Una carpeta escrita a mano con datos que revelan tareas de espionaje y seguimiento a los vecinos de Famatina y que señala como “cabecillas” o “protagonistas” a ciudadanos asambleístas junto a datos de su vida privada, se convirtió en la prueba que faltaba. La lista que aquí publicamos fue generada por el trabajo de
con inconfundible colaboración y ortografía policial. Apareció en un quincho de la hostería municipal, tras una reunión entre gerentes de la minera y funcionarios provinciales y los vecinos de Famatina la acercaron especialmente.
La reveladora lista coincide con la elocuente obediencia debida de legisladores nacionales para aprobar de apuro la Ley Antiterrorista presentada por el oficialismo, que habilita práctica y jurídicamente a los jueces (aunque sus fundamentos digan lo contrario) a criminalizar la protesta social, duplicar las posibles penas y encarcelar preventivamente a quienes reclamen por sus derechos bajo el calificativo de terrorismo.
Publicamos también aquí la lista de los diputados que dieron media sanción a esa reforma al Código Penal que se hace obedeciendo explícitamente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contrariando advertencias de distintas entidades de derechos humanos y civiles, y organizaciones vecinales. Ley que podría apuntar contra los ciudadanos mientras las corporaciones político-mineras, como plantean los vecinos de Famatina y Chilecito, ejercen “un accionar mafioso que pone en peligro las libertades democráticas de la ciudadanía en general”.
Minería & Mafia
Vale recordar las palabras del gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, para entender el contexto de la denuncia de los vecinos de Famatina.
En junio declaró: “Tienen que dejarse de joder con la minería” en referencia a las críticas vecinales.
El 9 de diciembre fue más allá: “No voy a mariconear con esto, voy a tomar las decisiones que nos permitan explotar la minería”.
El 15 de diciembre los vecinos de Famatina detectaron a funcionarios de Osisko Mining reunidos con funcionarios provinciales.
Los vecinos, entonces, hicieron sonar las campanas de la iglesia (señal de alerta para todo el pueblo), rodearon la estación del Automóvil Club Argentino (unas 200 personas se reunieron de inmediato) y reclamaron que el representante de la empresa, Gustavo Zulliger, se retirara, cosa que hizo escoltado por móviles policiales.
Tras la estampida, el viernes 16 en la hostería municipal, tras los encuentros de funcionarios mineros y provinciales, el personal del lugar encontró la carpeta con el trabajo de inteligencia sobre los vecinos, y lo que las asambleas denominaron “lista negra”.
Aparecen allí descriptos:
Como “Cabecilla” y “Protagonista” una de las mencionadas es “Carola Sufich”. En realidad, se trata de Carolina Suffich, docente y empleada del almacén de ramos generales de Famatina, que en un principio quiso trabajar en la minera, hasta que en el curso de asistentes para geólogos comenzó a sospechar que los “profesores” enviados por la provincia mentían al decir que no había contaminación.
También como “cabecilla” luce Carina Díaz Moreno, a la que describen como “muy agresiva”. Detallan: “Se tiró sobre una camioneta de minería para simular un accidente”. En realidad, Carina se sentó delante de la camioneta para que no pasara, y terminó siendo golpeada por una patota de funcionarios, tal cual puede verse en You Tube, como para dilucidar quién es agresivo en esta historia.
Se menciona a la profesora Yenny Luján, al excelente fotógrafo Miguel Arca (al que le agregan la nacionalidad “peruano” en esa ficha), la concejal electa Cristina Lazo (acompañada por la palabra “protagonizmo”, sí: con z.), aparecen más concejales, familiares del intendente, jubilados, empleados, productores y “personas autoconvocadas”.
Aparecen Lidoro Leiva, ex intendente peronista que apoyó siempre el reclamo, y el policía jubilado y productor Carlos Tobar.
Sobre la jubilada María Lucía de Olmedo agregan “falta de información”. Varias personas aparecen junto a la fórmula “Sarcimiento económico”. Varios “Gonsález” son señalados por su “apollo al hermano Miguel”, que es el director de la Escuela de Comercio y político de la UCR.
Las comillas y faltas de ortografía son literales.
Los errores pueden provocar gracia, pero esta jerga idéntica a la de los grupos de tareas que hicieron su trabajo en la dictadura, con los resultados conocidos.
La ley de terror
“Esta es una modificación espantosa del Código Penal, por ser potencialmente una amenaza para la protesta social, y también tiene un problema de legitimidad de origen: no surge de una necesidad de la sociedad argentina sino más bien de la obligación de un organismo internacional como el GAFI, cuya agenda la maneja Estados Unidos, y que es una de sus herramientas de su guerra contra el terrorismo” dijo a lavaca Gastón Chillier, director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entidad que junto a organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) motorizó el rechazo a la norma presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Julio Alak.
La reforma duplica las penas, lo cual convierte en no excarcelables a los supuestos delitos. La Ley en sus fundamentos plantea: “quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social”. Chiller replica: “El problema es que una persona puede ser encarcelada y mucho después, la justicia le reconoce que estaba ejerciendo sus derechos constitucionales, pero mientras tanto queda presa durante años y años, porque la figura penal que le aplican no es excarcelable. Un juez de faltas de Salta, Neuquén, San Juan o cualquier otra provincia puede imputar a indígenas o a vecinos que se oponen a una explotación minera, o a grupos que corten una ruta”. Un caso comparable ocurrió tras los incidentes frente a la Legislatura porteña, en 2004, cuando 14 personas debieron pasar año y medio en prisión, antes de salir libres de culpa y cargo.
Chillier: “Que se aprueben estas reformas puede producir un efecto de desmovilización, temor y amenaza penal. Pero además, manda un mensaje a un Poder Judicial que a veces a nivel provincial es más reaccionario que a nivel nacional o federal. El mensaje político es que los habilita a usar la justicia para restringir los derechos, más que para protegerlos”.
Otro costado siniestro del “mensaje” implícito en esta ley es agitar la palabra “terrorismo” en un país que ha sabido hacer desaparecer a 30.000 personas.
¿Qué valores considera que prevalecieron en los diputados que aprobaron esta reforma?
Chiller: Es claramente un mandato del Ejecutivo, pero por una presión del GAFI. Eso de hecho fue explícitamente expuesto por (Martín) Sabatella y distintos funcionarios. Nadie duda que esto tenga que ver con las presiones del GAFI para mantener al Estado argentino dentro del G20. El GAFI tiene una serie de más de 50 recomendaciones para todos los países que Argentina no venía cumpliendo. Lo cual de alguna manera muestra también el problema de la legitimidad de la reforma. Porque aparte de ser una mala reforma en sí misma – por hacer una modificación espantosa del Código Penal, por ser potencialmente una amenaza para las manifestaciones sociales, la protesta social y demás- también tiene un problema de legitimidad de origen: no surge de una necesidad de la sociedad argentina sino más bien de la obligación de un organismo internacional como el GAFI, cuya agenda la maneja Estados Unidos y que es una de sus herramientas de su “guerra contra el terrorismo” que en realidad se está llevando por delante a los derechos humanos a nivel global.
¿Qué estrategia podría hacer de contrapeso a un proyecto como éste?
Chillier: Esa reforma, cuando llegue a los Tribunales, no resiste ningún test de constitucionalidad. No hay dudas de que si, en el peor de los casos, hay un juez que por mandato u orden o por su relación con los poderes locales la aplica, en la Corte Suprema no va a pasar. El tema es que, hasta ese momento, las personas acusadas pueden pasar varios años en prisión. Entonces las estrategias legales son claras y hay alto nivel de posibilidades que sean exitosas en cuanto a la reforma. Pero hasta que se prueba va a pasar mucho tiempo y mucha gente va a ser criminalizada. Porque justamente cuando se tratan estos casos, la estrategia es dejarlos abiertos y que no avancen para regular o controlar o limitar las actividades de los líderes sociales.
La reforma fue cuestionada incluso por Abuelas de Plaza de Mayo a través de Estela Carlotto. Su hijo Remo la votó afirmativamente.
Cómo se votó el terror en Diputados
106 diputados del Frente para la Victoria votaron Afirmativo. Ninguno votó Negativo.
2 se abstuvieron (Griselda Herrera, de La Rioja y Julia Argentina Perie, por Misiones).
Seis se ausentaron (entre ellos Héctor Pedro Recalde y el hijo del sindicalista Juan Facundo Moyano).
El resto de los afirmativos fueron de diputados por estos partidos: Frente Cívico por Santiago (6), Movimiento Popular Neuquino (3), Frente Peronista Renovador de Salta, Córdoba Federal (2), Nuevo Encuentro (5), Unión por San Juan, Corriente de Pensamiento Federal, Unión Peronista (2), Partido Justicialista La Pampa (2), Frente Peronista Federal.
Algunos nombres que votaron a favor: Agustín Rossi, Andrés Larroque, Carlos Kunkel, Carlos Heller, Edgardo De Petris, Felipe Solá, Franciso Plaíni, José María Díaz Bancalari, Jorge Yoma, Martín Sabatella, Remo Carlotto.
Algunos nombres que votaron en contra: Alcira Argumedo, Claudio Lozano, Fernando Solanas, Roy Cortina, Margarita Stolbizer, Víctor de Gennaro, Victoria Donda Pérez.
Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Francisco de Narváez, Gabriela Michetti, Graciela Ocaña, María Luisa Storani, entre otros, no estuvieron presentes. De Narváez había presentado un proyecto aún más explícitamente criminalizador.
19 y 20 antiterrorista
Es inevitable recordar que la reforma se vota en simultáneo a la memoria por los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las personas que aparecen en las incontables imágenes televisivas que recuerdan aquellos días, que hoy se reconocen como un momento que cambió la historia del presente, con esta nueva ley antiterrorista hubieran podido ser masivamente encarceladas por estar en la calle reclamando contra el desempleo, la injusticia, el fin del modelo neoliberal.
Diez años después, la ley votada con mano enyesada por el bloque oficialista y sus aliados abre un espacio para la reflexión y la autocrítica: ¿cuántas organizaciones sociales estaban denunciando la criminalización de la protesta hasta la llegada de esta ley?
