada por Alejandro Olmos, más de 477 ilícitos en la conformación de la deuda de pública. Un puñado de grandes empresas locales y extranjeras, junto con los principales bancos internacionales lucraban a costa de endeudar el patrimonio nacional.

Luego vinieron las estatizaciones de deuda privada en 1982/85. Grupos que se endeudaron en el exterior, o que fraguaron endeudamiento a partir de mecanismos como autopréstamos, lograron transferir sus deudas al Estado Nacional. Todo ello fue motivo de investigación por parte del Banco Central en el año 1984 (Circular 340). Sin embargo, luego de encontrar varias irregularidades e ilícitos en la conformación de la deuda privada asumida por el Estado, la investigación fue recortada y luego archivada. Allí intervinieron como funcionario de la complicidad y silencio Domingo Cavallo, Carlos Melconian y Daniel Marx.

Luego de sendas negociaciones con el Club de París por deuda ilícita de la dictadura, llega el Plan Brady para América Latina. Un plan ideado por el Secretario de Estado estadounidense, Nicholas Brady, que tenía entre otros objetivos establecer los montos de la deuda y renovar una deuda dispersa, ilícita e incobrable por otra consolidada y cobrable. El Estado Nacional no tenía registros contables de la deuda pública. Por el plan Brady Argentina emitió nuevos bonos para canjearlos por los pagarés emitidos por el Banco Central, los contratos de deuda del Estado Nacional y las provincias, y todas otras obligaciones que vencieran antes del canje. Así, y de la mano de un comité de Banco liderados por el Citibank, la Argentina establecía y regularizaba su ilícita deuda.

La supuesta novación continuó hasta que - crisis mediante- llega el blindaje financiero de 2000, y después el Megacanje de 2001. Ello en respuesta a una situación límite crediticia, producto del fuerte endeudamiento público de los años noventa basado en el mantenimiento de una política de fuga constante de capitales a partir del sistema de convertibilidad. En 2001 se canjearon 46 títulos en circulación por 5 nuevos títulos. Las comisiones cobradas por los bancos que oficiaron de colocadores ascendieron a casi 150 millones de dólares. Con el Megacanje se obtuvo una recomposición de los plazos pero un crecimiento extra de la deuda en más de 55.000 millones de dólares.

En 2001 la mitad de la deuda cae en default, principalmente títulos en poder de acreedores privados. En 2002 llega la pesificación asimétrica y los seguros de cambio que beneficiaron a los grupos económicos que generaron las crisis. Se compensa a empresas y bancos, y se emite deuda por más de 50.000 millones de dólares. La deuda se torna inmanejable, los acreedores y los organismos internacionales de créditos exigen una reestructuración que permita nuevamente regularizar los pagos anuales y renovar los títulos cuestionados. En enero de 2006 se cancela toda la deuda al Fondo Monetario junto con Brasil, Turquía y Rusia, principales deudores del FMI. De esta manera la Argentina transitó las continuas políticas de emisiones y reestructuraciones o canjes.

La deuda carga ilicitud, ilegitimidad, fraudulencia y estafa desde su origen reciente en los años de plomo. El transitar espurio ha sido probado en varios expedientes de la justicia federal. Y todos los actos administrativos celebrados en su conformación, estatización, negociaciones renegociaciones, blindajes, megacanjes, reestructuraciones; conllevan nulidades absolutas por ilícitos cometidos. Incumplimientos de competencias, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidades de los actos dictados. Las nulidades en el Derecho Administrativo son absolutas. Es decir, no existe novación de deudas, transformación de obligaciones viejas en nuevas que conlleva la extinción de las anteriores. El Art. 802 de nuestro Código Civil prohíbe la novación de obligaciones anteriores ilícita o nulas.

En otras palabras, si la deuda pública que hoy pagamos y reconvertimos reconoce su origen en ilícitos e ilegitimidades de los años de plomos, continuados en los gobiernos democráticos subsiguientes, la nulidad de origen jamás se pudo haber convalidado. Los contratos están viciados de nulidad y las obligaciones que de ellos surgen devienen inexistentes. Es necesaria una auditoría exhaustiva por parte del pueblo argentino que permita exigir la nulidad de la deuda pública nacional con sustento en el principio de invalidez de los actos administrativos contrario a las leyes, de las obligaciones fundadas en causas ilícitas y la imposibilidad de novar obligaciones nulas. Tenemos material de sobra reunidos en las distintas causas que tramitaron y tramitan en la justicia federal, que nos permite exigir la suspensión de pagos de la deuda ilícita y solicitar la nulidad de todas las obligaciones financieras que de ella se derivan.

Como conclusión, y retomando el informe oficial, podemos afirmar que el crecimiento de la deuda con el sector público es altamente perjudicial al pueblo argentino. Conlleva una peligrosa política de reconversión de deudas ilícitas que licua responsabilidades y desvanece el sentido de las estafas. El crecimiento de la deuda pública - principalmente la deuda en manos del propio Estado- denota una política de privilegio de pagos a acreedores privados y organismos multilaterales, y una clausura a cualquier salida popular a la trampa de la deuda. ¿Cómo vamos a plantear la ilicitud de la deuda, o la nulidad, si los acreedores ahora son los jubilados argentinos?

 Nuevo acto de fe

Deuda por U$S 800 millones

por Facundo Gutiérrez Galeno

El Gobierno Nacional emitió deuda pública por un total de 1735 millones de pesos y 466 millones de dólares, a través de la emisión de Bonos y letras del Tesoro. Los bonos fueron entregados a empresas de los sectores avícolas y molinos harineros, y las letras fueron colocadas en la ANSES. Las emisiones fueron autorizadas por la Ley de Presupuesto de 2012 y 2013.El Gobierno Nacional emitió deuda pública como nuevo acto de fe. Por medio de las Resoluciones conjuntas N° 255-66/12, 144-25/13 y 83-21/13 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, organismos dependientes del Ministerio de Economía, se dio a conocer en Boletín Oficial la emisión de nueva deuda pública en pesos y dólares, y el blanqueo de emisión de deuda del año 2012. El total de las emisiones ronda los 800 millones de dólares y fueron autorizados por las leyes de Presupuesto de Gastos de la Nación correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.
Este miércoles 19 de junio de 2013, se publicó en Boletín Oficial tres las resoluciones conjuntas por medio de las cuales se colocó deuda por 1735 millones de pesos y 466 millones de dólares. La emisión en pesos consistió en la colocación de dos Bonos del Estado (BONTE) por 950 millones con emisión al 2012, y ampliación de 750 millones en 2013. La deuda en dólares fue autorizada a través de la colocación de dos Letras del Tesoro (LETE) en dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Las emisiones tienen como objetivo el pago de subsidios a empresas del agro y la cancelación de vencimientos de deuda.
Bonos del Tesoro 2016 (BONTE 2016): La emisión de deuda pública en pesos fue dispuesta por las Resoluciones Conjuntas 255/2012 y 66/2012, y 144/2013 y 25/2013. Por la primera de ellas, y luego de 8 meses, se blanqueó la emisión de un Bonos del Tesoro por 950 millones de pesos realizada el 4 de septiembre de 2012 de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto de ese año. A ello se agrega autorización para la emisión de una ampliación de colocación de BONTES 2016 por 750 millones de pesos bajo autorización conferida por Ley de Presupuesto 26.784 del año 2013. La nueva deuda en pesos emitida por el Estado Nacional totaliza 1.735 millones de pesos, equivalente a 327 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Los títulos serán emitidos en pesos bajo legislación nacional, con fecha de emisión al 1° de septiembre de 2012 y vencimiento al 1° de diciembre de 2016. Devengarán un interés equivalente al promedio ponderado por saldo de los depósitos de Caja de Ahorro en pesos del Banco Central, y pagaderos trimestralmente. El capital también se amortizará por trimestres en 16 cuotas. Las emisiones serán suscriptas por empresas de los sectores avícolas y molinos harineros en el marco de los acuerdos de pago de compensaciones celebrados con la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ex ONCCA). Es decir, como pago en concepto de subsidios por los acuerdos de precios celebrados con la Secretaría de Comercio.
Letras del Tesoro en dólares (LETES): Por su parte, la emisión de deuda pública en dólares será del orden de los 466 millones, a través de la colocación de dos Letras del Tesoro en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Una de ellas de 350 millones de dólares y otra por 116 millones, con vencimiento a un año e interés del 5 % nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente y la amortización íntegra al vencimiento. Las letras serán transferibles y tendrá cotización en los mercados de valores locales. La ANSES podrá colocar los títulos o venderlos al mejor postor. Lo prestado por el Sistema Previsional será destinado al pago de servicios de la deuda pública.
Como manifestamos en anteriores notas, la emisión de deuda pública del Estado Nacional sigue siendo muy alta. La deuda intra-sector público sigue creciendo a pasos agigantados en procuras de fondos que permitan cubrir las necesidades financieras en el pago de la deuda nacional. La mayoría de los organismos o dependencias públicas descentralizadas son utilizados para financiar el pago de servicios de deuda pública a acreedores privados. Así el Fondo de Garantía de la ANSES tiene el 60 % de sus activos (valuados en 227.000 millones de pesos al 30.9.2012) en títulos públicos. El mismo fenómeno se observa en la AFIP, Fondo de Reconstrucción Empresaria, Lotería Nacional y Casinos, el PAMI y el Banco Nación. Una reconversión peligrosa de acreedores privados a públicos. 
En esta oportunidad se suma la entrega de subsidios por 1.735 millones de pesos a empresas avícolas y molinos harineros por medio de BONTES 2016. Cabría preguntarse por qué no se publican ni se detallan qué empresas del sector recibirán los títulos públicos emitidos y a emitirse en la presente autorización. Quiénes son los empresarios beneficiados con estas colocaciones en pesos, y qué acuerdos celebraron con la Secretaría de Comercio de Nación. En qué marco y cuáles fueron los beneficios de precios recibidos por el pueblo argentino. Información de vital importancia que no ha sido publicada ni formó parte de las resoluciones conjuntas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación.
Todo duerme en el oscuro limbo de la deuda pública. La emisión y colocación de miles de millones de títulos comporta una pesada carga para el pueblo argentino y sus generaciones venideras. El Gobierno incumple en cada emisión con el derecho constitucional de base republicana que impone el deber de todo gobierno de hacer pública la información atinente al manejo de la hacienda nacional. Todo ciudadano tienen derecho al acceso a la información pública, máxime cuando se encuentra en juego la “relevancia de los intereses públicos gestionados”, según sostuvo la Corte en un reciente fallo contra el PAMI (1). El principio republicano establece la obligación de la publicidad de todo acto de gobierno. Y así está consagrado en la Constitución Nacional (2), los tratados internacionales con jerarquía constitucional y el Decreto 1172/2003.
La carencia de información y detalle en el manejo de la deuda pública es una constante de las políticas oficiales. Basta mencionar que el Ministerio de Economía mantiene desactualizada la cifra de deuda pública al 30 de junio de 2012. Es necesario que pueblo exija la publicación detallada de los títulos emitidos, se realice un censo de acreedores para determinar quiénes son los tenedores, y una evolución histórica de los ilícitos y fraudes en el proceso de conformación de nuestra espuria deuda pública. De otra manera, la deuda seguirá creciendo a espalda de la ciudadanía y sus pagos se saldarán en sendas libras de carne y nuevos financiamientos.
Como dijera un célebre filósofo del siglo XIX, la única parte presunta de la riqueza nacional que entra de verdad en la posesión colectiva de los pueblos modernos es su deuda pública. El credo del capital es admirar el endeudamiento como forma de enriquecimiento de los pueblos. Actos de fe sin rendición de cuenta alguna particulariza las políticas de deuda llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, porque la falta de fe en la deuda pública ocupa, desde la incubación de ésta, el lugar del pecado contra el Espíritu Santo, antes el único imperdonable.

NOTAS:
(1) “Asociación Derechos Civiles c/ EL PAMI (decreto 1172/03) s- amparo”, CSJN, 04/12/2012.
(2) Artículos 10, 14, 16, 31, 32, 33 Y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros  

¿El granero del mundo se quedó sin trigo? 

por Daiana García 

El tema del pan está en boca de todos, pero no para comer. En las últimas dos semanas, los medios de comunicación repetían que iba a faltar la harina y que el precio iba a subir a 18 pesos el kilo, que el pan y los fideos iban a estar más caros que la carne. Pero cuál es el trasfondo de este conflicto. “El problema –afirma este artículo– no sería por la falta de oferta real sino por un error de cálculo del Gobierno, que obtuvo los pesos que necesitaba hace un año, pero ahora se ve en un brete con respecto a un alimento esencial en el consumo de los sectores populares”.

Desde el 2006, el mercado exportador de trigo se encuentra regulado: un año antes de que se venda el trigo, los productores ya saben cuál es el cupo máximo de exportación, en función de la cosecha que se espera y de la necesidad del mercado interno. En junio de 2012, se estimó que se iban a producir unas 13 millones de toneladas de trigo, de las cuales seis se destinarían al mercado interno, una sería para evitar inconvenientes en la previsión, y el resto, seis millones de toneladas, se exportarían. Una vez hecho este cálculo, el Gobierno nacional decidió que era posible otorgar permisos de exportación (los nombrados ROE) para el excedente.

¿Para qué le sirve al Gobierno otorgar permisos de exportación? Mediante este instrumento, el Gobierno puede cobrar las retenciones (impuestos) a las exportaciones por adelantado. Es un intercambio: “yo te dejo exportar mañana, pero vos pagame los impuestos hoy”. La cuenta daba perfecta en junio de 2012, pero en diciembre ya se sabía que la cosecha de trigo no iba a ser tan buena como se esperaba, debido a las inundaciones y a enfermedades en los cultivos. Entonces, la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, que es quien regula los permisos para la exportación, salió a “avisar” que se debían bajar las ventas al extranjero de seis a cuatro millones y medio de toneladas, para evitar el desabastecimiento interno. La medida se tomó efectivamente en marzo de este año.

Como era de esperarse, la respuesta del campo no fue del todo positiva: los productores habían pagado sus retenciones y ahora no podrían contar con el reembolso de dinero que esperaban por vender su trigo en el mercado mundial. En este tire y afloje de poder, los productores y/o grandes comercializadores prefirieron “desensillar hasta que aclare” y dejaron de vender el trigo que debía abastecer al mercado interno. Así, la harina comenzó a escasear, ya que las molineras no tenían trigo para producir la harina necesaria. Para evitar este inconveniente, Moreno salió a avisar que si no vendían la harina iba a aplicar la Ley de Abastecimiento Interno (Ley 20.680/1974), que obliga a los productores a vender a las molineras el trigo que se encuentre dentro de las fronteras nacionales, de forma tal de abastecer el mercado interno. Las amenazas de Moreno surtieron efecto y terminaron por vaciar los silos y llenar las molineras.

Por último, si bien se pudo garantizar la molienda del trigo, no se llegó aún a los seis millones de toneladas necesarias para el consumo interno. Por ello se está intentando mantener el precio del pan a bajo costo. La Secretaría de Comercio fijó el precio del pan en 10 pesos pero, según los empresarios que nuclean a las panaderías, ese precio no permite a los productores ser rentables. El problema, entonces, no sería por falta de oferta real sino por un error de cálculo del Gobierno, que obtuvo los pesos que necesitaba hace un año, pero ahora se ve en un brete con respecto a un alimento esencial en el consumo de los sectores populares. Efectivamente, los hogares de menos ingresos son los más perjudicados por esta situación, ya que son los que gastan una mayor parte de sus ingresos en la compra de pan, fideos y otros derivados de la harina y el trigo, como base de su alimentación cotidiana.

Mientras tanto, el precio del pan “blue” cotiza a 18 pesos y el precio oficial a 10 pesos –pero sólo hasta las 10 de la mañana.

Gacetilla de prensa: Nuevo libro de Juan Carlos Córica, el noveno de la saga, publicado por editorial Lumen

El libro “El Copamiento”, continua la saga que Juan Carlos Córica iniciara con su primer texto, “El Desencuentro de los Argentinos”, en 1993. El prestigio de la editorial Lumen sirve de referencia para ofrecer un nuevo texto sobre el eje de lo socio-cultural y lo político desde una perspectiva que a la vez de posibilitar la percepción desde un enfoque integral y sistémico de tan importantes cuestiones. El autor sostiene y acrecienta el tratamiento de estas temáticas, manteniendo el enfoque que se corresponde con paradigmas del humanismo cristiano, situado, en el territorio de la Argentina.

En “El Copamiento”, la cuestión cultural aparece en el centro de la trama de un proceso sutilmente invisibilizado con intención de copamiento de una comunidad bonaerense. Un malestar en la cultura que cruza e impacta en un núcleo social con efectos y consecuencias sobre gentes que sienten su idiosincrasia herida por factores que los sorprende y angustia. Territorio cultural que el libro aborda mostrando su entramado constituido por una problemática doblemente compleja. Compleja por su impacto sobre el tramado social, familiar y personal, con secuelas y derivaciones de significación en la cotidianidad de un pueblo bonaerense.

Frente a semejante cuadro, el autor apela a un formato literario que articula novela con ensayo. Estructuración que facilita el tratamiento simultáneo y la conexión de situaciones donde la realidad se encuentra cruzada, enlazada, interconectada en múltiples planos, demandando a los protagonistas un tipo de inteligencia que no muchos logran aplicar para salir de estos particulares infiernos que llegan a provocar exilios que, no siendo territoriales, lo son consustancial con destierros que se materializan por secuencias de percepción fragmentada. Estado de situación que compone un rompecabezas que exige capacidades especiales de los sometidos a tales procesos.

Un escenario que de pronto crece en oscuridades, internando a quienes lo experimentan, crecientemente, en situaciones y dimensiones donde lo intangible juega un papel preponderante. Realidad inquietante, molesta, con especie de agujeros negros que abruman y provocan desasosiego. Cuadros que en un primer momento se los confunde con problemáticas psicológicas pero que, en estos casos, se trata de problemas sociológicos que impactan y llegan a alienar. Situaciones que demandan la aplicación de una perspectiva de orden sociopolítico para ir encontrando opciones que develen y resuelvan la molesta carga que pesa sobre quienes resultan victimas del proceso. La dominación por la cultura representa una presencia silente que tarda en ser advertida pero que cuando comienza a producir efectos no resulta fácil encontrar las puertas del laberinto.

En definitiva, “El Copamiento”, coloca al lector frente a un escenario de exclusión que ejerce presiones e impone conductas contrarias a la libre voluntad. Limitaciones estructuradas bajo la apariencia de razones que exceden a lo que hasta no hace mucho constituían criterios de sentido común. Una historia apasionante con reflexiones que abre un menú de opciones, dando a la vez, la oportunidad a los lectores para elaborar sus propias alternativas.-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

INFORMACIÓN SINTÉTICA  sobre Juan Carlos Córica

Argentino, nacido el 15 de octubre de 1943; casado, padre de cuatro hijos.

Egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1973), escritor, analista político, periodista, ex asesor legislativo y arquitecto.

Teléfono: (011) 4674-3938      

Como Escritor:

* (1993) “El Desencuentro de los Argentinos” (Ediciones Corregidor).

* (1994-95) “Educación Cívica” de 1º, 2º y 3º Nivel Secundario (Editorial Bonum, agotados).

* (2000) “Los Argentinos son... Nuevo Manual de Zonceras Denigratorias” (Colección Crónicas del Territorio).

* (2001) “De Puño y Letra. Pensamiento y Vida de Arturo Jauretche”, texto que obtuvo el 3er Premio del Concurso Nacional, “Dr Arturo Jauretche” organizado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en mayo del 2000 (Editorial Biblos).

* (2006) “Peronismo Justicialista. Modelo Social, Pensamiento y Proyecto Político”, texto declarado de “Interés Cultural, Educativo y Social” por el Parlamento de la Provincia de Río Negro; Declaración n° 223/2006 del 05/10/06 -. (Colección Crónicas del Territorio).

* (2007) “Identidad Cultural Argentina”  (Colección Crónicas del Territorio)

Chubut: La década ganada de Esquel 

Se cumplieron 10 años del plebiscito histórico en la ciudad chubutense que determinó la prohibición de actividades industriales y mineras que provoquen la destrucción irreversible del medio ambiente y el deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes.

Luego de la crisis económica y política que sacudió a la Argentina a fines del 2001, surgieron a lo largo y ancho del país múltiples asambleas. Esta pasó a ser la mejor forma de organización para hacer frente a los vacíos del Estado. Esquel es una ciudad ubicada al oeste de la provincia de Chubut sobre la cordillera de los Andes. A mediados del 2002, sus habitantes empezaron a escuchar el nombre de su futuro enemigo, la minera Meridian Gold. Esta empresa multinacional compuesta principalmente por capitales estadounidenses y canadienses, pretendía explotar un yacimiento de oro ubicado a unos 5 Km. de la ciudad (Cordón Esquel).

En paralelo surgieron distintos grupos en oposición a dicho proyecto que finalmente confluyeron en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Gracias a su movilización y concientización, los esquelenses comenzaron a ver los verdaderos alcances de la explotación.

El método utilizado para la extracción del oro consiste en dinamitar miles de toneladas de roca por día, las cuales se muelen hasta reducirlas a polvo. El mineral se extrae utilizando toneladas de cianuro disuelto en agua para lograr separarlo de dicho polvo.

Algunas consecuencias de este método son: el gigantesco consumo de agua, los problemas de la acción residual del cianuro, la producción de drenajes ácidos y la notable alteración del paisaje.

Las autoridades locales y provinciales fundaron su apoyo a la instalación de la minera, basado en la creación de puestos de trabajo (la empresa había prometido 300 aproximadamente) y en el “empuje” que iba a generar en la economía.

Los argumentos de los representantes del pueblo chocaron con la realidad. La legislación establece un 2% de regalías sobre el valor del material en boca de mina y no sobre el producto final. A esto se le suman las exenciones impositivas que goza el sector. Es decir, los habitantes de Esquel tendrían que soportar todas las consecuencias y las riquezas se sacarían del país.

Para hacer frente a esto, a fines del 2002, se presentó un recurso de amparo ambiental contra el municipio de Esquel, la provincia de Chubut y la empresa minera “El Desquite – Meridian Gold”. El mismo fue aceptado y se hizo lugar a la medida cautelar plateada. Se prohibió realizar trabajos mineros sin que antes se hayan cumplido todos los recaudos exigidos por la Ley Provincial Nº 4032 de Impacto Ambiental. El fallo fue ratificado por el Superior Tribunal de Chubut y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Paralelamente la Asamblea promovió la convocatoria a un plebiscito no vinculante, que finalmente fue aceptado por el Municipio, quien fijo fecha de celebración para el 23 de marzo de 2003. Los resultados fueron abrumadores habiendo participado el 75% del padrón, el 81% le dijo NO a la mina.

Ante la contundencia de los resultados el Consejo Deliberante local declaró a Esquel “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, prohibiendo las actividades industriales y mineras que empleen técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas, y declaró “Área de paisaje protegido especial”, las zonas de cerros, cumbre y filos situados dentro del municipio (ord. 33/03).

La legislatura provincial no se quedo atrás y sanciono la ley Nº5001 prohibiendo la actividad metalífera en el ámbito de la provincia “en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción”.

Esto es otra demostración del poder que puede ejercer el pueblo. Frente a las poderosas multinacionales y a los representantes entregadores, la acción en conjunto de la población, toda unificada y decidida, vale más.

A diez años del histórico plebiscito, la Asamblea sigue reuniéndose, informando y colaborando con otras comunidades que enfrentan la misma situación. Sirviendo de ejemplo de determinación frente a quienes quieren entregar su futuro y el de las generaciones venideras.

Adiós a la Osisko y el hechizo del Famatina 

por Silvana Melo (APE)

“Le pusimos la mano en el pecho al gobierno para que quedara claro que no pasarán”. Omar Quinteros extiende la comunión a todos en la parroquia de Famatina. Aun a los que le patotean las misas que, dice, preside un dios que defiende la maravilla de su creación y no aceptaría ni mareado que le vengan a explotar el cerro para sacarle el oro de la panza. Omar Quinteros no le niega la oreja a nadie. Ni al que le dijo, en voz bajita, asomada la boca a la ventanita del confesionario, “aflojá o sos boleta”. Dice que con el intendente Ismael Bordagaray y la gente reunida en asambleas son “un trípode”. Ahí se para y se sostiene la dignidad. La resistencia que ya cumplió nueve años y expulsó a tres multinacionales. “Estamos esperando a la cuarta”, dice el cura a APe con una sonrisa clara. Avizorando un triunfo mínimo en la rescisión del contrato con la Osisko que el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, concretó el 2 de julio. Pero sin creerle demasiado, como la mayoría de la gente. Como el mismísimo cerro.

El 31 de agosto de 2011, Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) le abrió las puertas del Famatina a la minera canadiense Osisko Mining Corporation. En 2008 habían expulsado a la Barrick Gold, atraída por el ex gobernador Angel Maza. Beder Herrera era su vice, le combatió la sed menemista de megaminería que aquejaba a Maza, lo hizo destituir, impulsó la ley que prohibía la minería a cielo abierto, ganó las elecciones con el discurso encendido en defensa de los recursos naturales de su pueblo (Beder es famatinense) y dos días después “se reunió con todos los mineros para repartir la provincia”, recuerda Carina Díaz Moreno. Que argumenta con esta historia ante la Agencia de Noticias Pelota de Trapo por qué no cree una sola palabra de lo que diga o decrete el Gobernador.

*****

La Osisko pagó 500.000 dólares en efectivo para asomarse a “cuarenta kilómetros cuadrados de ambientes montañosos, únicos y frágiles”, como define el biólogo Raúl Montenegro a las tierras del Famatina. “El botín, una reserva estimada de 8,97 millones de onzas de oro”. Varias promesas de trabajo y prosperidad muy parecidas a las de la Barrick y que Omar Quinteros dibuja como “pan para hoy y hambre y desolación para mañana”.

Desde el año 2004 asambleas ciudadanas por la vida –es decir, familias, docentes, chicos, médicos, productores rurales, peones, mujeres solas, viejos solos- supieron armar un cerco que no dejó pasar a la Barrick, a los chinos de Shandon Gold ni a la Osisko. Tres multinacionales –que manejan poder político, económico, mediático, jurídico y policíaco- se replegaron ante gente de a pie.

“Creemos que ésta es una movida política en un año electoral para sacar el tema de agenda. El verdadero triunfo fue el 2 de enero de 2012 cuando comenzó el corte en Alto Carrizal, toda la provincia se dio cita y le pusimos la mano en el pecho al gobierno para que le quedara claro que no pasarán. (“Los alumnos de mi escuela ponían ramas, piedras, palos y se acostaban encima para que nadie pasara”, recuerda Carina Díaz Moreno) Esto no es más que una mera cuestión administrativa”, dice Omar Quinteros a APe. Acusado de tocar las campanas cada vez que la Osisko intentaba entrar. El tañido era la sirena para que la gente dejara todo lo que estaba haciendo y se volcara al cerro, a resistir. Incrédula con todas las promesas, las mismas que habían traído a la mesa la Barrick y la Shandon: “la fuente de trabajo prometida es para los altamente calificados. No para los pobres obreros que no saben de computadoras ni de alquimias para la sopa química ni de lixiviación”.

“Si ganan las elecciones en octubre, volverán con algún convenio con otra minera. Porque mientras anula este contrato, hay media provincia entregada a otros proyectos mineros”, dice Quinteros. “Hay tres echadas: estamos esperando la cuarta”, sonríe. “Famatina es un paraíso, una isla por su microclima. Por él pasa el camino del Inca, es un patrimonio de la humanidad”, dice el cura de ese lugar en el mundo que eligió.

*****

Carina Díaz Moreno nació a los pies del cerro. “Es el creador del agua. Sus nieves eternas nos resguardan. Es lo que se llama un cerro esponja, es nuestro tanque de agua. Pero además es parte de nuestra identidad: nosotros somos parte de esta montaña”.

A nadie le importó que los tres proyectos mineros repelidos por la gente “destruirían en forma irreversible la cuenca hídrica ubicada en ambiente semiárido ya expuesto a cambio climático global”; que desaparecería la chinchilla del Famatina –es su único hábitat en el planeta-, las cuatro especies en peligro, las cuatro vulnerables y las trece raras que se preservan en el cerro (Raúl Montenegro – “La Osisko y sus políticas de trabajo”), que se crearía una fuente de contaminación química y acuática, que se producirían derrames ácidos que durarían siglos, que se utilizarían mil litros de agua por segundo para limpiar el cianuro que se usó para separar el oro de la roca, que la escasa agua que irá quedando (para el 2030 lloverá un 21% menos y un 53% menos lloverá para el 2070) se emparentará irremediablemente con el cianuro, que el cerro se derrumbará bajo las explosiones y se llevará con él a la agricultura, la ganadería y el turismo.

*****

Omar Quinteros recuerda diciembre de 2011 cuando, días antes del corte en el Alto Carrizal, aparecieron las listas negras de vecinos. “Decían que era una lista de gente a la que iban a llamar a dialogar… pero estaban catalogados de peligrosos y revoltosos, de mafiosos. ¿Quién va a llamar a gente así a dialogar?”. Carina Díaz Moreno aparece en la lista como docente de educación física. Su nombre está marcado y una flecha indica “cabecilla”.

“Yo estuve en la mira, pidieron mi traslado, que se me prohibiera tocar las campanas, soporté una campaña de desprestigio en los medios y tengo dos causas judiciales –relata el sacerdote a APe-. Una como autor intelectual de una agresión a la diputada Adriana Olima (FpV, principal puntal de la lucha pro minera en Famatina), que hizo una denuncia porque le tiraron una botellita con agua… no sé, sospecharían que estaba bendita el agua…”

Carina Díaz Moreno tiene 8 causas judiciales encima. Y se apasiona cuando revive la represión del 11 de mayo, cuando en un acto del PJ se anunciaba la presencia de Beder Herrera y el pueblo salió a la calle. Ella apunta directamente a “Felipe Alvarez el Ministro de Seguridad que hoy es candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria”.

“Nos reprimieron a balazos, garrotazos y pedradas”. Ella tiene los rastros de mayo en la piel y en la indignación. “Nos tenían atrapados y no entiendo por qué nos baleaban porque ya nos tenían”. A Daniel (el compañero que la abrazó para protegerla y recibió un balazo en el brazo) “lo patearon en la espalda, lo esposaron, lo levantaron de las esposas, le robaron la cámara y le patearon la boca”.

*****

Ella y Quinteros aseguran que: el municipio ya no recibe los fondos coparticipables por ley; que los medios están cooptados a través de la publicidad oficial; que algunos han recibido un millón de pesos a cuenta de; que hay 50 vecinos procesados; que a muchos de ellos la justicia les impuso una caución de diez mil pesos (es decir, deben pagar para no ir presos); que el intendente ha hipotecado su casa para juntar el dinero; que se amedrenta a la gente con golpes, con miedo, con la justicia, con la policía.

Pero siguen de pie. Como el cerro.

Que conserva las laderas azules como hace mil años, cuando era de los diaguitas y los capayanes, que le quitaban oro y plata como hormigas para tributar al Inca. Cuando llegaron los conquistadores, se refugiaron en las fortalezas escondidas en el cerro, cuevas de salamancas y hechizos. Resistieron años hasta que los huincas los desalojaron y se frotaron las manos ante el vientre dorado del Famatina. Pero los hechiceros, que habían resistido a su manera, lo dejaron encantado. Angustias y muerte, derrumbes y asfixias sufrieron quienes intentaron penetrarlo. El viento de la altura los echó al llano a los que quisieron escalarlo.

Sus laderas siguen azules hasta hoy. Ni Osisko ni Shandon ni Barrick pudieron con Famatina y Chilecito.

El hechizo está intacto.

Trabajo esclavo en la Ciudad

Trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires: Una moda que crece en la Ciudad 

 En los últimos meses fueron denunciadas las principales marcas de ropa por trata, trabajo infantil y reducción a la servidumbre. La producción textil en talleres clandestinos es un negocio próspero y glamoroso en Buenos Aires. Bajo la protección del gobierno porteño y la complicidad de funcionarios nacionales.

A doscientos años de abolida la esclavitud por la Asamblea del Año XIII, ésta práctica sigue vigente en nuestro país bajo un sistema feudal a través del trabajo en el campo, la minería, la construcción, la industria textil y el comercio sexual. En la Ciudad de Buenos Aires miles de personas (incluidos niños) son sometidos a trato inhumano en talleres con jornadas laborales extenuantes, pagos miserables, hacinamiento y sin salidas al exterior ya que en la mayoría de los casos los empleados viven con sus familias en los mismos lugares donde son explotados.

Talleres de reconocidas marcas como Lacoste, Kosiuko Scombro, 47 Street, Vitamina, Soho, Ona Saez han sido denunciados ante juzgados federales por las condiciones laborales. A través de la tercerización de servicios, contratan inmigrantes e indocumentados que bajo coacción son reducidos a servidumbre.

Pese a la legislación vigente y a la protección en materia de pactos y convenios internacionales se está lejos de la erradicación de esta práctica. En el mundo es conocida la expansión de marcas como Adidas y Nike que fabrican sus productos en talleres de países periféricos donde la legislación laboral es más flexible y las condiciones de los trabajadores son miserables. Este año en la Ciudad de Buenos Aires hay más de cincuenta denuncias contra las principales firmas, impulsadas principalmente por la Fundación La Alameda, junto con la Asociación de Costureros, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Miembros de la Alameda en diálogo con El Caminante señalan: “Lo importante ahora es que los jueces avancen sobre los titulares de las marcas, si no lo hacen les vamos a generar un fuerte repudio, ya sea en la puerta de sus casas, como en el juzgado donde trabajan”

Las denuncias

Falabella: Tratabella para los amigos

Se trata de un holding chileno instalado en varios países del cono sur. Se comprobó que posee al menos 2 talleres clandestinos en el barrio de Villa del Parque donde sus empleados “cama adentro” trabajan hacinados en galpones sin ventanas, bajo jornadas de 10 a 15 horas con un sueldo de $2500, de los cuales 1000 son retenidos en concepto de comida y vivienda. El fiscal Federico Delgado imputó al titular de Falabella, Juan Mingo Salazar quién podría convertirse en el primer dueño de una marca condenado por trabajo esclavo.

Kosiuko: Una mancha más al vice

Por medio de una cámara oculta realizada por La Alameda y una presentación con pruebas de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, se logró llevar a la justicia a Federico Bonomi dueño de Kosiuko. bajo la imputación de trata de inmigrantes provenientes de Bolivia y reducción a la servidumbre dentro de sus fábricas textiles en el Barrio de Flores . La denuncia salpica al vicepresidente Amado Bodou quién realiza múltiples viajes en el jet privado del dueño de la empresa.

Cara & Cruz: Una textil tan seria como el fallo de la pelea Maravilla-Murray

La marca de Jeans que promocionó al boxeador Sergio Martinez, se encuentra bajo un proceso judicial por tercerizar la confección de sus prendas en una inmensa planta textil ubicada en el barrio de Floresta, que viola todas las normas de la Organización internacional del trabajo (OIT) incluyendo trabajo infantil. donde sus empleados con jornadas laborales que llegaban a las 14 horas percibían un sueldo mensual de apena 900 pesos.

Zara: De la periferia al glamour

Una marca de ropa internacional, de capital español, se beneficiaba del mismo taller ilegal que Cara y Cruz. Por lo cuál recibió todo el repudio de distintas ONG que organizaron escraches en la puerta de sus locales de la calle Florida y Lavalle en el microcentro porteño.

Pitágoras: Manteniendo viva una tradición de la realeza

También el vestido con el que se coronó Máxima Zorreguieta junto con otros 17 pedidos que hizo la nueva reina de Holanda, fueron producidos por inmigrantes explotados en el talleres clandestinos ubicados principalmente en Avellaneda que confeccionan prendas para Jorge Ibañez y Benito Fernández y que están denunciados en una causa judicial por servidumbre, trabajo infantil y evasión impositiva.

Cheeky: Macri y Juliana Awada, Haciendo Buenos Negocios

La empresa de ropa infantil perteneciente a la esposa del Jefe de gobierno porteño fue denunciada en el 2012 por reducción a servidumbre de 13 personas, un fallo del entonces juez - y ahora Ministro- Guillermo Montenegro sobreseyó a la firma, que luego hizo público un comunicado donde informaba que suspendía la relación comercial con el taller explotador.