sábado, 28 de diciembre de 2013

La realidad de la deuda externa

El megacanje no tuvo quita efectiva debido a que la administración Kirchner compensó esa reducción nominal con la entrega de cupones ligados al producto interno bruto.

Por Héctor Giuliano*

La columna de Salvador Treber, publicada el pasado de 22 de noviembre en este diario, se enfoca en el problema de la deuda externa argentina y, al final, analiza su última reestructuración, análisis sobre el cual cabe hacer observaciones:
En el “megacanje” Kirchner-Lavagna de 2005, el Gobierno nacional ofreció bonos elegibles por valor de 81.800 millones de dólares (U$S), y la operación fue aceptada por tenedores que representaban el 76 por ciento de esos títulos –U$S 62.300 millones–, porcentaje que luego, con la reapertura del canje en 2010, ascendió al 92%.
Contra el rescate de los 
U$S 62.300 millones de bonos viejos, el gobierno de Kirchner emitió nuevos bonos por 
U$S 35.300 millones, por lo que la quita nominal –U$D 27 mil millones en valor absoluto– fue de 43,4%, no de 67,8%.
En realidad, el megacanje no tuvo quita efectiva debido a que la administración Kirchner compensó esa reducción nominal con la entrega de cupones ligados al producto interno bruto (VLPIB) que cubrían con creces la citada merma: U$S 0,57 por cada dólar canjeado 
(100-43) más 
U$S 0,48 por VLPIB (tal fue el porcentaje que se estableció, según prospecto) da U$S 1,05 por cada dólar de valor nominal original.
Por la operación de canje, se pactó, además, la capitalización de intereses por anatocismo durante el decenio 2005-2014, el ajuste por inflación de la deuda en pesos –ajustable por CER– y la entrega de los VLPIB ya mencionados.

En el megacanje 2005-2010, la Argentina reconoció una serie de cláusulas a favor de los acreedores: prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, renuncia a oponer inmunidad soberana, exenciones impositivas totales sobre los nuevos bonos, cláusula pari passu para trato igualitario de todos los tenedores, cláusula del acreedor más favorecido, compromiso de no hacer (negative pledge ) y cláusula general de acción colectiva (CAC).
El coeficiente deuda-PIB –pese a su uso generalizado– no refleja debidamente la capacidad de repago del país, y deviene engañoso porque mide la relación entre un numerador que es una magnitud financiera cierta (la deuda) contra un denominador que es una magnitud económica estimada (el producto). Con el agravante de que la cifra de deuda que se toma es incompleta, porque hay deuda no registrada (por intereses a pagar, capitalización de intereses, ajuste por inflación de la deuda en pesos y cupones PIB) y porque, además, se compara el PIB del país contra la deuda sólo en cabeza del Estado central, sin tomar en cuenta la deuda nacional en su conjunto. Falta computar la deuda de provincias y municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central y juicios contra el Estado con sentencia en firme.
Números rojos
El último saldo de deuda pública del Estado central –según el Ministerio de Economía, al 30 de junio de este año– es de U$S 207.600 millones (U$S 196.100 millones de deuda en cumplimiento y U$S 11.500 millones por deuda con holdouts ).
Si a ese total se le suman los intereses a futuro –U$S 72.200 millones– y los cupones ligados al PIB (VLPIB) –unos U$S 15 mil millones faltantes de pago– el monto de la deuda oficial sube a U$S 294.800 millones.
Falta considerar aquí la capitalización de intereses por anatocismo (que hoy es poco significativa), los ajustes sobre el stock de deuda por tipo de cambio y por inflación interna (sobre la deuda en pesos ajustada por CER), los reclamos y gastos por los juicios de holdouts y por arbitrajes ante el Ciadi –el tribunal arbitral del Banco Mundial– y los adicionales y punitorios por la deuda externa con los países del Club de París. Por este motivo, el stock real de la deuda pública del Estado central supera hoy los U$S 300 mil millones.
Aunque con las reservas del caso –dadas las objeciones sobre la metodología de cálculo señaladas–, si se toma este stock de deuda real contra un PIB estimado por el Ministerio de Economía en unos U$S 450 mil millones, el coeficiente deuda/producto da 67%, contra el 43,6% oficial. Reitero que se trata de un cálculo muy incompleto, porque comprende sólo la deuda del Estado central, no la deuda nacional en su conjunto, cuya magnitud se desconoce porque no es informada por el Gobierno.
El pago total y anticipado de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
–U$S 9.530 millones– no fue, estrictamente hablando, una decisión voluntaria del Gobierno argentino, sino una exigencia del FMI contra los tres principales deudores de ese organismo internacional: Brasil, Argentina y Turquía. Además, si el país quería liberarse verdaderamente de la injerencia del FMI –más allá del paréntesis parcial en sus relaciones abierto desde entonces–debería haberse desafiliado, ya que como país miembro sigue sujeto a todas las obligaciones que le fija el estatuto.

Los reclamos contra la Argentina ante el Ciadi son deudas no registradas por el Ministerio de Economía, por lo que no están dentro del total de los U$S 207.600 millones de deuda pública.
Confusión
Existe una confusión entre deuda pública y deuda externa: la primera es la deuda total en cabeza del Estado central y suma, oficialmente, unos U$S 208 mil millones. La segunda, en cambio, es la suma de deuda externa pública y privada que, según los últimos datos informados, estaría en el orden de U$S 140 mil millones.
Esto es así porque la deuda externa pública –según criterio de residencia del acreedor– era de unos U$S 70 mil millones en junio de este año (incluidos los 
U$S 11.500 millones de  holdouts ), y la deuda externa privada –según la última información del Banco Central– era de U$S 68.500 millones, el 31 de marzo de este año.
De este total de deuda privada, a su vez, U$S 21.500 millones es deuda exigible, por estar vencida, y otros U$S 25.100 millones tienen vencimiento entre abril y diciembre del corriente año.
Obviamente, se trata de obligaciones privadas que no corresponde mezclar con la deuda pública, aunque es importante anotar que las divisas necesarias del sector privado las tiene que proveer el Banco Central (al tipo de cambio oficial) y no las tiene.
Por último, la mayor parte de la deuda pública hoy se encuentra en manos de agencias del propio sector público, es decir, que se trata de deuda intra-Estado –U$S 115.800 millones (59% de la deuda en cumplimiento)–, lo que facilita al Gobierno las operaciones de refinanciación continua de estas obligaciones (vía Anses, Banco Central, Afip, Lotería, etcétera).
Este tipo de deuda creció de manera extraordinaria bajo la administración Kirchner para pagar en forma privilegiada a acreedores privados y organismos financieros multilaterales con fondos tomados de las reservas del Banco Central, de las diversas cajas del Estado (en especial, del fondo de los jubilados de la Anses) y de la cartera de créditos del Banco Nación, sustituyendo así deuda externa pública por deuda intra-Estado. El detalle está en que el Estado no tiene capacidad de repago demostrada para poder cumplir con estas obligaciones.
La deuda intra-Estado habría funcionado hasta ahora como “préstamo-puente”, evitando colocar deuda externa; pero, según la hoja de ruta del entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, los pasos a seguir por el Gobierno son tres: 1) liquidar la cuestión de los juicios de los hold­outs ; 2) arreglar la deuda externa con los países del Club de París y –cumplidos los dos pasos anteriores– 3) volver al mercado internacional de capitales, lo que significa volver a endeudarse.

*Publicado en La Voz del Interior
Pagos de Deuda en moneda extranjera y reservas 

por Julio C. Gambina 

Se realizaron el 15/11/13 las jornadas monetarias del Banco Central y resaltan las palabras de la Presidenta del organismo, Mercedes Marcó del Pont, relativas a la crisis mundial y a las restricciones externas que supone la escaseas de dólares en la coyuntura económica de la Argentina actual.

Respecto de la crisis señaló “que la crisis no ha mostrado todavía indicios de revertirse, que tenemos un Estados Unidos que le está yendo un poco mejor, una Europa en recesión, con situaciones muy heterogéneas, pero donde lo que se advierte es que no hay reacción del mercado de trabajo, que si bien la tasa de desocupación dejó de caer el empleo sigue cayendo, que las políticas que se están desenvolviendo en términos de liquidez y expansión monetaria, no están resolviendo las cuestiones más de fondo que subyacen detrás de esta crisis que es una brutal insuficiencia de demandas que le permita a estos países volver a crecer. Todo lo contrario, las políticas de consolidación fiscal están minando todavía más ese dinamismo de la demanda doméstica.”

Es decir, la crisis continúa, con impacto en el empleo y los ingresos populares y encima existen políticas de ajuste que complican la situación social.

Relativo a las restricciones externas se concentró en la política de cancelación de deuda señalando que “Hemos pagado desde el 2010 hasta la fecha 24.000 millones de dólares para reducir el stock de la deuda en moneda extranjera”, y respecto de la pérdida de reservas actuales menciona que “De los casi once mil millones que cayeron las reservas en lo que va del año, el 75% es por pagos de la deuda pública en moneda extranjera.” Ese porcentaje significa que se utilizaron 8.250 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda externa durante el presente año de 2013.

Son datos relevantes, ya que la titular del Banco Central alude a las restricciones externas del país para hacerse de divisas para la industrialización y el desarrollo, denostando el ingreso de capitales especulativos y sustentando la búsqueda de inversiones genuinas, resaltando el caso de las que genera YPF en su acuerdo con Chevron y la búsqueda de nuevo endeudamiento acordado con el Banco Mundial.

Todo ello es muy discutido en parte de la sociedad Argentina. ¿Está condenado el país a sustentar el actual modelo productivo depredador de los bienes comunes? Son varios los municipios en el país que rechazan la explotación de los hidrocarburos no convencionales en oposición a una tecnología, la de la fractura hidráulica, con consecuencias negativas sobre el medio ambiente, la naturaleza y las poblaciones que circundan las futuras explotaciones. Pero lo más importante es discutir el para qué del gas o el petróleo, el para qué de la energía. Es en definitiva discutir cuál modelo productivo y de desarrollo para la Argentina.

Es más, el interrogante es si el país busca inversores externos para ciertos procesos productivos, más allá de acordar o no con esas opciones, porque no haber usado el stock de reservas para ese fin en lugar de haber destinado 9.500 millones de dólares para cancelar deuda con el FMI en 2006; o 24.000 millones de dólares entre 2010 y el presente como confirma Marcó del Pont. Por ambos conceptos sumamos 33.500 millones de dólares, una cifra similar a las reservas aún existentes en el BCRA. Las reservas podrían tener otro destino que la cancelación de una deuda que requiere ser investigada para definir su legalidad y legitimidad.

Formulaciones favorables al desarrollo y promoción de las soberanías alimentarias o energéticas, articuladas con el fomento de la soberanía financiera pueden significar procesos de inversión genuina con recursos derivados de las reservas internacionales. Se trata de un destino de las reservas para la promoción productiva y el desarrollo social extendido sin depender del interés por la rentabilidad a toda costa de los capitales externos.

Es importante que la autoridad del BCRA reconozca las restricciones externas de la Argentina, y como hemos destacado en cuantiosas ocasiones, el endeudamiento externo es un gran condicionante de política económica. No solo por la pagado con reservas internacionales, sino por la decisión de retomar el camino del endeudamiento que ya se inició con los organismos internacionales. El flagelo de la deuda es un cáncer a extirpar y no se resuelve cancelando deuda sin previa investigación. Esta semana que pasó, el Senado de Brasil convocó a una audiencia pública con la Auditoría Ciudadana de la Deuda, una iniciativa popular que demanda la investigación de la gigantesca deuda brasileña. La inspiración es la auditoría de deuda organizada en Ecuador y que redujo sustancialmente el endeudamiento de ese país. Investigar la deuda en Argentina sigue siendo una asignatura pendiente.
LA DEUDA PÚBLICA AL 30.6.2013.


Días pasados el Ministerio de Economía (MECON) editó en su página web el Informe sobre Deuda Pública del Estado Central al 30.6.2013.

El anterior informe – que es trimestral – correspondía al final de 2012. Esto es, que hasta principios de Noviembre de este año no se conocieron las cifras acumuladas del ejercicio en curso, que ahora se editaron simultáneamente para los trimestres I y II.

Según la información oficial, durante el primer semestre no se habrían producido variaciones relevantes con respecto al 31.12.2013. La situación a esa fecha – fin del año pasado - ya fue tratada oportunamente en otros artículos del autor, por lo que el presente trabajo sólo tiene por objeto analizar los nuevos datos diferenciales a la vez que se formulan, como siempre, algunas observaciones y comentarios al respecto. 


EL STOCK DE LA DEUDA.

El saldo oficial de la Deuda Pública a mediados de este año es de 207.600 MD[1]: 196.100 MD por deuda performing o en cumplimiento y 11.500 MD por deuda con los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (los holdouts).

Si a este total se le suman los intereses a pagar a futuro – 72.200 MD – y los cupones ligados al PBI (VLPBI) – que se estiman en unos 15.000 MD todavía faltantes de pago – el monto de la deuda oficial sube en realidad a 294.800 MD, casi 295.000.

Falta considerar aquí la capitalización de intereses por anatocismo (que hoy es poco significativa)[2], los ajustes sobre el stock de deuda por tipo de cambio y por inflación interna (sobre la deuda en pesos ajustada por CER), los reclamos y gastos por los juicios de holdouts y arbitrajes ante el CIADI, y los adicionales y punitorios por la Deuda Externa con los países del Club de París.

Por este motivo, el stock real de la Deuda Pública del Estado Central se mantiene hoy arriba de los 300.000 MD.


EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO.

La cifra oficial del stock de deuda que muestra el Gobierno al 30.6 pasado – los 207.600 MD – presenta una particularidad: el saldo final habría bajado unos 1.300 MD durante el primer semestre del año (contra 209.000 MD a fin de 2012).

Este punto merece una explicación:

a)    Durante los seis primeros meses de este año la deuda aumentó en realidad unos 4.400 MD: se tomaron nuevas obligaciones por 6.200 MD y se cancelaron viejas por 1.800 MD.

b)    Por ajustes de valuación, empero, se computaron disminuciones de 5.800 MD – 4.900 MD por Tipo de Cambio y 1.500 MD por CER – por lo que la variación final del semestre (más/menos otros conceptos menores) resultó negativa de los 1.300 MD citados, es decir, una leve baja del saldo final.

Esto último – punto b) - fue así por lo siguiente:

-        Por metodología internacional las cifras de la Deuda Pública se expresan en Dólares pero el 41 % de la Deuda – tomada oficialmente al nivel de los 196.100 MD – está en pesos y el 59 % en moneda extranjera, de modo que la incidencia del mayor aumento del ritmo devaluatorio del peso en lo que va del año explica básicamente la disminución producida por Tipo de Cambio.[3]

-        Este ahorro que obtiene el Tesoro por licuación de parte del stock de deuda en pesos por vía devaluatoria (4.900 MD) la sufre, sin embargo, el propio Estado porque la mayoría de las obligaciones en moneda local son Deuda intra-Sector Público: Adelantos Transitorios del Banco Central (BCRA, 9.300 MD al 30.6) y Títulos Públicos en Moneda Nacional (33.700 MD en total, de los que la mayor parte está en manos de agencias del Estado, como la ANSES, el Banco Nación, la AFIP, el FFRE, Lotería/Casinos, PAMI, etc.).

-        El otro ahorro por licuación de deuda que beneficia a la Tesorería (1.500 MD) proviene de la sub-indexación del CER, que replica la Inflación Oficial del INDEC: 10.5 % contra el IPC Congreso del 26 %. Pero el costo de esta licuación lo sufre la ANSES – que administra la plata de los jubilados – ya que prácticamente la totalidad de la deuda en pesos ajustada por CER, que equivale a 33.200 MD, está en manos de este organismo.

Ergo, las obligaciones de la Deuda Pública siguen aumentando – más de 6.000 MD en el primer semestre[4] - pero ese aumento se compensa contablemente por diferencia de cambio y por ajuste de la deuda en pesos indexada por CER.

La ventaja de licuación por devaluación y ajuste por inflación que obtiene la Tesorería – como hemos dicho – afecta así fundamentalmente a la Deuda intra-Estado.             


ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO.

Sobre el total de deuda de 196.100 MD, 115.800 MD corresponden a Deuda intra-Estado - casi el 60 % (59) – 25.000 MD (13 %) es deuda con Organismos Multilaterales de Crédito (OMC)[5] y Deudas Oficiales Bilaterales[6], y 55.400 MD (28.2 %) es deuda con Acreedores Privados.

La Deuda Externa con el Sector Privado se ha venido reduciendo durante los últimos años por la política de pagos con reservas internacionales del BCRA, a través del denominado Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA).

Ya se han utilizado 24.000 MD de reservas para el pago de deuda desde el 2010. El Presupuesto 2013 autoriza el uso de 8.000 MD más con este fin durante el corriente año y el Presupuesto 2014 autoriza otros 9.900 MD (casi 10.000 MD).

La posición de reservas netas del BCRA ha llegado con esto prácticamente al límite de sus posibilidades de transferencia de divisas al Tesoro para pago de deuda y lo mismo estaría pasando con la ANSES – que estaría también sobrepasada en sus préstamos al Estado en pesos – y con el BNA, que tiene comprometida la mitad de su cartera de créditos con el gobierno.  

La administración Kirchner habría llegado así al tope de su Deuda intra-Estado y ahora, habiendo agotado sus fuentes de financiamiento interno, afronta el problema de tener que volver al Mercado Internacional de Capitales para tomar más deuda.
   

CONCLUSIONES.

El fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, el agotamiento o tope de la Deuda intra-Estado y el consiguiente agravamiento de la posición de reservas netas del BCRA debido a la salida de divisas y al uso de las mismas para el pago de Deuda Externa con Terceros ha llevado a la administración Kirchner a una situación equivalente a la Crisis de Deuda de la Convertibilidad del 2001 (fracaso del Megacanje De la Rúa-Cavallo y pérdida de reservas en gran escala).

La nueva Crisis de Deuda que vive hoy la Argentina, en realidad, no es una nueva crisis sino la fase de inflexión hacia otra etapa de la misma crisis de fondo, que es una crisis de insolvencia del Estado frente a un sistema de deuda impagable y, por ende, de deuda perpetua.

Para “salir de la Crisis de Deuda” pero quedándose dentro del “sistema de la Deuda” el gobierno K viene adoptando diversas medidas en línea con la formulación de la Hoja de Ruta que planteara el entonces Ministro de Economía y hoy vice-presidente Amado Boudou.

Esta Hoja de Ruta Boudou se viene cumpliendo en sus tres grandes capítulos:

1. Liquidación del problema de los juicios de los holdouts acelerando las negociaciones con los fondos buitre que manejan los reclamos contra la Argentina después de los fallos adversos en los tribunales de Nueva York.

2. Arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París, que viene negociándose en forma paralela y coordinada con la normalización de las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y los OMC, aceptando nuevamente las revisiones anuales del Artículo IV del Estatuto del FMI.

3. Vuelta al Mercado Externo de Capitales para colocar deuda nueva.

El falso discurso del “des-endeudamiento” habría llegado ahora a su fin: el stock de la Deuda Pública no sólo ha venido aumentando[7] en lugar de decrecer sino que, agotado el recurso de la Deuda intra-Estado, se replantea hoy el retorno a los mercados internacionales de capitales, esto es, a nueva Deuda Externa.

Como la Deuda Pública es impagable y por lo tanto perpetua, la “internalización” de deudas lograda bajo la administración K traspasando obligaciones con terceros a Deuda intra-Estado ha servido para descargar obligaciones con terceros pasando el peso de las mismas al propio Sector Público.

Ello ha tenido como consecuencia la descapitalización del BCRA, el desfinanciamiento de la ANSES, el desvío de fondos de sus destinos específicos (Banco Nación y agencias del Estado) y un nuevo estrangulamiento del perfil de vencimientos por refinanciaciones a plazos más cortos.[8]

La maniobra del gobierno Kirchner, en función de la Hoja de Ruta Boudou, parece haber consistido en pasarle el peso financiero y cambiario de la deuda al propio Estado, haber cumplido a rajatabla con el pago de la deuda con terceros – OMC y Acreedores Privados – a costa del agotamiento de las reservas netas del BCRA y, consecuentemente, haber instrumentado la Deuda intra-Estado como “préstamo-puente” para poder volver al Mercado de Capitales.

Es sintomático que se haya producido una importante aceleración de estos acontecimientos ligados al problema de la Deuda en los últimos días - mientras la presidenta se encuentra con licencia médica - en momentos que el gobierno Kirchner afronta el dilema de tener que cambiar su discurso acerca del Des-endeudamiento.-


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 17.11.2013.




[1] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[2]  Son poco más de 1.000 MD para este año y otros 1.000 MD en 2014. El acumulado del primer semestre por este concepto fue de unos 500 MD.

Se trata de intereses que no se pagan sino que se transforman en capital y devengan nuevos intereses, que tal es el concepto de anatocismo.

No debe confundirse estos intereses con los intereses normales, que se pagan al contado sobre la deuda performing, que para este año estaban previstos originariamente en 10.800 MD y que para el 2014 serán 12.200 MD.

[3] El stock de la Deuda en Pesos equivale a 80.300 MD y si este importe se divide por un dólar más alto el saldo expresado en dólares lógicamente baja.

La deuda en moneda extranjera es de 115.900 MD, lo que sumado a los 80.300 da el total de 196.100 MD.

[4] En línea con el Presupuesto 2013, que prevé un aumento neto de la Deuda Pública durante todo el ejercicio de 12.100 MD como producto de Amortizaciones por 36.500 MD contra nuevo Endeudamiento por 48.600 MD. 

[5] La deuda con Organismos Internacionales (OMC) era al 30.6 de 18.500 MD: 5.000 MD con el Banco Mundial (BIRF), 9.800 MD con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y 1.900 MD con la CAF (Corporación Andina de Fomento).

Dentro de este total de deuda con OMC 1.700 MD corresponden a préstamos externos tomados por las provincias con garantía de la Nación.

[6] Las deudas bilaterales corresponden básicamente al impago de las obligaciones con los países del Club de París, que según el MECON suman unos 5.900 MD – por capital e intereses – pero según los acreedores pasa los 9.000 MD porque incluyen intereses moratorios/punitorios y otros gastos.

[7] El saldo de la Deuda al comienzo de la gestión Kirchner era de unos 175.000 MD y hoy es – como hemos visto – de 208.000 MD, que si le sumamos los intereses y cupones PBI asciende a 300.000 MD.

En el ínterin – según la presidenta – el gobierno pagó durante el decenio 2003-2012 unos 174.000 MD, cifra sobre la que no hay información desagregada alguna pero que se entiende fue cubierta con nueva deuda, salvo los desembolsos por intereses y cupones PBI, que se abonan en efectivo.

Lo que pasa es que el gobierno K no hizo cancelaciones netas sino que fue renovando deuda con los OMC (excepto con el FMI, al que se le pagó la totalidad de la deuda por anticipado) y cancelando fundamentalmente deuda con acreedores privados, usando para ello las reservas del BCRA.

De esta forma, el stock de deuda no bajaba sino que cambiaba su composición, pasando a cargar la mayor parte de los nuevos pasivos públicos el propio Estado. Y además se tomaba deuda nueva: el stock de la deuda aumentó así 18.800 MD en 2012 y había aumentado 14.600 MD en 2011. 

[8] Conforme al informe de Deuda Pública del MECON al 30.6.2013 los vencimientos de capital e intereses en el corriente año son de 20.000 y 4.000 MD respectivamente, correspondientes al período Abril-Diciembre. En el Trimestre I se registran amortizaciones de deuda por 900 MD y toma de deuda nueva por 1.700.

En cambio, según el Presupuesto 2013 – que es lo que vale - estaba previsto la amortización de pasivos por 36.500 MD y el pago de intereses por 10.800. A su vez, el cuadro de Resultado Financiero preveía operaciones de nuevo endeudamiento durante el ejercicio por 48.600 MD, por lo que el saldo de deuda aumentaría este año 12.100 MD.

Para el 2014 el nuevo presupuesto contempla amortizaciones por 44.300 MD y toma de nuevas deudas por 57.000 MD, es decir, 12.700 MD más. Y los intereses a pagar suben a 12.200 MD.

Estas cifras tampoco coinciden con las del último informe de Deuda Pública, que registran para el año que viene vencimientos de capital por 28.000 MD y pago de intereses por 6.900.

Según el informe del MECON la vida promedio de la Deuda Pública es de 9.2 años y la tasa de interés promedio ponderada es de 4.54 %.
DEUDA PÚBLICA Y ARREGLOS DEL CIADI.

El 10.10 pasado la administración Kirchner dio a conocer un acuerdo celebrado con cinco acreedores en relación a juicios perdidos por la Argentina ante el CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial (BM).

Esta noticia se difundió pocos días después de iniciada la licencia por enfermedad de la presidenta Cristina Fernández – cuyo inicio fue el 5.10 y la operación el día 8 – y, a la vez, durante el tramo final de la campaña electoral por la renovación parlamentaria del 27.10, si bien se entiende que los acuerdos habrían sido establecidos durante el viaje del ministro Lorenzino a Washington del 18.9.

La clave de estos arreglos parece estar en la nueva fórmula de pago de fallos externos con deuda pública y en la aceleración de los tiempos de la Hoja de Ruta Boudou para volver al Mercado Internacional de Capitales.


EL ARREGLO CON LOS FB DEL CIADI.

Las sentencias en contra de nuestro país por reclamos de empresas extranjeras, que se arrastraban desde la salida de la Convertibilidad, se produjeron en los últimos años y su cumplimiento venía siendo dilatado por el gobierno sin mayores perspectivas de éxito, salvo como forma de ganar tiempo en el diferimiento de los pagos.

Lo mismo que en el caso de los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (los holdouts) la estrategia legal seguida en cuanto aceptar la competencia de tribunales extranjeros y no cuestionar la legitimidad de las acreencias reclamadas hacía que inexorablemente esos juicios iban a ser perdidos y nuestro país tendría, temprano o tarde, que afrontar los arreglos de pago pertinentes.

Esto era así y lo va a seguir siendo porque el gobierno Kirchner mantiene su decisión de no investigar las irregularidades de origen y refinanciamiento de las obligaciones de la Deuda Pública, porque – después de 10 años de gestión – mantiene al país en el marco de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados en la década del ´90 que suponen garantías y privilegios a favor de las Empresas Extranjeras y porque sigue aceptando en sus convenios de nueva deuda externa la prórroga de jurisdicción a tribunales externos y los mecanismos de arbitraje correspondientes.

Dentro de este contexto, el acuerdo con los acreedores de 5 juicios perdidos ante el CIADI constituiría un “caso testigo” dada la existencia de entre 30 y 40 reclamos de este tipo todavía pendientes ante tribunales internacionales.

Después de largos años de trámites judiciales y de pleitos perdidos el gobierno ha dado ahora pasos concretos en este asunto específico del cumplimiento de las sentencias.

Según la Resolución del Ministerio de Economía 598/2013 se aprueba un Modelo de Convenio – denominado “Acuerdo Transaccional” – para ser firmado con cada uno de los acreedores por los laudos arbitrales del CIADI.

El acuerdo rige para cinco titulares que no en todos los casos son los reclamantes originales sino compañías financieras que compraron los derechos de las sentencias, esto es, al modo de los denostados “fondos buitre” (FB) en cuanto a bonos públicos:

1.    Blue Ridge Investment LLC, por la denuncia de CMS Gas Transmission Company.
2.    CC-WB Holding LLC, por el reclamo de Continental Casuality Company.
3.    Vivendi Universal SA y Compañía de Aguas del Aconquija SA.
4.    Azurix Corporation. Y
5.    NG-UN Holdings LLC, por el reclamo de Grid PLC (en el ámbito de la comisión arbitral para el Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas).

Según informaciones periodísticas, los derechos de CC-WB (2) y NG-UN (5) habrían sido traspasados recientemente a Gramercy Funds Management, una firma que estaría vinculada al vicepresidente Boudou vía Arcadia, de Marcelo Etchebarne, en hechos relacionados con la reapertura del canje en 2010.

La Resolución 598/2013 no contiene cifras sino solo el procedimiento de la operación de pago de los fallos del CIADI – fijado a través del Modelo de Convenio antes citado -  cuyos lineamientos operativos básicos son los siguientes:

a)    El gobierno argentino no paga los laudos arbitrales en efectivo sino con bonos de la Deuda Pública.
b)    Los importes por Capital se abonan con títulos Bonar X, vencimiento en 2017 y tasa de interés del 7 % en dólares.
c)    Los importes de Intereses se abonan con títulos Boden 15, vencimiento 2015 y tasa también del 7 % anual.

Conforme los términos de la Resolución 598 la propuesta de acuerdo que dio base a este arreglo fue iniciativa de las empresas titulares de los derechos sobre los laudos del CIADI y se habrían efectuado entre el 9 y el 13 de Agosto pasado.

Según el Comunicado de Prensa del Ministerio de Economía (MECON) - que informa muy escuetamente sobre los números de la operación - la suma a pagar por los cinco laudos en firme del CIADI es de 677 Millones de Dólares (MD) de Monto total (Capital más Intereses).

Sobre este importe los acreedores habrían acordado efectuarle una quita a la Argentina del 25 % - 171 MD – de modo que el neto a pagar resultante sería de unos 500 MD (506).

Además, los acreedores comprarán nueva deuda por bonos BAADE – emitidos para el último blanqueo de capitales – por el 10 % del importe total de los laudos: 68 MD.

Es decir que – según la información oficial - el gobierno emitirá nuevas obligaciones por un total de 568 MD cuyo cumplimiento le caería a la futura administración que asuma a fines de 2015.

El MECON no ha editado hasta el momento informaciones desagregadas que permitan analizar las cifras, los cálculos y, por ende, los resultados concretos de las operaciones realizadas.

Paralelamente - por Decisión Administrativa 830/2013 del Jefe de Gabinete Abal Medina - se autorizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes sobre el Ejercicio 2013 formalizando así el nuevo mecanismo de pago de sentencias judiciales – que son deudas no registradas[1] - con títulos de la Deuda Pública.
Esta “innovación” es importante porque abre la puerta a una nueva modalidad de incremento del endeudamiento público – aplicable a todo juicio contra el Estado (CIADI, Holdouts, Proveedores, Jubilados, etc.) – lo que puede terminar elevando el stock de la deuda argentina a niveles impredecibles.


CONTEXTO DEL ACUERDO.

En el último trabajo del autor sobre el problema de la Deuda[2] ya se enumeraba una serie de señales en materia de nuevo endeudamiento público que indicaría claramente que los acontecimientos se precipitan en esta materia.

Hechos relevantes se están produciendo en estos días y las noticias reflejan los cambios en este sentido:

a)    El acuerdo con los acreedores del CIADI, que abre la puerta a toda una lista de futuros arreglos de pago de sentencias con bonos del Estado.

b)    El uso del BAADE – Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico – habilitado originariamente para el último blanqueo de capitales como nuevo título de deuda de colocación generalizada (para lo cual se autorizó la ampliación del monto en otros 1.000 MD).

c)    El destrabe de nuevos préstamos del Banco Mundial – del que depende el CIADI – a través de la aprobación del programa de Estrategia de Asistencia al País (EAP) para el trienio 2014-2016, que implica créditos por 3.000 MD, de los que 1.000 MD se espera sean otorgados en lo que resta del 2013.

d)    El paralelo acuerdo ya firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por otros 3.000 MD, contando con un desembolso de 1.200 MD para lo que falta del 2013.[3]

e)    La aceleración de las negociaciones con los denostados “fondos buitre” beneficiados por los fallos de Nueva York – con el fondo NML Elliot, de Paul Singer, a la cabeza – para tratar de llegar a un arreglo también con los mismos en base a la nueva fórmula de pago con bonos (ya sea por arreglo directo, por tercerización de otros bonos – como el caso Gramercy – y/o por consenso con los bonistas que ya entraron en el Megacanje).

f)    Las conversaciones sostenidas con el Fondo Monetario (FMI) para instrumentar el nuevo IPC Nacional en reemplazo del Índice de Precios actual del INDEC y también la posibilidad de retorno a las revisiones anuales del Artículo IV del Estatuto del Fondo, con lo que se normalizarían las relaciones con nuestro país y con el Grupo de los 20.

g)    El avance paralelo hacia un arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París – vinculado formalmente a la cuestión de la Auditoría del FMI – que destrabaría, a su vez, una serie de Inversiones Extranjeras hacia la Argentina.

h)    La tolerancia frente a la impresionante Deuda Externa Privada acumulada en la Argentina debido a la falta de divisas del Banco Central (BCRA).[4]

i)    La asistencia de otros Bancos Centrales (como el Banco de Francia, por 3.000 MD) y de Organismos Financieros Internacionales (como el  BIS de Basilea) al BCRA para tratar de sostener su grave posición de reservas netas.[5]    

j)    La creciente Deuda en moneda extranjera o deuda en pesos indexada por tipo de cambio (dólar linked) que están contrayendo las Provincias (incluyendo particularmente la CABA) con autorización y garantía de la Nación.

k)    El paralelo aumento de la Deuda Pública Indirecta – Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios – que se está registrando (con YPF a la cabeza) y del que el gobierno no da información consolidada alguna.

l)    El aumento de las Tasas de Interés del Mercado derivado del incremento del piso de las tasas que fija el BCRA con su deuda cuasi-fiscal a corto plazo por Lebac/Nobac (hoy del orden del 18 % anual).

m)    La suba de los movimientos de Bolsa y la mejora de cotización de los títulos públicos. Y

n)    La baja de la sobretasa por Riesgo País, a unos 900 PB (Puntos Básicos, según el Índice EMBI+ de JP Morgan).

Se trata de una serie de indicios inequívocos en el sentido que el gobierno Kirchner – pese al grandilocuente discurso oficial del “des-endeudamiento” - avanza hoy, en cambio, aceleradamente en el cumplimiento de la Hoja de Ruta del entonces Ministro de Economía y hoy Vicepresidente Boudou, que preveía tres pasos esenciales para “normalizar” la Deuda Pública Argentina: 1. La liquidación de los juicios de los Holdouts y los reclamos en el CIADI, 2. El arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París, y – cumplidos los dos pasos anteriores – 3. Volver al Mercado Internacional de Capitales para colocar Deuda (que era, en realidad, el objetivo primario y no conseguido del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005).


CIADI Y CRISIS DE DEUDA.

La Argentina – lo hemos dicho mil veces – se encuentra en Crisis de Deuda: una crisis estructural por insolvencia fiscal y no por iliquidez pública.

Porque una crisis permanente por iliquidez frente a una deuda impagable es una crisis de estructura financiera del Estado.

Los gobiernos de turno y la clase política en general son cómplices del Sistema de la Deuda, que es un sistema de Deuda Perpetua, en el que los pasivos por Principal no se amortizan nunca sino que se refinancian continuamente y a la vez se toma más deuda, todo lo cual incrementa la suma de intereses a pagar.

Este mecanismo lleva inexorablemente a que la Deuda siempre sigue aumentando[6] y los requerimientos de financiamiento final externo devienen “necesarios” porque el sistema está armado por el establishment financiero para eso: para volver a endeudarse.

La Argentina ya ha pasado varias veces por esta misma experiencia, que es parte de un proceso identificable de los Ciclos de Endeudamiento Público:

1.    Períodos de toma de Deuda sin capacidad de repago alentados por expectativas artificiales de obtención de préstamos “manejables”.
2.    Punto de  saturación o inflexión, a partir del cual se empieza a desnudar la tradicional insolvencia fiscal frente a las obligaciones contraídas durante la etapa 1.
3.    Estrangulamiento del perfil de vencimientos que obliga a la entrada en régimen de emergencia financiera fiscal (retraso cambiario, aumento de las tasas de interés, aumento de la Presión Tributaria, intento de contención del Gasto Público, freno al aumento de los salarios reales, uso de fondos fiscales de reserva, etc.) y pasaje a una re-estructuración de pasivos generalizada.
4.    Vuelta al Mercado Internacional de Capitales sobre la base de las nuevas refinanciaciones especiales con el argumento de mejora relativa en las condiciones de endeudamiento, fácil disponibilidad de créditos externos y esencialmente “confianza”. Con lo que el ciclo vuelve a empezar.

Dentro de este esquema – al que hemos hecho referencia en otras oportunidades pero no es aquí del caso volver a desarrollar – cabe una aclaración importante: las Crisis de Deuda usualmente se manifiestan en la etapa 3 del Ciclo pero son confundidas con un fin de ciclo, lo que es erróneo porque las Crisis son parte del Ciclo; más aún, son la clave del Ciclo de Deuda.

Cuando se llega a la transición entre las etapas 3 y 4 siempre se ensayan nuevas alternativas financieras de continuación – la capacidad de inventar variantes especulativas es hoy casi infinita – con lo que se producen diferencias de forma o presentación en los mecanismos de refinanciamiento pero la esencia de los procedimientos de fondo sigue siendo la misma: el reciclado de deuda, la toma de deudas nuevas y el mantenimiento de la incapacidad de repago que garantiza a los prestamistas financieros la perpetuidad del Sistema.

Dentro de este encuadramiento devienen más entendibles las innovaciones financieras presentadas a lo largo de los últimos 35 años de Deuda Pública Argentina: Deuda Externa “barata” por el auge de los petro-dólares en la época del Proceso Militar, re-estructuraciones democráticas con los Planes Austral y Primavera ligados a los Acuerdos de Nueva York de 1985-1987 bajo la administración Alfonsín, Convertibilidad y Plan Brady 1992-1993 bajo la administración Menem-Cavallo, Blindaje-Megacanje 2001-Default (como “accidente” forzado del Ciclo) bajo De la Rúa-Cavallo, Endeudamiento por Pesificación bajo la administración Duhalde (2002) y Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 bajo la actual administración K.

Todas estas experiencias de re-estructuraciones fueron presentadas en su momento como negociaciones “exitosas” pero terminaron invariablemente en fracasos y nuevas Crisis de Deuda, es decir, en procesos de “barajar y dar de nuevo” replanteando los términos de endeudamiento; pero sin salir nunca de la trampa básica del endeudamiento, que es la toma de deuda sin capacidad de repago.

Hoy la nueva fórmula de “pago de juicios con bonos” aparece como una variante innovadora después de agotar las posibilidades de la Deuda intra-Estado (fundamentalmente: uso de reservas internacionales para pago de Deuda Externa y vaciamiento de fondos públicos utilizados para el pago de Deuda Interna).

Esta fórmula sería presentada como una alternativa de solución al problema de los juicios contra el Estado y como un primer paso para destrabar el regreso de la Argentina a los Mercados de Capitales.

Con ello se trata además de soslayar el reconocimiento del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (que llevó al uso masivo de la Deuda intra-Estado) y se busca enmascarar la nueva situación de Crisis de Deuda que caracteriza el paso de la etapa 3 a la 4 del Ciclo: el intento de nuevas formas de refinanciación para garantizar la continuidad del Sistema de Deuda Perpetua.      


EN CONCLUSIÓN:

El fin del mito del Modelo – contradicho con el agotamiento de los superávits gemelos (fiscal y externo) – ha ido paralelo a la falsía del Des-endeudamiento.

El extraordinario crecimiento de la Deuda intra-Estado ha operado funcionalmente como “préstamo-puente” interno hasta agotar los recursos fiscales acumulados a costa de la descapitalización del BCRA (por salida de capitales y por uso de reservas en gran escala para pagar Deuda Externa), a costa del desfinanciamiento de los Organismos Nacionales (con el Fondo de la ANSES a la cabeza) y también a costa de comprometer los recursos crediticios del Banco Nación y desviar fondos presupuestarios de sus destinos específicos.

Pero – como lo veníamos señalando repetidamente – la política de Deuda intra-Estado tenía un tope y ese límite parece haber llegado.

Ahora nos encontramos ante la paradoja que el traspaso masivo de Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y OMC – a Deuda interna con el propio Sector Público ha dejado un pasivo tan enorme como impagable como carga para el Fisco mientras todas las supuestas “buenas noticias” convergen en decir que al país se le abren nuevamente las puertas para volver a tomar más deuda con terceros, en especial deuda en mercados externos.

Así, mientras la Deuda intra-Estado corre el riesgo cierto de ser pasada gradualmente a pérdida en algún momento, o licuada por inflación, el gobierno – habiendo “desagotado” parcialmente sus obligaciones con terceros – puede encaminarse otra vez a la “regularización” deseada de su Deuda Pública con la adopción de nuevas formas de endeudamiento.

Faltaría sólo determinar si este proceso de cambio – definido con el equívoco rótulo de “transición” – será administrado por el propio gobierno Kirchner (bajo la formulación de una “nueva etapa” del Modelo distinta del “Des-endeudamiento”) o si será piloteado por otro que lo suceda.

En uno y otro caso - cualquiera sea la forma de presentación de las “innovaciones”, cualquiera sea el malabarismo verbal que se utilice para encubrir la realidad de los cambios, cualquiera sea el grado de apoyo de la partidocracia con representación parlamentaria y de la opinión pública conducida por los grandes medios del establishment – la administración que pilotee esta transición hacia el nuevo endeudamiento puede terminar pagando un alto costo político. Sólo el costo político, porque el costo financiero y económico lo seguirá pagando el pueblo argentino a través de la Política de Estado de la Deuda Pública.  


Lic. Héctor L. GIULIANO