DEUDA PÚBLICA Y ARREGLOS DEL CIADI.

El 10.10 pasado la administración Kirchner dio a conocer un acuerdo celebrado con cinco acreedores en relación a juicios perdidos por la Argentina ante el CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial (BM).

Esta noticia se difundió pocos días después de iniciada la licencia por enfermedad de la presidenta Cristina Fernández – cuyo inicio fue el 5.10 y la operación el día 8 – y, a la vez, durante el tramo final de la campaña electoral por la renovación parlamentaria del 27.10, si bien se entiende que los acuerdos habrían sido establecidos durante el viaje del ministro Lorenzino a Washington del 18.9.

La clave de estos arreglos parece estar en la nueva fórmula de pago de fallos externos con deuda pública y en la aceleración de los tiempos de la Hoja de Ruta Boudou para volver al Mercado Internacional de Capitales.

EL ARREGLO CON LOS FB DEL CIADI.

Las sentencias en contra de nuestro país por reclamos de empresas extranjeras, que se arrastraban desde la salida de la Convertibilidad, se produjeron en los últimos años y su cumplimiento venía siendo dilatado por el gobierno sin mayores perspectivas de éxito, salvo como forma de ganar tiempo en el diferimiento de los pagos.

Lo mismo que en el caso de los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (los holdouts) la estrategia legal seguida en cuanto aceptar la competencia de tribunales extranjeros y no cuestionar la legitimidad de las acreencias reclamadas hacía que inexorablemente esos juicios iban a ser perdidos y nuestro país tendría, temprano o tarde, que afrontar los arreglos de pago pertinentes.

Esto era así y lo va a seguir siendo porque el gobierno Kirchner mantiene su decisión de no investigar las irregularidades de origen y refinanciamiento de las obligaciones de la Deuda Pública, porque – después de 10 años de gestión – mantiene al país en el marco de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados en la década del ´90 que suponen garantías y privilegios a favor de las Empresas Extranjeras y porque sigue aceptando en sus convenios de nueva deuda externa la prórroga de jurisdicción a tribunales externos y los mecanismos de arbitraje correspondientes.

Dentro de este contexto, el acuerdo con los acreedores de 5 juicios perdidos ante el CIADI constituiría un “caso testigo” dada la existencia de entre 30 y 40 reclamos de este tipo todavía pendientes ante tribunales internacionales.

Después de largos años de trámites judiciales y de pleitos perdidos el gobierno ha dado ahora pasos concretos en este asunto específico del cumplimiento de las sentencias.

Según la Resolución del Ministerio de Economía 598/2013 se aprueba un Modelo de Convenio – denominado “Acuerdo Transaccional” – para ser firmado con cada uno de los acreedores por los laudos arbitrales del CIADI.

El acuerdo rige para cinco titulares que no en todos los casos son los reclamantes originales sino compañías financieras que compraron los derechos de las sentencias, esto es, al modo de los denostados “fondos buitre” (FB) en cuanto a bonos públicos:

1.    Blue Ridge Investment LLC, por la denuncia de CMS Gas Transmission Company.

2.    CC-WB Holding LLC, por el reclamo de Continental Casuality Company.

3.    Vivendi Universal SA y Compañía de Aguas del Aconquija SA.

4.    Azurix Corporation. Y

5.    NG-UN Holdings LLC, por el reclamo de Grid PLC (en el ámbito de la comisión arbitral para el Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas).

Según informaciones periodísticas, los derechos de CC-WB (2) y NG-UN (5) habrían sido traspasados recientemente a Gramercy Funds Management, una firma que estaría vinculada al vicepresidente Boudou vía Arcadia, de Marcelo Etchebarne, en hechos relacionados con la reapertura del canje en 2010.

La Resolución 598/2013 no contiene cifras sino solo el procedimiento de la operación de pago de los fallos del CIADI – fijado a través del Modelo de Convenio antes citado -  cuyos lineamientos operativos básicos son los siguientes:

a)    El gobierno argentino no paga los laudos arbitrales en efectivo sino con bonos de la Deuda Pública.

b)    Los importes por Capital se abonan con títulos Bonar X, vencimiento en 2017 y tasa de interés del 7 % en dólares.

c)    Los importes de Intereses se abonan con títulos Boden 15, vencimiento 2015 y tasa también del 7 % anual.

Conforme los términos de la Resolución 598 la propuesta de acuerdo que dio base a este arreglo fue iniciativa de las empresas titulares de los derechos sobre los laudos del CIADI y se habrían efectuado entre el 9 y el 13 de Agosto pasado.

Según el Comunicado de Prensa del Ministerio de Economía (MECON) - que informa muy escuetamente sobre los números de la operación - la suma a pagar por los cinco laudos en firme del CIADI es de 677 Millones de Dólares (MD) de Monto total (Capital más Intereses).

Sobre este importe los acreedores habrían acordado efectuarle una quita a la Argentina del 25 % - 171 MD – de modo que el neto a pagar resultante sería de unos 500 MD (506).

Además, los acreedores comprarán nueva deuda por bonos BAADE – emitidos para el último blanqueo de capitales – por el 10 % del importe total de los laudos: 68 MD.

Es decir que – según la información oficial - el gobierno emitirá nuevas obligaciones por un total de 568 MD cuyo cumplimiento le caería a la futura administración que asuma a fines de 2015.

El MECON no ha editado hasta el momento informaciones desagregadas que permitan analizar las cifras, los cálculos y, por ende, los resultados concretos de las operaciones realizadas.

Paralelamente - por Decisión Administrativa 830/2013 del Jefe de Gabinete Abal Medina - se autorizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes sobre el Ejercicio 2013 formalizando así el nuevo mecanismo de pago de sentencias judiciales – que son deudas no registradas[1] - con títulos de la Deuda Pública.

Esta “innovación” es importante porque abre la puerta a una nueva modalidad de incremento del endeudamiento público – aplicable a todo juicio contra el Estado (CIADI, Holdouts, Proveedores, Jubilados, etc.) – lo que puede terminar elevando el stock de la deuda argentina a niveles impredecibles.

CONTEXTO DEL ACUERDO.

En el último trabajo del autor sobre el problema de la Deuda[2] ya se enumeraba una serie de señales en materia de nuevo endeudamiento público que indicaría claramente que los acontecimientos se precipitan en esta materia.

Hechos relevantes se están produciendo en estos días y las noticias reflejan los cambios en este sentido:

a)    El acuerdo con los acreedores del CIADI, que abre la puerta a toda una lista de futuros arreglos de pago de sentencias con bonos del Estado.

b)    El uso del BAADE – Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico – habilitado originariamente para el último blanqueo de capitales como nuevo título de deuda de colocación generalizada (para lo cual se autorizó la ampliación del monto en otros 1.000 MD).

c)    El destrabe de nuevos préstamos del Banco Mundial – del que depende el CIADI – a través de la aprobación del programa de Estrategia de Asistencia al País (EAP) para el trienio 2014-2016, que implica créditos por 3.000 MD, de los que 1.000 MD se espera sean otorgados en lo que resta del 2013.

d)    El paralelo acuerdo ya firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por otros 3.000 MD, contando con un desembolso de 1.200 MD para lo que falta del 2013.[3]

e)    La aceleración de las negociaciones con los denostados “fondos buitre” beneficiados por los fallos de Nueva York – con el fondo NML Elliot, de Paul Singer, a la cabeza – para tratar de llegar a un arreglo también con los mismos en base a la nueva fórmula de pago con bonos (ya sea por arreglo directo, por tercerización de otros bonos – como el caso Gramercy – y/o por consenso con los bonistas que ya entraron en el Megacanje).

f)    Las conversaciones sostenidas con el Fondo Monetario (FMI) para instrumentar el nuevo IPC Nacional en reemplazo del Índice de Precios actual del INDEC y también la posibilidad de retorno a las revisiones anuales del Artículo IV del Estatuto del Fondo, con lo que se normalizarían las relaciones con nuestro país y con el Grupo de los 20.

g)    El avance paralelo hacia un arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París – vinculado formalmente a la cuestión de la Auditoría del FMI – que destrabaría, a su vez, una serie de Inversiones Extranjeras hacia la Argentina.

h)    La tolerancia frente a la impresionante Deuda Externa Privada acumulada en la Argentina debido a la falta de divisas del Banco Central (BCRA).[4]

i)    La asistencia de otros Bancos Centrales (como el Banco de Francia, por 3.000 MD) y de Organismos Financieros Internacionales (como el  BIS de Basilea) al BCRA para tratar de sostener su grave posición de reservas netas.[5]    

j)    La creciente Deuda en moneda extranjera o deuda en pesos indexada por tipo de cambio (dólar linked) que están contrayendo las Provincias (incluyendo particularmente la CABA) con autorización y garantía de la Nación.

k)    El paralelo aumento de la Deuda Pública Indirecta – Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios – que se está registrando (con YPF a la cabeza) y del que el gobierno no da información consolidada alguna.

l)    El aumento de las Tasas de Interés del Mercado derivado del incremento del piso de las tasas que fija el BCRA con su deuda cuasi-fiscal a corto plazo por Lebac/Nobac (hoy del orden del 18 % anual).

m)    La suba de los movimientos de Bolsa y la mejora de cotización de los títulos públicos. Y

n)    La baja de la sobretasa por Riesgo País, a unos 900 PB (Puntos Básicos, según el Índice EMBI+ de JP Morgan).

Se trata de una serie de indicios inequívocos en el sentido que el gobierno Kirchner – pese al grandilocuente discurso oficial del “des-endeudamiento” - avanza hoy, en cambio, aceleradamente en el cumplimiento de la Hoja de Ruta del entonces Ministro de Economía y hoy Vicepresidente Boudou, que preveía tres pasos esenciales para “normalizar” la Deuda Pública Argentina: 1. La liquidación de los juicios de los Holdouts y los reclamos en el CIADI, 2. El arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París, y – cumplidos los dos pasos anteriores – 3. Volver al Mercado Internacional de Capitales para colocar Deuda (que era, en realidad, el objetivo primario y no conseguido del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005).

CIADI Y CRISIS DE DEUDA.

La Argentina – lo hemos dicho mil veces – se encuentra en Crisis de Deuda: una crisis estructural por insolvencia fiscal y no por iliquidez pública.

Porque una crisis permanente por iliquidez frente a una deuda impagable es una crisis de estructura financiera del Estado.

Los gobiernos de turno y la clase política en general son cómplices del Sistema de la Deuda, que es un sistema de Deuda Perpetua, en el que los pasivos por Principal no se amortizan nunca sino que se refinancian continuamente y a la vez se toma más deuda, todo lo cual incrementa la suma de intereses a pagar.

Este mecanismo lleva inexorablemente a que la Deuda siempre sigue aumentando[6] y los requerimientos de financiamiento final externo devienen “necesarios” porque el sistema está armado por el establishment financiero para eso: para volver a endeudarse.

La Argentina ya ha pasado varias veces por esta misma experiencia, que es parte de un proceso identificable de los Ciclos de Endeudamiento Público:

1.    Períodos de toma de Deuda sin capacidad de repago alentados por expectativas artificiales de obtención de préstamos “manejables”.

2.    Punto de  saturación o inflexión, a partir del cual se empieza a desnudar la tradicional insolvencia fiscal frente a las obligaciones contraídas durante la etapa 1.

3.    Estrangulamiento del perfil de vencimientos que obliga a la entrada en régimen de emergencia financiera fiscal (retraso cambiario, aumento de las tasas de interés, aumento de la Presión Tributaria, intento de contención del Gasto Público, freno al aumento de los salarios reales, uso de fondos fiscales de reserva, etc.) y pasaje a una re-estructuración de pasivos generalizada.

4.    Vuelta al Mercado Internacional de Capitales sobre la base de las nuevas refinanciaciones especiales con el argumento de mejora relativa en las condiciones de endeudamiento, fácil disponibilidad de créditos externos y esencialmente “confianza”. Con lo que el ciclo vuelve a empezar.

Dentro de este esquema – al que hemos hecho referencia en otras oportunidades pero no es aquí del caso volver a desarrollar – cabe una aclaración importante: las Crisis de Deuda usualmente se manifiestan en la etapa 3 del Ciclo pero son confundidas con un fin de ciclo, lo que es erróneo porque las Crisis son parte del Ciclo; más aún, son la clave del Ciclo de Deuda.

Cuando se llega a la transición entre las etapas 3 y 4 siempre se ensayan nuevas alternativas financieras de continuación – la capacidad de inventar variantes especulativas es hoy casi infinita – con lo que se producen diferencias de forma o presentación en los mecanismos de refinanciamiento pero la esencia de los procedimientos de fondo sigue siendo la misma: el reciclado de deuda, la toma de deudas nuevas y el mantenimiento de la incapacidad de repago que garantiza a los prestamistas financieros la perpetuidad del Sistema.

Dentro de este encuadramiento devienen más entendibles las innovaciones financieras presentadas a lo largo de los últimos 35 años de Deuda Pública Argentina: Deuda Externa “barata” por el auge de los petro-dólares en la época del Proceso Militar, re-estructuraciones democráticas con los Planes Austral y Primavera ligados a los Acuerdos de Nueva York de 1985-1987 bajo la administración Alfonsín, Convertibilidad y Plan Brady 1992-1993 bajo la administración Menem-Cavallo, Blindaje-Megacanje 2001-Default (como “accidente” forzado del Ciclo) bajo De la Rúa-Cavallo, Endeudamiento por Pesificación bajo la administración Duhalde (2002) y Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 bajo la actual administración K.

Todas estas experiencias de re-estructuraciones fueron presentadas en su momento como negociaciones “exitosas” pero terminaron invariablemente en fracasos y nuevas Crisis de Deuda, es decir, en procesos de “barajar y dar de nuevo” replanteando los términos de endeudamiento; pero sin salir nunca de la trampa básica del endeudamiento, que es la toma de deuda sin capacidad de repago.

Hoy la nueva fórmula de “pago de juicios con bonos” aparece como una variante innovadora después de agotar las posibilidades de la Deuda intra-Estado (fundamentalmente: uso de reservas internacionales para pago de Deuda Externa y vaciamiento de fondos públicos utilizados para el pago de Deuda Interna).

Esta fórmula sería presentada como una alternativa de solución al problema de los juicios contra el Estado y como un primer paso para destrabar el regreso de la Argentina a los Mercados de Capitales.

Con ello se trata además de soslayar el reconocimiento del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (que llevó al uso masivo de la Deuda intra-Estado) y se busca enmascarar la nueva situación de Crisis de Deuda que caracteriza el paso de la etapa 3 a la 4 del Ciclo: el intento de nuevas formas de refinanciación para garantizar la continuidad del Sistema de Deuda Perpetua.      

EN CONCLUSIÓN:

El fin del mito del Modelo – contradicho con el agotamiento de los superávits gemelos (fiscal y externo) – ha ido paralelo a la falsía del Des-endeudamiento.

El extraordinario crecimiento de la Deuda intra-Estado ha operado funcionalmente como “préstamo-puente” interno hasta agotar los recursos fiscales acumulados a costa de la descapitalización del BCRA (por salida de capitales y por uso de reservas en gran escala para pagar Deuda Externa), a costa del desfinanciamiento de los Organismos Nacionales (con el Fondo de la ANSES a la cabeza) y también a costa de comprometer los recursos crediticios del Banco Nación y desviar fondos presupuestarios de sus destinos específicos.

Pero – como lo veníamos señalando repetidamente – la política de Deuda intra-Estado tenía un tope y ese límite parece haber llegado.

Ahora nos encontramos ante la paradoja que el traspaso masivo de Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y OMC – a Deuda interna con el propio Sector Público ha dejado un pasivo tan enorme como impagable como carga para el Fisco mientras todas las supuestas “buenas noticias” convergen en decir que al país se le abren nuevamente las puertas para volver a tomar más deuda con terceros, en especial deuda en mercados externos.

Así, mientras la Deuda intra-Estado corre el riesgo cierto de ser pasada gradualmente a pérdida en algún momento, o licuada por inflación, el gobierno – habiendo “desagotado” parcialmente sus obligaciones con terceros – puede encaminarse otra vez a la “regularización” deseada de su Deuda Pública con la adopción de nuevas formas de endeudamiento.

Faltaría sólo determinar si este proceso de cambio – definido con el equívoco rótulo de “transición” – será administrado por el propio gobierno Kirchner (bajo la formulación de una “nueva etapa” del Modelo distinta del “Des-endeudamiento”) o si será piloteado por otro que lo suceda.

En uno y otro caso - cualquiera sea la forma de presentación de las “innovaciones”, cualquiera sea el malabarismo verbal que se utilice para encubrir la realidad de los cambios, cualquiera sea el grado de apoyo de la partidocracia con representación parlamentaria y de la opinión pública conducida por los grandes medios del establishment – la administración que pilotee esta transición hacia el nuevo endeudamiento puede terminar pagando un alto costo político. Sólo el costo político, porque el costo financiero y económico lo seguirá pagando el pueblo argentino a través de la Política de Estado de la Deuda Pública.  

Lic. Héctor L. GIULIANO

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA DEUDA PÚBLICA ARGENTINA.

La Deuda Pública es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política.

Esta deuda no es un hecho aislado, no es un episodio – no es algo que ocurrió una vez pero que ahora ha devenido cosa del Pasado - sino que es un Sistema vigente y presente; y que como sistema tiene una lógica que lo rige: la lógica del Sistema de la Deuda es la Usura, entendida como la trampa de deuda perpetua por la cual el deudor nunca deja de ser deudor.

Ello se instrumenta a través del peso de una deuda impagable que, una vez instalada, queda forzada inexorablemente a ser refinanciada en forma permanente porque el país no puede amortizar capital y entonces renueva continuamente las obligaciones que le caen a su vencimiento y además toma deuda nueva.

Esta problemática de la Deuda puede ser sintetizada en una decena de puntos en los cuales se compendia la cuestión de fondo del endeudamiento y sus implicancias para la Argentina. 

1. EL STOCK DE LA DEUDA.

Según cifras oficiales del Ministerio de Economía (MECON) – última información disponible al 31.12.2012 – el stock de la Deuda Pública era a esa fecha de 209.000 MD (Millones de Dólares, expresados siempre con redondeo): 197.500 MD de deuda performing o en cumplimiento (por la que se pagan los servicios) y 11.500 MD en manos de bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (los holdouts).

2. LA DEUDA NO REGISTRADA.

La Deuda real es muy superior a esta cifra oficial del MECON porque falta incluir aquí los intereses a pagar a futuro sobre dicha deuda (que son unos 72.000 MD), los intereses que se capitalizan por anatocismo (hoy sólo un remanente de 2.500 MD) y los cupones ligados al PBI (que se estiman en unos 16.000 MD aún faltantes de pago). En total, algo más de 90.000 MD, los que sumados al stock oficial de 209.000 MD llevan la Deuda Pública real o efectiva a 300.000 MD.

3. LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL.

La deuda citada en los dos puntos anteriores se refiere sólo a la que está en cabeza del Estado Central pero para llegar a lo que sería la Deuda Pública total de la Argentina hay que sumarle más datos, que en su gran mayoría no se conocen porque no son informados por las autoridades.

En efecto, falta agregar aquí la Deuda consolidada de Provincias (un saldo neto de 20.000 MD) y Municipios (sin datos), la deuda del Banco Central (BCRA, por Lebac/Nobac: equivalente hoy a unos 22.500 MD), la deuda de Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios (de las que no hay datos) y la deuda por juicios contra el Estado con sentencia en firme (de la que directamente no se tiene idea).

No hay forma de estimar la magnitud de la Deuda Nacional porque las autoridades no informan los datos pertinentes.

4. DEUDA INTERNA Y DEUDA EXTERNA.

Normalmente existe una confusión entre Deuda Pública y Deuda Externa:

-        La Deuda Pública – los 209.000 MD del Estado Central (sobre los que hay datos oficiales del MECON) – puede ser Interna (137.300 MD) o Externa (71.700 MD) según el criterio de Residencia del Acreedor (radicado en el país o afuera).

-        La Deuda Externa, en cambio, es la suma de la Deuda Externa Pública (los 71.700 MD citados) y la Deuda Externa Privada (de Empresas y Bancos), que a fin del 2012 era de 68.500 MD. En total: 140.200 MD.

Las obligaciones de la Deuda Privada obviamente no están a cargo del Gobierno pero las divisas que se necesitan para girar los pagos de servicios al exterior las debe proveer el BCRA (divisas que en este momento no las tiene) y además el gobierno es responsable por la variación del tipo de cambio que se produjera (sobre todo en caso de fuerte devaluación) ya que afectaría el cumplimiento de dicha deuda.

5. VENCIMIENTOS DE CAPITAL.

La Argentina tiene hoy nuevamente una peligrosa concentración del perfil de vencimientos de la deuda por capital o principal: en 2013 el conjunto de estas obligaciones está fijada en 36.500 MD, para 2014 se prevén 44.300 MD y para 2015 unos 49.000 MD.

La deuda por Capital no se paga o cancela en forma neta sino que se refinancia en su totalidad: por renovaciones automáticas – si las hubiera – o por novación de deudas, con el mismo o con distinto acreedor.

Esta segunda variante es muy importante en el caso argentino porque en los últimos años – bajo la administración Kirchner – se pagan los vencimientos de la deuda con Acreedores Privados y también Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) con fondos que provienen de agencias del propio Estado (Deuda intra-Sector Público).

6. AUMENTO DE LA DEUDA. 

La Deuda que se toma anualmente es mayor que la que se cancela por renovación sistemática ya que la que vence por capital – como vimos en el punto anterior - se refinancia completamente con nuevas deudas y además se toma deuda adicional (principalmente para cubrir el déficit fiscal provocado por la misma deuda).

Así la deuda aumentó 14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012 – según datos del MECON – y para el 2014 según Presupuesto está previsto que aumente otros 12.700 MD.

Por ende, no es cierto que la Argentina se esté des-endeudando.

7. PAGO DE INTERESES.

A diferencia de los vencimientos de Capital, que no se pagan sino que se refinancian íntegramente, los servicios de Intereses sí se pagan y al contado – lo mismo que los cupones anuales PBI – porque forman parte del Gasto Público Corriente.

Este año (2013) está previsto el pago de intereses por 10.800 MD y en 2014 suben a 12.200 MD; y para 2015 pasarían a más de 18.000 MD.

Esto es, que los pagos de intereses, como los vencimientos de capital, son fuertemente crecientes en los años venideros.

El importe de 12.200 MD de intereses anuales a pagar en 2014 significa un promedio de 33.4 MD por día: 1.4 MD por hora que pasa de nuestra vida.

8. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEUDA.

El stock de la Deuda Pública era de 145.000 MD al momento del default, a fines de 2001.

Este saldo aumentó a unos 175.000 MD después de la salida de la Convertibilidad, fundamentalmente por emisión de nueva deuda para cubrir la pesificación asimétrica derivada de la macro-devaluación del peso, por entrega de bonos con destino a saldar las diferencias de Bancos y Ahorristas (31.000 MD). Y tal es el saldo que hereda la administración Kirchner en 2003.

El Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, con el que la Argentina retomó el pago de bonos suspendido desde el default, no supuso en realidad quita alguna sobre el stock de la Deuda porque la reducción del 43 % fue compensada con la entrega de cupones PBI por valor de 48 %.

La administración Kirchner asume así un saldo de deuda del orden de los 175.000 MD, paga durante el decenio 2003-2012 algo más de 173.000 MD – según lo informado recientemente por la presidenta Cristina Fernández – y debe hoy más que antes: 209.000 MD.

9. LA DEUDA INTRA-ESTADO.

La peculiaridad que la deuda no haya descendido pese a los elevadísimos pagos efectuados se debe a que esas sumas erogadas – salvo por intereses y parte de los cupones PBI – se pagaron en realidad con nuevas deudas y consecuentemente no bajaron el stock de la deuda total.

La gran mayoría de estos pagos, sin embargo, se hizo con Deuda intra-Estado, es decir, que se pagó a Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales (FMI, BIRF-Banco Mundial, BID y CAF) con dinero tomado a préstamo de diversas agencias del propio Estado, fundamentalmente ANSES (que administra la plata de los jubilados), Banco Central (BCRA, por el uso de reservas internacionales para el pago de Deuda Externa) y Banco Nación (BNA, de su cartera de créditos); así como toda una serie de deudas menores con otros organismos oficiales (AFIP, FFRE, Lotería, PAMI, etc.).

Hoy casi el 60 % (el 58) de la deuda pública performing (los 197.500 MD) está en manos de entes públicos, o sea, que es Deuda intra-Estado.

Esta Deuda intra-Estado ayuda al gobierno a paliar la nueva crisis de Deuda que está sobrellevando pero presenta el problema que no tiene capacidad de repago.

0. ILEGITIMIDAD DE LA DEUDA.

La Deuda Pública Argentina, a raíz de las múltiples irregularidades y vicios de procedimiento utilizados para contraerla – desde el Proceso Militar hasta nuestros días – ha sido objeto hasta ahora de cuatro causas judiciales: 1) La causa Olmos I, que investigó las irregularidades durante el régimen militar y que tiene sentencia del juez federal Ballestero (del año 2000), 2) La Olmos II, que continúa dicha investigación bajo los gobiernos democráticos sucesores del Proceso, 3) La del Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001, que pasó por segunda instancia y ahora espera la convocatoria a tribunal oral, y 4) La denuncia Olmos Gaona-Marcos sobre responsabilidades de presidentes, ministros de economía y titulares del BCRA a raíz del endeudamiento fraudulento del país.

El fallo Ballestero fue remitido al Congreso pero el parlamento argentino nunca quiso tratarlo y en cambio – merced a las mayorías legislativas de turno – le siguió delegando al Ejecutivo todas las facultades extraordinarias necesarias para que el mismo manejara unilateralmente el problema hasta la actualidad.

Cabe agregar que la refinanciación y/o toma sistemática de deuda pública que no tiene capacidad de repago demostrada por parte del Estado – cosa que se produjo y se sigue produciendo – es también una causal de ilegitimidad y conllevaría graves cargos por incumplimiento de deberes u obligaciones de los funcionarios públicos superiores intervinientes en estas operaciones.

Hasta aquí la síntesis de los puntos más graves que identifican o caracterizan la naturaleza y gravedad de la situación argentina en materia de deuda pública.

Se trata de un conjunto de problemas concurrentes dentro del problema financiero insoluble de un sistema de deuda perpetua que condiciona no sólo las finanzas públicas y la política económica general sino también la gobernabilidad misma del país.

Lic. Héctor L. GIULIANO

Entrevista al economista político argentino Julio Gambina: 
Argentina nunca se fue del FMI 

por Mario Hernandez 
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Mario Hernandez (MH): Arrancamos “Fe de erratas” con Julio Gambina porque hay una serie de novedades en el ámbito económico. Estaba leyendo unas declaraciones del presidente de la UIA bonaerense, Osvaldo Rial, quien destacó que la Argentina "logró despegarse de la crisis mundial" a partir de un modelo económico que "continuó priorizando la producción y el consumo".

"Argentina es una isla, con un 7 por ciento de desocupación cuando España y Portugal están a más del 20 por ciento", recordó Rial, y cuestionó a sectores que "pretenden una megadevaluación cuando quedó claro que esas medidas siempre llevaron a más pobreza".
El titular de la UIA bonaerense lamentó, además, que "algunos integrantes del sector empresario hayan dado un salto hacia movimientos que nos pretenden hacer retroceder una década, hacia la Argentina de los 90, la de un país para pocos".

Recordó que en los 90 "había sectores que aseguraban, sin ponerse colorados, que en el país sobraba la mitad de la población. Nosotros queremos una nación para los 40 millones de argentinos".

¿Hay un giro del empresariado a favor del gobierno?

Julio Gambina (JG): Hay empresarios oficialistas y opositores y éstos últimos de distintas orientaciones. Está claro quién está opinando y en un tiempo electoral, no solo de cara al medio turno legislativo, sino a la renovación presidencial de 2015.

MH: Rial sería un empresario cercano al gobernador bonaerense Daniel Scioli.

JG: Yo siempre me presento como profesor de economía política porque no se puede pensar la economía al margen de la política y viceversa. Todo conjunto de política económica responde a intereses y hoy en Argentina está en discusión cómo y quién gobierna el capitalismo argentino en el marco de una crisis global.

MH: Yo vinculaba más estas declaraciones a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno que han merecido el apoyo de prácticamente la totalidad del empresariado.

JG: Vos te referís al giro hacia el Banco Mundial (BM) y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Venimos de una década de discurso crítico contra el FMI pero ya había habido una especie de negociación para tratar de arrimar la relación con el FMI y el mecanismo fue hacer un acuerdo para que ayude “técnicamente” al Indec a elaborar un nuevo índice de precios (IPC), que supuestamente entraría en funcionamiento a principios del año que viene.

El tema de fondo era que Argentina desde fines del 2008 participa en la Cumbre del G20, integrado por presidentes para atender la crisis mundial y ahí el FMI es un invitado principal y de hecho las medidas más importantes que ha tomado el G20 han sido para fortalecer la capacidad de acción del FMI. Por este motivo, había que ir desandando el camino de fuertes críticas al FMI y generando condiciones de acercamiento, lo que supone que el FMI terminará auditando las cuentas nacionales, algo que todavía no ha ocurrido, pero en el último viaje del Ministro de Economía a EE. UU. hubo reuniones con el FMI para presentar el nuevo índice de precios e intentar que retire una sanción aplicada en febrero pasado, lo que podría ocurrir en noviembre cuando se reúna su Directorio.

MH: A pesar que somos “pagadores seriales”. Vos mencionás en un reciente artículo que se cancelaron más de U$S 173.000 millones en los últimos diez años.

JG: Eso lo dijo la presidenta. Se trata de información oficial. Ahí tenés un primer operativo buscando restablecer las relaciones y las formas de funcionamiento de Argentina en el FMI, aunque nunca se fue. Le pagó, pero Argentina nunca se fue del FMI. Es un adato para pensar, para tenerlo en cuenta.

Simultáneamente, se hizo un acuerdo estratégico con el BM para un préstamo por U$S 3.000 millones que trasciende a la actual administración porque va del 2014 al 2016 involucrando al próximo gobierno. Son U$S 1.000 millones por año que el gobierno necesita para restablecer las reservas internacionales. Desde enero se han perdido U$S 10.000 millones y estamos en el piso de los U$S 34.000 millones cuando Argentina llegó a tener U$S 52.000 millones, lo cual muestra una fuga de capitales.
Una política de desendeudamiento y de pagadores seriales hace que Argentina destine sus reservas internacionales para pagar deuda. También hay una disputa por quién se queda con los dólares. Está el capital privado que los busca desesperadamente, por eso ayer el dólar ilegal pasó los $ 10 por unidad. Hay una disputa entre el poder económico que quiere los dólares para ahorrar o fugarlos y el gobierno que los necesita para pagar deuda, importar combustibles, etc. Entonces, hay una disputa por una mercancía que aparece escasa y hay que llenar la Argentina de dólares, por eso hay que traer inversiones externas, como es el caso de Chevron o préstamos como se hizo en la década menemista. Si el BM presta, eso habilita a que Argentina coloque títulos en el mercado mundial o que aparezcan créditos del sistema financiero internacional que está remiso a prestarle a nuestro país, con lo cual el tema de la deuda vuelve a emerger y aparecer como un tema estructural muy fuerte y condicionante de la economía argentina.

Hay un cambio de América Latina hacia una orientación “amigable” con el capital financiero internacional

MH: Quiero levantar la apuesta porque mencionaste a Chevron pero las últimas medidas en el área energética adoptadas por Brasil me hacen pensar en un corrimiento respecto de la propuesta de Hugo Chávez hacia una política energética latinoamericana común.

JG: Así es. En realidad, la propuesta venezolana de formar Petroamérica nunca terminó de cuajar y las recientes medidas de Brasil, que además de sorprender porque entrega el pozo petrolero más importante de ese país, hubo una intervención del ejército en la represión popular que se oponía a la medida, lo cual significa un llamado de atención muy serio en el cambio político de América Latina hacia una orientación “amigable” con el capital financiero internacional, con las inversiones externas, en el caso argentino, además, con el reconocimiento por primera vez de las sentencias del CIADI para pagar U$S 500 millones.

Argentina no venía acusando recibo de las cinco sentencias firmes en su contra de ese organismo, pero en este viaje donde acuerda con el FMI y el BM, también lo hace con el CIADI para cancelarlas y en la cuenta de la deuda pública aparece registrada esa suma, por lo tanto, en el presupuesto público son recursos que compiten con otras demandas que tiene la población por salud, vivienda, empleo, desarrollo económico, etc.

MH: ¿Vamos a un ajuste después de las elecciones?

JG: Llama mucho la atención las tarifas de los servicios públicos, sobre todo las eléctricas. En los últimos días han crecido mucho las acciones de las empresas eléctricas y eso es asumido como que hay una fuerte especulación pensando que se van a cortar muchos subsidios. Acordate que este fue un tema anunciado después de las elecciones del 2011, que empezó a materializarse, pero apenas se esbozó, se cortó, es probable que ahora no se pueda sostener el ritmo de subsidios. En definitiva, hay que traducirlo como aumentos tarifarios que va a pagar el conjunto de la población, lo que en otra época denominábamos “tarifazo”. Es una de las expectativas que hay.

La otra expectativa del sector empresario es que baje la pretensión de incremento salarial en las Convenciones Colectivas. También es de esperar una escalada de incremento de los precios, del costo de vida que puede ir acompañado de una tendencia a la disminución de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores convencionados. En un marco donde 1/3 de la población trabajadora continúa en situación informal, da cuenta de un combo que puede disparar conflictos como la ya anticipada jornada de movilización nacional para el próximo 20 de noviembre de la CGT y la CTA, conmemorando el aniversario de la movilización del año pasado, que motorizó una conflictividad más que interesante de los trabajadores.

MH: Antes de cerrar, el pasado 2 de octubre se cumplieron seis meses de la inundación de La Plata, Berisso y Ensenada y tengo entendido que estuviste junto a Atilio Borón participando en la presentación de un relevamiento socio-sanitario.

JG: Un relevamiento muy importante que llevó adelante el Colegio de Profesionales de Trabajo Social que puso en evidencia que la inundación afectó al conjunto de la sociedad platense, pero que los efectos más graves fueron sobre los más pobres.

Estaban presentes representantes de unas 25 asambleas de barrios empobrecidos y de los más de 1500 voluntarios que intervinieron en el relevamiento, estudiantes y docentes de la Facultad de Trabajo Social de Humanidades. Los datos que revela y publica el Consejo Profesional, que te sugiero que los conozcas y puedas entrevistar a quiénes lo hicieron, dan cuenta que si bien toda La Plata fue afectada, los sectores más empobrecidos lo fueron más y no hay soluciones para ellos, o en todo caso, son para restablecer el valor de las propiedades, que se había venido abajo producto del deterioro generalizado provocado por las inundaciones. Esto demuestra que las políticas públicas privilegian el restablecimiento de la capacidad de valorización inmobiliaria para restablecer la capacidad de funcionamiento de la sociedad capitalista y no tienen en cuenta las imperiosas necesidades de los sectores más afectados por las inundaciones y calamidades que no son naturales, sino provocadas por el modelo productivo hegemónico en nuestro país y a escala mundial.

MH: Me despido hasta el jueves 31 ya que vas a presentar mi libro El movimiento de autogestión obrera en Argentina en las II Jornadas del Pensamiento Crítico a realizarse en la Universidad de Río IV (Córdoba).

JG: Te anticipo que vamos a compartir un buen debate y te doy la primicia que inaugurará las Jornadas la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, la Licenciada Teresa Morales, quien va a disertar sobre “El cambio político en América Latina: el caso boliviano”.

Vamos a tener un debate de pensamiento crítico latinoamericano presidido por el análisis de la situación boliviana. Hay muchísimas ponencias presentadas y una treintena de destacados investigadores de casi toda la región, así que espero que tengamos un buen debate, además de buenos momentos de camaradería, que supondrá ese encuentro en el centro de nuestro país, en Río IV, con una diversidad que intenta una apertura al pensamiento crítico, alternativo y emancipador.

Los intocables 

por Juan Carlos Giuliani 

En este, nuestro país, los banqueros, los señores de la timba financiera, son intocables. Se florean por todos lados como grandes personajes sin disimular un ápice su condición de usureros. No hay poder que consiga desmontar la impresionante maquinaria de ganar plata que fabricaron jugando al juego que más les gusta: el de la especulación.

Al menos, eso es lo que aparenta la frágil respuesta del sistema político-institucional para poner freno a una actividad distorsionada, preñada de prebendas y privilegios.

A casi 30 años de la restauración democrática la Ley de Entidades Financieras, viga maestra en el andamiaje que le dio sustento al modelo neoliberal, permanece invicta. Ningún gobierno democrático se animó hasta el momento a meter mano en el estatuto jurídico de la “Patria Financiera” heredado de la dictadura y que preserva intacta la fabulosa renta financiera.

La legislación, hecha como un traje a medida para los dueños del capital financiero nacional y extranjero, tiene más de 36 años de vigencia sin que los gobernantes electos desde el 30 de diciembre de 1983 hasta acá se hayan dignado siquiera a considerar seriamente su urgente y necesaria modificación.

El régimen bancario en la Argentina tiene como marco legal la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras dictada el 14 de febrero de 1977 y que lleva las firmas del genocida Jorge Rafael Videla, Alfredo Martínez de Hoz y del ministro de Justicia de la tiranía oligárquico-militar, brigadier Julio Gómez.

Desde entonces, los bancos no han dejado de actuar como una aspiradora que succiona la capacidad de ahorro nacional. Giran a sus casas matrices radicadas en el exterior sumas millonarias en concepto de utilidades obtenidas a costa de chuparle la sangre al pueblo: una expoliación que no tiene otro nombre que no sea el de la impunidad del poder.

Después del sofocón que significó la crisis de 2001-2002, “Corralito” y “Corralón” mediante, cuando las entidades bancarias tuvieron que blindarse literalmente para evitar la justificada furia de los ahorristas estafados, en la actualidad exhiben –de manera impúdica- su innegable condición de “ganadores” del “Modelo” imperante.

Cuando Duhalde le ganó la pulseada a los sectores que promovían la dolarización lisa y llana de la economía e impuso la devaluación para salir del régimen de Convertibilidad ideado por Domingo Cavallo durante el menemismo, y sostenido por el tristemente célebre gobierno de la Alianza encabezado por la dupla De la Rúa-“Chacho” Álvarez, se produjo una extraordinaria transferencia de ingresos de los bolsillos de los asalariados a los grupos económicos. Los bancos, que estaban en el ojo de la tormenta por haber respondido con insolvencia a las demandas de los cientos de miles de ahorristas engañados en su buena fe, fueron los primeros y principales beneficiarios del auxilio del Gobierno. Un calco de lo que ocurre actualmente con la crisis sistémica en el mundo capitalista. “Primero los bancos”, es el lema del capitalismo globalizado. Eso es lo que se hizo en los años de la “Posconvertibilidad”. En lugar de ayudar a las víctimas del colapso económico y financiero, se propició el salvataje de los victimarios, los bancos.

La nueva ley tiene que regular y supervisar el sistema, definir a la actividad financiera como un servicio público para poner la banca a disposición de los intereses del pueblo y la Nación, promoviendo el crédito personal e hipotecario, sustentando la producción y no la especulación, en auxilio de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de tasas de interés activas y accesibles en lugar de seguir tributando, como ahora, al exclusivo beneficio del poder financiero que, a tono con lo que ocurre en otros segmentos de la economía, se muestra cada vez más concentrado y extranjerizado.

Los banqueros siguen encabezando el ranking de los ganadores del “Modelo”. Como viene sucediendo desde hace tiempo, los bancos ganaron el año pasado la friolera de 22 mil millones de pesos y, en el primer trimestre de este año, obtuvieron utilidades de un 22 por ciento más altas que en el mismo período de 2012.

Las preguntas, entonces, caen de maduras: ¿Cómo es posible que cuando cualquier hijo de vecino va al mercadito de su barrio a comprar un kilo de carne, de pan o de fideos, tiene que pagar el 21 por ciento de IVA y transacciones financieras multimillonarias en dólares no tributen ni un centavo de impuesto a las arcas del Estado? ¿Cuándo se animará la clase política a sancionar una nueva Ley de Entidades Financieras? ¿En qué momento se realizará la demorada Reforma Impositiva para que definitivamente paguen más los que más tienen? ¿No habrá llegado la hora de eliminar el Impuesto a la Ganancia al salario? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

La capacidad de sobrevivencia de la renta financiera como un tótem intocable en el Olimpo del mercado demuestra a las claras, y mejor que cualquier otro relato, los límites de la democracia formal para poner en caja a los grupos de poder, la falta de voluntad política de la dirigencia para encarar una iniciativa de semejante naturaleza, y la necesidad de sustituir de raíz no tan sólo la injusta matriz de distribución de la riqueza sino también el modelo productivo.

Sólo entonces, cuando todos seamos iguales ante la ley dejará de haber hijos y entenados. Sólo entonces, cuando la justicia social regrese a formar parte de nuestras vidas cotidianas y de nuestro sueño colectivo. Y cuando el Movimiento Popular alcance el grado de unidad y fuerza necesarios para poner fin al capitalismo parasitario.

Aumentos de tarifas, ajuste y renta privada 

por José Rigane 

Cada vez es más fuerte el rumor que anuncia un importante aumento en las tarifas de gas y electricidad, que al parecer se piensa anunciar luego de las elecciones del 27 de octubre. Los periódicos especializados y los allegados al poder hablan de “sinceramiento” y “adecuación” en las tarifas.

Los empresarios del sector exigen “actualización”. Todos eufemismos que reemplazan lo que realmente se está preparando: un aumento en las tarifas que va a impactar directamente en el bolsillo de los trabajadores y el conjunto del pueblo. Lo otro que innegablemente afecta al bolsillo es el contexto de inflación y la devaluación no reconocida, pero ese es otro cantar.

Desde la CTA, la FeTERA y el MORENO vemos que, más allá de los esfuerzos del gobierno por disfrazar o escamotear la realidad, el aumento de las tarifas y la creciente inflación refuerzan la idea de que el modelo se dirige a un ajuste para los trabajadores por un lado, y, por el otro, el sostenimiento en los niveles de ganancias de las empresas privadas.

En el sector eléctrico la combinación puede ser aún más regresiva si sumamos que se está ofreciendo un pésimo servicio al usuario, que hay un aumento en la concentración empresaria y que todo esto se da en un marco de creciente déficit energético. Argentina importa el 30% de la energía que utiliza, con lo cual el nivel de supeditación y pérdida de autonomía crece de manera exponencial.

Una de las noticias económicas de los últimos días tiene que ver con la subida de la bolsa (alcanzando nuevos valores récord e históricos) marcado fuertemente por las firmas del sector energético.

Los aumentos de los activos de empresas que cotizan en bolsa que se vienen destacando estos últimos días, como el jueves 17 de octubre, son los de Edenor (+11,5%), Pampa Energía (+7,3%), Petrobras Energía (+5%), entre otros. También es importante observar que las acciones de Edenor -la mayor distribuidora de energía- triplicó su valor en la bolsa de Nueva York desde agosto a la fecha. Al mismo tiempo las cooperativas eléctricas sufren las consecuencias de un modelo energético que sigue favoreciendo a las empresas privadas, fundamentalmente extranjeras.

Pero lo más importante en términos de tarifas tiene que ver con los subsidios al gas y electricidad en el sector privado, que este 2013 representa 75.000 millones de pesos (en 2012 fue de $ 61.896 millones). Esta cifra es muy importante respecto de la compleja situación en las cuentas nacionales. Ya hubo algún funcionario del gobierno que “deslizó” que se estarían reviendo estos subsidios. La fórmula en este punto es conocida: al recorte de subsidios estatales le sigue el aumento de tarifas en el servicio. Hay una única verdad: el único perjudicado es el usuario.

El cuadro se agrava si pensamos que el marco donde se da esta situación es de un fuerte déficit energético, llegando al punto donde se está evaluando importar petróleo crudo desde Nigeria para que vaya a las refinerías del país. Para tener en cuenta: Argentina no importa petróleo crudo desde 1992.

Para algunos analistas, estos datos son fuertes indicios del aumento de las tarifas que se viene gestando. Junto con el lobby de las empresas interesadas, comienza a crecer la idea de una suba de las tarifas de gas y luz que alcanzará a usuarios del área metropolitana y a las PYMES, aunque no se conocerá hasta después de las elecciones.

Los empresarios del sector agrupados en la Cámara de Energía de la Republica Argentina (CEDERA), como los hermanos Bulgheroni de la petrolera PAE, Hugo Sigman y Horacio Cristiani de Gas Natural Ban, Marcelo Mindlin de la empresa Pampa Energía y Edenor, Carlos Ormachea de Tecpetrol, entre otras importantes firmas, hace bastante tiempo que vienen presionando por un aumento en las tarifas en la energía.

Desde los que buscamos construir poder popular con democracia y soberanía energética vemos que el problema estructural es que la lógica imperante del sector eléctrico (con un pésimo servicio que se nota en el aumento de cortes de luz) responde a una bajísima o nula inversión empresaria, con aumento sostenido de ganancias privadas, principalmente asociadas a los subsidios del Estado. Creemos que esta lógica siempre fue e irá a contramano de los intereses populares.

Uno de los últimos documentos del MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) de agosto de 2013, hace un interesante recorrido sobre qué sistema eléctrico tenemos hoy en nuestro país y cuál necesitamos como pueblo. Sobre la situación actual explica que: “la tendencia de las políticas del Gobierno nacional ha sido, por un lado, tratar de sostener la rentabilidad privada, principalmente en el mercado de generadores y transportistas; por otro, tratar de no provocar rechazo de los usuarios hacia el Gobierno, evitando aumentos importantes de tarifas -o retrotrayéndolos-, sobre todo en el sector residencial”.

Aunque la idea del Gobierno de no modificar las tarifas de manera importante pueda cambiar después de octubre y lo que ocurra con los resultados de las elecciones legislativas, es importante detenerse a reflexionar sobre qué modelo energético se lleva adelante y poder pensar si, así como está, es capaz de dar respuesta al conjunto de la sociedad.

Creemos que las políticas aplicadas hoy no conducen a la recuperación de la soberanía energética y que por permanecer bajo la lógica empresaria y los grandes monopolios, se llega a una crisis que siempre la terminan pagando los usuarios. Es la única razón que explica un futuro aumento en las tarifas.

Re-endeudamiento: De la negación a la realidad 

por Fabiana Arencibia 
Las últimas medidas tomadas por el gobierno ante la necesidad de obtener dólares para las descendientes reservas del Banco Central, el arreglo para pagar juicios del CIADI y acelerar los préstamos del Banco Mundial, las reuniones con organismos financieros internacionales y el representante del tesoro norteamericano, son todos hechos que ya no dejan dudas respecto a lo que venimos afirmando: este modelo no se sostiene si no es con el retorno al endeudamiento externo. Red Eco Alternativo.

A fines de 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 9.810 millones de dólares, y declaraba el inicio de un camino independiente para la toma de decisiones económicas más allá de las recetas que el organismo nos había impuesto durante décadas. Afirmó entonces que dicho pago serviría para “ganar grados de libertad para la decisión nacional”.

Siete años después, en agosto de 2012, el actual ministro de Economía Hernán Lorenzino proclamó una nueva independencia al pagar los últimos bonos del corralito, los BODEN 2012. Los tenedores eran en su mayoría bancos privados y fondos de inversión internacionales que se los compraron a pequeños ahorristas a mucho menor valor de lo que entonces recibieron por parte del Estado.

“Desendeudamiento” es el concepto que instaló el gobierno basado en el pago sistemático (o refinanciación o canje) de la deuda pública mientras crecía la deuda con organismos del Estado (en especial la ANSeS) por sobre el endeudamiento privado.

“Pesificar” era la consigna para que los argentinos cambien la cultura del dólar. Fue la convocatoria que lanzó por cadena nacional la presidenta - presionando en ese discurso al entonces Jefe de gabinete, hoy senador, Aníbal Fernández para que siguiera sus pasos – cuando afirmó que cambiaría sus ahorros en dólares por pesos.

Finalmente la realidad superó este “relato”. La caída de las reservas internacionales del Banco Central (que con la modificación de su carta orgánica habilitó el uso de las mismas para pagar deuda) trajo la primera medida de restricción a la compra de dólares que se popularizó como cepo cambiario (hoy más vigente que nunca).

Pero no fue suficiente porque el problema de la falta de dividas (a pesar de la apelación presidencial a cambiar la cultura del billete verde por la moneda nacional, dirigida en especial a la clase media con capacidad de ahorro) se fue agravando.

Vino entonces el Blanqueo por medio del cual se podían exteriorizar dólares no declarados – ya sea trayéndolos del exterior como los que se ocultaban en el mercado local - sin que se preguntara su origen, sin pagar ni un peso de impuesto ni tener penalidades de ningún tipo. Dos de los instrumentos obligados a que se tomaran a cambio de la moneda fueron el CEDIN (Certificado cuyos fondos son destinados principalmente a operaciones inmobiliarias) y el BAADE (Bono cuyos fondos son para inversión en infraestructura e hidrocarburos). Las expectativas que entraran a las arcas del Banco Central 4.000 millones de dólares se desvanecieron a fines de setiembre - fecha en que vencía el plazo – con el blanqueo de solo un 400 millones. Por eso se prorrogó hasta fin de este año.

Ni el cepo, ni el blanqueo oxigenaron las reservas del Banco Central que desde principio de este año cayeron en 10.000 millones de dólares. A fines de 2011 la entidad tenía reservas valuadas en alrededor de 52.000 millones de dólares. Hoy llegan a poco más de 34.000 millones, no constituidos en su totalidad por divisas sino que por una gran parte en títulos, bonos y dinero de los bancos.

“Las divisas se van de la Argentina por pagos de deuda, por fuga de capitales y por las condiciones de la inserción subordinada de la Argentina en la economía capitalista mundial. Se trata de un activo externo demandado por los principales actores económicos y ello explica su precio en ascenso, sea del tipo de cambio oficial o paralelo”, afirma el economista Julio Gambina.

El gobierno y los sectores concentrados de la economía (exportadores e importadores) son los principales demandantes de divisas.

Hace dos meses, cuando defendió el proyecto de ley de Presupuesto 2014 en el Congreso, el viceministro de economía, Axel Kicillof, criticó a los agoreros del ajuste y el re-endeudamiento.

Entendemos que se refería a ajustar el gasto social y a quienes piden la devaluación de la moneda acercando el tipo de cambio oficial al del mercado paralelo (superior en más de un 65 %). Sin embargo el ajuste ya existe. La inflación negada por los índices de Moreno es tal, la baja de planes sociales o el no incremento de sus valores también es ajuste, la eliminación paulatina de los subsidios a las tarifas de servicios públicos también lo son, aumentar la jubilación dos veces al año por un coeficiente compuesto por una inflación irreal también es ajuste.

El re-endeudamiento cuestionado por Kicillof se constituyó, sin embargo, en objetivo de los esfuerzos del gobierno que se acrecentaron en las últimas semanas. El BAADE nueva versión, la cancelación con bonos de las deudas por juicios que Argentina tenía en el CIADI y la concreción de un préstamo del Banco Mundial (BM) significan - más allá de las culpas lanzadas por el viceministro - volver a los mercados externos y al sector privado para re endeudarnos.

Hernán Lorenzino participó entre el 9 y el 13 de octubre del V Encuentro de Ministros de Hacienda de América y el Caribe en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (en Washington) y de las reuniones anuales del FMI y del BM. En esos días también se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con la directora gerente del FMI, con el presidente del BID y con el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (todos ellos integrantes de lo que sería el núcleo del “Consenso de Washington” altamente criticado, y con razón, por el gobierno y varios de sus funcionarios).

No solo fueron reuniones, también hubo acuerdos con el fin de abrir las puertas a los préstamos internacionales en el mercado internacional de endeudamiento:

1- El pago de los juicios a cinco empresas que nos demandaron ante el tribunal del BM, el CIADI, por 500 millones de dólares (a cambio se les darán bonos, o sea que se cambia una deuda en litigio por una obligación cierta por parte del Estado, generando deuda en firme a futuro)

2- Las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que nos apoye ante el litigio con los fondos buitres

3- El tratamiento con el Banco Mundial - luego del arreglo con su tribunal CIADI - de un préstamo por 3.000 millones de dólares proveniente del “Acuerdo Estratégico 2014-2016”. En una nota publicada por el sitio iProfesional.com se asegura que el ingreso neto será de 700 millones de dólares porque el resto se destinará al pago de obligaciones financieras pendientes.

4- Avances en la relación con el FMI para el reemplazo del actual índice que mide la inflación por el Índice de Precios al Consumidor Nacional, que remontaría la “moción de censura” que nos hizo el organismo en febrero pasado. Este índice estaría casi listo para ser aplicado y con el pago de la deuda al Club de París cerraríamos estas “cuentas pendientes” con el Fondo.

A esto se suman las nuevas reglas de juego que el gobierno reglamentó para el BAADE y que posibilitan al sector privado endeudarse en el exterior y traer las divisas al país comprando estos bonos para inversión energética (antes de la prórroga del blanqueo, a este bono solo era posible adquirirlo con dólares “no declarados”). Por otra parte, a quienes los adquieran les será posible venderlos en un mercado secundario a un valor que seguramente será más cercano al valor del dólar paralelo (a diferencia del BAADE del blanqueo).

Esta nueva herramienta de endeudamiento, ahora con los privados, ya tuvo su primer aportante. El Grupo Bridas (de los hermanos Bulgheroni) anunció que ingresará 500 millones de dólares para invertir en Vaca Muerta. Otros 68 millones vendrían de las empresas que ganaron el juicio del CIADI. Alrededor de 300 millones aportarían las cerealeras, y el sector automotriz sería persuadido para que también haga un aporte como devolución de gentileza, ante tanto beneficio que tiene su actividad en nuestro país.

En síntesis, el gobierno busca, más allá de lo que dice, normalizar las relaciones con los organismos internacionales de crédito e insertarse nuevamente en el mercado mundial de préstamos para palear la caída de reservas y financiar el déficit de sus cuentas públicas. Pero además ingresa en el peligroso camino del aumento de la deuda externa del sector privado. Y tal como recuerda Julio Gambina: “Ya sabemos que cuando la deuda privada externa es alta y se torna impagable, las presiones empresarias acuden sobre el Estado para socializar su cancelación o renovación a costa del presupuesto público”.

Acuerdos con los actores del varias veces rechazado Consenso de Washington, recomposición de relaciones con los organismos financieros internacionales con el objetivo de conseguir préstamos, deuda privada externa en ascenso y aumento de deuda pública, presupuestos que cierran solo con endeudamiento y donde se destina más recursos para pagar deuda que para salud y educación, tercer reapertura para un canje de deuda que se afirmaba estaba cerrado…

Quizás nunca debimos olvidar lo que en el año 2006, el presidente Néstor Kirchner dijo cuando tocó la campanita de Wall Street , dando comienzo oficialmente a la rueda bursátil más grande del mundo: “Volvimos al lugar del que nunca debimos haber salido”.