PARLASUR sin Dieta

Parlamentarios del MERCOSUR en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales. Serán aplicables a su respecto, siempre que no hubiere disposición específica, las disposiciones que regulan la condición de aquéllos en cuanto a inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares”.

De deudas y buitres

El Congreso de la Nación debate seguir sometiendo el país a los dictados de un tribunal extranjero, dando de comer a los insaciables capitales financieros, profundizando el endeudamiento iniciado hace 40 años por la dictadura cívico-militar y sus consecuencias nefastas de dependencia, empobrecimiento, desempleo y dominación.  La mayoría de la Cámara de Diputados ya ha dicho sí a la ignominia.

Son vergonzosamente pocas las voces que se levantan, dentro del recinto, para rechazar la extorsión del Poder Ejecutivo y sus pretendidos aliados transnacionales y asumir sus propias responsabilidades, como parlamentarios, por la protección de la soberanía y los derechos de quienes se dicen sus representados, el pueblo argentino.

Algunos evocan un tono nostálgico, haciendo Memoria de su otrora oposición al pago de una deuda ensangrentada, ilegítima y fraudulenta para intentar convencer, aunque sea a sí mismo, que exigir Verdad y Justicia, pretender ejercer sus funciones soberanas y constitucionales, ya pasaron de moda. Otros dudan que el acuerdo que propone el Ejecutivo, a fin de cumplir con las exigencias del tribunal neoyorquino, realmente redundará en el paraíso prometido pero no tienen la valentía de señalar que el rey, de verdad, está desnudo.

No es “normal” acordar pagos multimillonarios para una deuda comprobadamente ilegítima, ilegal e impagable. No es "endeudándonos para pagar deuda" que se va a resolver los desafíos de inclusión, empleo, bienestar para todos y todas así como protección a la madre naturaleza.

Llamamos nuevamente a los miembros del Congreso de la Nación, en especial a los Senadores que aún tienen oportunidad para mostrar su apego a la ley y los derechos humanos, al Presidente de la Nación y su gabinete, a asumir sus obligaciones para con el pueblo argentino, no con supuestos acreedores ni los interesados de siempre - tanto adentro como afuera del país - en seguir saqueando la riqueza que aquí abunda. Tienen  primacía los derechos humanos, los derechos del pueblo, por sobre todo.

Los llamamos a poner fin al sometimiento a tribunales extranjeros, a investigar e impulsar los juicios pendientes en jurisdicción nacional para establecer la clara ilegitimidad e ilegalidad de la deuda que se busca seguir pagando, profundizando la práctica de "pagador serial" inaugurada por el anterior gobierno y continuadora de las prácticas de pago que lo antecedieron. No hay que “honrar” sino sancionar a los responsables de tamaño crimen contra el Estado y el pueblo. Mientras se investiga, es necesario suspender todo pago. Al respecto, llamamos a revertir la inoperatividad de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda creada el año pasado, y a partir de los más de 477 ilícitos comprobados judicialmente ya en el año 2000, en la Causa Olmos, avanzar en el esclarecimiento, sanción y reparación de los crímenes y violaciones de la deuda.

Asimismo, como hemos planteado siempre desde Diálogo 2000 y la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes (ver Declaración reciente al respecto) , es necesario consultar al pueblo argentino antes de seguir pagando una deuda que le sigue costando caro, y continuar endeudándole no para su bienestar o desarrollo sino para ejecutar una política de entrega, ajuste, empobrecimiento y saqueo.

A 40 años del último golpe cívico-militar, hay que impedir la consolidación de las políticas por ello inauguradas.  Los únicos acreedores legítimos son el pueblo, sus derechos, la madre naturaleza.
- Buenos Aires, 16 de marzo de 2016

Por Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina:

Los legisladores argentinos del Parlasur (el Congreso del Mercosur) están que trinan. Los más enojados no descartan presentar una denuncia contra el Gobierno ante la Justicia. Es que pasan las semanas y los 43 parlamentarios elegidos en octubre pasado todavía no cobraron un sueldo ni cuentan con las herramientas básicas para ejercer su labor. El gobierno de Mauricio Macri los castiga con la indiferencia, critican.

"La realidad es que estamos sin sueldo, sin viáticos para viajar a Montevideo (sede del Parlasur), sin despachos ni asesores", se quejó en diálogo con LA NACION un legislador del Frente para la Victoria.

El kirchnerismo es mayoría en la delegación argentina al Parlasur, y esta sería una de las razones por las que el Gobierno los ignora, especulan los opositores. También es cierto, agregan, que Macri reorientó la política exterior hacia los Estados Unidos, Europa y la Alianza del Pacífico, en detrimento del Mercosur, de la Unasur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), más afines a la orientación que pretende imprimir el kirchnerismo en el Parlasur.

Jorge Vanossi.Foto:Archivo

Más allá de las motivaciones políticas que esgrima el oficialismo, lo cierto es que su desdén hacia el Parlasur y la delegación argentina está violando la legislación vigente, alega la oposición, amén de desconocer el voto popular expresado el 24 de octubre pasado, cuando por elección directa se eligieron a los 43 parlamentarios de todo el país. El constitucionalista Jorge Vanossi, diputado del Parlasur por el Frente Renovador, precisó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, está obligado por la ley de presupuesto 2016 a asignar las partidas correspondientes para atender los gastos de los parlamentarios. Además, el artículo 16 de la ley 27.120, votada por el kirchnerismo, establece que los legisladores del Parlasur deben recibir las mismas remuneraciones que un legislador nacional.

"Se cumplieron todas las etapas: los diputados del Parlasur fueron electos en comicios nacionales no cuestionados, sin que mediaran impugnaciones previas ni posteriores. La Cámara Nacional Electoral nos entregó el diploma correspondiente que así nos acredita. El 14 de diciembre prestamos juramento (o "compromiso") ante el plenario del Parlasur en Montevideo, sin que mediara impugnación alguna. En suma, los derechos de los diputados del Parlasur son "derechos adquiridos" y su elección es irrevocable. Cualquier obstáculo que se interponga sería groseramente inconstitucional", fundamentó Vanossi.

La próxima reunión del Parlasur será el 14 del mes próximo y los delegados argentinos no tienen siquiera asegurados los pasajes para asistir a la sesión en Montevideo. Sin ir más lejos, cada uno debió afrontar de su propio bolsillo el viaje a la capital uruguaya para asistir a la ceremonia de jura, en diciembre pasado.

El desdén del Gobierno quedó en evidencia el 6 del mes pasado cuando la canciller argentina, Susana Malcorra, suspendió una reunión que tenía prevista con los 43 parlamentarios argentinos y que no fue reprogramada.

El clima político tampoco ayudó demasiado: pocos días después sobrevino la detención de la dirigente ultrakirchnerista Milagro Sala en Jujuy, una de las integrantes electas al Parlasur -aún no juró-, y sus colegas del Frente para la Victoria, encabezados por el ex canciller Jorge Taiana, salieron prestos a exigir su liberación.

El Parlasur no goza de la mejor valoración social y de ello son conscientes los parlamentarios argentinos. Este organismo regional, si bien está en vigor desde hace una década, recién entrará en funciones a pleno en diciembre de 2020, cuando todos los países miembros hayan elegido a sus diputados por voto directo. Hasta entonces, sus resoluciones no serán vinculantes. Además, la Argentina fue el único país, junto con Paraguay, que amplió por voto directo su delegación, de 26 a 43 bancas, y cada legislador debe percibir un sueldo idéntico al de un legislador nacional (alrededor de 70.000 pesos, más viáticos),

"Es un error conceptual y político del Gobierno desconocer a los diputados del Parlasur, cuando hay infinidad de temas y de proyectos que se podrían trabajar en conjunto en ese organismo internacional. El proceso de integración regional es complejo, pero lo será mucho más si el Gobierno persiste en desconocer a sus organismos", sostuvo el diputado Alberto Asseff (Frente Renovador).

Advertencias de los diputados del Parlasur

Jorge Vanossi

Frente Renovador

"Los derechos de los diputados del Parlasur son derechos adquiridos y su elección es irrevocable. Cualquier obstáculo sería inconstitucional"

Alberto Asseff

Frente Renovador

"Es un error conceptual y político del Gobierno desconocer a los diputados del Parlasur, cuando hay infinidad de temas y de proyectos que se podrían trabajar"

 

La Olmos

CENTRO CULTURAL ALEJANDRO OLMOS

en Convocatoria por la Liberación Nacional y Social

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Correo: centroculturalalejandroolmos@gmail.com

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El 11 de febrero de 2016, 16:02, Centro Cultural Alejandro Olmos <centroculturalalejandroolmos@gmail.com> escribió:

La Olmos

Asamblea Deuda y Bienes Comunes

​

Declaración de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la deuda y por la defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, ante el inminente acuerdo con los fondos buitre:

¡NO al Pago a los Buitres!   ¡NO al Endeudamiento Forzado de la Patria!

Desde la Asamblea expresamos nuestro más profundo rechazo ante un posible y acelerado acuerdo con los fondos buitre, según lo negociado por el gobierno actual y que se debate ahora en el Congreso de la Nación. Con ostensible sometimiento a las exigencias de un juez de Nueva York, sin prestar atención a los fallos de la justicia argentina, sin estudio serio y sin investigación, se busca convalidar la mayor estafa a nuestro pueblo y país que se origina en la deuda contraída por la dictadura genocida instalada hace 40 años. Con un trámite “exprés” y con un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, delegando una vez más la responsabilidad del Parlamento sobre el endeudamiento nacional y sin ninguna perspectiva real de contribuir a mejorar la vida del pueblo.

En ese sentido también denunciamos la inoperancia de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, que ni siquiera presentó un informe a fin del año 2015, tal como estipulaba la mal llamada Ley de Pago Soberano, lo que motivó un informe individual de Claudio Lozano, miembro de la Comisión, que evidenció la gran estafa que ha sufrido el pueblo argentino con respecto a la acumulación y pago de deuda pública desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad. Reclamamos que la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda cumpla con su mandato, con participación del pueblo y atendiendo a las consecuencias de seguir reconociendo y pagando deudas cuya ilegitimidad e ilegalidad han sido largamente comprobadas. Reclamamos asimismo, mientras dure la investigación, que se suspendan todos los pagos sean a los buitres, los “me-toos”, los demás holdouts, los bonistas que canjearon sus títulos en 2005/2010, y el Club de Paris.

A 40 años del golpe cívico-militar que dio origen al actual ciclo de endeudamiento y, paradójicamente, en el año del bicentenario de la declaración de la independencia de nuestro país, nos encontramos ante una mayor profundización del problema cuyas consecuencias para el país han sido y serán dramáticas: dependencia, pérdida de soberanía, profundización del modelo extractivista, de la expoliación y destrucción de nuestros bienes comunes, creciente desempleo y empobrecimiento, para nombrar solo algunas.

Por todo lo expuesto, reclamamos al Gobierno y al Parlamento desistir de someterse a las exigencias de una deuda ilegítima, fraudulenta, odiosa e impagable. Que investiguen la deuda, empezando por los 477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, por la denuncia de Alejandro Olmos, y que impulsen de manera prioritaria los demás juicios aún pendientes en tribunales de nuestro país que determinan el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos del establishment político de legitimarla.

Apoyándonos en la soberanía popular, sostenemos además la necesidad de una gran campaña nacional de esclarecimiento sobre el sistema de endeudamiento perpetuo y de una consulta popular acerca del pago de toda la deuda espuria, una vez investigada. 

-       Buenos Aires, 8 de marzo de 2016, Día internacional de la mujer trabajadora

¡Que se salde la deuda con las mujeres y todo el pueblo, no con los prestamistas y buitres!

ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES

PREVENCIÓN

Avanza la elaboración de un protocolo contra el dengue

Brindó detalles de la jornada realizada en Misiones.

Así lo indicó a Info Región la legisladora del Parlasur por el Frente Renovador, Fernanda Gil Lozano. “Tenemos que trabajar y hacernos cargo en base a cada región en busca del bien común”, subrayó.

La legisladora del Parlasur por el Frente Renovador, Fernanda Gil Lozano, señaló que el viernes se llevó a cabo una reunión en Posadas, Misiones, en el marco del Primer Foro de Lucha contra el Dengue, donde estuvieron presentes médicos y representantes del Parlasur de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Durante la jornada, el eje estuvo puesto en las propuestas para dar forma al protocolo que tiene como objetivo combatir al mosquito aedes aegypti.

Gil Lozano sostuvo que a partir de la reunión se generó “una versión muy avanzada del protocolo” y que “quizás se publique a partir del miércoles”. “Estamos contentos porque pudimos obtener un resumen del protocolo. Ahora hay que focalizar la mirada biológica frente al mosquito. Tenemos que trabajar y hacernos cargo en base a cada región en busca del bien común”, apuntó a este medio.

Explicó que “si bien hay que trabajar sobre la prevención, está la idea de que hay que convivir con el vector”. “Empezamos a ver que teníamos que focalizarnos en el aedes aegypti. Brasil bajó un poco los brazos en la lucha de esta enfermedad pero yo no veo razón para bajarlos porque el vector es el mosquito, el mismo mosquito transmite zika, dengue y chikungunya. Este tema es de proyección mundial porque son pocos los países que no están afectados”, añadió la parlamentaria del Mercosur.

La reunión. El Ministro de Salud Pública de Misiones, Walter Villalba, estuvo presente en la jornada. Médicos de Posadas y de Uruguay expusieron sus conocimientos e ideas.

“Nos reunimos en Misiones porque al ser la provincia más afectada es la que tiene más experiencia en esta problemática. Si bien no se puede erradicar al mosquito por completo, porque es parte del ecosistema, hay que aprender a controlarlo tomando medidas como la descacharrización, la bolsas de basura y también la micro basura como las tapitas de gaseosa”, concluyó.

* Nota correspondiente a la publicación del día 28 de Febrero de 2016

Barrick: un peritaje oficial probó que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro

Publicado 25 febrero, 2016 | Por impacto

   Fue como consecuencia del derrame en la mina Veladero; el informe lo hizo la Policía Federal. nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región. “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación”, sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA). 

El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental. La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia. El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje. De acuerdo con este informe, “todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total”; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó “una excesiva concentración” de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria. “Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico”, advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones “pueden resultar dañosas para la salud” de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA. Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña “dañina” del gobierno de Mendoza. La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: “En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica”. Y termina: “El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso”. En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.

Fuente: La Nacion

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Publicado en Actualidad, Argentina, Corrupción, Salud | Etiquetado Barrick Gold, Contaminación, Rios, San Juan

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El 26 de febrero de 2016, 15:38, Centro Cultural Alejandro Olmos <centroculturalalejandroolmos@gmail.com> escribió:

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El 26 de febrero de 2016, 11:55, Foro Deuda Externa La Plata- Bsso -Eda <forodeudaexternalp@hotmail.com> escribió:

LA RENDICIÓN A LOS HOLDOUTS

Por Héctor GIULIANO (23.2.2016)

La Argentina se encuentra en vísperas de firmar una de las rendiciones financieras más grandes de su Historia: la rendición ante los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.

La cuestión de los holdouts fue generada, agravada en forma equívoca e irresponsable y finalmente perdida por la administración Kirchner; y traspasada así para que fuera un nuevo gobierno quien se hiciera cargo del asunto.

Y la administración sucesora Macri - cuya política institucional es gobernar con deuda pública - se muestra declaradamente urgida y ansiosa por liquidar el asunto, a un altísimo costo financiero fiscal, para volver al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en gran escala en el exterior (que era el mismo objetivo buscado con el Megacanje Kirchner-Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou 2008; y que quedó frustrado por el problema de los holdouts).

Con el gobierno Kirchner se cumplió el adagio: vivió pagando deuda – fundamentalmente deuda con terceros a costa de una impagable deuda intra-Estado (grandes pagos a acreedores privados y organismos financieros internacionales) - y murió debiendo más de lo que heredó como deuda (un total superior a los 280.000 MD – Millones de Dólares – según cifras al 30.9.2015, sin contar intereses y tomando sólo la deuda en cabeza del Estado Central).

Cumpliendo fácticamente una tarea en tándem, la deuda externa desagotada por el gobierno K sirvió funcionalmente a la sempiterna excusa - ahora del gobierno Macri - de lamentar la pesada herencia recibida (el mismo argumento de base que usaron los Kirchner y todas las administraciones anteriores) y volver a tomar más deuda que antes.

Se corrobora de este modo una regla no escrita que dice que los problemas insolubles derivados del sistema de la Deuda – un mecanismo de deuda perpetua por refinanciación constante de sus vencimientos de capital – se cura siempre con más endeudamiento.

La administración K, durante su larga gestión, llevó a cabo una estrategia tan errónea como gravosa frente a los holdouts:

1. Se negó a investigar la legitimidad de las deudas reclamadas y acordó el Megacanje 2005-2010 para convalidar la deuda heredada, que en su gran mayoría (más del 80 % del total) correspondía al anterior Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001, que fue una operación delictiva y ruinosa para los intereses financieros del Estado.
2. Aceptó la jurisdicción de tribunales extranjeros – para competencia y ejecución de sentencias – y la condición de los fondos buitre (FB) aceptando los reclamos a Valor Nominal y no a Valor de Compra de los títulos reclamados.
3. Engañó a la opinión pública con el falso argumento de una quita con el Megacanje que en realidad era íntegramente compensada con cupones PBI, instaló – con la complicidad de la clase política mayoritaria - la falsía de un supuesto éxito de negociación que ocultaba el fracaso de dicho Megacanje, y luego proclamó el mito del Des-endeudamiento Público.

Todo este conjunto de falseamientos, torpezas y allanamientos K no sólo agravó la situación financiera y jurídica de la Argentina sino que dejó preparado el camino para que una nueva administración, la administración Macri – partidaria declarada de la vieja fórmula liberal de crecimiento con deuda – volviera a caballo del argumento de la herencia recibida y la necesidad de terminar de alguna manera con la cuestión de los holdouts, que bloquea su nueva política de endeudamiento externo en gran escala.

Con el agravante que, en realidad, no se trata tampoco de una terminación sino de una pseudo finalización de la cuestión - ya que el problema no son sólo los holdouts sino la deuda pública en sí misma - porque, en los hechos, acabar así con el tema FB significa que toda la deuda pública existente, más la deuda que se toma para pagar a los holdouts más la nueva deuda que se tome para financiar las obras públicas y de infra-estructura va a llevar a una nueva e impagable ola de macro-endeudamiento del Estado: toda una serie de nuevas obligaciones fiscales para las que no existe la más mínima capacidad de pago demostrada.

En este contexto, los preparativos para la firma de la rendición financiera ante los holdouts conllevan varios puntos relevantes:

1. Pese a su declarada política de transparencia informativa la administración Macri no ha suministrado todavía datos e informes concretos sobre los montos a pagar que están en juego: primero se habló del pago al contado de 6.500 MD sobre un total de reclamos de 9.000 pero ello correspondería sólo a los juicios y reclamos de los me tooalcanzados por la mediación Pollack, mientras que ahora se reconoce la necesidad de cubrir deudas con 15.000 MD en bonos y un total general de pagos pendientes por 20.000 MD; lo que se acerca a estimaciones varias existentes sobre un monto final total a pagar entre 20-30.000 MD.
2. Absolutamente toda la deuda por los juicios perdidos por el Estado y los reclamos del resto de los holdouts se va a pagar con préstamos externos tomados en función de colocación de nuevos bonos cuyas características se desconocen.
3. Los condicionamientos legales del arreglo con los holdouts – impuestos por el juez Griesa y por el special master Pollack, que es el mediador designado por el juez (y que, en la práctica, es un re-estructurador de deuda) - incluyen especialmente la intervención del Congreso Argentino para comprometer su apoyo al acuerdo propuesto por el Ejecutivo.

Este último punto es particularmente importante porque se exige como requisito del acuerdo con los holdouts la derogación formal de la Ley cerrojo 26.017 y de la Ley 26.984 de Pago Soberano Local, con lo que sería la primera vez que el parlamento nacional se expida expresa y favorablemente a la convalidación de la Deuda Pública pese a las investigaciones en curso – expedientes virtualmente cajoneados por la Justicia Argentina – sobre su probada ilegitimidad de origen (causas Olmos I – con sentencia del juez Ballestero del año 2000, que el Congreso siempre se negó a considerar – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos sobre responsabilidad de los funcionarios superiores de gobierno).

Aunque los juicios en curso son formalmente independientes de las decisiones legislativas – caso reciente de la anulación del convenio Irán-AMIA por la Corte Suprema pese a estar aprobado por el Congreso – cabe suponer en cambio que, en este caso, los jueces a cargo de los expedientes respectivos, sistemáticamente renuentes a promover y/o acelerar las causas, pudieran usar el arreglo de los holdouts como argumento para darlas por terminadas.

Pero la importancia y gravedad de lo que derive de esta muy probable convalidación parlamentaria vía derogación de las dos leyes es algo más complejo todavía:

1. La Ley 26.017 o Ley Cerrojo (del 11.2.2005) – llamada así porque prohibía abrir el Megacanje (que había sido una oferta voluntaria de reestructuración de bonos y cuyos términos dieron argumento a los FB para declararse excluidos del pari passu) ya ha sido suspendida por las leyes 26.547 primero (del 10.12.2009) y la 26.886 después (del 23.9.2013), de modo que se está pidiendo la derogación de una ley que ya está suspendida por el Congreso.
2. La Ley 26.984 o Ley de Pago Soberano declaraba de interés público la reestructuración de Deuda del Megacanje 2005-2010 y reemplazaba al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha operación; una decisión que no tuvo resultados prácticos y que resultó inoperante mientras el desacato del gobierno Kirchner ante el fallo Griesa agravaba la situación.
3. Pero la Ley 26.984 creó además la denominada Comisión Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso Nacional para la Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación; una comisión que el oficialismo kirchnerista cuidó que no investigara nada y que – presidida por el diputado Calcagno – no elaborara siquiera su primer informe de avance (hasta Diciembre del año pasado).

En función de estos datos no se entendería claramente cuál es la urgencia, importancia y objetivo concreto de poner como requisito del arreglo con los holdouts la derogación de estas dos leyes: un objetivo que ofreció el propio gobierno Macri en su propuesta del 5.2, que receptó y enfatizó el mediador Pollack y que luego fijó el juez Griesa como requisito del levantamiento de la medida cautelar de bloqueo de pagos.

Más allá de sus aspectos formales, la relevancia de este doble condicionamiento no parece ligada directamente al acuerdo ofrecido (un acuerdo cuyos términos completos y datos concretos todavía se desconoce).

En realidad, a los legisladores se los convocaría perentoriamente – el 29.2, bajo sesiones extraordinarias – no para analizar y/o discutir la propuesta de arreglo con los holdouts por parte del gobierno Macri sino sólo para derogar estas dos leyes, que constituyen uno de los requisitos que forman parte de dicho arreglo.

Por ende, los legisladores estarían votando sólo una cuota-parte de un acuerdo que desconocen: una suerte de cheque en blanco ya que su acción convalidaría el acuerdo.

El Partido de la Deuda – una estructura de poder inserta en las sucesivas administraciones de gobierno ocupada en sostener la Deuda Pública como principal fuente de financiamiento del Estado – avanza así, con la nueva administración Macri, hacia un nuevo escalón u oleada de macro-endeudamiento.

Es el estamento que sostiene la impunidad de las irregularidades y de los múltiples actos de corrupción incursos en el sistema de la Deuda Perpetua de la Argentina, que es un mecanismo de toma y refinanciación permanente de obligaciones sin capacidad de pago demostrada; obligaciones que son negociadas siempre en secreto y sin acceso a la información pública, manejadas vía contrataciones directas y piloteadas por funcionarios del establishment que en muchos casos han tenido y/o tienen conflicto de intereses con los acreedores.

Por lo tanto, qué quiere en realidad el gobierno Macri cuando propone y acepta la exigencia de la derogación de las dos leyes citadas por parte del Congreso pero no da paralelamente a conocer los términos concretos ni las informaciones y documentación de apoyo sobre el acuerdo con los holdouts?

Lo que pediría entonces el gobierno Macri al Congreso es un aval por compromiso parlamentario expreso a través de la aprobación de dos piezas que son parte de un acuerdo que aún se ignora: una suerte de cheque en blanco a través del cual el Parlamento Argentino quede pegado a su maniobra secreta de acuerdo completo con los holdouts.

Sería así la primera vez que el Congreso – un congreso cuya partidocracia dominante se negó siempre a tratar el problema insoluble de la Deuda Pública Perpetua y el sistema de corrupción que lo rige – le daría el aval de impunidad soñado al Partido de la Deuda.

En materia de endeudamiento, estamos hoy frente a la inminencia de otro acto mayúsculo de servidumbre de la clase política adicta para convalidar un sistema de Deuda con el que la nueva administración Macri afianzaría su política de gobernar con Deuda bajo el eufemismo de reinsertar a la Argentina en el Mundo: un esquema que funciona como círculo vicioso diseñado precisamente para volver a endeudarse sin capacidad de repago, como no sea tomando siempre más deuda.

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 23.2.2016

Asesor del

FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA

Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada

https://www.facebook.com/foro.laplata?ref=hl

@forodeudalp
http://forodeudalp.blogspot.com.ar/

forodeudaexternalp@hotmail.com

forodeuda.lp@gmail.com

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2016 02 23 HOLDOUTS

Pensando  hice  una lista   de los muertos evitables en los últimos años     entre  los muertos por droga    accidentes de transito       gatillo fácil   abortos   tratas   muertes por accidentes en trenes

Y desnutrición   y  me dio  en 12 años 100000  personas   si  cien  mil  .deve estar feliz  kissinger   con  su plan de control de natalidad  llamado proyecto matriz

Estamos en guerra contra el imperialismo   quieren nuestras materias primas   sin  resistencia    con menos habitantes

Destruir  al hombre  es  su misión   desrtullendo  la familia  . crean ong  y grupos progresitas  para hacernos creer que somos libres  y con esto nos entretienen   .con la corrupción  nos entretiene

Y nos distrae de verdadero  enemigo  el  imperialismo   y sus socios  nacionales.no les crea  solo el pueblo  salvara al pueblo  .pablo cabrejas

Eduardo Elsztein es dueño de IRSA que posee la mayoría de los shopping de Argentina, entre tantas de sus empresas tiene a CRESUD, una cerealera con una política agresiva en la compra de campos para sembrar mayoritariamente soja, una empresa que junto a Monsanto y Syngenta fue denunciada por la Asociación Campesina del Valle de Conlara por las fumigaciones que hacían en sus campos de maíz y soja transgénicos. Estas fumigaciones causaron animales muertos, huertas ecológicas quemadas por los agrotóxicos, y problemas de salud en las personas que estuvieron expuestas a estos venenos causando problemas en la piel y en las vías respiratorias. Los campesinos presentaron un recurso ambiental como medida cautelar y un juzgado hizo lugar a este ordenando el cese de las fumigaciones de todo tipo de agroquímicos incluido el glifosato, se puso en marcha el principio precautorio hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esto es solo un ejemplo de como se manejan estas empresas genocidas, y es para tener en cuenta que cuando uno ve esos arbolitos de navidad, la decoración y luces de estos shopping no todo es lo que parece, atrás de todo este lujo y luces de colores esta la parca con su tunica negra y con su guadaña envenenando, enfermando y matando en nuestros campos.

 .

Es la hora de construir poder político desde los trabajadores

GALLEGO FERNÁNDEZ·VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 2016

Los grandes temas de la vida cotidiana de un trabajador, no se expresan desde las fuerzas políticas que conocemos, como objetivos políticos que demanden al estado y al gobierno decisiones para resolverlos.

Solamente para enumerar algunos:

· Cobramos salarios a valores locales por la riqueza que producimos, y pagamos los bienes y servicios que consumimos a precios internacionales.

· Ningún trabajador tiene acceso a la vivienda, por sus propios medios

· Quienes más cobran, tienen que resignar derechos adquiridos, porque el estado lo considera una ganancia y no hay nadie de la casta política que manifieste que las escalas salariales de convenio y los derechos que conforman el sueldo del trabajador, no son ganancias.

· Hay miles de trabajadores en negro, muchos de ellos en el estado, lo cual constituye una simulación de la relación laboral, pero nadie legisla para que se erradique la precarización a la que son sometidos.

· No hay un plan económico pensado desde los consumos populares, que garantice pleno empleo; única forma de erradicar las desigualdades existentes, o la condena a perpetuidad de vivir del asistencialismo.

· Se liberan los mercados, importando productos que se elaboran con mano de obra semiesclava, o en sistemas donde no existe la organización sindical, lo cual generará más desempleo, una caída abrupta del poder adquisitivo, ampliando aún más la brecha entre salarios y precios.

· Nuestro poder adquisitivo ha soportado un incremento de precios durante el 2015, hasta el presente, superior al 35% y el gobierno pretende que las paritarias se negocien entre un 20 y un 25%; sin ruborizarse nos están diciendo que resignemos entre el 15 al 20% de nuestro poder adquisitivo.

· Se debate si un empleado público, es ñoqui o no, ocultando que la magnitud de despidos, tiene como consecuencia inmediata, una caída en el consumo y por consiguiente se requiere menor producción, y termina con despidos en el sector privado; los cuales se mantienen invisibilizados.

· La caída en el poder adquisitivo que plantea el gobierno, también impactará en los consumos, y tendrá como efecto directo más despidos de compañeros.

Para la casta política que oficia de opositora, la cuestión no es organizar a los trabajadores para liderar objetivos políticos que resuelvan estas cuestiones; sino demostrar que este gobierno es peor que el anterior, donde la consideración de menos malo, les permita resultados favorables en el próximo turno electoral, para satisfacer sus proyectos personales.

La dirigencia gremial, en el mejor de los casos, no avanza más allá de mantener los afiliados al gremio, y recuperar en paritarias, algo del poder adquisitivo perdido; en líneas generales han funcionado y funcionan como apéndices de las estructuras políticas, viendo la mejor forma de obtener favores del poder político, a cambio de aceptar el disciplinamiento que este imparte.

Son válidas todas las luchas sindicales por mejorar el ingreso y sostener el empleo; como también es cierto, que existe una notoria desigualdad en los resultados; muchos compañeros ni siquiera pueden reclamar nada, por el grado de precarización e inestabilidad que padecen.

Se trata entonces, de fijar objetivos políticos y un plan para alcanzarlos, la lucha no es hacia dentro del espacio de trabajo, sino desde el espacio de trabajo, hacia dentro del estado, para imponer la legislación y los instrumentos del estado, que den respuesta a las cuestiones fundamentales de los trabajadores.

La unidad de los trabajadores, para desplegar su propia política, no nacerá de acuerdos donde se reparten las migajas, que el poder económico le asigna a los gremios que se disiciplinen, sino de los proyectos que respondan a las cuestiones significativas de nuestra vida cotidiana.

Como peronistas no podemos permanecer indiferentes en esta hora, jamás lo hemos hecho frente a los procesos donde se cambia la historia del pueblo; estamos absolutamente convencidos que los intereses de los trabajadores, no se expresaran en las urnas, si previamente no se logra derrotar en la calle; la estrategia del poder económico y la casta política funcional a él.

Sin trabajadores no hay patria, los trabajadores expresan el interés nacional, por ser la amplia mayoría del pueblo; las minorías solamente pueden imponer sus privilegios, cuando los trabajadores renuncian a disputar el poder real y el interés nacional.

La presente tiene el carácter de convocatoria y estamos dispuestos a concurrir donde nos llamen, para: ampliar, intercambiar y organizar estás ideas, como espacio de poder, que construya la derrota definitiva de los enemigos del pueblo.

Un fuerte abrazo peronista