La impunidad como norma en el capitalismo

Julio C. Gambina

Resulta difícil opinar sobre cuestiones de la coyuntura económica de Argentina en momentos de gran confusión política e institucional motivada en la muerte del fiscal Nisman, muy cercano a los servicios de inteligencia y a la embajada de Estados Unidos, y las derivaciones suscitadas en torno a la impune investigación de la voladura de la AMIA en 1994, algo que trasciende al gobierno actual.

Vale mencionar que los episodios de la AMIA, junto a la voladura de la Embajada de Israel en 1992 y del arsenal en Río Tercero en 1995, en tiempos de ofensiva neoliberal, constituyen sucesos que “ratifican” la inmersión de la Argentina en la clave articulada del capitalismo mundial, con sus tendencias históricas caracterizadas por la militarización, el espionaje y el terrorismo de Estado mundial. Afecta la tradición constitucional desde 1983 y desde mucho antes en nuestra historia.

Aludimos a “ratificar” y a nuestra historia, porque la inserción en esa lógica capitalista no es coyuntural, sino estructural, sistémica, y de origen en el desarrollo del capitalismo local. Remite a la conquista y colonización, como a las invasiones inglesas, o la intervención estadounidense en diferentes momentos de nuestra historia más reciente. A instancias del Instituto Espacio para la Memoria, con la autoría conjunta de Osvaldo Bayer y Atilio Boron escribimos en 2009 un texto sobre el Terrorismo de Estado que trata de repasar la historia del terrorismo de Estado en la Argentina, desde sus comienzos y hasta el 2001 (es un texto de circulación gratuita, publicado en internet, y sin embargo se ofrece a la venta, increíble pero real el proceso de mercantilización de la palabra y el pensamiento).

La trama del desarrollo terrorista estatal se asocia a la promoción de legislación antiterrorista en casi todos los países de la región y en los últimos años. Es una presión desde la política exterior de Estados Unidos y de los organismos internacionales, que asocian la demanda antiterrorista al combate al lavado de dinero o al narcotráfico, cuando el capitalismo contemporáneo está indisolublemente asociado al crimen, al contrabando, la especulación, el tráfico de drogas, armas o personas. Los paraísos fiscales existen en variados territorios, incluso en Estados Unidos y aún con altisonantes declaraciones, por ejemplo del G20, nada concreto se avanza en su eliminación.

Ese capitalismo delictivo se expresa en actividades asociadas al espionaje mundial y local, que sufren los pueblos del mundo, por ser base de operaciones motorizadas por transnacionales de los medios de información o de desinformación, con el objetivo de manipular y condicionar la opinión pública o el sentido común, que con Gramsci repetimos, es el sentido común de las clases dominantes. El accionar del terrorismo de Estado en el capitalismo mundial supone la impunidad, que es lo que aparece como trasfondo y esencia continua en nuestra historia reciente.

Crisis política y problemas económicos

Este es un momento en que reaparece la desconfianza de la sociedad en la institucionalidad y nos habilita a pensar en un nuevo ciclo de la crisis política e institucional en la Argentina, más allá de las críticas a la Justicia, al Parlamento, o a los gobiernos (actuales o pasados, nacionales, provinciales o municipales).

Digamos también sin duda, que los episodios políticos intervienen en la cuestión económica, porque hemos repetido hasta el cansancio que la economía es política y viceversa.

La coyuntura económica viene siendo caracterizada por la desaceleración del nivel de actividad y la recesión productiva, con muchas dudas en la posibilidad de superar el ciclo en el corto plazo en este año de renovación electoral presidencial.

Todos los diagnósticos y pronósticos dan cuenta de la dificultad para superar la situación. Se acaban de publicar los datos del balance del sector externo del 2014 y dan cuenta de una baja de las exportaciones, de las importaciones y del saldo comercial, menor a 7.000 millones de dólares.

En ese marco se destaca un déficit energético superior a los 6.000 millones de dólares y una factura de importación de combustibles superior a los 11.000 millones de dólares.

El escenario suscitado en esta semana no mejora las condiciones de fondo de la situación económica y entre otras variables se generaron negocios especulativos que derivan en desvalorizaciones de los títulos y acciones estimulados por hipótesis de inversores que responden a la lógica de la ganancia. Y aunque el BCRA sostiene una política de control de maniobras especulativas, que llevaron nada menos que a clausurar transitoriamente la operatoria en el mercado de valores al Banco MACRO, la cotización del dólar sigue en ascenso. El BCRA apura micro devaluaciones diarias que se asocian a las tendencias al alza del tipo de cambio en sus diversas variantes.

Todas las devaluaciones afectan a los perceptores de ingresos fijos, trabajadores en actividad o pasivos, lo que nos provoca a pensar en nuevas rondas de protestas y demandas para defender la posibilidad de sostener la canasta familiar de los trabajadores y sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Tiene que preocuparnos la cotización de las divisas? Claro que sí, especialmente cuando la Unión Europa acaba de decidir una fuerte intervención monetaria, con emisiones mensuales de 60.000 millones de euros, programados hasta septiembre del 2016 para sostener empresas y bancos a costa de la compra de títulos de deuda en el mercado secundario.

Europa sigue ahora el ejemplo que acaba de finalizar Estados Unidos, discontinuando las compras de deuda para sostener el orden capitalista. La relativa mejora de las cuentas económicas en Estados Unidos lleva al Banco Central Europeo a acelerar el proceso de intervención monetaria para aligerar la crisis y su impacto en pérdida del empleo y las derivaciones políticas que ello puede traer.

La intervención monetaria estadounidense afectó al desarrollo de las economías nacionales, del modo que también afectará la intervención monetaria de la Europa Unida,

Es que al capitalismo le interesa la lógica sistémica de la ganancia, aun a costa de países, áreas o empresas y mucho menos interesado en el devenir de los ingresos populares y las condiciones sociales de vida de la población mundial.

En la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, la organización OXFAM presentó un informe donde remarca con datos de la OIT que “Desde el inicio de la crisis global, en el año 2008, se perdieron más de 61 millones de empleos”. Que “La crisis de empleo aún no pasó, y que no hay motivo para la autocomplacencia”, a pesar de la leve mejoría de las potencias.

Dice el informe de Oxfam que “Para este año, la OIT prevé que la cifra de desempleados aumente en 3 millones y pronostica que para 2019 serán 8 millones más”. Agregan que “El principal motivo, según la OIT, es que el crecimiento no alcanzó en casi ningún país el nivel que tenía antes del estallido de la crisis”. Enfatiza que “Los jóvenes son los más afectados en esta situación, ya que casi 74 millones de personas de entre 15 y 24 buscaban trabajo en 2014”.

El FMI, el Banco Mundial y todos los organismos con departamentos de investigación y pronósticos aluden a la continuidad de la crisis mundial, con impactos diferenciados por cierto. Oxfam incluye una opinión sobre el tema y señaló en Davos que “En 2014 el 1 por ciento más rico de la población poseía el 48% de la riqueza mundial, mientras que el 99% restante debía repartirse el 52%. En 2010 las 80 personas más ricas del mundo poseían riqueza neta de 1,3 billones de dólares. En 2014 ascendía a 1,9 billones de dólares”, o sea 600.000 millones de dólares acumulados por 80 fortunas individuales en 4 años.

Continúa el informe señalando que “Estas 80 personas poseen la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre de la población mundial. 3.500 millones de personas comparten la misma cantidad de riqueza que 80 personas enormemente ricas. En términos netos, la fortuna de las 80 personas más ricas del mundo se ha duplicado entre 2009 y 2014”. Son los años de la crisis mundial y expresan la impunidad del capitalismo en el ámbito mundial. Sigue señalando el informe presentado en el Foro Económico Mundial que “En elecciones 2012 en Estados Unidos, el sector financiero realizó contribuciones por 571 millones de dólares a los dos principales partidos. En la Unión Europea se calcula que los ´lobbistas´ del sector financiero dedican 150 millones de dólares año a influir en sus instituciones”.

Los datos pone en evidencia la asociación entre poder económico y Estado capitalista en un marco de crisis con impunidad de los más poderosos. La impunidad en todas las circunstancias son atajos del poder histórico para perpetuar los mecanismos de dominación, desigualdad y discriminación, con hambre, miseria, saqueo y explotación.

Desafíos y perspectiva por la emancipación y la liberación

No puede esperarse solución en el marco de la hegemonía política actual, sea oficialista u opositora. La crisis política convoca a pensar en alternativa y éstas emergen en condiciones de crisis de proyectos que definen épocas.

Basta pensar en la “sorpresa” del triunfo de Alfonsín en 1983; de Menem en 1988/89 y en Kirchner en 2003. En todos los casos, esos liderazgos emergieron en situación de crisis política y demanda social de cambio, más allá de lo que en cada periodo se llevó adelante. En cada caso se intentó fundar un nuevo tiempo histórico y una nueva expresión política representativa de ese momento político. Se los llamó alfonsinismo, menemismo, kirchnerismo.

Los dos primeros quedaron en la historia y sin expresión orgánica en la actualidad. El tercero intenta subsistir bajo las nuevas condiciones del fin de mandato de Cristina Fernández.

Hace falta una nueva expresión política, necesariamente por fuera de la hegemonía de la disputa electoral que expresan, Scioli, Macri, Massa, Unen u otras variantes similares de menor peso político.

¿Es posible? ¿Puede emerger lo nuevo en estas condiciones? Estoy convencido de la capacidad popular para generar alternativas. Era impensado el cambio político en Bolivia o Ecuador (más allá de las valoraciones que se hagan de esos gobiernos) sin la iniciativa y movilización de sus pueblos.

Los gobiernos anteriores a la emergencia de esos liderazgos y otros en la región no suponían opciones alternativas previas, las que aparecieron asociadas a las luchas populares y la voluntad política de hacer surgir proyectos políticos alternativos.

No alcanza solo con lucha o voluntad de proyecto político, son necesarias ambas condiciones, tanto como los liderazgos adecuados a la demanda histórica. Solo para ejemplificar menciono el papel de Chávez o de Evo para expresar en personas un proceso social más complejo para la transformación social, la emancipación y la liberación.

Se requiere pensar que si existe la potencia del cambio político en la región, que nos pensamiento mágico y proviene de la mano de procesos sociales y políticos de nuevo tipo. La historia de acumulación política popular en la Argentina nos habilita en pensar hoy en la posibilidad de una alternativa política popular que proponga una lógica contra el orden capitalista, la discriminación, el racismo y el machismo.

Existe la posibilidad de articular variados esfuerzos que intentan construir alternativa, algunos en la disputa electoral. Las bases materiales existen con los antecedentes de los paros generales construidos en los últimos años, desde la CTA Autónoma y la unidad de acción; en la confluencia político social por la suspensión de los pagos de la deuda, la defensa de los bienes comunes y la convocatoria a la auditoría de la deuda; o en la unidad popular en torno a la salida de las tropas militares de Haití, que convoca a variadas personalidades y organizaciones; o en la reciente confluencia organizada para repudiar la impunidad a propósito de la denuncia y muerte de Nisman, que más allá del personaje convoca a la indignación, la desconfianza y a la búsqueda de verdad. Son todos elementos del programa de cambios para otro modelo productivo y de desarrollo, asociados en la construcción de sujetos políticos conscientes de la necesidad de ir más allá del orden capitalista, de la impunidad y el terrorismo de estado de las transnacionalización capitalista.

Articular la militancia social y política es el desafío del momento. Algunos concentran su militancia en la lucha político social y otros en la política electoral, muchos en ambas; y es momento de sumar esas dimensiones de la lucha política y cultural, social, y buscar sinergias para la integralidad de una confrontación que supere la crisis en la coyuntura, el descrédito social en la política y construir una nueva esperanza para la transformación, la emancipación y la liberación.

  Claudio Lozano: Dos causas contra Boudou exhiben puntos de contacto con el caso Ciccone

Claudio Lozano presidente del Bloque Unidad Popular espera la respuesta del juez Lijo, -a quien le solicitó una entrevista-, para acercarle las causas que iniciara oportunamente contra Amado Boudou por irregularidades registradas durante su gestión en el ANSES y en la operatoria de canje de deuda 2010, respectivamente. Causas que, según el diputado de UP, fueron cajoneadas por el juez Oyarbide y que exhiben puntos de contacto con el caso Ciccone que revelarían la existencia de una matriz de corrupción institucional en la que el caso (Ciccone) sería apenas un botón de muestra de las irregularidades que involucran al vicepresidente.
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Contenidos de la presentación al Juez:

Lozano: "El reciente, esperado y necesario llamado a declaración indagatoria para Amado Boudou por parte del Juez Federal Ariel Lijo tiene en sus considerandos elementos que se enlazan de manera directa con dos denuncias penales presentadas por nosotros a la justicia a lo largo de los últimos cinco anos, que involucran al mismo protagonista –y a otros funcionarios- y que duermen un injusto sueño para los justos: una causa se encuentra archivada argumentando inexistencia de delito y la otra está actualmente “cajoneada” por el impresentable juez Oyarbide:

1) La causa 12105/09 está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 9 Fiscalía Nº 5 de setiembre de 2009 –involucra a Boudou junto a Sergio Chodos y Diego Bossio- plantea la irregular compra de Préstamos Garantizados por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad entre enero y junio de 2009 con el objetivo de “inflar” el canje de deuda de esos instrumentos por otros emitidos al 2014 y 2015 con ajuste de tasa Badlar. Las AFJP´s tenían prohibido –art.78 de la Ley 24241- adquirir esos instrumentos por no cotizar en mercados secundarios, lo que hacía posible la arbitrariedad en sus precios. Lo concreto es que en ese período el FGS compró directamente a distintas Sociedades de Bolsa –que operaban por cuenta y orden de terceros- Prestamos Garantizados por $570 millones a precios arbitrarios y sin saber quien era el tenedor original. Además, benefició al Banco Galicia y al Deutsche Bank (que era además organizador del canje) con swaps (recibiendo PG´s Global 08 y Mega 580+ y entregando bonos de deuda a precios de remate) que generaron ganancias varias veces millonarias a estas instituciones con la simétrica pérdida para el fondo que debiera soportar los déficits previsionales. Además, en junio del 2009 el FGS realizó dos canjes con la Sociedad de Bolsa Facimex S.A., sospechada de delitos con fondos previsionales en el pasado e involucrada con posterioridad con la causa Ciccone, al haber recibido los fondos de Dusbel S.A. por intermedio de P.T. Bex Bursátil. Esta curiosa coincidencia pone a Jorge Brito en el eje de los movimientos financieros que involucran a Boudou y al resto de la gestión oficial. Esta causa está actualmente archivada por inexistencia de delito. El argumento para ello es el dictado del Decreto Nº 2103/08, que reformula a su antojo y con la complicidad oficial la prohibición mencionada permitiendo que lo ilegal por ley sea legal por decreto.

2) El canje de deuda realizado en el año 2010 no solo fue perjudicial económicamente para la Argentina, sino que también era ilegal, inconstitucional e incluso teñido de sospechas de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La imputación por parte del fiscal Jorge Di Lello al vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias respecto al citado canje vuelve a poner sobre la mesa la realidad de esa operación: la captura de bonos defaulteados desde el 2005 al 2009 –y principalmente en el 2008, clímax de la crisis financiera internacional- con la certeza y la decisión política de la reapertura del canje vía la suspensión de la Ley Cerrojo. La consultora Arcadia –cuyos responsables son Marcelo Etchebarne y Emilio Ocampo- realizó, desde 2008, reuniones con varios bancos en Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje, sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default por otras emisiones nuevas. Eso habría permitido a quienes tuvieran la información de esas negociaciones comprar títulos argentinos a un precio muy bajo, para luego presentarse al canje haciendo grandes diferencias. No casualmente nunca se supo nada de esta consultora, hasta que nuestra denuncia pública hizo que los tiempos del canje se estiraran para poder “blanquear” en el prospecto de emisión su participación. Hernán Lorenzino era Secretario de Finanzas en octubre de 2008 y el delegado argentino en las “negociaciones” con los bancos. Si Arcadia sólo tenía un convenio privado con Barclays (el organizador del canje), sería bueno saber porqué el 2 y 3 de octubre de 2008 Lorenzino se reunió no sólo con los supuestos bancos organizadores, sino también con Arcadia. También se hicieron públicos mails entre el Ministro Boudou y el representante y asesor de los bonistas Etchebarne de agosto de 2009 pacta las condiciones que tendría el futuro canje y donde organizaban juntos reuniones con los representantes de los bancos organizadores. Todo esto se objetivó en la denuncia penal Nº 6397/13 que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, pero terminó –por conexidad con otra causa vinculada a ese canje- en manos del juez Oyarbide, donde duerme plácidamente.

En la descripción de la maniobra de adquisición de Ciccone por parte de The Old Fund (TOF), el Juez Lijo dice que esta empresa “…fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nunez Carmona –amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales- junto con Alejandro Vandenbroele –conocido de ambos-. Dicha empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de Ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una addenda al convenio original entre el Gobierno Nacional y el provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda por $312.941.277,63 y un ingreso para TOF de $7.667.161 que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera factura emitida….”.

Estas definiciones resumen muchos datos contenidos en la causa Boudou-Ciccone: que Vandenbroele no se presentó, ni firmó escrito alguno vinculado a la reestructuración de deuda de Formosa, proceso objetivado en el expediente S01:0150031/2010 del MECON. Que no tenía experiencia alguna en canjes de deudas provinciales, que cobró sus supuestos servicios en tiempo récord (el 21/5/10 cuando la emisión del bono a 30 años en U$S fue con fecha 30/4/10 pero publicado en el Boletín Oficial como resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda 12/6/2010 y de Finanzas 41/2010 recién en diciembre del mismo año), que es obvia la ausencia de contraprestación –ni Vandenbroele ni Formosa presentaron un informe que exponga el rol de TOF en la reestructuración, que no era necesaria consultoría alguna para renegociar deudas entre el Estado Nacional y un Estado Provincial.

Pero si bien este “servicio” realizado a la provincia fue facturado por TOF –la primera factura real de su existencia-, de la causa Formosa se extraen otros elementos curiosos: ¿si la reestructuración de deuda se hizo en el contexto del Programa Federal de Desendeudamiento firmado por la Presidente el 10/5/2010, porqué se formaliza el bono emitido con fecha 30/4/2010? ¿Porqué Insfrán firma un preacuerdo con Vandenbroele seis meses antes de tomar control de TOF el 5/3/2009?

Según elementos de la causa volcados por Hernán Cappiello en La Nación del 8/1/2013, la historia de la contratación de Vandenbroele en Formosa comienza en febrero de 2009, cuando presentó sus antecedentes al gobierno de Insfrán. Y el 5/3/09 se firmaba un memorándum de entendimiento con el FONFIPRO, organismo provincial de donde salieron los $7,6 millones. Recién el 1/9/09 toma control de TOF y diez días después firma un convenio para realizar el canje de deuda pública formoseña a través de la consultora. Allí se destacaba una vez más la “gran experiencia y conocimiento en relación con la reestructuración de deuda pública y privada y en la ejecución de canjes de deuda privada” que tenían los integrantes y asesores de TOF.

Quizá se refieran a quienes, un año antes –mayo de 2008- instrumentaron el canje de los bonos Lapacho I y Lapacho II de Formosa que habían sido pesificados en el 2002 e indexaban por CER. En ese momento se consideró que el riesgo CER era alto y los asesores legales –el estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini- y financieros –la consultora Arcadia Advisors, en cabeza del mismo Marcelo Etchebarne- sugirieron redolarizar los títulos, estirar su vencimiento al 2022 y pagar un tasa del 5%. En ese momento los tenedores mayoritarios de los bonos Lapacho eran inversores institucionales (bancos y AFJP’s). Un canje de esta naturaleza resultaba difícil de justificar para ellos ya que se planteó con una fuerte quita. Sin embargo, Marcelo Etchebarne personalmente se encargó de negociar utilizando argumentos amenazantes que resultaron convincentes, a juzgar el 99% de adhesión al canje. Además, los primeros avisos de pago del bono FORM3 resultante del canje están informados a la Bolsa de Comercio de Bs. As. por el mismo estudio de Etchebarne, fijando domicilio en San Martín 323 piso 17.

Si bien se atribuye el pago de Formosa a TOF a cierto asesoramiento financiero que no existió, quizá la retribución estuviera vinculada a los servicios de Arcadia Advisors por la gestión del canje del 2008. ¿Cómo se explica que Vandenbroele haya firmado un preacuerdo con la provincia en febrero de 2009, cuando el Programa Federal de Desendeudamiento se firmó 14 meses después? ¿A quien representaba este ignoto consultor? La relación entre Etchebarne y Boudou quedaría expuesta algunos meses después, ya con éste como Ministro de Economía en los mails que mencionamos. Lo cierto es que no hay dudas que, por un mecanismo u otro, se instrumentó un retorno al que se pretendió disfrazar de acto institucional.

De la misma causa Boudou-Ciccone se desprende que parte de los fondos con los que TOF adquiere la calcográfica (U$S 620000) fueron girados por –supuestamente- Raúl Moneta quien instruye a la empresa Southern Securities LLC la transferencia de ese monto a la firma Dusbel S.A. en Uruguay. Posteriormente, mediante la firma P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa comprará títulos públicos argentinos que ingresan a Facimex S.A en Argentina –cuya propiedad se atribuye a Jorge Brito-, quienes venden esos títulos por $2,4 millones que serán transferidos a la cuenta de TOF en el Banco Macro, donde se acreditaron el 29/10/10.

La firma P.T.Bex está investigada en España por el caso Bárcenas-Rajoy y en Uruguay por el mismo caso Ciccone, ambos por lavado de dinero. Facimex, por la venta de Préstamos Garantizados a Anses a precios arbitrarios generando un fuerte perjuicio al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La interacción de la causa Boudou-Ciccone con nuestras denuncias es evidente, a tal punto que resulta obvia una común matriz operativa institucionalizada.

En este sentido queda claro que el caso Ciccone es apenas un botón de muestra de irregularidades mucho más importantes en las que está involucrado el hoy Vicepresidente Amado Boudou. Irregularidades denunciadas y cajoneadas por la justicia pese a que las mismas involucran por lejos montos extraídos del patrimonio de los argentinos mucho más significativos. La conexión de la ruta del dinero asociada a Ciccone con la vinculada a las operaciones fraudulentas del ANSES y el FGS (la firma Dusbel S.A., P.T.Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, Facimex S.A. y el papel de Jorge Brito), así como la presencia simultánea de la firma “The Old Fund” y la “Consultora Arcadia” en la reestructuración de la deuda de la Provincia de Formosa, son muestras elocuentes de una matriz de corrupción institucionalizada. Por esta razón, y a efectos de subsanar el cajoneo judicial perpetrado por el juez Oyarbide, acercaremos al Dr. Lijo en la próxima semana, toda la información contenida en nuestras denuncias judiciales".

Gira de Massa a EEUU: política, Congreso Judío y financieras

El diputado viajará a ver a funcionarios, líderes religiosos y empresariales.

El diputado Sergio Massa -posible candidato presidencial para el 2015- ya está listo para iniciar su tan anunciada agenda norteamericana esta semana.

La gira se inicia con una reunión el lunes en el Departamento de Estado donde será recibido por Ricardo Zuñiga (asesor del presidente Barack Obama para Latinoamérica) y la Subsecretaria para la región Roberta Jacobson. A la misma se sumará Luis Areaga de la DEA. Massa luego tendrá encuentros con autoridades del Banco Mundial.

El martes Massa tendrá una presentación en el Diálogo Interamericano y un almuerzo conexpertos del Banco Mundial sobre temas de salud y educación. Por la tarde estará en el Capitolio conversando con el Congresista Matt Salmon, republicano de Arizona, miembro del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

El miércoles Massa será recibido por el Secretario General de la OEA; José Miguel Insulza. También visitaría el Museo del Holocausto y tendría una reunión en el Atlantic Council. El diputado además tendrá encuentros con la prensa local, como el diario Washington Post y la señal CNN.

El jueves parte hacia Nueva York donde tendrá una reunión en el Council de las Américas con el exAlcalde de la ciudad Rudolph Giuliani. También tendrá un encuentro con Jack Rosen del Congreso Judío norteamericano. También visitará las oficinas del Morgan Stanley.

El viernes estará en el Congreso Judío Mundial y también tendrá una charla en el CFR (Council of Foreign Relations) y con su presidente Richard Haass. Luego tendrá un encuentro en el JPMorgan, un encuentro en el Credit Suisse y en el Roubini Global Economics.

Sin dudas una agenda cargadísima, muy intensa, digna de un candidato que está en campaña presidencial y que aprovecha su presencia aquí para dejar clara su visión con lo más altas autoridades, ONGs y centros financieros. No hay duda: Massa ha venido a presentarse al Norte y seguramente habrá mucho para decir tras su visita.

DEUDA PÚBLICA Y DISCURSO CFK.

Por Héctor GIULIANO (3.3.2014).

Pese a la nueva Crisis de Deuda de la Argentina desatada este verano de 2014 por su problema estructural de iliquidez e insolvencia fiscal para poder responder a los servicios de una deuda impagable, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no hizo referencia alguna a esta cuestión de fondo en su discurso de apertura de sesiones del Congreso y hasta planteó un panorama inverso a la realidad.

Tampoco se refirió a los principales problemas derivados de la Deuda: Inflación-Devaluación, Déficit Fiscal y desequilibrio de la Balanza de Pagos.

El objeto de esta breve nota es identificar las inexactitudes, las referencias engañosas y las omisiones graves del discurso presidencial del 1.3 en materia de endeudamiento público.

FALSÍAS DEL DISCURSO.

La presidenta volvió a repetir que la Argentina se está des-endeudando cuando ello no es cierto: la deuda no baja sino que sube continuamente y, además, está previsto que se incremente próximamente en una escala superior todavía.

Según las propias cifras oficiales del Ministerio de Economía (MECON) – últimos datos disponibles al 30.6.2013 – el stock de la Deuda Pública en cabeza del Estado Central era de 207.600 MD (Millones de Dólares): 196.100 MD de deuda performing o con pago de intereses y 11.500 MD de deuda con tenedores que no entraron en las reestructuraciones del 2005 y 2010.

Después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 las autoridades se jactaban de haber hecho descender el saldo de deuda a 126.600 MD (en realidad, 146.000 MD, la misma cifra que al momento del default de Diciembre 2001). Pero esta deuda es ahora mucho mayor – como dijimos – de unos 208.000 MD.

Según los propios números del MECON la Deuda aumentó 14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012; estaba previsto que aumentase otros 12.000 MD en 2013 (de lo que todavía no se tienen datos finales) y está presupuestado que aumente otros 12.700 MD este año.

Por ende, es mentira que la Argentina se esté des-endeudando y el gobierno Kirchner engaña abiertamente a la opinión pública sobre este punto.

Y estos datos oficiales son tan falsos en valores absolutos como en valores relativos.   

La presidenta dijo textualmente que hoy la deuda pública es de un 10 % del PBI; y enfatizó este dato diciendo que era de un 8 % pero que ahora, por efecto de la devaluación, se estimaba habría subido en unos dos puntos.

Esta información es igualmente engañosa porque no se refiere a la deuda total.

La última información oficial del MECON dice que la relación Deuda/PBI (un indicador – por otra parte – muy discutible desde el punto de vista técnico financiero) al 30.6.2013 era del 43.6 %.

Como agravante de estas dos tergiversaciones gubernamentales, la presidenta agregó una tercera y “novedosa” comparación entre “deuda pública neta per cápita” y “cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles” (SMVM) (!): una “explicación” perfectamente inentendible para el argentino medio e incluso para cualquier estudioso que quiera interpretar su verdadero sentido.

Le hubiera sido mucho más simple, gráfico y directo decir que ahora – después de la gestión Kirchner durante la “década ganada” – cada argentino debe en promedio unos 5.200 US$ (cinco mil doscientos dólares per cápita o su equivalente de 42-62.000 pesos cada uno): simple producto de dividir el stock de deuda oficial de 207.600 MD (incluyendo los 11.500 MD de holdouts) por los 40.1 millones de habitantes del país.

La presidenta, en cambio, dijo que “su Deuda” – a valores de Junio 2013 – equivale a 1.9 SMVM. Como a esa fecha el valor del mismo era de 2.875 $, ello significa que se está refiriendo a un importe de unos 5.500 $ (pesos, no dólares, resultado de 2.875 x 1.9 = 5.463 $).

Se da así la casualidad que el coeficiente “sui generis” de comparación con SMVM elegido por la presidenta viene a representar un valor 10 veces menor al promedio de la verdadera deuda pública per cápita. 

LAS OMISIONES DE DEUDA.

Estos montos impagables de deuda oficial por capital a los que hacemos referencia – básicamente, el total de 208.000 MD – no incluyen los intereses de este año (12.200 MD), no tienen en cuenta los intereses a pagar en el futuro (unos 72.000 MD), la capitalización de intereses (que venía declinando durante el decenio 2005-2014 pero que ahora se reactiva parcialmente con 500 MD más dentro del acuerdo con Repsol), las indexaciones por inflación creciente de la deuda en pesos ajustada por CER y los cupones ligados al PBI (de los que todavía faltarían pagar unos 15.000 MD).

Siendo además que esta deuda corresponde sólo a la que se encuentra en cabeza del Estado Central, faltando considerar aquí la deuda consolidada de Provincias (más de 30.000 MD) y de Municipios (sin datos), la Deuda Pública Indirecta de Empresas del Estado (con YPF a la cabeza), Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios (todos sin datos), la deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA) por Lebac/Nobac (más de 21.000 MD) y por otros pasivos (2.000 MD), y la deuda por juicios contra el Estado con sentencia en firme (también sin datos).

Todo este macro-endeudamiento K – deliberadamente ocultado a la opinión pública por complicidad entre el oficialismo, la oposición política y los medios de comunicación - está hoy en vísperas de sufrir un salto adicional en los pasivos públicos:

a)    Por la nueva deuda que se está negociando para pagar los juicios de los holdouts en Nueva York y las demandas contra la Argentina ante el CIADI con títulos públicos, más sus gastos y honorarios.

b)    Por la nueva deuda producto del arreglo con los países del Club de París (que le reclaman al país más de 9.500 MD).

c)    Por la nueva deuda para pagar el acuerdo con Repsol por las acciones de YPF: 6.000 MD de capital – 5.000 MD en firme y 1.000 MD por garantías de cotización – más otros 5.000 MD por concepto de intereses a pagar; en total, unos 11.000 MD.

d)    Por la renovación de los programas de Asistencia al País del Banco Mundial y del BID – por unos 3.000 MD cada uno – así como por los préstamos adicionales de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

e)    Por los nuevos préstamos bilaterales para financiamiento de Obras Públicas e Infra-estructura (principalmente con China).

f)    Por último, por el nuevo endeudamiento externo para cubrir el Déficit Fiscal y la recomposición de Reservas Internacionales del BCRA.

Este último punto – después de agotadas las reservas para pagar deuda externa y después de haber permitido el vaciamiento de divisas más grande de la historia argentina (90.000 MD en el período 2003-2012) – está dado en función de la Hoja de Ruta Boudou, que prevé la terminación de los pleitos con los holdouts y el arreglo con el Club de parís como requisito para el retorno de la Argentina al mercado internacional de capitales, esto es, para volver a endeudarse.

EN CONCLUSIÓN:

Conforme lo hemos desarrollado ya en diversos trabajos anteriores, la actual Crisis de Deuda viene como arrastre del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, que la presidenta – repitiendo el falso eslogan de la administración K – sigue queriéndolo presentar como “la reestructuración de deuda externa más exitosa de la historia”.

El gobierno fue tratando de contener o enmascarar parcialmente algunos de los efectos de este fracaso a costa del vaciamiento sistemático de los fondos públicos, en dólares y en pesos, merced a la variante de la Deuda intra-Estado.

   

La administración Kirchner, después de haber batido récords de pago de deuda externa a costa de vaciar las reservas del BCRA y destinar la mayor cantidad de fondos y títulos de renovación en moneda extranjera, ha llegado hoy a un tope o límite de tal maniobra y se encuentra ahora embarcado en un camino más fuerte de re-endeudamiento y toma de nuevas deudas.

La nueva directiva es que el país deje de financiarse con emisión monetaria y Deuda intra-Estado para volver a tomar Deuda Externa, en forma directa – colocación de bonos – y/o en forma indirecta (deuda dolarizada de tipo dollar-linked).

Estas obligaciones – como las actuales - no tienen capacidad demostrada de repago y sus servicios de amortizaciones parciales mínimas e intereses se están programando para aguantar las erogaciones indispensables hasta el año 2015, de modo que puedan ser traspasadas básicamente a las administraciones futuras.

Después de haber usado masivamente la Deuda intra-Estado para pagar deuda con terceros – organismos financieros internacionales y acreedores privados – hasta el punto de haber empapelado al Sector Público con títulos inservibles; después de haber desfinanciado así a la ANSES (que administra la plata de los jubilados); después de haber descapitalizado al BCRA (bajando el stock de las reservas, encajándole Letras impagables a 10 años de plazo en el Activo para poder pagar deuda externa y emitiendo deuda creciente por Lebac/Nobac por las que ahora abona un 30 % anual de intereses); después de haber comprometido por la misma vía la mitad del Activo del BNA; después de haber manejado discrecionalmente las disponibilidades circunstanciales de los Entes Oficiales en general; y después de haber utilizado de esta manera los fondos administrados por el gobierno como “préstamo-puente” - sin capacidad de devolución - para atender la deuda pública con terceros, ahora el gobierno Kirchner espera volver “exitosamente” al Mercado Internacional de Capitales para tomar nueva Deuda.

Llegó el momento en que la realidad desnuda al relato: es la hora de la verdad en que ya no se puede seguir vendiendo la mentira del Desendeudamiento.

Es el resultado inexorable de haber sostenido el mito del Modelo aguantándolo con Deuda Pública hasta haber agotado los recursos fiscales con el vaciamiento de los fondos básicos del Estado.

Competitividad y salarios, un falso dilema 

por Fernando Rosso 
Los alegados problemas de competitividad de la economía argentina están íntimamente ligados a la ausencia de inversión en tecnología, además de infraestructura, transporte, comunicaciones o investigación y desarrollo; es decir a su (no) desarrollo atrasado y dependiente. Y eso, pese a que las ganancias dejaron un amplio margen entre las principales empresas.

La discusión sobre la competitividad de la economía argentina está en el centro del debate económico y político, en el marco de la violenta devaluación que digitó el gobierno que llevó el precio del dólar a alrededor de los 8 pesos. Incluso uno de los argumentos del gobierno fue que la devaluación fue necesaria para recuperar competitividad.

El debate se desarrolla con más intensidad y una importante carga ideológica cuando está por abrirse una nueva ronda de paritarias. Puede afirmarse que el debate mismo ya es parte constitutiva de la negociación, en tanto pretende instalar en el sentido común y en la conciencia colectiva la concepción de que la falta de competitividad es responsabilidad de la llamada “puja distributiva”, y en consecuencia de los trabajadores que reclaman salarios “excesivos”. Ya desde el vamos la disputa es desigual. La información sobre los ingresos y salarios de los trabajadores es pública y transparente. Todo el mundo sabe que la mitad de los trabajadores gana menos de los $4.000, que cerca del 80% de los jubilados vive (si puede) con $ 2.477; y cuando se larga la ronda de paritarias, periodistas, abogados, investigadores y opinólogos de todo tipo y color, discuten en torno a si el salario básico de la maestra, el trabajador de la UOM o el camionero es “justo” y si corresponde o no determinado porcentaje de aumento. La contrapartida de esta publicidad absoluta es el secreto en la información sobre las ganancias y utilidades empresarias, que incluso llega a institucionalizarse y legalizarse bajo la forma del “secreto comercial”. El derecho a ese secreto del que gozan unos, en contraposición a la obligación indignante a la publicidad en torno a las necesidades mínimas en la vida privada de los otros, reafirma el carácter desigual de esta sociedad.

Pese a esto, hay estudios que permiten desenmascarar algunos aspectos de toda esta producción ideológica.

En un documento de debate de julio de 2013, el investigador del CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina – CTA – http://www.centrocifra.org.ar/), Pablo Manzanelli, demostró que los problemas de competitividad de la economía argentina, no tenían como causa central los “desbordes” en los reclamos salariales.

Parte de afirmar que la evidencia empírica demuestra que en el periodo 1958-2005 se advierte que más allá de los diversos patrones de acumulación (o “modelos económicos”), las devaluaciones implementadas en el marco de la administración Frondizi, la del gobierno de facto de Onganía, la del Rodrigazo, la de las primeras políticas de la última dictadura militar, la de fines de la década del ochenta y la que se llevó adelante luego de que explotó la convertibilidad, todas sin excepción, provocaron una contracción significativa del poder adquisitivo del salario.

Eso es lo que se busca con las devaluaciones, que el aumento en el tipo de cambio nominal, derive en un aumento en el tipo de cambio real, vía la aceleración de la inflación por encima del aumento de los salarios. Es una forma de recuperar competitividad, maximizando la explotación de la fuerza de trabajo, lo que no quiere decir que la ausencia de competitividad se produzca por la “responsabilidad (o irresponsabilidad) social” de quienes pugnaron por mejorar sus ingresos en las paritarias. La devaluación kirchnerista no será distinta en sus efectos a todas las que existieron en la historia nacional.

Manzanelli parte de reconocer que luego de la formidable transferencia de ingresos que devino con la devaluación del 2002, el sendero evolutivo posterior del costo laboral registró una importante recuperación en el periodo. Sin embargo, hasta el 2012 apenas superaba en 8,6% el nivel del 2001 (base=100), un aumento que fue ampliamente compensado por el ritmo de la productividad. El trabajo llega a la conclusión de que “los aumentos en los ritmos de crecimiento de la productividad en el marco de la posconvertibilidad no sólo compensaron la recuperación del costo laboral, sino que lo superaron: si bien el costo laboral creció el 8,6% en el período 2001-2012, la productividad ascendió el 33,3% (2001-base=100). De allí que el costo laboral unitario haya caído el 18,5%”.

Y más contundentes son los datos si se toma el periodo de 2007-2012 cuando el costo laboral subió el 12,7% (en el marco de la puja distributiva) y la productividad el 20,1%. En efecto, a pesar de los recurrentes reclamos empresariales, el costo laboral unitario cayó el 6,2% entre 2007 y 2012.

El costo laboral unitario indica justamente, los costos salariales por unidad producida y permiten medir la productividad por trabajador. Cualquiera que conozca y estudie la vida cotidiana en el mundo laboral o fabril, conoce las consecuencias de estos números “macro” en la condiciones de trabajo y salubridad de los trabajadores. No existe un estudio del aumento de la tasa de enfermedades y consecuencias físicas de este acrecentamiento de la productividad en base las mayores exigencias a la fuerza de trabajo, si lo hubiese arrojaría resultados sorprendentes. “Los rotos” fue el rótulo popular que tiene esa franja de trabajadores con graves problemas de salud, relacionados directamente con su actividad laboral.

Esto es así porque como también muestra el investigador de CIFRA, “las firmas industriales que integran la elite empresaria local (las 500 compañías de mayor tamaño del país) incrementaron notablemente sus niveles de rentabilidad y redujeron su tasa de inversión durante la posconvertibilidad. Más específicamente, las utilidades sobre el valor agregado de los oligopolios manufactureros alcanzaron el 33,1% en el período 2002-2010, más del doble que bajo el esquema de caja de conversión (14,5% entre 1993 y 2001). A pesar de ello, la inversión bruta sobre el valor agregado se redujo del 18,5% al 11,1% entre ambos períodos”.

Es decir que la Argentina de la “lucha contra las corporaciones”, las utilidades fueron más del doble que bajo el menemismo y la inversión en se periodo se redujo alrededor de un 40%. De hecho, la tasa de inversión fluctuó apenas en torno del 10-12% entre 2007 y 2010 cuando las ganancias, tras alcanzar un pico máximo en 2007 (39,9%), se ubicaron en el orden del 30% sobre el valor agregado en 2010 (un margen medio de beneficios que más que duplicó al registro medio de la década de 1990).

Los datos demuestran que los alegados problemas de competitividad de la economía argentina están íntimamente ligados a la ausencia de inversión en tecnología, además de infraestructura, transporte, comunicaciones o investigación y desarrollo; es decir a su (no) desarrollo atrasado y dependiente. Y eso, pese a que las ganancias dejaron un amplio margen entre las principales empresas. El autor lo define como la paradoja de la “reticencia inversora”, a nosotros no nos gustan los eufemismos y preferimos llamarlo por su nombre: capitalistas en un país semi-colonial. Por lo tanto, ante las paritarias, cuando cualquier trabajador escuche el argumento “patriótico” de que el aumento de salarios perjudica la “competitividad”, en primer lugar que se agarre los bolsillos y en segundo que se prepare para resolver por el único medio que se resuelven las cosas en esta sociedad cuando un “derecho” (a la ganancia absoluta) se choca contra otro derecho (al salario): a través de la fuerza y de la lucha.

La devaluación y la batalla por los precios 

por Julio C. Gambina 

Transitada la primera semana del tipo de cambio en torno a los 8 pesos, la discusión está en la lucha por el reordenamiento de los precios.

Las remarcaciones fueron la respuesta inmediata en variados rubros. Casi nada mantuvo los precios previos a la devaluación (los que venían en alza) y eso obligó a un accionar de política económica para inducir reducciones de los precios en diferentes rubros.

En ese sentido sobresale la convocatoria a retrotraer precios al 21 de enero, previo a la importante devaluación gestada en esos días. Sin embargo, las propias autoridades aceptaron incrementos de hasta el 5% en lavarropas o heladeras, la llamada línea blanca, y 7,5% en electrodomésticos. La causa de esta convalidación está asociada al modelo industrial vigente, de armaduría, con elevada presencia de partes y componentes importados, que agregan mayores costos de producción desde la devaluación.

Como vemos, no solo cuestiones de coyuntura aparecen en la realidad, sino que se evidencia la presencia de problemas estructurales, tal como el modelo de desarrollo industrial y su política.

La pelea es por los precios
Esta es la primera pelea que surge luego de la devaluación, la pelea por los precios.

Más allá de la discusión entre fijadores de precios y gobierno, la inflación se siente en la disminución de la capacidad de compra de los ingresos populares y por ello interesa la discusión, entre otros, del precio de la fuerza de trabajo.

Es una preocupación que pasa por los salarios, las jubilaciones y los subsidios de la política social, que están en la base de una protesta social que ocupa nuevamente la agenda política en el país.

Más allá de paritarias en danza, algunas compensaciones aparecen ante el reclamo de los trabajadores, caso del transporte de larga distancia en vísperas del fin de semana.

Los movimientos territoriales, perceptores de planes demandan ajustes de sus ingresos con movilizaciones de ocupación de calles que encuentran preventivas medidas de seguridad que habilitan propuestas reaccionarias de represión.

Por eso, la batalla en estas horas es por los precios de la canasta de consumo cotidiana, pero también del dinero, ya que la tasa de interés fue inducida al crecimiento desde el Banco Central, que aumentó esta semana las tasas de LEBAC y NOBAC a 25,52% y el 25,89%. Estos títulos son parte del pasivo del BCRA y orientan al sistema financiero sobre inversiones.

A su vez, los bancos respondieron con alzas en las tasas ofrecidas a sus ahorristas inversores, elevando con ello el costo el costo del crédito a niveles muy difíciles de sostener por los sectores no hegemónicos. Es un adicional más en la transferencia de costos que engordan los precios que paga la población.

Lo curioso de la cuestión es que lo que se instaló como debate fue la compra de dólares, permitida desde esta semana, obviando el análisis más profunda del impacto de la devaluación y su impacto sobre los precios.

Es que la posibilidad de acceder a la compra de divisas movilizó a una parte de la población con ingresos declarados al mercado de divisas, en lugar de orientar ahorros en satisfacer necesidades de consumo, que al tiempo que las resuelven motorizan la producción.

El resultado concreto es el estímulo a la especulación, en pequeña escala, es cierto, pero especulación al fin, con un resultado de pérdidas de reservas del orden de los 200 millones de dólares diarios, comprometiendo recursos de la sociedad que bien podrían constituirse en fondos de promoción de modelos productivos y de desarrollo para satisfacer demandas y reivindicaciones sociales y ambientales extendidas.

Se generaliza un sentido común favorable a la especulación, en este caso en la compra y atesoramiento de divisas. Según la información oficial, decenas de miles de pequeños inversores compraron promedio menos de 600 dólares. Es una cifra relativamente pequeña, pero que en volumen constituye una importante fuente de pérdidas de reservas internacionales.

Está claro que en sentido contrario, la política gubernamental apunta a restituir reservas que bajan desde los 52.000 millones a comienzos del 2011 a poco más de 28.000 millones de dólares al cierre de esta semana.

El acceso a la compra de divisas deteriora esa posibilidad y estimula la perdida de reservas, a contramano de la necesidad de engordarlas, lo que se busca con negociaciones a las cerealeras para que liquiden cerca de 4.000 millones de dólares almacenados en silobolsas, según fuentes gubernamentales.

La apuesta es al “mercado” y como siempre, se contesta con el “bolsillo”, con el resultado de escaso ingreso de divisas y fuertes salidas que disminuyen el stock de reservas internacionales. Es el resultado de un “mercado libre” más allá de las restricciones a las importaciones y la compra venta de divisas, o la gestión administrada en manos del BCRA.

Nacionalizar el comercio exterior y la banca

¿Tiene sentido mantener el actual sistema? Algunas voces, tal como anticipamos hace poco, comienzan a demandar la nacionalización del comercio exterior e incluso de la banca, ante las maniobras del sector financiero asociadas a la especulación de sectores monopólicos, como denunció oportunamente el propio gobierno.

La apuesta es a que los sectores del agro vendan su producción almacenada y engrosen reservas. La respuesta es que los mueve una lógica inversora, capitalista, a la espera de nuevas devaluaciones para mejorar la rentabilidad del capital invertido. En ese sentido no hay límite y por eso, aun siendo pequeño el mercado ilegal de las divisas, este presiona como objetivo a alcanzar por especuladores y grandes productores y exportadores.

Si ya se devaluó a 8, el interrogante de estos sectores es por qué no ir por más. Por ello insistimos que además de la coyuntura deben pensarse los problemas estructurales en que deriva la tendencia a la concentración de la producción, del monocultivo de la soja y al dominio de lo central de las exportaciones argentinas que ponen en discusión la nacionalización del comercio exterior y la banca.

Pero también hay búsqueda desde la política del gobierno de inversores externos o el retorno al mercado de crédito mundial, todo con el fin de lograr ingresos de divisas que contrarresten la pérdida de reservas.

Las malas noticias son la realidad, y a contramano de la aspiración por el ingreso de recursos externos, las señales vienen en sentido contrario. Es que el CIADI falló otra vez contra Argentina, ahora por 21 millones de dólares más intereses en una demanda presentada por Impregilo de Italia. Argentina había recusado el fallo del 2011 y ahora es fallo en firme.

¿Será ello un anticipo de más deuda pública? Hace poco se reconocieron sentencias por 500 millones de dólares y se decidió pagar con bonos de la deuda pública.

Vale recordar que las demandas cursadas ante el CIADI suman más de 10.000 millones de dólares, por lo que urge salir del CIADI, un ámbito del Banco Mundial. Hay que recordar que Brasil nunca integró ese ámbito y Ecuador, Venezuela y Bolivia se retiraron en el último tiempo.

Sin perjuicio de lo sostenido de la nacionalización del comercio exterior y de la banca, se impone también denunciar la participación Argentina en el CIADI y terminar con las amenazas y sanciones que finalmente paga el conjunto de la población argentina.

Como vemos, la coyuntura económica está fuertemente asociada a problemas estructurales que no pueden obviarse y que convocan a su discusión para soluciones creativas en la perspectiva de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la sociedad argentina, lo que nos lleva al terreno de la lucha política y el poder.

Entre bueyes...

Macri promulgó el convenio con Cristóbal López

El acuerdo que significa un perdón impositivo de 2400 millones fue publicado en el Boletín Oficial. Una jueza lo había frenado.

Mauricio Macri promulgó el convenio que le perdona al zar del juego, Cristóbal López, una deuda de más de 2000 millones de pesos en concepto de impuesto a los ingresos brutos por la explotación de los casinos flotantes de Puerto Madero y las tragamonedas del hipódromo de Palermo.

El convenio fue aprobado a libro cerrado por la Legislatura el pasado 9 de diciembre tras un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Recién hoy, un mes después, apareció publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Como se esperaba, Macri no hizo caso a los legisladores de Unen que le pidieron que vetara la ley y que no la promulgara “de hecho”, como finalmente ocurrió.

En el Boletín Oficial aparece publicada la polémica cláusula 3.2. de la addenda al convenio que fue firmado originalmente en 2003. Esa cláusula es la que prohíbe a la Ciudad el cobro de impuestos a Cristóbal y fue anulada por un fallo de la jueza porteña Elena Liberatori.

Como anticipó LPO, el gobierno de Macri apeló el fallo de Liberatori por medio del Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, que antes de la aprobación del convenio había firmado un dictamen en el que establecía que la Legislatura debía realizar el procedimiento de doble lectura con audiencia pública para sancionar el convenio, lo que finalmente no sucedió.

Las cuentas de almacenero 

por Alcira Argumedo 

Como tendencia general y en trazos muy gruesos, frente al recurrente problema de la inflación, los economistas argentinos suelen dividirse entre monetaristas -quienes ubican las causas en la emisión monetaria descontrolada- y los estructuralistas -quienes consideran al fenómeno inflacionario como resultante de un retraso de la inversión frente al incremento de la demanda-; en ambos casos, la lógica económica redunda en una reiterada desvalorización de la moneda nacional y en crecientes costos sociales.

No obstante, en su gran mayoría, los economistas eluden dos problemas que, para nosotros, constituyen la clave de la decadencia de nuestro país en los últimos treinta años: por una parte, la corrupción empresaria con la complicidad de funcionarios y miembros corruptos del Poder Judicial; por otra, el desangramiento del pago -también impregnado de corrupción- de una deuda pública odiosa y fraudulenta. Estos dos problemas explican tanto la emisión monetaria descontrolada como los bajos niveles de inversión, con la consiguiente desvalorización de la moneda nacional.

Algunos cálculos simples indican la magnitud de la pérdida de riquezas y potenciales que ha significado y significa para nuestro país la conjunción de ambos problemas -con sus raíces en la dictadura militar- que golpean duramente a la economía. En los últimos treinta años de democracia, por los 45.000 millones de dólares de deuda externa en 1982-que ya eran fraudulentos por la estatización de la deuda privada de Cavallo- el país ha pagado 391.000 millones de dólares: lo cual significa un promedio de 130.000 millones de dólares cada diez años. Pero a esto debemos sumar la pérdida de la renta de hidrocarburos -unos 10.000 millones de dólares anuales- a causa de la privatización de YPF y Gas del Estado, como parte del Plan Brady de pago de la deuda, que suman 200.000 millones de dólares en veinte años; mientras la privatización y destrucción de la flota mercante y la flota fluvial obligan a desembolsar cerca de 5.000 millones de dólares anuales en concepto de fletes: unos 100.000 millones de dólares en el mismo período. Sólo en estos conceptos -que no son los únicos, como el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas- por las venas abiertas de estas tierras se produjo un desangramiento que ronda en tres décadas los 700.000 millones de dólares: si al valor del dólar oficial el PBI argentino del 2013 fue de 484.334 millones de dólares, equivale a un PBI y medio; el otro medio es lo que aún se debe. Vale comparar la cifra de este desangramiento con los festejos que pueden observarse cuando alguna corporación anuncia una inversión de 5.000 millones de dólares en el país, sin mencionar los múltiples beneficios que se le otorgan, para dar cuenta de una de las causas principales de la inflación y la decadencia nacional.

La otra causa es la consolidación de una estructura de corrupción entre sectores empresarios, políticos y judiciales, que habilitan la acumulación corrupta de capital de la nueva “burguesía nacional” y un enriquecimiento acelerado con garantías de impunidad; condición a su vez del gigantesco saqueo de las grandes corporaciones. La debacle de tres áreas estratégicas en los dos últimos años -ferrocarriles, hidrocarburos y energía eléctrica- es resultado necesario del comportamiento corrupto de concesionarios y funcionarios cómplices, amparados por la impunidad judicial y el retraso de los juicios hasta llegar a la prescripción. Grupos como el de los Cirigliano en trenes del área metropolitana, alcanzaron altos niveles de acumulación corrupta en dos décadas, desviando los subsidios destinados a mantenimiento y reposición hacia su participación en nuevas áreas. Gracias a los auspicios de Julio de Vido, los Cirigliano participan en la fabricación de conversores de señal para el despegue de la Televisión Digital Terrestre, con Fútbol para Todos y Televisión para Todos; o el frustrado intento en Qatar para el transporte por ferrocarril de gas desde los yacimientos hasta los barcos -con su empresa Cometrans Qatar- como parte del proyecto de importación de gas licuado (GLN), a partir de la instalación en Argentina de buques de regasificación en los puertos de Ingeniero White y Escobar.

La pérdida del autoabastecimiento en hidrocarburos es otra evidencia de las políticas de saqueo y corrupción: la extracción a mera declaración jurada y las exportaciones sin control, en combinación con la inexistencia total de inversiones en exploración -el mayor costo de la producción en este campo- hicieron que en poco más de quince años se agotaran las reservas calculadas en treinta años antes de las privatizaciones, según estimaciones que en su momento realizara Adolfo Silenzi De Stagni. En una lógica similar, el gran negocio de las distribuidoras de energía eléctrica fue la ausencia total de inversiones, obras y mantenimiento -además de la ausencia total de control, por la complicidad de los entes reguladores- contando con los subsidios recibidos a través de piruetas contables de Cammesa, la Comisión Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad que las provee y del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica, Focede; obras que también brillan por su ausencia. En todos estos casos de debacle de áreas estratégicas concesionadas, los beneficiarios son amigos -socios o testaferros- del poder nacional, provincial y/o municipal. En otra oportunidad se darán nombres y relaciones.

En este contexto, todo indicaría que los economistas transversales de los grandes partidos políticos, antes o después, van a proponer distintas formas de ajuste para que los costos recaigan una vez más en los sectores populares y las clases medias. Rechazando el apotegma de Domingo Cavallo “usted no sabe de economía” y por lo tanto no es posible opinar, consideramos que existe una solución para el país si se logra frenar la sangría del pago de la deuda y se neutraliza, al menos en parte, el accionar de la corrupción. Simples cuentas de almacenero, con todo respeto a los almaceneros, indican que si por tres años se suspende el pago de la deuda -y se realiza una auditoría, como hiciera el presidente Rafael Correa en Ecuador, a fin de diferenciar la deuda legítima que debe pagarse de los sucesivos desfalcos que no deben pagarse- el país contaría con 30.000 millones de dólares en la mano. Una inyección de esta magnitud en la economía -a través de nuevas empresas públicas con control social en las áreas de ferrocarriles, industria naviera y aeronáutica, producción de energía hidráulica sin sobreprecios y de energías renovables, exploración en las cuencas convencionales de hidrocarburos, entre otras- sin duda puede revertir la inflación y la decadencia, además de crear decenas de miles de puestos de trabajo dignos. Solamente se necesitan políticos honestos con las manos limpias y algunos jueces y fiscales incorruptibles, dispuestos a defender el interés nacional y el de las mayorías sociales sin aspiración de enriquecerse. Es difícil, pero no imposible.

El Gobierno ha multiplicado los efectos de la desigualdad social en un contexto de crecimiento

El coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA alerta sobre la cristalización en el país de una "masa marginal" inempleable, casi 4 millones de personas que malviven entre la violencia y la ilegalidad

por Astrid Pikielny

La investigación más reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina se conoció en el tórrido y convulsionado final de año, y mostró una realidad evidente, incómoda y preocupante a pesar de la bonanza económica de diez años de kirchnerismo: se han cristalizado situaciones de marginalidad laboral, pobreza estructural y desigualdad social en el país.
Algunas estadísticas del período 2004 a 2012 dan prueba de ello: la pobreza medida por los ingresos afecta a un 25% de la población urbana (10 millones de personas), una de cada 10 viviendas no tiene agua corriente y tres de cada 10 no disponen de cloacas; el 37 % de los jóvenes no termina la secundaria y el 20% no estudia ni trabaja, y el 55% de la fuerza de trabajo no tiene un empleo productivo y protegido.
El sociólogo Agustín Salvia, coordinador e investigador jefe del Programa del Observatorio de la Deuda Social, sostiene que a lo largo de tres décadas, y a pesar del crecimiento económico de diez años del modelo "neodesarrollista", la desigualdad estructural en la Argentina se ha agravado. "No sólo no ha revertido esta tendencia, la ha reproducido. Crecen las torres, pero crecen las villas y los asentamientos. Se dinamizaron los sectores de punta y también los sectores informales. ¿Creció La Salada? Creció, pero no dejó de ser La Salada, con salarios de pobreza, salud de pobreza, educación de pobreza", explica.
Según el investigador del Conicet, así como hubo una década ganada para buena parte de los sectores medios que se recuperaron de la crisis de 2001, hubo también una década desaprovechada y una oportunidad perdida a la hora de definir políticas de Estado y una visión estratégica de inversión para el desarrollo social.
"Pensaron, al igual que el menemismo y el Consenso de Washington, que el derrame iba a llegar, que el crecimiento económico haría que, tarde o temprano, todos terminarían incluidos. Y se equivocaron. Esos sectores no recibieron el derrame, apenas un goteo, y el crecimiento quedó encapsulado en determinados enclaves productivos."
Días después de los saqueos que se multiplicaron en el país, y que dejaron un saldo de 14 muertos, Salvia -que es además coordinador del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto Gino Germani de la UBA- deja en claro que el aumento de la conflictividad social tiene como matriz la desigualdad, no la pobreza. "La responsabilidad de que exista una mafia instalada en los barrios más pobres y de que el narcotráfico y la violencia crezcan no es producto de que la gente es mala, sino de que ha faltado un Estado justo capaz de generar reglas de equidad, de inclusión, de progreso."

-¿Cuándo y por qué se crea el Observatorio de la Deuda Social?

-Se crea como un programa de investigación interdisciplinario en el año 2001, previo a la crisis, en el contexto de los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina que convocaba a pensar en que había una deuda interna que había que atender, por sobre la deuda externa. A esa deuda interna se la llamó "deuda social". En ese contexto, la UCA lanzó un plan para realizar investigación teórica y empírica a partir de encuestas propias y de encuestas permanentes de hogares, con datos censales. Hasta entonces se tendía a mostrar la problemática vinculada al empobrecimiento y el desempleo de las clases medias, al corralito y a los ahorros, pero nuestros equipos comenzaron a analizar los nuevos rostros de la marginalidad y los nuevos trabajos, como los limpiavidrios, los cartoneros, las cooperativas.

-¿Con qué se encontraron?

-Con que ese proceso y esa matriz de construcción de una pobreza más estructural venía agravándose en las últimas tres décadas. Uno podía ver momentos de picos de pobreza por ingresos con las distintas crisis y luego una cierta recuperación, pero nos preguntábamos si eso no producía otros cambios. Y vimos que sí, que había una pobreza menos coyuntural, que dependía menos de lo que ocurriera en el mercado de trabajo o con el proceso inflacionario. Hoy tenemos un componente importante de este 25 % de pobreza asociado al proceso inflacionario, pero si estabilizáramos la situación inflacionaria -que hoy es entre un 25 y un 28%-, nos encontraríamos con que entre un 15 y un 18% de la población en situación de pobreza o indigencia no lograría, a pesar de una inflación cero, salir de ese estado.

-¿Por qué?

-Por su inserción en un mercado de trabajo secundario, marginal y de baja calidad. Es el vendedor ambulante, el limpiavidrios, el servicio doméstico no protegido, el albañil por hora, las changas de todo tipo. A esto se le agregan las empresas clandestinas, con trabajos de muy baja productividad, y las empresas o microempresas familiares cuasi legales o ilegales. Alrededor de un 20% de la población estaría desarrollando trabajos cuyos ingresos están muy por debajo de lo que le permitiría acceder a una canasta que cubra las necesidades básicas económicas y alimentarias. Esa situación de marginalidad laboral y económica es la que Pepe Nun llamó en los años sesenta "la masa marginal".

-Ese sector, que no es necesario para el mercado de trabajo, no se los incorpora ni siquiera en los momentos de crecimiento.

-Exacto. Nuestra economía en expansión no los necesita. Son prescindibles, sobran y, más aún, producen un gasto muy importante para el sistema económico. Son entre 3 y 4 millones de personas que están en trabajos de muy mala calidad y que esta economía de crecimiento no logró incorporar. En ese sector hay un componente fuerte de mujeres y de jóvenes, con bajo nivel educativo -que no han terminado el primario o el secundario-, que están también en situación de segregación residencial, concentrados en territorios marginados, en áreas urbanas o rurales, vinculados a un sistema público de mala calidad y a programas de asistencia que les transfieren ingresos para la subsistencia. Esos planes o subsidios les permiten garantizar la comida y la sobrevivencia mínima, pero no son una plataforma de inclusión social. Esto finalmente les genera una "subciudadanía".

-En su mayoría, además, por la baja calificación, son inempleables para el mercado formal.

-Así es. Son clientes de los sistemas políticos, los sistemas sociales clientelares, incluso religiosos, que funcionan en torno a esto. Necesitan de la asistencia pública porque no pueden valerse por sus propios medios. Y no son empleables para el tipo de mercado que hoy opera en la Argentina, ni para las políticas de empleo que van dirigidas a mejorar las condiciones de los sectores que ya están incluidos, o sea, esos sectores intermedios que habían quedado desocupados con la crisis de 2001 / 2002 y que fueron incorporados en el período de crecimiento económico de 2003 a 2007. Esos sectores tuvieron un proceso de movilidad social ascendente, fueron incorporados al marco normativo del convenio, protegidos por sindicatos, por normas profesionales y estimulados por la existencia de un alto nivel de consumo. Son sectores intermedios pero que están incluidos, tienen un empleo regular, y pueden incluso estar en negro en algunos casos.

-¿Cuál es el porcentaje de la población en negro?

-Representa un 30%, sean asalariados o no asalariados. Las estadísticas muestran que el 45 % de la fuerza de trabajo de este país tiene un empleo productivo y decente, y el 55 % restante, no. Y cuando uno toma a los ocupados, sólo el 49% -asalariados y no asalariados- hacen aportes a la seguridad social. El otro 50% está desamparado y depende de cómo funcione la economía, qué capacidad tenga el colectivo de defenderse de las crisis.

-¿Cómo se explican estos indicadores tras varios años de incremento del PBI, expansión de la economía y un Estado con capacidad recaudatoria y presión tributaria?

-Así como hubo una década ganada en componentes importantes en las clases medias que lograron recuperarse de la crisis de 2001 y 2002, hay también una década desaprovechada. ¿Quiénes ganaron? Las clases medias en buena medida recuperaron el nivel de vida que tuvieron en la etapa menemista, y las clases medias obreras que habían sufrido el desempleo o bajos niveles de salario en la etapa menemista lograron un ascenso importante. Para los sectores sindicalizados fue una muy buena década, pero no lo fue para todos: entre un 20 o 25 % de la población que está en una situación de exclusión estructural recibió el goteo del modelo y no le llegó el derrame. El capital financiero internacional, Menem y las reformas estructurales y el Consenso de Washington nos decían que, en la medida en que llegaran inversiones internacionales, llegaría el derrame y habría buenos empleos para todos. Ésa era la promesa de los noventa.

-Pero la experiencia comparada demuestra que las ganancias pueden concentrarse en determinados sectores, y no necesariamente derraman sobre el resto de la población.

-Exactamente, acá las ganancias se encapsularon en enclaves productivos sojeros, mineros, productos industriales, productos siderúrgicos de alta productividad, circuitos financieros y comerciales cada vez más concentrados y el resto de la sociedad quedó afuera. La década neodesarrollista del kirchnerismo produjo un boom importante del crecimiento y del consumo interno, gracias al superávit de la balanza comercial yal superávit fiscal, que produjo una fuerte inyección de capitales hacia el mercado interno, junto con la mejora del salario, de las jubilaciones y los programas sociales. Eso fue capaz de dinamizar a los sectores de punta, a los sectores más concentrados y a los sectores intermedios. ¿Y los sectores informales se dinamizaron? Sí, se dinamizaron. ¿Vio cómo se dinamizó La Salada? Se dinamizó, pero no dejó de ser La Salada.

-Pero ese mercado informal moviliza muchísimos recursos.

-Sí, pero las industrias, las empresas y los servicios que giran alrededor de estos consumos informales y que crecieron durante la etapa de crecimiento económico lo hicieron con salarios de pobreza y bajo condiciones de hábitat de pobreza, educación y servicios de salud de pobreza. En esta década, el Estado se equivocó en el diagnóstico y no tuvo una visión estratégica de inversión para el desarrollo social porque pensó, como el menemismo, que el derrame iba a llegar. Se equivocaron y resolvieron el problemade la misma manera que lo había resuelto el Banco Mundial y el menemato: con planes y subsidios. La consecuencia es el agravamiento de la desigualdad estructural. No se corrigió la desigualdad social ni acercamos el sector informal al mundo formal. Hemos producido que el mundo formal siga expandiéndose y el mundo informal también se expanda en momentos de crecimiento. Crecen las torres, pero crecen las villas y los asentamientos. La masa de capital físico invertido en un sector y en otro marca una distancia que no existía en los ochenta y en los noventa. Se invirtió muchísimo más en la construcción de viviendas para las clases medias que en los procesos de urbanización de las villas.

-No se podría decir que en estos años no hubo intervención del Estado. ¿Cómo describe el rol?

-Éste ha sido un Estado incapaz de producir una efectiva redistribución de la riqueza, y un Estado débil para producir condiciones de integración social. Es un gobierno que ha multiplicado los efectos de la desigualdad social y de fractura en un contexto de crecimiento, lo cual no se nota cuando hay crecimiento y hay bonanza: todos consumimos más, hay más trabajo, hay programas sociales, hay cohesión social y hay funcionalidad de la masa marginal. Pero en contexto de crisis inflacionaria, o en contextos en los que no crece el empleo -como sucedió en estos últimos años a diferencia de lo que sucedió en el primer quinquenio- y las bondades del modelo dejan de funcionar, aparecen problemas sociales muy fuertes.

-En otros momentos históricos la movilidad social ascendente estaba ligada al estudio, al trabajo, al esfuerzo y al sacrificio. ¿En qué medida se ha perdido eso?

-Se empezó a perder en los ochenta, se perdió mucho más en los noventa y continuó perdiéndose en los 2000. El camino de la actividad extralegal es una reacción frente a la violencia que produce la ostentación, la desigualdad, la sensación de que en teoría pertenezco a esta sociedad, pero en los hechos, no tengo derecho a ninguno de los beneficios. Robar un plasma o un estéreo en un saqueo significa una especie de resarcimiento.

-¿Se puede hablar de una nueva cultura de la pobreza? Y en tal caso, ¿cómo la describiría?

-Todavía existe una cultura de la pobreza digna que hace sobrevivir a los barrios. Pero la marginalidad estructural va creando otra cultura de la pobreza, con otras reglas de intercambio, de relaciones sociales y de valoración social. ¿Cuáles son las que priman? Hay mucha más violencia y es la ley del más fuerte. Los lazos de solidaridad son más débiles que los de las capas medias. Ocupa una vivienda o un lote el que tiene mayor capacidad de negociar, intervenir, reprimir o amenazar. Frente a la cultura de la pobreza digna está la otra pobreza, la del narcotráfico, la de la venta de productos ilegales y la de la violencia, que es la que se está imponiendo. En los ochenta todavía teníamos una pobreza digna. Esto se fue acumulando y cada crisis fue produciendo un shock de expulsión mayor. Desde el punto de vista económico ya no acceden a un buen empleo, probablemente no puedan acceder a un mercado formal y por lo tanto tratan de encontrar una forma alternativa de vivir. Y esas alternativas se encuentran en formas extralegales.En todos estos años no hemos pensado tampoco en cómo dignificar la pobreza.

-¿Cómo sería eso?

-¿Por qué no podemos hacer escuelas ricas para los pobres? ¿No podemos hacer que ir a la escuela para el sector pobre sea algo digno?¿No podemos hacer que transportarse al lugar de trabajo no sea denigrante? No es inversión sólo en bienes materiales, sino en capital simbólico. Significa "vos sos parte, vos podés". En su lugar, hemos creado el "vos no podés, vos no servís, no te necesitamos, no te queremos, no vengas. Andá a las peores escuelas que nos salgan baratas, andá a los hospitales que nos salgan baratos. No gastemos en vos porque no sos útil"..