viernes, 26 de abril de 2013

Los fantasmas y los pibes de Villa Ocampo

por Carlos del Frade (APE, desde Villa Ocampo, norte de Santa Fe)


El futuro repite el pasado en estos arrabales del mundo, como dice la letra una de bella canción brasileña.

Las venas abiertas siguen existiendo por los diversos caminos del continente.

La ruta 11, la que va del sur al norte por el lado del Paraná en la provincia de Santa Fe es, quizás, uno de esos senderos en donde la historia persiste en su destino de pesadilla y en su porfiada obstinación para alumbrar esperanzas.

Villa Ocampo está en el departamento General Obligado, besándose con el Chaco y Corrientes, en el territorio que antes formó para del imperio multinacional de La Forestal.

No queda quebracho colorado. Un ecocidio que jamás tuvo responsables y siempre presenta la factura de los costos que siguen pagando las actuales generaciones. Cuando la noche se va, hay brumas y explotan los primeros colores rosados y amarillos del amanecer. Los arbolitos que se ven no tienen nada que ver con aquellos viejos y nobles productores del tanino, los durmientes y los palos tenaces para sostener los alambrados que marcaban la posesión de los terratenientes.

Villa Ocampo durante décadas vivió de la caña de azúcar y el algodón. Fue después del exilio de La Forestal.

Centenares de pibas y pibes ganaron sus primeros pesos en esas zafras pero ahora, desde la escuela secundaria, dicen que no saben qué van a hacer porque no hay qué hacer en la ciudad del norte profundo santafesino.

Hace pocas semanas, Villa Ocampo se inundó cuando cayeron casi doscientos milímetros y hubo casi un centenar de evacuados en la ciudad donde viven veinte mil personas. “Necesitamos ampliar los desagües, por eso estamos pidiendo que nos manden la máquina retroexcavadora para duplicar la capacidad de esos canales”, declaró el intendente, Enrique Paduán.

Pero Villa Ocampo tiene otro problema: no hay empresario que se haga cargo de la nueva zafra, “justo ahora que la caña se ve tan linda, tan alta”, dice una maestra que piensa en sus pibas y sus pibes que no podrán rebuscarse unos pesos en la zafra.

“En una reunión de la mesa azucarera y de desarrollo regional, la empresa INAZA anunció que no está en condiciones financieras de poder realizar la zafra 2013 en el Ingenio Arno de nuestra ciudad, lo que obliga a buscar otras alternativas para su concreción”, decían los diarios regionales.

Se buscan inversores privados pero no aparecen.

Y eso se siente en las miradas y las preguntas de las chicas y los chicos de la secundaria. ¿Qué va a pasar en Villa Ocampo si no se cosecha el azúcar?.

El futuro repite el pasado en estas huellas abiertas que dejó La Forestal.

El 19 de abril se cumplieron cuarenta y cuatro años del llamado “Ocampazo”, la gran movilización de los trabajadores de los ingenios azucareros de Villa Ocampo y Las Toscas que luego generaron la “marcha del hambre”, casi el prólogo de todos los “azos” de aquel año 1969.

En aquellos volantes y documentos de la época se lee la necesidad de expropiar los ingenios para que los estados municipales fueran capaces no solamente de llevar adelante la molienda, sino también de conservar una fuente de trabajo para distintas generaciones.

Aquella memoria de lucha se hace presente en estos días de inundaciones y anuncios funestos que dejan amarga al azúcar que no será recogida.

En Villa Ocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe, siguen abiertas las heridas dejadas por La Forestal pero también insisten los fantasmas rebeldes que siguen clamando por un presente donde todos tengan el derecho de ser felices y no solamente unos pocos.

Fuentes: Entrevistas del autor, Periódico “Paralelo 28”, Villa Ocampo, jueves 18 de abril de 2013 y “El Litoral”, diario de Santa Fe, jueves 18 de abril de 2013.
¡Sigue la entrega!
Chaco. Ambientalista cuestiona proyecto saudí en El Impenetrable: “Lo que quieren es anexar parte del Chaco al Reino de Arabia Saudita”

Así lo consideró el geólogo Ramón Vargas en referencia al proyecto saudí para arrendar tierras en el Chaco con la intención de producir alimentos para su población. “El territorio y los bienes comunes no se deben ni alquilar ni entregar”, afirmó Vargas.
A continuación se reproduce en forma textual la carta de opinión del geólogo y miembro de la Fundación Encuentro por la Vida, Ramón Vargas:

Desde hace dos años el Gobierno de la Provincia del Chaco viene anunciando las negociaciones que mantiene con el Grupo Alkorayef Company (AGC) Y SIASA LATINOAMERICANA S.A.(SIASA). La Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental ha tenido acceso al Memorándum de Entendimiento firmado en febrero del 2011, por el Gobernador Capitanich y las sociedades mencionadas.

El objetivo principal que declara la Provincia es el de desarrollar aproximadamente 40.000 hectáreas para la producción agrícola bajo el esquema de “llave en mano” y expresa estar “interesado en el suministro de la producción agrícola para el Reino de Arabia Saudita en relación con la iniciativa Rey Abdullah Nacional de Seguridad Alimentaria”.

En enero de este año se realiza una reunión interdisciplinaria con los inversores y se anuncia que serían unas 212.000 hectáreas las comprometidas “y que podrían ser más” y no 40.000 como se dijo un año antes.

El informe de prensa transcribe declaraciones del Gobernador sobre la reunión y describe las características del proyecto del siguiente modo:

1) “El grupo saudí invertirá en una primera etapa 400 millones de dólares, para el desarrollo del proyecto que contempla una producción agrícola, ganadera y forestal integrada. El mismo se desarrollará en suelos fiscales ociosos, de una extensión cercana a las 212.000 hectáreas, las que pueden aumentar”;

2) “Permitirá el desenvolvimiento de proyectos productivos y el desarrollo de infraestructura vial, de energía eléctrica y de riesgo”;

3) “Creará entre 1500 y 2000 empleos directos e indirectos en la región, pero pueden ser muchos más”.

4) “El mismo tiene una perspectiva de facturación equivalente a casi 800 millones de dólares, entre los próximos siete a trece años”.

5) Además, señaló que “existe una garantía colateral del Estado provincial, ya que es un contrato de exportación de todo lo producido”.

6) Es “condición que todos los productos o bienes exportables a Arabia Saudita, derivados del convenio, sean a través de industrialización en origen y valor agregado. De manera tal que el empleo quede en la provincia, así como la capacitación y los mecanismos de inversión en bienes de capital”;

7) “El proyecto no prevé aportes ni garantías del tesoro provincial que no sean repagables.

8) “A partir del emprendimiento las tierras en cuestión aumentarán el valor patrimonial del Estado provincial, además del impacto ambiental positivo (ya que cumple con todos los parámetros necesarios para esta condición), el desarrollo del empleo así como también el crecimiento de infraestructura regional”, detalló.

9) Por otro lado, aseguró que “el gobierno no transfiere tierras a empresarios extranjeros”. “Estamos trabajando estrategias de arrendamiento y transferencias de tecnologías para que nuestros productores tengan una fuente de ingresos sustentable”, concluyó.

En apariencia un proyecto tentador y beneficioso para los intereses de la Provincia. Sin embargo, debemos decir que nada de esto se ajusta al contenido del Memorándum de Entendimiento. La lectura del mismo es muy explícita y por ello damos a conocer las contradicciones entre lo firmado y lo comunicado a la sociedad chaqueña.

El verdadero compromiso de entendimiento firma:

1) La Provincia se obliga a hacer un Estudio de Factibilidad que abarque todos los aspectos fundamentales del Proyecto de Desarrollo, y es el único responsable. Las partes firmantes analizarán el mismo y si el mismo es aprobado se firma un acuerdo para avanzar en el mismo.

2) Se estima la necesidad de una financiación de unos 400 millones de dólares. Se recurrirá al financiamiento del Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales. Se estima en unos 12 años el tiempo de devolución de los créditos.

3) La Provincia le cede al Gupo Alkhayeda (AGC) la negociación con el Banco Saudí y el desarrollo de una estrategia financiera para los proyectos.

4) Textual del memo firmado: “Para evitar dudas, todas las adquisiciones de equipos y maquinarias deberán cumplir con las normas y regulaciones del Banco Saudí”.

5) El Grupo Alkayeda (AGC) será el principal responsable de Arabia Saudita en los proyectos “y en ese papel, se pondrá en contacto con las fuentes de financiación saudí, ingenieros y otros subcontratistas, consultores y proveedores”, del proyecto “llave en mano”.

6) La provincia del Chaco “poseerá y/o proveerá” la tierra para la ejecución del Proyecto de Desarrollo”

7) La Provincia “garantizará que las empresas de Arabia reciban prioridad en el alquiler de la tierra”. (Los productores chaqueños no tienen esa prioridad).

8) El Grupo Alkhayeda “recibirá la exclusividad en la venta de la producción agrícola para el Reino de Arabia Saudita en el marco de la Iniciativa Nacional del Rey Abdullah para la Seguridad Alimentaria”.

9) La Provincia nombra al Grupo Alkhayeda como el único responsable del alquiler de la tierra a empresas árabes interesadas, a condiciones de mercado y de la exclusividad de la venta de la producción.

Como se puede ver las contradicciones entre lo informado a los chaqueños y lo firmado es sideral y no se trata de un meteorito.

En concreto tomamos un crédito, para hacerle toda la infraestructura de producción, transporte y comercialización para que los saudíes puedan seguir comiendo y haciendo negocios. De 40.000 hectáreas ya se pasó a 212.000 hectáreas de territorio que deja de estar bajo las normas locales sino que deberán seguir las necesidades de comida y negocios que tienen los árabes. No se dice nada del tiempo de alquiler de la tierra ni el precio que deberán pagar por la misma. Y menos, si este acuerdo será renovable o alguna vez esta tierra volverá a estar en manos chaqueñas. Toda la renta fundiaria y el plus valor sobre las contrataciones, equipos y maquinarias es para el Grupo Alkhayeda.

Lo que se propone en definitiva es anexar al Reino de Arabia Saudita parte del territorio del Chaco para su propio y único beneficio. Salvo que existan otros documentos oficiales que no se han dado a conocer, que contradigan a este memorándum que analizamos, consideramos que el mismo no tiene ninguna viabilidad económica, financiera, ambiental ni social. Simplemente es la nueva forma de mega apropiación, que se están impulsando en el mundo en beneficio de una mayor concentración de las tierras y riqueza que se les quita a los pueblos. El territorio y los bienes comunes no se deben ni alquilar ni entregar.
Fuente: CHACO DIA POR DIA
La última capitalización del FMI 

por Alejandro Olmos Gaona 

El Gobierno sigue capitalizando al FMI y al BID, la próxima se aprueba hoy.

El habitual secretismo que impera en las negociaciones internacionales, permite que muchas decisiones gubernamentales que afectan nuestra economía permanezcan silenciadas, mientras se muestran estrepitosamente números y cifras que pondrían en evidencia el éxito del “llamado modelo nacional y popular”, aunque solo sean producto de una ya rutinaria manipulación de las estadísticas, que a nadie asombra porque es parte de la habitualidad económica con la que se maneja el gobierno.

La demonización constante de los organismos multilaterales de crédito a través de los discursos, encubre una realidad distinta que pone en evidencia como se negocia con ellos, y se acuerdan créditos para financiar planes sociales; como se continúa con el clásico esquema se someterse a una lógica financiera de la que no existe la menor intención de salir y forma parte de los manejos de un esquema de poder capitalista que se recicla permanentemente aunque muchos ingenuos, en forma apresurada le hayan augurado un próximo desenlace fatal.

Hay que estar viviendo en una dimensión distinta de la realidad para dudar de la complicidad operativa de los organismos multilaterales (FMI, BM y BID) con los grandes grupos financieros internacionales. El Plan Brady es un ejemplo de cómo colaboraron para salvar a los bancos, y liberarlos de créditos presumiblemente incobrables, articulando toda una estructura que fue impuesta en casi todos los países de Latinoamérica, a principios de la década del 90, mediante la cual además de incrementar el endeudamiento externo, permitieron comprar empresas públicos a precios irrisorios, lo que determinó en la Argentina, un desguace integral del Estado.

Después del pago, efectuado en diciembre del 2005, al Fondo Monetario Internacional, con el cual se cancelara la deuda pendiente con este organismo, el Presidente Néstor Kirchner, los ministros y distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, reiteraron en cuanta ocasión se les presentara, que mediante ese pago se terminaba la sujeción al Fondo y a sus políticas, que “mucho dolor y hambre nos trajeron” disponiéndose una relación diferente con los organismos multilaterales de crédito, a los que la Argentina no iba a volver a recurrir. Tales conceptos abundaron también en los discursos de la Presidenta, y los funcionarios que le acompañan en su gestión.

Nadie que conozca la política económica llevada a cabo durante la dictadura, y especialmente durante la década del 90, podrá justificar las constantes intromisiones del FMI, del Banco Mundial y del BID, en los planes de ajuste y en las restricciones económicas que produjeron hambre y desocupación. Lo que resulta una manifiesta contradicción, es que las actitudes de los presidentes Kirchner, hacia el FMI y los organismos multilaterales, no tengan nada que ver con lo que dicen para sus sumisos auditorios y para una obnubilada militancia, que toman como verdad revelada el contenido de los discursos.

Debemos recordar, que Néstor Kirchner fue el presidente que más le pagó al fondo transfiriéndoles todos los recursos que eran exigibles y sin cuestionar en momento alguno la legalidad de sus demandas, aun cuando la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados, había determinado en el año 2002, que todos los préstamos del FMI, había sido fugados por empresas y particulares, con el conocimiento de ese organismo, tal como fue puesto en evidencia por su Oficina de Evaluación Independiente.

Durante la gestión actual de la Presidenta, las relaciones con el FMI y con el BID, ha sido de estricta sumisión a las decisiones adoptadas por estos organismos. En efecto; haciendo un elogio de las contribuciones del BID para eliminar la pobreza y promover una mayor equidad social, la Sra. De Kirchner envió al Congreso Nacional en el 31 de agosto del año 2011, un proyecto que fue aprobado, para capitalizar al BID, en la suma de siete mil quinientos cincuenta y dos millones de dóalres siete mil quinientos veinticinco millones setecientos sesenta mil doscientos dólares (U$A 7.525.760.227) más veintiseis millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos quince dólares ( U$A 26.779.415) para el Fondo de Operaciones Especiales, sumas estas que se abonaran en cinco cuotas, abonándose la primera en el 2011 y las restantes este año, el año 2013, 2014 y 2015 respectivamente, suscribiéndose acciones por esos importes.

En el Proyecto que llevaba la firma del ex Ministro de Economía Amado Boudou y el Jefe de Gabinete de Ministros se hacía mención a que el BID planteó entre sus metas “el logro de una mayor equidad social y la reducción de la pobreza en los países de menor desarrollo de América latina y el Caribe y, asimismo mediante el fortalecimiento de las operaciones de cooperación técnica y productos no financieros a países, reforzar sus estructuras institucionales”.

Este Proyecto tuvo origen en una serie de operaciones del BID, que le significaron importantes pérdidas debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime. Su capital operativo disminuyó considerablemente, pudiendo mostrar como ejemplo que en el año 2008 las pérdidas fueron del orden de los 1.900 millones de dólares, lo que llevó al Senador Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos a pedir explicaciones al presidente del BID, Luis A. Moreno, quien reconoció el la existencia de operaciones de riesgo lo que determinó a que con fecha 22 de marzo de 2010 la Asamblea de Gobernadores aprobara la Declaración de Cancún , que llevó a elaborar un documento técnico aprobado y que con fecha 24 de junio de 2010 , el Ex ministro Boudou votó favorablemente. En ese documento se resolvió elevar el capital del Banco en la suma de setenta mil millones de dólares (U$D 70.000.000.000) más la suma de cuatrocientos setenta y nueve millones (U$D 479.000.000) para el Fondo de Operaciones Especiales. Hace un año el ex Presidente de la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera del Ecuador, Dr. Pedro Páez, me había comentado los quebrantos del BID, y de lo absurdo que suponía seguir postergando la capitalización del Banco del Sur.

Continuando con las políticas de someterse a las decisiones de los organismos multilaterales el FMI decidió el 15 de diciembre, aumentar las cuotas de participación en el organismo, lo que tuvo el voto favorable del representante argentino. Debido a ello el 21 de febrero de este año, la Presidenta Kirchner, envió un proyecto de Ley al Congreso, que tuvo media sanción del Senado y será aprobado mañana por la Cámara de Diputados, para aumentar la cuota de la Argentina en tres mil ciento ochenta y siete millones trescientos mil derechos especiales de giro, equivalentes a cinco mil millones de dólares. El aumento será pagado en moneda de la República y en la de otros países con recursos del Banco Central.

Seguramente ya conozco el argumento que podrá justificar estas capitalizaciones: si somos miembros de esos organismos, tenemos que cumplir con lo que deciden las normas estatutarias, pero eso puede ser fácilmente refutado, porque el gobierno, ha desconocido palmariamente la obligación de someter las cuentas públicas a las revisión del FMI, tal como lo determinan los Artículos IV, Sección 3, inc. b y VIII, Sección V de su Carta Constitutiva. Es decir que podemos darles todo el dinero que decidan que les debemos entregar, pero no se pueden hacer públicas las realidades de nuestra precaria economía y sus adulteradas estadísticas. Que distinta es la ficción de los discursos a una realidad, generalmente no divulgada que los contradice permanentemente.
La deuda siempre está

por Julio C. Gambina 

El Ministro de Economía participó en estos días en la reunión del FMI, entre otras cuestiones, intentando contrarrestar la declaración de censura que pesa sobre la Argentina a propósito del manejo de las estadísticas. La autoridad económica llevó la información sobre la aplicación de los nuevos mecanismos de medición de precios antes de finalizar este año. La sugerencia es que los nuevos índices estarán disponibles a corto plazo, pero aún así, no evitó que se reiterara que el FMI se pronunciará sobre la cuestión de fondo, es decir, la credibilidad de las estadísticas económicas, a fines de octubre. Sin embargo, otras dos cuestiones atravesaban el interés de la Argentina y su relación con el FMI y el sistema mundial.

Una es que los acreedores estadounidenses que reclaman ante la justicia de Nueva York, los llamados Fondos Buitres, no aceptaron la propuesta del gobierno argentino. Esta consistía en pagar bajo las mismas condiciones a quienes ingresaron al canje de deuda del 2005 y del 2010. Falta aún la decisión que asuma la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Nueva York, restando en caso de pronunciamiento negativo, el intento por acceder a la Corte Suprema de Estados Unidos, o entrar en cesación de pagos, sea por la demanda de los acreedores ahora en litigio, y la que impulsarán todos los que aceptaron los canjes y se sentirán discriminados. En el peor de los casos, el cálculo de la nueva deuda emergente de esta posibilidad es superior a la totalidad de las reservas internacionales de la Argentina.

La otra cuestión es que el Parlamento argentino acaba de aprobar, a instancia y petición del poder ejecutivo nacional, una ampliación del capital de la Argentina en el FMI cercana a los 5.000 millones de dólares. Esta capitalización en el organismo internacional no supone disposición de divisas o reservas, ni tiene impacto fiscal o monetario, pero facilita el acceso del país al crédito del FMI, es decir, habilita mayor endeudamiento, por lo menos el doble de la posición actual. El argumento oficial para la capitalización, ampliamente aprobada por los legisladores, con muy pocas excepciones, remite a un acuerdo con otros países, caso de Brasil, para incidir en la toma de decisiones del organismo. De este modo, los países que capitalizan estarán en condiciones de mejorar relativamente la capacidad de votación en el organismo internacional, algo que se conoce como modificación de la arquitectura financiera internacional. Vale aclarar que las capitalizaciones de los diferentes países, en ningún caso modifican el poder de veto que de hecho tiene Estados Unidos en la dirección del FMI y que le otorga la hegemonía en la dirección.

Es evidente que la Argentina sigue incorporada al FMI por múltiples motivos, más allá de las críticas discursivas que recurrentemente se le hacen. Es que no solo Argentina es miembro del FMI y por eso acepta las reglas del juego sobre la capitalización, y con ello la posibilidad de incrementar el endeudamiento, con las gravosas consecuencias que la deuda pública tiene sobre la política económica; sino que también la Argentina participa junto al FMI del Grupo de los 20, máxima articulación informal de los gobiernos de los países que deciden, principalmente Estados Unidos, Europa y Japón más las nuevas estrellas del sistema mundial, los denominados emergentes, especialmente China y el vecino Brasil.

Argentina sigue atrapada en las redes de la deuda, aún con la política de desendeudamiento. Pese a los cuantiosos pagos, la deuda se incrementa y puja por incrementarse aún más, condicionando toda decisión de política económica. Hace poco comentamos como en el mismo momento que la inundación mostraba los límites de los recursos públicos, no solo para prevenir el desastre, sino para compensar la tragedia de miles de familias desposeídas por la inclemencia del agua, el BCRA autorizaba la disposición de 3.500 millones de dólares para cancelar acreencias con organismos internaciones.

La crítica al orden neoliberal es sostenida, tanto como a los organismos internacionales, los que viabilizaron y viabilizan esas políticas en la actualidad, pero la deuda siempre está. La deuda es un fuerte condicionante de la política económica local, con derivaciones múltiples ejecutada por la institucionalidad financiera contemporánea, tal el caso del CIADI, ámbito del Banco Mundial para defender la seguridad jurídica de los inversores externos. En tiempos en que se discute la reforma a la Justicia, bien valdría discutir la subordinación estructural a la justicia de otros países, que permite y facilita se litigue contra el país, en Ghana o en Nueva York.

La soberanía es un concepto a recuperar en compañía de acciones impulsadas con países vecinos, algo que la Argentina puede hacer retirándose del CIADI, o investigando la deuda. Ambas iniciativas han sido realizadas con éxito por algunos de los países con que Argentina privilegia sus relaciones externos, como Brasil, Bolivia, Ecuador, o Venezuela.

DEUDA PARA TODOS: LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL

El propósito de este trabajo es trazar un cuadro de situación del endeudamiento público argentino a nivel nacional, es decir, un panorama abarcativo de los distintos rubros de deuda que existen y potencian – en forma directa e indirecta – el sistema generalizado de deuda perpetua hoy vigente.

Dada la falta y/o desactualización de las informaciones oficiales en esta materia gran parte de los datos que se muestran aquí son forzosamente incompletos pero ello no quita validez al enfoque de base.

Para dar una idea de la orfandad de noticias que hay en este campo baste decir que a los fines de computar el stock de deuda pública (que, por otra parte, no se exhibe en valores absolutos sino a través de un engañoso índice Deuda/PBI) las autoridades muestran sólo el ítem a) de la larga lista de componentes reales de endeudamiento que se expone a continuación.

a)                  DEUDA DEL ESTADO CENTRAL.

La deuda pública informada por el Ministerio de Economía (MECON) es de unos 194.000 MD[1]: 182.700 por deuda performing o regularizada[2] y 11.200 por deuda en manos de bonistas que no entraron en el Megacanje 2005 (holdouts).[3]  

Este dato corresponde a la última información oficial disponible, que es al 30.6.2012, esto es, de hace 10 meses atrás.

Las previsiones presupuestarias de aumento de deuda para el 2012 eran de 11.700 MD – diferencia entre 40.100 de Amortizaciones de Deuda y toma de nuevo Endeudamiento Público por 51.800 – a lo que habría que sumarle ahora deuda adicional para cubrir el déficit fiscal del año pasado, que fue de 55.600 M$ ( 11.300 MD).[4]

b)                  DEUDA NO REGISTRADA.

El gobierno no computa dentro del stock y proyecciones de deuda de los 194.000 MD citados tres rubros que son de incidencia cierta: la capitalización de intereses de algunos bonos (anatocismo), el ajuste por inflación de la base de capital de los bonos en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) - que replica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) - y los pagos por Valores ligados al Producto (VLPBI).

-        Por anatocismo la administración Kirchner ha venido capitalizando unos 10.000 MD durante el decenio 2005-2014. Quedarían unos 1.300 MD/año para el corriente ejercicio y probablemente otro tanto para el que viene.

-        La deuda en pesos ajustada por CER equivale a unos 36.500 MD que, indexados por la Inflación Oficial del INDEC, que es del orden del 10 % – 10.8 para el 2012 – implica un aumento promedio de casi 4.000 MD por año.[5]

-        Los cupones PBI (VLPBI) son obligaciones adicionales de pago que se disparan cuando el índice de crecimiento es superior a un 3 % anual. El mecanismo de cálculo es acumulativo partiendo del 2005 como año base y nuestro país habría pagado ya una cifra cercana a los 15.000 MD, sobre un total de casi 40.000.[6]   

Estos tres conceptos de deuda no provienen de herencia de administraciones anteriores sino que son producto del Megacanje 2005, suscripto por la administración Kirchner.

c)                  PERFIL DE VENCIMIENTOS.

La  vida media de la deuda pública – siempre según datos del MECON al 30.6.2012 – es de 10.2 años.

Esto daría un promedio de unos 18.000 MD anuales (182.700/10.2) pero el verdadero cuadro de vencimientos es mucho más grave:

-   Por un lado, las cifras de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) de la Secretará de Finanzas (SF) del MECON no coinciden con las consignadas en el Presupuesto aprobado por el Congreso, que son muy superiores a esos números también oficiales.

-   Por otro lado, el cuadro real de los servicios de deuda (por Capital e Intereses y Cupones PBI) presenta una fuerte concentración de vencimientos en los próximos años.

La inconsistencia de importes entre la ONCP y el Presupuesto 2013 es relevante: según los datos de la página web del MECON los vencimientos por Capital e Intereses de los ejercicios 2013 al 2015 inclusive son respectivamente de 17.200/6.000 MD para 2013, 10.800/5.700 MD para 2014 y 11.000/5.200 MD para 2015; mientras que los números consignados en el Mensaje de Presupuesto para los mismos años son de 36.500/10.800 MD (2013), 42.100/15.500 MD (2014) y 49.100/18.600 MD (2015).

En el caso de los intereses, una parte de las diferencias se explica por la omisión de los VLPBI, aunque no cubrirían la totalidad de las mismas.

En cuanto a la explicación de los desvíos por capital algunos números son notables: por ejemplo, para los ejercicios 2013-2015 el Presupuesto prevé Cancelación de Adelantos Transitorios del BCRA (que viven siendo continuamente refinanciados) por el equivalente a 17.200, 20.400 y 24.400 MD mientras que la ONCP consigna para los mismos períodos 6.200 MD en 2013 y cero para 2014 y 2015.

Otros ítems de acreedores también presentan diferencias significativas, como el caso de Títulos Públicos, Organismos Internacionales  y varios sin identificación cruzada.

Cabe recordar, por último, que no existen pagos netos de Capital: la totalidad de vencimientos por este concepto se cubre con emisión de nueva deuda (en su mayoría, Deuda Intra-Estado que no tiene capacidad de pago demostrada).[7]

Los Intereses sí se pagan, como parte del Gasto Público Corriente, aunque aquí no figuran los VLPBI, que se consideran Deuda Contingente (lo que no es cierto porque las obligaciones son en firme y lo contingente es la fecha de efectivización de los pagos).

d)                  INTERESES A PAGAR.

Cuando se habla de Deuda Pública normalmente siempre se menciona la deuda por capital – los casi 200.000 MD citados en el punto a) – pero se omite considerar el peso de los intereses a pagar por dicha deuda que, según los números oficiales sería de 72.300 MD hasta el año 2045 (en que se produciría el fin de los vencimientos hoy registrados).[8]

El pago de Intereses de la deuda pública en el corriente año 2013 está presupuestado en 10.800 MD.

Esto significa que, en promedio, al Estado Central le caen unos 30 MD por día: 1.2 MD por hora.

Como se consignó en el punto anterior, las proyecciones de servicios de intereses son fuertemente crecientes en el trienio 2013-2015.

e)                  DEUDA PÚBLICA INDIRECTA.

La Deuda Pública Directa es la que corresponde al Estado Central y la Deuda Indirecta es la que corresponde a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, que en su conjunto forman parte integrante de las obligaciones fiscales porque el Poder Ejecutivo Nacional es el responsable de pago de última instancia de las mismas.

El gobierno no informa cuánto es el monto de esta deuda pública indirecta ni se tiene idea de ello porque se trata de una información insondable.

Los avales autorizados del Estado Nacional – por 26.800 MD en 2012 y por 33.600 MD en 2013 – pueden dar una pista primaria pero sin saber en qué proporción tales avales han sido efectivamente instrumentados y de cuántos pueda haberse hecho ya cargo el Fisco.

Es evidente que las Empresas y Organismos Públicos – como en el caso de represas, rutas, central nuclear y otros proyectos – están requiriendo créditos (internos y externos) con avales del Tesoro pero no se dispone de cifras directas y acumuladas.

El caso de YPF es paradigmático al respecto: la empresa ha pasado bajo control directo del Estado a raíz de la expropiación de la mayoría accionaria de Repsol y con ello el Estado Central carga ahora con una triple responsabilidad financiera, que antes no tenía, por valor de más de 50.000 MD: 1. El Pasivo por la deuda  heredada de la empresa, que suma unos 9.000 MD[9], 2. El financiamiento de los costos de exploración, que suman 37.200 MD en el quinquenio 2003-2007, y 3. Las indemnizaciones eventuales reclamadas por Repsol ante el CIADI, que son por 10.500 MD.

f)                    BANCO CENTRAL (BCRA).

El endeudamiento del Tesoro con el BCRA y la deuda cuasi-fiscal o propia del banco muestran un cuadro de situación muy grave:

-   Al 31.3.2013 el gobierno le debe al BCRA unos 64.000 MD por dos grandes conceptos: 1) 39.100 MD en divisas, correspondientes a los préstamos de reservas para pago de deuda externa contra entrega de Letras intransferibles a 10 años de plazo, y 2) 127.700 M$ (≡ 24.900, casi 25.000 MD) por Adelantos Transitorios.

-   El gobierno no tiene capacidad de repago demostrada para poder devolver en tiempo y forma estos fondos prestados.

-   Tampoco tiene Reservas Netas suficientes para atender los vencimientos de la Deuda Externa: si al stock de reservas de 40.500 MD (a esa fecha, porque hoy son inferiores a los 40.000 MD) se le restan los 7.600 MD por encajes en moneda extranjera depositados en el BCRA y préstamos de otros bancos centrales, por unos 4.000 MD más, esto da un subtotal de unos 29.000 MD. Pero si a ello se le restan además las deudas propias del banco por Lebac/Nobac – 109.700 M$, equivalentes a 21.200 MD[10] - el saldo de Reservas Netas quedaría reducido a 7.700 MD. Y todo esto, en función que las Reservas Internacionales ya no son respaldo de la Base Monetaria (que al 31.3.2013 equivalía a 59.000, casi 60.000 MD).

-   El BCRA compra reservas con deuda – Lebac/Nobac – por las que paga intereses del orden del 15 % anual, a través de colocaciones que renueva permanentemente todas las semanas.

De hecho, el BCRA ha transformado así su Política de Acumulación de Reservas en una Política de Reposición de Reservas, que compra divisas con deuda – vía letras y notas – para prestarle al Tesoro para que éste, a su vez, pague deuda externa con Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales.

Considerando el reducido nivel de reservas netas, la baja calidad de los activos por títulos públicos en cartera y la elevada proporción de su deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac la situación patrimonial y financiera del BCRA – desde el punto de vista técnico - se encuentra muy gravemente comprometida.

g)                  FGS DEL ANSES.           

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Previsional – que está a cargo de la ANSES – no es dinero del Estado sino dinero administrado por el Estado.

Al 30.9.2012 el 60 % de dicho fondo – que totalizaba entonces 227.200 M$ - está prestado al Estado para sostener el sistema de la Deuda Pública.

El gobierno va licuando en gran medida el valor de esta deuda porque se encuentra  pactada a tasas de interés negativas (tasas nominales inferiores a la inflación real) y porque una gran parte de la misma está constituida por deudas en pesos que se ajustan por CER (un CER que replica un índice oficial de precios minoristas justificadamente imputado de expresar menos de la mitad de la inflación real).

Mientras privilegia la adscripción de la ANSES al pago de la deuda pública, el organismo demora paralelamente las actualizaciones legales de jubilados y pensionados así como el pago de los juicios perdidos en los reclamos de ajuste contra el Estado.

Estas demoras del gobierno le permiten ganar tiempo a favor del Fisco por medio de una suerte de parcial “solución biológica”: con el paso del tiempo los jubilados más viejos – que son los que acumularían más retroactivos – se van muriendo y la mayor parte de los que no reclaman (sólo uno de cada 10 hacen juicio contra la ANSES) también.

h)                  AGENCIAS DEL ESTADO.
El problema de la Deuda intra-Estado (al que ya nos hemos referido en numerosas oportunidades) incluye, además del problema de descapitalización del BCRA y el desfinanciamiento de la ANSES, una serie de virtuales desvíos de fondos de sus destinos específicos por parte de otros organismos del Sector Público.

Actualmente le prestan al Tesoro la AFIP, el Fondo de Reconstrucción Empresaria (FFRE), Lotería Nacional y Casinos, el PAMI, etc.

Es también muy importante el aporte en este sentido del Banco Nación (BNA), que tendría prestado al gobierno un 40 % de su cartera de créditos.

En total, hoy más de la mitad de la deuda pública oficial del Estado Central corresponde a Deuda intra-Estado.

Como esta deuda no tiene capacidad demostrada de pago, en los hechos configura una forma de sostenimiento institucional del sistema de la deuda pública a costa de otros gastos fiscales destinados a cubrir las necesidades del pueblo y del desarrollo argentino.

i)                     PROVINCIAS Y MUNICIPIOS.  

Según la última información oficial disponible del MECON – que data de un año atrás, al 31.3.2012 – el stock de deuda consolidada de las provincias era entonces  de 127.300 M$ ( 26.000 MD), sin contar Deuda Flotante ni Contingente.

Más de la mitad de esta deuda está contraída con el Estado Nacional, que abona los servicios de capital e intereses y luego se los descuenta a las provincias  de la coparticipación federal de impuestos.

La cifra del total de deudas provinciales está sentiblemente desactualizada y su composición se encuentra en varias jurisdicciones en proceso de franco crecimiento no sólo por deuda interna sino también por deuda externa (caso de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Mendoza, Tucumán y otras).

Las nuevas deudas se colocan en pesos, en moneda extranjera y en pesos indexados por tipo de cambio (dólar linked) y pagan una tasa de interés del orden del 10 % anual o más.

Como un caso de referencia indicativo del ritmo de aumento de las deudas provinciales puede citarse la provincia de Buenos Aires - que concentra un 50 % de la deuda pública del conjunto de las jurisdicciones – que figuraba con un stock de deuda de 60.600 M$ al 31.3.2012 y había pasado a 66.400 M$ según sus cifras oficiales al 30.9 del mismo año, sin que se computara todavía el fuerte déficit fiscal al fin del ejercicio.

Para la deuda de los municipios del país no existen datos oficiales – ni del MECON ni de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ni de ninguna otra entidad – por lo que no se tiene idea del monto  
  
j)                     AVALES DE LA TESORERÍA.

A los avales del Estado ya nos hemos referido en el punto e), sobre Deuda Pública Indirecta pero los volvemos a destacar aquí por la importancia de la condición de garante de última instancia de toda la deuda pública por parte del Estado.

No se trata de un tema menor, ya que todos estos pasivos contingentes pueden devenir en cualquier momento obligaciones en firme a cargo de la Tesorería si los entes públicos que han contraído y/o siguen contrayendo estas deudas no tienen – lo mismo que el Estado Central – la debida capacidad de repago demostrada.

Complementando lo dicho en el citado punto e), la experiencia argentina – desde la época del Proceso Militar hasta nuestros días - exhibe toda una larga serie de deudas que terminaron traspasadas al Fisco.

La falta de informaciones oficiales sobre el monto de la Deuda Pública Indirecta es uno de los problemas de fondo del endeudamiento público argentino.[11]

k)                   JUICIOS CONTRA EL ESTADO.

Este último es uno de los acápites más problemático dentro del endeudamiento nacional argentino ya que involucra fondos extraordinariamente elevados y de respuesta financiera imposible por parte del Estado.

Dentro de la lista de acciones judiciales – tanto las demandas iniciadas como las que tienen sentencia en firme – los rubros más graves son los siguientes:

-   Los juicios por los bonos en default que se sustancian en el exterior por reclamos de los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje 2005-2010 (holdouts) y que involucran más de 11.000 MD; sin contar las consecuencias financieras que pudieran extenderse a bonistas ya entrados en el canje de títulos si se aplicara la Cláusula del Acreedor más favorecido.

-   Las demandas hechas por empresas (y también por holdouts) ante el CIADI – el tribunal de arbitraje del Banco Mundial – donde ya existen también fallos en contra de la Argentina. No se tiene una estimación actualizada de los reclamos en este rubro, que originariamente abarcaba denuncias por unos 20.000 MD pero ahora se habría reducido a menos de la mitad de esa cifra (quizás entre 7 y 8.000 MD).

-   La masa de juicios locales contra la ANSES por parte de jubilados y pensionados que reclaman la actualización legal de sus haberes, siendo que hay actualmente más de 450.000 juicios abiertos y que el promedio de los reclamos estaría en unos 140.000 $ por damnificado.

Aunque no revisten carácter de reclamos judiciales generalizados – al menos, por ahora – en este capítulo pudiera incluirse también el problema de la deuda externa a renegociar con los países del Club de París, cuyo monto sería del orden de los 9.000 MD, si bien el MECON consigna sólo 6.100.

El tema de los juicios contra el Estado – al que ya nos hemos referido en varias notas anteriores (relativas al pedido de embargo de la fragata Libertad y a los fallos de Nueva York a favor de los llamados fondos-buitre) - constituye indudablemente uno de los condicionantes más serios de la deuda pública argentina dado sus efectos directos y su implicancia sobre los bonistas que ya ingresaron en los canjes de deuda 2005 y 2010.    

Hasta aquí el panorama primario o inventario básico del cuadro de endeudamiento público de la Argentina actual, con las insuficiencias forzosas del caso dada la falta de informaciones oficiales.

EN CONCLUSION:

Conforme la advertencia hecha al inicio de esta nota, cuando el gobierno Kirchner habla de la Deuda Pública se refiere sólo al primer rubro – el ítem a) – de este largo listado de áreas, niveles y ámbitos de endeudamiento; esto es, considera solamente el peso de la deuda performing y registrada del Estado Central.

Del sintético enunciado de cada uno de los rubros restantes – que son todos menos el primero – surgen entonces algunas conclusiones importantes:

a)       El monto verdadero de la Deuda Pública Nacional excede con mucho el stock de deuda declarada por el MECON, que acota los datos sólo a una parte de las obligaciones del gobierno central.

b)       No es cierto que el país se está desendeudando: tan sólo la deuda pública de la Administración Central crece a un ritmo de más de 10.000 MD por año; y el engañoso ratio Deuda/Producto no invalida esta realidad.

c)       El gobierno Kirchner sostiene un nivel de deuda impagable a costa de una deuda intra-Estado que descapitaliza el BCRA, desfinancia el sistema previsional y desvía en la práctica grandes fondos públicos de sus destinos específicos.

Así como la inflación real es mucho mayor que la inflación oficial del INDEC, así también la deuda real de la Nación Argentina es mucho mayor a la deuda declarada oficialmente.

La crisis del Modelo K por falta de superávits gemelos – fiscal y externos – para poder soportar el pago de los servicios de la deuda por capital, intereses y cupones PBI hace que la administración Kirchner aguante hoy un mecanismo de  máximos pagos posibles a costa de empapelar a las entidades del Estado con títulos sin solvencia fiscal.

El objetivo gubernamental en curso es así abonar servicios de deuda a ultranza, demostrar vocación pagadora a rajatabla y retomar las negociaciones en diversos ámbitos para reinsertarse, una vez más, bajo condiciones “normales” en el sistema de la deuda.     

La Deuda intra-Estado funciona, en la práctica, como un proceso transitorio o “préstamo-puente” interno hasta que pueda cumplimentarse la Hoja de Ruta planteada por el ex ministro de economía y hoy vicepresidente Boudou: 1. Solución del problema de los Holdouts, 2. Arreglo de la Deuda Externa con el Club de París, y 3. Regreso del país al Mercado Internacional de Capitales, para volver a endeudarse.

De las posibilidades de mantener su adscripción a este sistema de deuda pública perpetua depende no solo el sostenimiento del Modelo K sino también la estabilidad política del gobierno Kirchner.-

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 20.4.2013

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2013 04 20 DEUDA TOTAL.



NOTAS:

[1] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con redondeo, de modo que pueden existir mínimas diferencias entre sumatoria de términos y totales.

Por metodología internacional el MECON lleva las estadísticas de deuda en dólares, si bien no todas las obligaciones están en moneda extranjera: del total, algo más del 60 % de la deuda está en divisas.
[2] Es importante observar que, a los fines de todas las informaciones y ratios oficiales, el MECON toma como referencia sólo este subtotal de deuda regularizada de 182.700 MD y no el total de 194.000 (más precisamente, 193.400). 
[3] La denominación Megacanje 2005 corresponde a la reestructuración de deuda realizada durante la gestión Kirchner-Lavagna, que fue complementada luego con la reapertura del 2010.

No confundir este Megacanje – que involucra bonos elegibles por un total de 82.000 MD - con el Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001, que fue por algo menos de 30.000 MD y que se encuentra todavía bajo investigación de la justicia pese a que la mayoría de esos títulos fueron aceptados para el canje 2005-2010.
[4] El símbolo  significa “equivalente a”.
[5] La consideración de un ajuste por CER oficial que es mucho más bajo que la Inflación real implica una licuación de deuda para los tenedores de este tipo de títulos en moneda local.

Como la gran mayoría de tales bonos están en poder del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, esto significa que los perjudicados finales de esta disminución del valor de la deuda por capital son los jubilados argentinos.
[6] Las cifras restantes de pago son difíciles de determinar porque una parte de estos VLPBI se habría rescatado anticipadamente vía ANSES.

Quien mejor ha venido estudiando este tema es Javier Llorens, que estima que el saldo a pagar podría ser ahora – después del rescate de cupones PBI en poder de la ANSES - del orden de los 25.000 MD, con fuertes vencimientos en los próximos años.

No está contemplada aquí la incidencia de las operaciones de recompra o rescate anticipado de deuda soberana por otro 5 % del excedente sobre el crecimiento anual del PBI (que se habrían comprometido hasta el 2009).
[7] Todo el perfil de vencimientos que muestra la información oficial del MECON (SF-ONCP) – por Capital y por Intereses – en realidad está viciado de nulidad porque se parte del falso supuesto que las deudas que vencen anualmente se cancelan y extinguen, pero en la práctica eso no es cierto porque la totalidad de las obligaciones se refinancian y además se toman nuevas deudas, de modo que las cifras de vencimientos por ambos conceptos de servicios no bajan y, por el contrario, serían lógicamente crecientes.
[8] De esta manera, el monto oficial del MECON – capital más intereses – da casi 250.000 MD (unos 248.600 MD), aunque esta cifra está parcialmente disminuida ya que el capital total según la ONCP sería aquí de 176.300 MD y no de los 194.000 MD de deuda total oficial o ni siquiera de su propia deuda performing de 182.700 MD. 
[9] Paradójicamente, cuando en la década menemista del ´90 se privatizara YPF, el Estado la vendió sin pasivos, que absorbió en consecuencia y que en ese momento llegaban a unos 8.500 MD.

El Fisco carga así dos veces el endeudamiento de la empresa: primero por la deuda heredada del Proceso y ahora por la deuda heredada de la administración Repsol-Eskenazi.
[10] La toma en cuenta de esta deuda por letras y notas del BCRA se funda en que tales operaciones estarían calzadas con compras de dólar en el mercado de futuros por parte de los bancos suscriptores.
[11] Aparte del negociado del grupo Goldman Sachs en la crisis de deuda de Grecia también habría gravitado en el falseamiento de las estadísticas de obligaciones y vencimientos la omisión de la Deuda Pública Indirecta, es decir, que a las autoridades de contralor de la Unión Europea se les informaba sólo la deuda en cabeza del Estado Central.