La Nación Argentina es reconocida mundialmente
por su lucha por la instauración de los derechos humanos en el máximo valor de
la justicia y por la reivindicación de los derechos de todos aquellos que
padecieron hasta la muerte por el accionar de una dictadura que impuso a sangre
y fuego un sistema económico financiero basado en el endeudamiento fraudulento,
la desindustrialización, la precarización de los contratos de trabajo y de
administración de los ahorros, la destrucción de las economías regionales y los
sistemas educativos y la vuelta a las exportaciones sin valor agregado. En
pocas palabras, el regreso a la Argentina anterior a junio de 1943, tal como lo
expresara públicamente uno de sus ideólogos; y que nos ha costado miles de
muertos, en las calles, las salas de tortura y fundamentalmente, por el hambre,
que asoló los pasillos de los hospitales despojados de medios y remedios para
paliar este genocidio.
Genocidio basado en la tortura de una deuda fraudulenta e ilegítima que contó para su elaboración de una élite de funcionarios, banqueros, empresarios, economistas y abogados, que participaron activamente en la formación de esta deuda y sus posteriores renegociaciones. La deuda es un arma cargada de muerte orientada hacia el cuerpo social de los países deudores, que gatilla lentamente sobre el cuerpo de las naciones mediante el hambre y la falta de recursos, ya que los existentes deben ser orientados al pago de obligaciones financieras. Y este no es un problema solo argentino, sino que de la mano de las dictaduras se implementó en toda Latinoamérica. Al respecto Matilde Bruera (de la cual tomaremos algunos conceptos) dice: “La sociedad latinoamericana en general y la sociedad argentina en particular no solo sufrieron el impacto provocado por la represión de cada uno de los gobiernos dictatoriales, sino también los efectos de la negación al derecho de justicia – incluso en gobiernos posteriores- , y la distorsión de la experiencia vivida en el plano del discursos y su dimensión simbólica.
Esta cita está referida a la efectiva vigencia de los derechos humanos, aún por encima de leyes claramente injustas e inconstitucionales como la ley de obediencia debida y punto final. Lo que ha quedado claro con los fallos otorgados por la Suprema Corte es la plena vigencia en la República del derecho internacional de los derechos humanos. Los fallos de la Suprema Corte referido a los casos “Arancibia Clavel”, “Simón” y otros, demuestra que el tema central es la vigencia interna del derecho internacional de los derechos humanos, y desde esa perspectiva la invalidez de las leyes de “obediencia debida y punto final”, conlleva la nulidad e inaplicabilidad de esas leyes.
La argumentación de los votos de los supremos jueces nos remite a la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que estos tratados estaban vigentes en nuestro país en el momento en que se sancionaron aquellas inconstitucionales leyes. En este orden de ideas, el tratamiento de la deuda externa argentina también ha sido violatorio de los derechos humanos, claramente el inciso c del artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: “la usura y toda forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley”, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, expresa claramente que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”, y la Declaración Universal de Derechos Civiles declara que no puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
Veamos las cifras, para tener una aproximación a la magnitud del flagelo financiero que estamos tratando: la deuda externa pública y privada al 24/03/1976 ascendía a 7.800 millones de dólares, desde entonces hasta el momento del default en diciembre de 2001 se habían pagado 217.000 millones de dólares, a los cuales hay que sumarle la capitalización producida por el canje de bonos por los principales activos del país, mal llamado régimen de privatizaciones, alrededor de 26.000 millones de dólares y los más de 30.000 millones pagados desde entonces hasta hoy, es decir, que por una deuda externa de 7.800 millones de dólares llevamos pagos más de 273.000 millones de dólares y aún debemos más de 173.000 millones de dólares. Estas cifras son por demás elocuentes, la República Argentina ha pagado una y otra vez una deuda, que investigada en los claustros judiciales fue hallada en su origen fraudulenta e ilegítima. El juez que investigó la deuda contraída durante el proceso militar en su fallo del año 2000 hace referencia a no menos de 477 operaciones ilegales. La consecución de estos fraudes y su continuidad en el tiempo han perpetrado un genocidio de carácter financiero.
Y si bien este proceder de carácter genocida debió ser investigado por el Congreso Nacional, la inacción de éste permitió que continuara esta sangría hasta el presente. Nosotros, los integrantes del Grupo de Trabajo que asesora al Juez en la continuación de la investigación de la deuda externa, debimos presentarnos para pedir la nulidad absoluta de los hechos verificados como fraudulentos por su señoría, pero que no habían sido declarados nulos, tal como manda la ley, en el artículo 1047 del Código Civil, cuando dice:” la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca manifiesta en el acto”. Es decir, que al fallo del año 2000 que hallo fraudulenta e ilegítima la contracción de la deuda externa contraída por el proceso militar, le corresponde la declaración de nulidad absoluta de aquellos actos. Ante tal omisión y la inacción de los órganos del Estado, es que nos presentamos y pedimos la declaración de nulidad absoluta, que actualmente, ante la negativa de tratar el tema por el Juez y la Cámara de Apelaciones, tramitamos en la Cámara de Casación, a la espera de hallar justicia y defensa patrimonial de nuestro país.
El mencionado artículo del Código Civil, va más allá y expresa: “la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación”, en pocas palabras quiere decir, que los actos hallados nulos de nulidad absoluta no pueden ser revertidos y hallados admisibles bajo ningún orden constitucional. En nuestro caso, la deuda hallada fraudulenta e ilegítima sujeta a nulidad absoluta, no puede verificarse como admisible o legítima bajo ninguna circunstancia u ordenamiento legal. En virtud de ello, estimamos errónea la argumentación basada en que las sucesivas sanciones de los presupuestos nacionales realizadas por el Congreso Nacional han convalidado la fraudulenta deuda.
Estando abierto un proceso judicial destinado a la investigación de todo el devenir del endeudamiento, es imposible desde todo punto de vista jurídico, que uno de los poderes del Estado se inmiscuya en las actuaciones de otro poder del Estado y sus decisiones desincriminalicen, tanto los actos contraídos como a sus responsables de actos sujetos aún a investigación, o a actos investigados y juzgados como fraudulentos.
La sanción de los sucesivos presupuestos no puede alegarse como una amnistía encubierta para tales fraudes contra la Nación y el pueblo argentino. El Dr. Zaffaroni ha sostenido que las “leyes de obediencia debida y punto final” no pueden surtir efectos por imperio del derecho internacional público desde la ratificación argentina de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Congreso Nacional estaba impedido de sancionar leyes que la violasen. Y si estas leyes sancionadas por el Congreso Nacional son inaplicables e inconstitucionales, cuánto más lo son estos criterios que pretenden imponer la impunidad mediante la simple aprobación de partidas de fondos públicos.
Claramente el artículo 802 del Código Civil señala que la novación, reformulación, renovación o refinanciación de una deuda cuyo origen es nulo o se hallare cancelada el día que la posterior fuera renovada, debe considerarse a los efectos legales como extinguida. En el caso de nuestro país, la deuda originada durante el proceso militar es nula y fue varias veces pagada, tal como demuestra las cifras que mencionamos más arriba.
Zaffaroni también dice que la Corte ha hecho suyo el criterio del “derecho único”, contrario al llamado “derecho doble”, según el cual, la norma internacional obliga al Estado, pero no constituye derecho interno, hoy esa postura es rechazada casi unánimente por los especialistas en derecho internacional, es que este criterio del derecho doble, ha sido empleada para impedir la vigencia de los Derechos Humanos en poblaciones sujetas al sistema colonial.
Las políticas económicas impuestas a nuestro país por los organismos financieros internacionales, los bancos, especialmente aquellos que constituyeron el Comité de Bancos Acreedores que tutelaron todas nuestras renegociaciones durante la década de los 80 y 90, algunos conglomerados económicos y las calificadoras de riesgo han sido los verdaderos diagramadores de este fraude, por ello, el juez en los considerandos de su fallo dice que empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron aún más el endeudamiento público a través del régimen de seguros de cambio, y mediante la implementación de una política vulgar y agraviante que ha puesto al país de rodillas ante los acreedores y los organismos de control financiero internacional.
Nosotros hemos dado a todo este proceso el nombre de debelación, en otros trabajos hemos presentado a todo el proceso de endeudamiento argentino como un proceso de debelación, es decir, de aniquilamiento del Estado a causa de la conquista, tal la definición del derecho romano, debelación que comenzó el 24 de marzo de 1976 y no cesó el 10 de diciembre de 1983, sino que agravó sus consecuencias debido a la derrota en la Guerra por las Islas Malvinas.
Si los actos dispositivos sobre el patrimonio nacional del gobierno de facto son nulos de nulidad absoluta, tal como venimos sosteniendo en base a los fraudes detectados, en la continuidad de las renegociaciones no es aplicable la teoría de los actos propios, especialmente a un gobierno constitucional que debió resignar el poder con anterioridad al vencimiento de su mandato constitucional debido a la profunda crisis económica, social y política. Las condicionalidades crecientes a los que fue sometido aún a costa de la pérdida de todo poder, lo incluyen sin lugar a dudas en este proceso de debelación, ya que careció de soberanía financiera y los agentes del estado incumplieron una y otra vez, sus deberes de funcionarios públicos, al punto de someter a la Nación al designio e intereses de los supuestos acreedores. Por ejemplo, la estatización de la deuda privada iniciada por Domingo Cavallo en 1982, culminó con la absorción de los supuestos pasivos por parte del Estado Nacional en 1985, durante el gobierno del Dr. Alfonsín, significando una pérdida para el país de más de 17.000 millones de dólares.
Entendemos que no podemos renunciar a la verdad, ni a la memoria ni a la justicia, y que el pueblo argentino ha sido la principal víctima de ese magno fraude, nos resulta inadmisible que se renuncie o se pretenda renunciar por inacción y el dejar transcurrir el tiempo para que opere las prescripciones, de delitos que deben reputarse de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos , en el caso “Barrios Altos” ha expresado que “resulta inadmisible las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”, nosotros entendemos que la servidumbre de la usura, debe estimarse como una fragante violación de los derechos humanos.
Y si es inadmisible una amnistía expresa, mucho más lo son las pretendidas amnistías tácitas que se argumentan pretendiendo cerrar el camino a la justicia del pueblo argentino y su supuesta deuda externa. El derecho de gentes es imperativo y en nuestro país tiene vigencia desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853 (art 101, actualmente 118 en la Constitución Nacional reformada en 1994). El Dr. Maqueda fundamentando su voto en el caso “Simón” ha dicho “que se debe preservar el principio de legalidad, cuyo fin es que cualquiera que vaya a cometer un acto ilegal esté advertido con anterioridad por la norma que esa conducta constituye delito y que su realización conlleva pena”.
En el mismo sentido se expresaron la Dra Highton de Nolasco.y el Dr. Zaffaroni en el fallo “Arancibia Clavel”, donde fundamentaron que los delitos de lesa humanidad nunca dejan de ser vivenciales para la sociedad, pero fundamentalmente no debe obviarse que estos crímenes son practicados por las mismas agencias punitivas, hueras de control estatal, por el contrario perpetradas a través del Estado, u organizaciones vinculadas al Estado, y uno de los aspectos más sobresalientes es que se organiza la impunidad desde el propio Estado en el momento en que se cometen, e incluso se perpetúa la misma en los gobiernos posteriores apelando amnistías y perdones contrarios a la normativa de gentes y finalmente luego de haber impedido que se hicieran los juicios en el tiempo debido, se invocan prescripciones.
El fallo de la causa Olmos 1 demoró 18 años desde su inicio, y se aplicaron las prescripciones penales; y el actual que debe investigar la estatización de la deuda privada y toda las negociaciones posteriores desde el inicio del período democrático fue iniciado en 1992, por lo que de no sustentarse el criterio en que los delitos financieros cometidos contra el patrimonio de la Nación y el pueblo argentino, son imprescriptibles, los mismos quedaran penalmente impunes para sus autores y cómplices.
Sin la pretensión de justicia, el estado de derecho nunca será posible, ya que viviríamos la paradoja que el estado de derecho solo perseguiría a los más vulnerables y quedaran impunes los más gravosos delitos perpetrados por las elites económicas y financieras que han asolado a nuestro país. Para que ello no ocurra, es imprescindible la participación popular, en conocimiento y difusión de este magno fraude, y de los sectores profesionales científicos y académicos que estudien los mecanismos utilizados y las secuelas que se han perpetrado en cada uno de los campos del acontecer argentino. Solamente unidos en la concepción y en el accionar, Pueblo y Gobierno pueden enfrentar al Poder Internacional del Dinero. La única deuda que nos es exigible es la deuda de justicia que les debemos a todos nuestros muertos. Nunca menos, ni un paso atrás.
Genocidio basado en la tortura de una deuda fraudulenta e ilegítima que contó para su elaboración de una élite de funcionarios, banqueros, empresarios, economistas y abogados, que participaron activamente en la formación de esta deuda y sus posteriores renegociaciones. La deuda es un arma cargada de muerte orientada hacia el cuerpo social de los países deudores, que gatilla lentamente sobre el cuerpo de las naciones mediante el hambre y la falta de recursos, ya que los existentes deben ser orientados al pago de obligaciones financieras. Y este no es un problema solo argentino, sino que de la mano de las dictaduras se implementó en toda Latinoamérica. Al respecto Matilde Bruera (de la cual tomaremos algunos conceptos) dice: “La sociedad latinoamericana en general y la sociedad argentina en particular no solo sufrieron el impacto provocado por la represión de cada uno de los gobiernos dictatoriales, sino también los efectos de la negación al derecho de justicia – incluso en gobiernos posteriores- , y la distorsión de la experiencia vivida en el plano del discursos y su dimensión simbólica.
Esta cita está referida a la efectiva vigencia de los derechos humanos, aún por encima de leyes claramente injustas e inconstitucionales como la ley de obediencia debida y punto final. Lo que ha quedado claro con los fallos otorgados por la Suprema Corte es la plena vigencia en la República del derecho internacional de los derechos humanos. Los fallos de la Suprema Corte referido a los casos “Arancibia Clavel”, “Simón” y otros, demuestra que el tema central es la vigencia interna del derecho internacional de los derechos humanos, y desde esa perspectiva la invalidez de las leyes de “obediencia debida y punto final”, conlleva la nulidad e inaplicabilidad de esas leyes.
La argumentación de los votos de los supremos jueces nos remite a la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que estos tratados estaban vigentes en nuestro país en el momento en que se sancionaron aquellas inconstitucionales leyes. En este orden de ideas, el tratamiento de la deuda externa argentina también ha sido violatorio de los derechos humanos, claramente el inciso c del artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: “la usura y toda forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley”, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, expresa claramente que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”, y la Declaración Universal de Derechos Civiles declara que no puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
Veamos las cifras, para tener una aproximación a la magnitud del flagelo financiero que estamos tratando: la deuda externa pública y privada al 24/03/1976 ascendía a 7.800 millones de dólares, desde entonces hasta el momento del default en diciembre de 2001 se habían pagado 217.000 millones de dólares, a los cuales hay que sumarle la capitalización producida por el canje de bonos por los principales activos del país, mal llamado régimen de privatizaciones, alrededor de 26.000 millones de dólares y los más de 30.000 millones pagados desde entonces hasta hoy, es decir, que por una deuda externa de 7.800 millones de dólares llevamos pagos más de 273.000 millones de dólares y aún debemos más de 173.000 millones de dólares. Estas cifras son por demás elocuentes, la República Argentina ha pagado una y otra vez una deuda, que investigada en los claustros judiciales fue hallada en su origen fraudulenta e ilegítima. El juez que investigó la deuda contraída durante el proceso militar en su fallo del año 2000 hace referencia a no menos de 477 operaciones ilegales. La consecución de estos fraudes y su continuidad en el tiempo han perpetrado un genocidio de carácter financiero.
Y si bien este proceder de carácter genocida debió ser investigado por el Congreso Nacional, la inacción de éste permitió que continuara esta sangría hasta el presente. Nosotros, los integrantes del Grupo de Trabajo que asesora al Juez en la continuación de la investigación de la deuda externa, debimos presentarnos para pedir la nulidad absoluta de los hechos verificados como fraudulentos por su señoría, pero que no habían sido declarados nulos, tal como manda la ley, en el artículo 1047 del Código Civil, cuando dice:” la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca manifiesta en el acto”. Es decir, que al fallo del año 2000 que hallo fraudulenta e ilegítima la contracción de la deuda externa contraída por el proceso militar, le corresponde la declaración de nulidad absoluta de aquellos actos. Ante tal omisión y la inacción de los órganos del Estado, es que nos presentamos y pedimos la declaración de nulidad absoluta, que actualmente, ante la negativa de tratar el tema por el Juez y la Cámara de Apelaciones, tramitamos en la Cámara de Casación, a la espera de hallar justicia y defensa patrimonial de nuestro país.
El mencionado artículo del Código Civil, va más allá y expresa: “la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación”, en pocas palabras quiere decir, que los actos hallados nulos de nulidad absoluta no pueden ser revertidos y hallados admisibles bajo ningún orden constitucional. En nuestro caso, la deuda hallada fraudulenta e ilegítima sujeta a nulidad absoluta, no puede verificarse como admisible o legítima bajo ninguna circunstancia u ordenamiento legal. En virtud de ello, estimamos errónea la argumentación basada en que las sucesivas sanciones de los presupuestos nacionales realizadas por el Congreso Nacional han convalidado la fraudulenta deuda.
Estando abierto un proceso judicial destinado a la investigación de todo el devenir del endeudamiento, es imposible desde todo punto de vista jurídico, que uno de los poderes del Estado se inmiscuya en las actuaciones de otro poder del Estado y sus decisiones desincriminalicen, tanto los actos contraídos como a sus responsables de actos sujetos aún a investigación, o a actos investigados y juzgados como fraudulentos.
La sanción de los sucesivos presupuestos no puede alegarse como una amnistía encubierta para tales fraudes contra la Nación y el pueblo argentino. El Dr. Zaffaroni ha sostenido que las “leyes de obediencia debida y punto final” no pueden surtir efectos por imperio del derecho internacional público desde la ratificación argentina de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Congreso Nacional estaba impedido de sancionar leyes que la violasen. Y si estas leyes sancionadas por el Congreso Nacional son inaplicables e inconstitucionales, cuánto más lo son estos criterios que pretenden imponer la impunidad mediante la simple aprobación de partidas de fondos públicos.
Claramente el artículo 802 del Código Civil señala que la novación, reformulación, renovación o refinanciación de una deuda cuyo origen es nulo o se hallare cancelada el día que la posterior fuera renovada, debe considerarse a los efectos legales como extinguida. En el caso de nuestro país, la deuda originada durante el proceso militar es nula y fue varias veces pagada, tal como demuestra las cifras que mencionamos más arriba.
Zaffaroni también dice que la Corte ha hecho suyo el criterio del “derecho único”, contrario al llamado “derecho doble”, según el cual, la norma internacional obliga al Estado, pero no constituye derecho interno, hoy esa postura es rechazada casi unánimente por los especialistas en derecho internacional, es que este criterio del derecho doble, ha sido empleada para impedir la vigencia de los Derechos Humanos en poblaciones sujetas al sistema colonial.
Las políticas económicas impuestas a nuestro país por los organismos financieros internacionales, los bancos, especialmente aquellos que constituyeron el Comité de Bancos Acreedores que tutelaron todas nuestras renegociaciones durante la década de los 80 y 90, algunos conglomerados económicos y las calificadoras de riesgo han sido los verdaderos diagramadores de este fraude, por ello, el juez en los considerandos de su fallo dice que empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron aún más el endeudamiento público a través del régimen de seguros de cambio, y mediante la implementación de una política vulgar y agraviante que ha puesto al país de rodillas ante los acreedores y los organismos de control financiero internacional.
Nosotros hemos dado a todo este proceso el nombre de debelación, en otros trabajos hemos presentado a todo el proceso de endeudamiento argentino como un proceso de debelación, es decir, de aniquilamiento del Estado a causa de la conquista, tal la definición del derecho romano, debelación que comenzó el 24 de marzo de 1976 y no cesó el 10 de diciembre de 1983, sino que agravó sus consecuencias debido a la derrota en la Guerra por las Islas Malvinas.
Si los actos dispositivos sobre el patrimonio nacional del gobierno de facto son nulos de nulidad absoluta, tal como venimos sosteniendo en base a los fraudes detectados, en la continuidad de las renegociaciones no es aplicable la teoría de los actos propios, especialmente a un gobierno constitucional que debió resignar el poder con anterioridad al vencimiento de su mandato constitucional debido a la profunda crisis económica, social y política. Las condicionalidades crecientes a los que fue sometido aún a costa de la pérdida de todo poder, lo incluyen sin lugar a dudas en este proceso de debelación, ya que careció de soberanía financiera y los agentes del estado incumplieron una y otra vez, sus deberes de funcionarios públicos, al punto de someter a la Nación al designio e intereses de los supuestos acreedores. Por ejemplo, la estatización de la deuda privada iniciada por Domingo Cavallo en 1982, culminó con la absorción de los supuestos pasivos por parte del Estado Nacional en 1985, durante el gobierno del Dr. Alfonsín, significando una pérdida para el país de más de 17.000 millones de dólares.
Entendemos que no podemos renunciar a la verdad, ni a la memoria ni a la justicia, y que el pueblo argentino ha sido la principal víctima de ese magno fraude, nos resulta inadmisible que se renuncie o se pretenda renunciar por inacción y el dejar transcurrir el tiempo para que opere las prescripciones, de delitos que deben reputarse de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos , en el caso “Barrios Altos” ha expresado que “resulta inadmisible las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”, nosotros entendemos que la servidumbre de la usura, debe estimarse como una fragante violación de los derechos humanos.
Y si es inadmisible una amnistía expresa, mucho más lo son las pretendidas amnistías tácitas que se argumentan pretendiendo cerrar el camino a la justicia del pueblo argentino y su supuesta deuda externa. El derecho de gentes es imperativo y en nuestro país tiene vigencia desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853 (art 101, actualmente 118 en la Constitución Nacional reformada en 1994). El Dr. Maqueda fundamentando su voto en el caso “Simón” ha dicho “que se debe preservar el principio de legalidad, cuyo fin es que cualquiera que vaya a cometer un acto ilegal esté advertido con anterioridad por la norma que esa conducta constituye delito y que su realización conlleva pena”.
En el mismo sentido se expresaron la Dra Highton de Nolasco.y el Dr. Zaffaroni en el fallo “Arancibia Clavel”, donde fundamentaron que los delitos de lesa humanidad nunca dejan de ser vivenciales para la sociedad, pero fundamentalmente no debe obviarse que estos crímenes son practicados por las mismas agencias punitivas, hueras de control estatal, por el contrario perpetradas a través del Estado, u organizaciones vinculadas al Estado, y uno de los aspectos más sobresalientes es que se organiza la impunidad desde el propio Estado en el momento en que se cometen, e incluso se perpetúa la misma en los gobiernos posteriores apelando amnistías y perdones contrarios a la normativa de gentes y finalmente luego de haber impedido que se hicieran los juicios en el tiempo debido, se invocan prescripciones.
El fallo de la causa Olmos 1 demoró 18 años desde su inicio, y se aplicaron las prescripciones penales; y el actual que debe investigar la estatización de la deuda privada y toda las negociaciones posteriores desde el inicio del período democrático fue iniciado en 1992, por lo que de no sustentarse el criterio en que los delitos financieros cometidos contra el patrimonio de la Nación y el pueblo argentino, son imprescriptibles, los mismos quedaran penalmente impunes para sus autores y cómplices.
Sin la pretensión de justicia, el estado de derecho nunca será posible, ya que viviríamos la paradoja que el estado de derecho solo perseguiría a los más vulnerables y quedaran impunes los más gravosos delitos perpetrados por las elites económicas y financieras que han asolado a nuestro país. Para que ello no ocurra, es imprescindible la participación popular, en conocimiento y difusión de este magno fraude, y de los sectores profesionales científicos y académicos que estudien los mecanismos utilizados y las secuelas que se han perpetrado en cada uno de los campos del acontecer argentino. Solamente unidos en la concepción y en el accionar, Pueblo y Gobierno pueden enfrentar al Poder Internacional del Dinero. La única deuda que nos es exigible es la deuda de justicia que les debemos a todos nuestros muertos. Nunca menos, ni un paso atrás.
