DEUDA PÚBLICA Y DISCURSO CFK.

Por Héctor GIULIANO (3.3.2014).

Pese a la nueva Crisis de Deuda de la Argentina desatada este verano de 2014 por su problema estructural de iliquidez e insolvencia fiscal para poder responder a los servicios de una deuda impagable, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no hizo referencia alguna a esta cuestión de fondo en su discurso de apertura de sesiones del Congreso y hasta planteó un panorama inverso a la realidad.

Tampoco se refirió a los principales problemas derivados de la Deuda: Inflación-Devaluación, Déficit Fiscal y desequilibrio de la Balanza de Pagos.

El objeto de esta breve nota es identificar las inexactitudes, las referencias engañosas y las omisiones graves del discurso presidencial del 1.3 en materia de endeudamiento público.

FALSÍAS DEL DISCURSO.

La presidenta volvió a repetir que la Argentina se está des-endeudando cuando ello no es cierto: la deuda no baja sino que sube continuamente y, además, está previsto que se incremente próximamente en una escala superior todavía.

Según las propias cifras oficiales del Ministerio de Economía (MECON) – últimos datos disponibles al 30.6.2013 – el stock de la Deuda Pública en cabeza del Estado Central era de 207.600 MD (Millones de Dólares): 196.100 MD de deuda performing o con pago de intereses y 11.500 MD de deuda con tenedores que no entraron en las reestructuraciones del 2005 y 2010.

Después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 las autoridades se jactaban de haber hecho descender el saldo de deuda a 126.600 MD (en realidad, 146.000 MD, la misma cifra que al momento del default de Diciembre 2001). Pero esta deuda es ahora mucho mayor – como dijimos – de unos 208.000 MD.

Según los propios números del MECON la Deuda aumentó 14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012; estaba previsto que aumentase otros 12.000 MD en 2013 (de lo que todavía no se tienen datos finales) y está presupuestado que aumente otros 12.700 MD este año.

Por ende, es mentira que la Argentina se esté des-endeudando y el gobierno Kirchner engaña abiertamente a la opinión pública sobre este punto.

Y estos datos oficiales son tan falsos en valores absolutos como en valores relativos.   

La presidenta dijo textualmente que hoy la deuda pública es de un 10 % del PBI; y enfatizó este dato diciendo que era de un 8 % pero que ahora, por efecto de la devaluación, se estimaba habría subido en unos dos puntos.

Esta información es igualmente engañosa porque no se refiere a la deuda total.

La última información oficial del MECON dice que la relación Deuda/PBI (un indicador – por otra parte – muy discutible desde el punto de vista técnico financiero) al 30.6.2013 era del 43.6 %.

Como agravante de estas dos tergiversaciones gubernamentales, la presidenta agregó una tercera y “novedosa” comparación entre “deuda pública neta per cápita” y “cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles” (SMVM) (!): una “explicación” perfectamente inentendible para el argentino medio e incluso para cualquier estudioso que quiera interpretar su verdadero sentido.

Le hubiera sido mucho más simple, gráfico y directo decir que ahora – después de la gestión Kirchner durante la “década ganada” – cada argentino debe en promedio unos 5.200 US$ (cinco mil doscientos dólares per cápita o su equivalente de 42-62.000 pesos cada uno): simple producto de dividir el stock de deuda oficial de 207.600 MD (incluyendo los 11.500 MD de holdouts) por los 40.1 millones de habitantes del país.

La presidenta, en cambio, dijo que “su Deuda” – a valores de Junio 2013 – equivale a 1.9 SMVM. Como a esa fecha el valor del mismo era de 2.875 $, ello significa que se está refiriendo a un importe de unos 5.500 $ (pesos, no dólares, resultado de 2.875 x 1.9 = 5.463 $).

Se da así la casualidad que el coeficiente “sui generis” de comparación con SMVM elegido por la presidenta viene a representar un valor 10 veces menor al promedio de la verdadera deuda pública per cápita. 

LAS OMISIONES DE DEUDA.

Estos montos impagables de deuda oficial por capital a los que hacemos referencia – básicamente, el total de 208.000 MD – no incluyen los intereses de este año (12.200 MD), no tienen en cuenta los intereses a pagar en el futuro (unos 72.000 MD), la capitalización de intereses (que venía declinando durante el decenio 2005-2014 pero que ahora se reactiva parcialmente con 500 MD más dentro del acuerdo con Repsol), las indexaciones por inflación creciente de la deuda en pesos ajustada por CER y los cupones ligados al PBI (de los que todavía faltarían pagar unos 15.000 MD).

Siendo además que esta deuda corresponde sólo a la que se encuentra en cabeza del Estado Central, faltando considerar aquí la deuda consolidada de Provincias (más de 30.000 MD) y de Municipios (sin datos), la Deuda Pública Indirecta de Empresas del Estado (con YPF a la cabeza), Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios (todos sin datos), la deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA) por Lebac/Nobac (más de 21.000 MD) y por otros pasivos (2.000 MD), y la deuda por juicios contra el Estado con sentencia en firme (también sin datos).

Todo este macro-endeudamiento K – deliberadamente ocultado a la opinión pública por complicidad entre el oficialismo, la oposición política y los medios de comunicación - está hoy en vísperas de sufrir un salto adicional en los pasivos públicos:

a)    Por la nueva deuda que se está negociando para pagar los juicios de los holdouts en Nueva York y las demandas contra la Argentina ante el CIADI con títulos públicos, más sus gastos y honorarios.

b)    Por la nueva deuda producto del arreglo con los países del Club de París (que le reclaman al país más de 9.500 MD).

c)    Por la nueva deuda para pagar el acuerdo con Repsol por las acciones de YPF: 6.000 MD de capital – 5.000 MD en firme y 1.000 MD por garantías de cotización – más otros 5.000 MD por concepto de intereses a pagar; en total, unos 11.000 MD.

d)    Por la renovación de los programas de Asistencia al País del Banco Mundial y del BID – por unos 3.000 MD cada uno – así como por los préstamos adicionales de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

e)    Por los nuevos préstamos bilaterales para financiamiento de Obras Públicas e Infra-estructura (principalmente con China).

f)    Por último, por el nuevo endeudamiento externo para cubrir el Déficit Fiscal y la recomposición de Reservas Internacionales del BCRA.

Este último punto – después de agotadas las reservas para pagar deuda externa y después de haber permitido el vaciamiento de divisas más grande de la historia argentina (90.000 MD en el período 2003-2012) – está dado en función de la Hoja de Ruta Boudou, que prevé la terminación de los pleitos con los holdouts y el arreglo con el Club de parís como requisito para el retorno de la Argentina al mercado internacional de capitales, esto es, para volver a endeudarse.

EN CONCLUSIÓN:

Conforme lo hemos desarrollado ya en diversos trabajos anteriores, la actual Crisis de Deuda viene como arrastre del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, que la presidenta – repitiendo el falso eslogan de la administración K – sigue queriéndolo presentar como “la reestructuración de deuda externa más exitosa de la historia”.

El gobierno fue tratando de contener o enmascarar parcialmente algunos de los efectos de este fracaso a costa del vaciamiento sistemático de los fondos públicos, en dólares y en pesos, merced a la variante de la Deuda intra-Estado.

   

La administración Kirchner, después de haber batido récords de pago de deuda externa a costa de vaciar las reservas del BCRA y destinar la mayor cantidad de fondos y títulos de renovación en moneda extranjera, ha llegado hoy a un tope o límite de tal maniobra y se encuentra ahora embarcado en un camino más fuerte de re-endeudamiento y toma de nuevas deudas.

La nueva directiva es que el país deje de financiarse con emisión monetaria y Deuda intra-Estado para volver a tomar Deuda Externa, en forma directa – colocación de bonos – y/o en forma indirecta (deuda dolarizada de tipo dollar-linked).

Estas obligaciones – como las actuales - no tienen capacidad demostrada de repago y sus servicios de amortizaciones parciales mínimas e intereses se están programando para aguantar las erogaciones indispensables hasta el año 2015, de modo que puedan ser traspasadas básicamente a las administraciones futuras.

Después de haber usado masivamente la Deuda intra-Estado para pagar deuda con terceros – organismos financieros internacionales y acreedores privados – hasta el punto de haber empapelado al Sector Público con títulos inservibles; después de haber desfinanciado así a la ANSES (que administra la plata de los jubilados); después de haber descapitalizado al BCRA (bajando el stock de las reservas, encajándole Letras impagables a 10 años de plazo en el Activo para poder pagar deuda externa y emitiendo deuda creciente por Lebac/Nobac por las que ahora abona un 30 % anual de intereses); después de haber comprometido por la misma vía la mitad del Activo del BNA; después de haber manejado discrecionalmente las disponibilidades circunstanciales de los Entes Oficiales en general; y después de haber utilizado de esta manera los fondos administrados por el gobierno como “préstamo-puente” - sin capacidad de devolución - para atender la deuda pública con terceros, ahora el gobierno Kirchner espera volver “exitosamente” al Mercado Internacional de Capitales para tomar nueva Deuda.

Llegó el momento en que la realidad desnuda al relato: es la hora de la verdad en que ya no se puede seguir vendiendo la mentira del Desendeudamiento.

Es el resultado inexorable de haber sostenido el mito del Modelo aguantándolo con Deuda Pública hasta haber agotado los recursos fiscales con el vaciamiento de los fondos básicos del Estado.

DEUDA PÚBLICA, INFLACIÓN Y SALARIOS REALES.

Por Héctor GIULIANO (14.2.2014).

La nueva Crisis de Deuda del verano 2014 está teniendo una consecuencia tan grave como lógica en relación a los salarios reales de la Argentina.

La Deuda Pública explica hoy – directa o indirectamente – el aumento de la inflación, que se produce por vía financiera más que por vía económica. Esta inflación carcome el valor de la moneda y con ello provoca una pérdida del poder adquisitivo que determina la baja de los salarios reales de los trabajadores.

El Sindicalismo Nacional tiene una responsabilidad determinante en materia económico-financiera, social y política para evitar que el costo de este ajuste derivado de la Crisis de la Deuda se traslade nuevamente al Pueblo Argentino.

DEUDA PÚBLICA E INFLACIÓN.

El empeño del gobierno Kirchner en sostener el sistema de endeudamiento perpetuo explica el agravamiento actual de la inflación argentina.

Hay que diferenciar la inflación de base económica, es decir, el aumento de precios por desequilibrio de las condiciones de mercado – fundamentalmente insuficiencia de Oferta frente a la Demanda – de la inflación de base financiera, derivada de la sobre-emisión destinada a sostener el gasto improductivo, público y/o privado.

El aumento de los créditos para consumo, el estímulo al turismo y a las formas de vida dispendiosas, la tendencia generalizada a la compra de artículos de marcas cada vez más caras, los cambios de electro-domésticos y de automóviles más frecuentes (y siempre de mayores precios), etc., son formas de inflación de base económica.

Incluso entran parcialmente en esta categoría rubros que conllevan aumento de la actividad productiva, como el caso de la construcción de propiedades de lujo o casas de veraneo y todo tipo de alojamientos que no son para vivienda directa o permanente sino para ocupaciones indirectas o temporarias, porque este tipo de edificaciones arrastra una suba generalizada de los precios del mercado de la construcción por encima de las pautas normales. 

Y todo ello, como producto de un aparato publicitario institucionalizado que vive creando necesidades artificiales dentro del sistema de vida de la Sociedad.

Frente a este mecanismo de inflación de precios por vía del Mercado, esto es, por aumento inducido de la Demanda, existe otro mecanismo que es directamente monetario, generado por la sobre-emisión de dinero por parte del Estado para sostener el Gasto Público y - dentro de este gasto fiscal - atender específicamente los costos financieros, directos e indirectos, del sistema de la Deuda Pública:

a)    Emitiendo el Banco Central (BCRA) moneda sin respaldo para comprar reservas que se prestan al Tesoro para pagar Deuda Externa.

b)    Emitiendo el BCRA dinero sin respaldo para suministrarle Adelantos Transitorios – que en realidad, no son transitorios sino permanentes y acumulativos porque se renuevan en forma sistemática – para que el gobierno pueda atender las obligaciones en pesos de la Deuda y de otros rubros de gastos fiscales.

c)    Emitiendo dinero para cubrir los Subsidios destinados a contener parcialmente el traslado a precios y tarifas de servicios públicos de los incrementos producidos por la inflación y el retraso cambiario: un atraso del tipo de cambio utilizado a su vez para posibilitar la atención de los servicios de la deuda en moneda extranjera.

d)    En suma, una emisión de dinero sistemática para cubrir el Déficit Fiscal creciente provocado por los servicios de la Deuda Pública y sus condicionamientos conexos de refinanciación perpetua.

Y todo esto – el peso de la Deuda como condicionante central en materia económica, financiera y política -  es precisamente lo que se soslaya u oculta a la opinión pública,  porque la falsa consigna de la clase dirigente es que no hay que vincular los problemas de la inflación, la devaluación del peso, el déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos con el problema de la Deuda, pese a que la Deuda es la causa de fondo que los determina.

LA NUEVA CRISIS DE DEUDA.

La co-relación entre aumento de precios generalizado – Inflación - y pérdida de poder adquisitivo de los salarios es materia de texto y no necesita siquiera explicación.

No es tan así, en cambio, la aceptación o el entendimiento de la relación entre esa inflación y la deuda pública, según lo vimos en el punto anterior.

Por ende, por carácter transitivo, la inflación no es aquí un fenómeno autónomo sino una consecuencia derivada de la Deuda, que es el factor causal de esa inflación: una inflación financiera que se emplea como forma de financiamiento del Estado y mecanismo de atención de los servicios de la Deuda Pública.

Es cosa corriente sentir la versión de portavoces muy autorizados del establishment que cargan diariamente las tintas contra la Inflación como producto de sostener un Gasto Público excesivo y, consecuentemente, de financiar el Déficit Fiscal. Pero es notable que esos mismos exponentes soslayan decir que la Deuda es hoy el principal determinante de ese Gasto y de ese Déficit, así como de la pérdida masiva de divisas por vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para atender el pago de la Deuda Externa.

Y este ocultamiento no es neutro porque al dejar la cuestión de la Deuda fuera del análisis del problema, la Inflación queda como causa central de la crisis financiera que hoy vive la Argentina y, por ende, fuera también de toda acción correctiva necesaria sobre aquella, la Deuda.

Es la forma clásica de obviar los verdaderos problemas estructurales de fondo del país alterando la relación entre causas y efectos: la Deuda es obviada así como factor causal de la presente crisis financiera y se la reemplaza por la Inflación, que es un derivado de la misma.

Esta inflación, a su vez, tiene como consecuencia la caída de los salarios reales, pero como el recupero del poder adquisitivo de los salarios retro-alimentaría la inflación, entonces hay que contener los aumentos de sueldos, forzando así el paso del costo del ajuste provocado por la deuda a los trabajadores y asalariados en general (activos y pasivos).

¿Y con la Deuda – que es la causa del problema - qué hacemos? No hay problema señores: frenen ustedes el financiamiento inflacionario del Estado vía emisión monetaria y vuelvan a sostenerlo con más Deuda Pública.

INFLACIÓN Y SALARIOS REALES.

  

El Ajuste Fiscal – todo ajuste – conlleva entre sus componentes centrales, directa o indirectamente, la baja de los salarios reales.

El gobierno Kirchner ha venido llevando a cabo un plan de ajuste encubierto, hasta ahora con más énfasis en el ajuste por vía de los ingresos (aumento de la presión tributaria, incremento de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de la deuda pública) que en el ajuste por vía de los gastos (reducción gradual de subsidios, reasignaciones de gastos y retrasos en los aumentos compensatorios de salarios).

Ahora, en cambio, con el agravamiento de la crisis de Deuda del verano 2014, estaríamos pasando a una amenaza cierta de reedición de la caída de los ingresos reales del sector asalariado análoga a la que se dio con la macro-devaluación del 2002, después de la crisis de Deuda De la Rúa-Cavallo del 2001.

Existen tres formas básicas que han venido siendo utilizadas para bajar los salarios reales:

1.    La sub-indexación de los salarios nominales apelando a la manipulación de los índices de inflación por parte del INDEC; mecanismo que fue frustrado al gobierno Kirchner por la reacción de los sindicatos, que forzaron el reconocimiento de aumentos compensatorios sobre la base de la inflación real, e incluso por encima de la misma.

2.    La asimetría de aumentos que se dan por la inflación pasada frente a perspectivas ciertas de mayor inflación futura.

3.    La trampa financiera por desfase entre el tiempo en que se producen los aumentos de precios y el momento posterior de vigencia de los aumentos de salarios pactados.

Este último punto requiere una explicación más pormenorizada a través de un ejemplo simple:

a)    Supongamos que por cada 1.000 $/Mes de sueldo el asalariado sufre una reducción de sus ingresos del 3 % mensual por causa del aumento de precios, lo que en tres meses reduce su poder de compra neto a 915 $: su ingreso baja - en términos reales - a 971 $ al fin del primer mes (1.000/1.03), a 942 $ al fin del segundo mes (1.000/1.03²) y a 971 $ al fin del tercer mes (1.000/1.03³).

b)    Los ingresos perdidos por el trabajador son ahorrados por el empleador (estatal o privado), que dispondría de esos fondos - que deja de pagar hasta que no se actualicen los salarios a futuro – en la misma proporción: 29 $ el mes 1 (1.000 – 971), 58 $ el mes 2 (1.000 – 942) y 85 $ el mes 3 (1.000 – 915).

c)    En total, en los tres meses transcurridos, los 172 $ que perdió de percibir el asalariado en poder adquisitivo los quedó a su favor el empleador.

d)    Si el empleador colocara esos fondos que ahorra – siempre en términos reales – a una tasa digamos del 2.0 % mensual capitalizable (25 % nominal anual), obtendría en todo el período un rédito por intereses de 5.8 $: 1.8 $ por los 29 colocados durante tres meses, 2.3 $ por los 58 colocados durante dos meses y 1.7 $ por los 85 colocados durante un mes. Este importe – en el ejemplo, una tasa inferior a la inflación – tendría para el colocador un efecto compensatorio o resarcitorio parcial que para el asalariado no existe. Y si la tasa de interés fuese positiva (mayor igual a la de inflación) dicho efecto compensatorio sería total, incluso con un rédito a su favor. 

e)    Si el trabajador quisiera recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el trimestre el porcentaje de aumento para recomponer financieramente la pérdida salarial sería del 9.29 % (1.000/915 = 1.0929).

f)    El doble importe que el asalariado pierde frente a la inflación por el desfase en las actualizaciones de sueldo – pérdida directa y costo financiero – se acentúa más todavía en los casos de desdoblamiento de los aumentos (por ejemplo, en los ajustes semestrales); y todo ello siempre que tales actualizaciones se pacten sobre la base del recupero del poder de compra en función de la inflación real.

Marx habló de la plusvalía económica pero esto se refiere a la idea de plusvalía financiera, entendida como costo de oportunidad o uso alternativo de fondos a pagar aprovechando el desfase de las actualizaciones salariales.

Porque el empleador – estatal o privado – tiene así la opción de amortizar o compensar, parcial o totalmente, la incidencia de los futuros aumentos salariales gracias al período de diferimiento de las actualizaciones de sueldos.

Más aún, esto no es sólo una posibilidad teórica sino una alternativa práctica, inducida o estimulada con el fuerte aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central (BCRA).

La respuesta técnica y justa a este problema de asimetría financiera sería la baja de los períodos de liquidación de salarios, es decir, una mayor frecuencia de los pagos de salarios a los trabajadores (por ejemplo, quincenal).

Una medida de este tipo, sin embargo, tendría obviamente peligrosos riesgos hiper-inflacionarios, por aceleración de la espiral precios-salarios, pero precisamente por ello – por sus temibles efectos posibles – debiera constituir la amenaza al gobierno para que contenga efectivamente la inflación con resultados concretos so pena de exponerse al reclamo lógico de una mayor frecuencia de pago a los asalariados.

Así como el gobierno Kirchner se ata ahora a la dolarización de la Deuda Pública – a través de la variante dólar linked (ligada al tipo de cambio oficial)  – dándole un “seguro de cambio” a los inversores financieros, además del aumento de las tasas de interés, así también debiera garantizar que los salarios no van a quedar nuevamente retrasados financieramente por la inflación comprometiendo no sólo eventuales “cláusulas gatillo” sino compensando también el efecto de la pérdida financiera por desactualizaciones salariales frente a la inflación.

Y esto llevaría entonces necesariamente a revisar las causas verdaderas de la inflación argentina, que hoy están por encima de la misma porque la inflación no es autónoma sino que viene determinada por la emisión masiva de dinero para sostener el sistema de la Deuda Pública – sostén de pago de los servicios por intereses y capital – y porque el aumento de la tasa de interés, que tiene efecto recesivo, es también causa de inflación.

EN CONCLUSIÓN.   

La crisis de Deuda del verano 2014 es la causa de fondo del actual desequilibrio inflacionario, cambiario, financiero fiscal y externo de la Argentina.

La emisión masiva de dinero por parte del BCRA para sostener los pagos de compromisos en pesos y en moneda extranjera del gobierno, el vaciamiento de las reservas internacionales para cumplir a ultranza con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales, el aumento de la deuda intra-Estado como forma de traspaso y empapelamiento del propio Fisco con títulos públicos sin capacidad de repago y el uso de este mecanismo como préstamo-puente interno para poder volver al mercado internacional de capitales para colocar más deuda, según la hoja de ruta Boudou, fueron los factores determinantes de esta crisis actual.

Pero el problema insoluble de la Deuda – que es la causa de la crisis - es ocultado al Pueblo Argentino; y ello se hace con la complicidad del gobierno, la pseudo-oposición política de la partidocracia parlamentaria y la clase dirigente, en beneficio de los acreedores financieros y para volver a endeudarse, con el argumento que “es preferible tomar más Deuda antes que financiarse con Inflación”.

Es la forma en que operan las estructuras de poder económico-financiero: no sólo por la acción directa y manifiesta de los gobiernos de turno y del establishment vinculado a los intereses de la Deuda sino también dejando que las torpezas y errores de política financiera se cometan impunemente para que luego las cosas se replanteen nuevamente en su favor a través del simple “acomodamiento de los hechos”.

En este sentido, merced a las nuevas medidas financieras adoptadas por el gobierno Kirchner, las alianzas ya habrían sido establecidas de hecho entre los intereses comunes del gobierno y el empresariado económico-financiero. Ahora falta observar el comportamiento de los Sindicatos.

Algunas presiones clave sobre el sector gremial ya habrían sido esbozadas: 1. Forzar la aceptación de aumentos por paritarias en función de la inflación futura y no de la recuperación frente a la inflación pasada, so pena de acusación por hiper-inflación, desestabilización y “rodrigazo”, 2. Apelar a la “responsabilidad sindical” frente a la amenaza de desempleo derivado del efecto recesivo del aumento de las tasas de interés y de un gradual abandonando del gobierno de su función actual de “fondo de desocupación encubierto”, y 3. Sugerir la convivencia y concesiones políticas a parte de la dirigencia gremial – caso deuda con las Obras Sociales - para que guarden silencio sobre la vuelta de la Argentina al mercado internacional de capitales.        

Las próximas semanas serán muy importantes dentro de este cuadro de situación – reunión tripartita en el Vaticano del 19.3 inclusive – porque las presiones del “partido de la Deuda” son cada vez más grandes y más fuertes para que la Argentina vuelva al re-endeudamiento previsto según el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y la hoja de ruta Boudou.

La negociación con el Club de París 

por Alejandro Olmos Gaona 

Hace unos días, el Ministro de Economía Axel Kiccillof y el Embajador en la Unión Europea, Hernán Lorenzino, quien es a su vez titular de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, viajaron a Europa a los efectos de iniciar conversaciones con los miembros del Club de París , para arreglar el pago de la deuda, que mantiene nuestro país con sus miembros, no habiendo trascendido, los términos del ofrecimiento efectuado por los funcionarios, ya que como ocurre habitualmente los detalles son secretos, y aunque han transcendido algunos datos, siempre prefiero manejarme en mis investigaciones con cifras oficiales, para no caer en errores que puedan inducir a confusión.

La deuda con el Club de París, se arrastra desde el default del año 2001, y el 2 de septiembre de 2008, la Presidenta de la Nación, decidió pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió el Decreto 1394, que también fue firmado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa, norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia.

Debe recordarse que en mayo del año 2011, trascendió que el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto a negociar con el Club de Paris, habiéndose fijado en la suma de 8470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el “éxito” de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica en ese momento las “deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático” (Diario Página 12, 15/5/2011).

Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son, no se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional, la noticia difundida por los medios oficialistas es un claro ejemplo de cómo se manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones, además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se originara durante la dictadura militar.

Pero como siempre la realidad viene a contradecir el discurso los hechos resultan sustancialmente distintos y las deudas que reclaman los países que integran el Club de Paris, como provenientes de la dictadura cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que supuestamente se habrían descontado y voy a mostrar cual es la realidad que el gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero insustancial.

Dejando de lado deudas canceladas de la década del sesenta, las obligaciones que hoy se van a negociar tienen en parte su origen durante la gestión del dictador Videla, y fueron acrecentadas posteriormente con nuevas deudas contraídas durante la década del 90, después de realizada la V Ronda de negociaciones que culminara en el año 1992, durante la gestión de Domingo Cavallo.

Para poder tener una idea exacta del significado de lo que se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas, y llegar hasta el año 1985, cuando comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces el monto de la deuda a renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar, que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.

En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego en el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.

Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.

El 19 de septiembre de 1991, se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592 millones de dólares.

El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.

En el Boletín Fiscal de la Nación, se indica que al 30 de diciembre de 1996 la deuda era de 6.725 millones de dólares, haciéndose constar además la existencia de deudas con otros bilaterales, por la suma de 3.436 millones de dólares. La cifra disminuye en 1997 a 5.144 millones, más 2959 por deudas bilaterales. En 1998 la deuda es de 4512 millones de dólares, más 2943 (bilaterales), en 1999 es de 3235, más 2682 (bilaterales) y cuando se produce el default del 2001 la deuda era de 1879 millones de dólares, más 2579 millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son préstamos que se negocian en el marco del Club de Paris, e integran las sumas que este reclama..

Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda por capital con el Club de parís era de 6298 millones de dólares, según los informes del Ministerio de Economía, por lo que sumando los intereses convencionales más los punitorios, la deuda treparía a más de 9500 millones de esa moneda a la fecha.

Hasta aquí el detalle riguroso de las negociaciones y la evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluyo los detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por mora. Lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas, es determinar que importe corresponde a la deuda de la dictadura, y cual el que corresponde a los gobiernos a partir de diciembre del año 1983.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, al Presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”

Debo hacer un paréntesis para referirme a la deuda de la empresa Cogasco, actualmente reclamada por Holanda, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.

La empresa, fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2000 millones de dólares

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a "fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases" Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: "No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expte. 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (...) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones". El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el Dr. Marcelo Kiguel, Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

A la deuda de la dictadura refinanciada en el año 1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce. En lo que hace a la que provenía de la dictadura, como lo consignara anteriormente habría quedado en 1879 millones de dólares en el año 2001, por lo cual si se suman los intereses hasta la fecha, que pretende cobrar el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar, dejando sujetas a revisión las otras obligaciones de la década del 90.

Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las cifras, y mostrar las nuevas deudas, que hoy se van a renegociar en el marco del Club de París, lo constituye la inexistencia de documentación verificable en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Las que he consignado en los párrafos anteriores son solo datos estadísticos tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del Boletín Fiscal de la Nación. Y digo esto porque en el año 2009 solicité al Ministerio datos sobre las deudas, sin que se me pudiera informar nada al respecto. En el año 2011, el diputado Pino Solanas solicitó al Ministro de Economía información sobre lo que se iba a pagar, sin merecer respuesta alguna. Se volvió a insistir, y el Director de Deuda Pública del Banco Central, contestó que se debía pedir la información al Banco Central de la República Argentina. Enviada la nota correspondiente a la Lic. Marcó del Pont, presidenta del banco, se informó, que ellos no tenían ninguna documentación y que había que pedirla en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera comedia de enredos, cada una de esas instituciones le adjudicaba a la otra la posesión de documentos que aparentemente ninguna tenía. Finalmente a los pocos meses se recibió una nota del Contador Amado, Director del Departamento de Deuda Externa del Ministerio, acompañando un listado de acreedores, con montos, indicando que esos datos eran toda la documentación que tenían, lo que significa que el gobierno va a negociar la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, sin que exista documentación respaldatoria alguna, dejando nuevamente al arbitrio de los acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios, como ya ocurriera en otro momento.

Esto de la inexistencia de documentación sobre la deuda, no es algo nuevo, ya que en diversas oportunidades el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, solicitó al Banco Central, datos sobre la deuda externa pública y privada, informándosele, que no tenían documentación alguna, y solo datos estadísticos, sin valor contable. Esta es la forma habitual de manejar las cuentas públicas por parte de los funcionarios del Estado, y después como resultado de la violación de sus deberes, se debe pagar una deuda que solo tiene como fundamento la exigencia de los acreedores, y sus propios registros, utilizándose para ello el dinero proveniente del trabajo de todos los argentinos, que el gobierno maneja con total discrecionalidad.

LA CARNE AUMENTA 20% MAS

EN DOS MESES AUMENTO EL 35%

EXIGIMOS AUMENTO SALARIAL 35%

La carne aumenta……….
Los salarios se diluyen por la inflación……….
La familia de la industria de la carne, ve como su salario, no alcanza para la leche, los fideos, las latas de tomate, el transporte ………….  
Pero la carne en dos meses aumento el 35%......................
El gobierno nacional quiere que la inflación, la devaluación y el ajuste la paguen únicamente el salario de los trabajadores.   
NO ESTAMOS DISPUESTO A ELLO.
Por ello el Cuerpo de Delegados decidió, de acuerdo al mandato de las bases:
ACCIONES:
1) Estado de Alerta y Movilización
2) Día Martes 11 de febrero, Trabajo a Reglamento
EXIGIR:
1) Suma fija de $ 2.500,00 para todos los trabajadores en forma inmediata.
2) 35% de aumento salarial a partir del 01 de marzo de 2014
3) Paritarias trimestrales.
3) No a los despidos.
4) No al trabajo en negro.
5) No a la plata en negro.

Adolfo Silvio Etchehun
Secretario General
Celular: (011) 155-185-8157
Email: silvioetchehun@hotmail.com

LA CRISIS DE LA DEUDA K

Por Héctor GIULIANO (9.2.2014).

 

La administración Kirchner, tratando de justificar sus pagos récords de deuda externa, argumenta frecuentemente que “este gobierno está pagando deuda que no contrajo”.

Como regla general, todos los gobiernos precedentes – directa o indirectamente – adujeron también el problema de la “herencia recibida” en materia de deuda (hasta el gobierno Videla, con el ministro Martínez de Hoz, lo llegó a invocar entre los motivos del Golpe Militar de 1976) pero todos tomaron después más deuda y dejaron al final de su gestión un stock de pasivos superior al que recibieron: 44.000 MD (Millones de Dólares) el Proceso, 62.000 MD Alfonsín, 122.000 MD  Menem, 145.000 MD De la Rúa, 173.000 MD Duhalde y 208.000 MD Kirchner (todos según cifras oficiales con redondeo).

Pero, independientemente de las excusas reales o de procedimiento, en el caso de la administración K no es tan cierto que haya estado pagando sólo deuda y costos financieros de otros gobiernos sino que a ello sumó además su propia deuda:

-        Porque aceptó los compromisos heredados sin cuestionar la legitimidad del endeudamiento público recibido y de esa manera lo hizo propio.

-        Porque aumentó su monto y complicó aún más el cuadro de dicho endeudamiento sin capacidad de repago del país.

-        Porque además se jactó de hacerlo, argumentando falsamente que ahora el problema de la deuda había pasado a un segundo plano porque el país se estaba “des-endeudando”.

Por ende, no es válido el intento del gobierno Kirchner de tratar de desentenderse de su cuota de culpabilidad en la actual crisis de Deuda después de haber aumentado y ocultado lo que heredó.

EL MEGACANJE KIRCHNER-LAVAGNA DE 2005.

La primera falsía vendida por el gobierno a la opinión pública (una falsedad no refutada por la clase dirigente argentina sino, por el contrario, reconocida por la partidocracia opositora y elogiada por los grandes medios de comunicación del establishment) es la mentira del éxito del Megacanje 2005-2010, cuya responsabilidad política fue indudablemente del presidente Néstor Kirchner pero su responsabilidad técnica y profesional fue del Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen.

El Megacanje 2005 fue presentado como el logro de una quita extra-ordinaria por la reestructuración de la deuda en default desde 2001 aduciendo una reducción de los montos negociados y, consecuentemente, del stock de la deuda pública; lo cual no era cierto:

a)    El canje se hizo sobre unos 82.000 MD de bonos elegibles, de los que fueron aceptados 62.000 (siempre, en números redondos, para simplificar su comprensión).

b)    Contra este monto de títulos rescatados se emitieron nuevos bonos por 35.000 MD, esto es, con una quita nominal del  43.5 % (27.000 MD).

c)    El Ministerio de Economía (MECON) dijo que el stock de deuda se había reducido con esta operación en unos 65.000 MD (producto de 192.000 contra 127.000 MD), lo que no era cierto porque el stock pre-canje no era de 192.000 MD – como decía el gobierno - sino de 173.000 y porque el stock post-canje no era de 127.000 MD – como consignaban los datos oficiales - sino de 147.000 MD (un saldo prácticamente igual al existente en el momento del default de 2001: 145.000 MD).

d)    El MECON abultó el stock de la deuda pre-canje incluyendo dentro de la misma 19.000 MD de intereses atrasados que no correspondía computar porque el devengamiento de los intereses se interrumpe al momento del default; y luego omitió en el stock post-canje el importe de los bonistas que no entraron en la operación (los holdouts), entonces de 20.000 MD.

e)    Pero además de esta presentación engañosa de las cifras sobre la baja del stock de la deuda, se ocultó la cuantificación de tres nuevos rubros asumidos por la administración Kirchner con las obligaciones del Megacanje: 1. Unos 12.000 MD de intereses capitalizados por anatocismo durante el decenio 2005-2014, 2. Ajustes por inflación de la deuda en pesos según coeficiente CER, que para los primeros años implicaba un aumento por indexación del orden de los 4.000 MD anuales, y 3. El pago de cupones ligados al PBI por valor de 30.000 MD (el 48 % de los bonos canjeados de 62.000 MD).

Por ende, el Megacanje Kirchner-Lavagna (que convalidó la deuda que estaba siendo investigada por la justicia proveniente del Plan Brady de 1992-1993 y del Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001 y su posterior conversión a Préstamos Garantizados) no fue un buen arreglo y, como agravante, fue presentado como el acuerdo que allanaría el regreso argentino al mercado internacional de capitales.

El primero que observó la inconsistencia básica de este Megacanje debido al peso de los nuevos rubros citados – particularmente los cupones PBI – y la desubicación de los fines del acuerdo negociado por el equipo Lavagna fue Javier Llorens, de Córdoba, que aparte de cuantificar la magnitud de las cifras reales comprometidas por la administración Kirchner destacó la contradicción en la esperanza de volver al mercado de capitales mientras quedaban afuera del canje tenedores por 20.000 MD (los holdouts), que iban a plantear sus reclamos contra el gobierno argentino impidiendo así el levantamiento completo de la situación de default.

Con el agravante que la capacidad de repago del Megacanje fue mal estimada y que por ello el cumplimiento del mismo – con el peso adicional de los 9.500 MD pagados luego por anticipado al FMI en Enero de 2006 y las obligaciones asumidas de recompra de deuda hasta el 2009 - entró en crisis muy poco después de su firma, lo que llevó a una serie de medidas de emergencia financiera, entre las cuales las más importantes fueron el intento de aumento de las retenciones sobre granos, la estatización de las AFJP y el uso de reservas internacionales para el pago de deuda externa.

Así, en el contexto del problema insoluble de fondo - que es la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina - fue el fracaso de este Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 la causa concreta que se vino arrastrando hasta desnudar la actual crisis de Deuda que sufre nuevamente nuestro país.

 

LA CUESTIÓN DE LA DEUDA INTRA-ESTADO.

Dada la falta estructural de capacidad de repago de la deuda pública y el problema generado por el Megacanje 2005, el gobierno Kirchner apeló al endeudamiento sistemático intra-sector público, es decir, a la toma de fondos públicos administrados por el Estado para poder sostener los pagos de la Deuda:

a)    Estatización de las AFJP, en Octubre de 2008, para traspasar el stock de títulos impagables en cartera de las mismas – que ya entonces representaban un 60 % del Fondo de la ANSES (sobre un total de 100.000 M$, Millones de Pesos) – alivianando así la atención de los vencimientos de capital e intereses por esa deuda con terceros (las AFJP, controladas por los grandes bancos y aseguradoras) pero comprometiendo la situación financiera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

b)    Política de pagos de la Deuda Externa con reservas internacionales del Banco Central (BCRA) – a organismos multilaterales de crédito y acreedores privados – con la consiguiente descapitalización progresiva del banco mientras se permitía la salida irrestricta de divisas fuera del país.

c)    Emisión masiva de dinero sin respaldo para reponer las reservas utilizadas en los pagos de la deuda en moneda extranjera (que el BCRA presta al gobierno), emisión de pesos para facilitar Adelantos Transitorios al Tesoro para atender también pagos de la deuda y otros rubros; y aumento de la deuda cuasi-fiscal del BCRA para esterilizar la mayor parte del dinero emitido, cosa que efectúa a través de la colocación de Lebac/Nobac.

d)    Derivación creciente de préstamos del Banco Nación (BNA) al Tesoro, con la colocación de títulos públicos en cartera (que hoy representan más del 45 % de su Activo), restando así márgenes de crédito destinados a la actividad privada productiva.

e)    Utilización generalizada y sistemática de fondos circunstancialmente disponibles tomados de toda una serie de otros organismos nacionales - AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc. – con el consiguiente engrosamiento de la deuda interna con el propio sector público.

f)    Manipulación de los índices de inflación del INDEC, desde el año 2007 – esencialmente el IPC – con el efecto consecuente de sub-indexación del CER, que se usa para la actualización de la deuda en pesos ajustada por inflación.

g)    Mantenimiento de una política de retraso cambiario como ancla anti-inflacionaria pero también como forma de ayuda para sostener el pago de los servicios de la deuda en moneda extranjera, que tienen que atenderse con la conversión de una recaudación fiscal en pesos.

La combinación de toda esta batería de políticas y medidas o acciones financieras por el gobierno Kirchner terminó agravando el cuadro de situación del endeudamiento argentino y desembocando en una nueva Crisis de Deuda.

La política de Deuda intra-Estado ha tenido por objeto abonar deuda pública con terceros – acreedores y organismos internacionales – traspasándole deudas sin capacidad de pago al propio Estado, con el agravante que no se trataba de fondos propios o compensables sino de dinero administrado por el Estado, como el caso del Fondo de la ANSES y de las reservas internacionales del BCRA (reservas que pasaron a comprarse con deuda cuasi-fiscal).

Esta política de “empapelamiento” del sector público con obligaciones impagables no sólo no contuvo el crecimiento de la deuda sino que, por el contrario, la deuda fue aumentando a un ritmo de más de 10.000 MD anuales (14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012).  

De esta manera, la Deuda intra-Estado terminó derivando en más deuda, en desfinanciamiento de la ANSES (que administra la plata de los jubilados) y en descapitalización del BCRA. Y además terminó también provocando más Inflación.

DEUDA PÚBLICA E INFLACIÓN.

La nueva Crisis de Deuda, que estalla este Verano de 2014, es la causa de la falta de divisas, del incremento de las tasas de interés y del aumento de la inflación.

El gobierno Kirchner habría llegado al límite de la Deuda intra-Estado: de la deuda en moneda extranjera, por el uso en gran escala de las reservas internacionales para el pago de deuda externa, amén de la facilidad irresponsable dada a la salida de divisas; y de la deuda en pesos por tope de los márgenes razonables de títulos públicos en cartera en manos de la ANSES, del BCRA, del BNA y de toda una serie de organismos nacionales.

La llamada política de des-endeudamiento – en realidad, política de traspaso de deudas impagables al propio Estado – terminó así lógicamente agotando sus posibilidades de financiamiento interno y generando mayor inflación por la emisión de dinero sin respaldo para recompra de divisas prestadas al gobierno para el pago de deuda externa y para darle adelantos transitorios al Tesoro en pesos con el mismo objeto: financiar el déficit fiscal provocado por la Deuda Pública.

El estrangulamiento en la disponibilidad de divisas se hizo más grave todavía no sólo por el perfil de vencimientos de la deuda externa pública sino también – y muy especialmente – por el de la deuda externa privada, que por acumulación de obligaciones comerciales y financieras suma actualmente más de 70.000 MD, en su mayoría vencidas.

Empezó entonces a pesar cada vez más la renovada presión de los grupos financieros del Club o Partido de la Deuda – ligados a la planificación de los ciclos de endeudamiento público de corto, mediano y largo plazo - para que el gobierno vuelva a los mercados internacionales de capital, es decir, para que vuelva a colocar deuda externa, con el argumento neo-liberal de que es más conveniente financiarse con deuda que con emisión monetaria.

Es parte de la trampa de Deuda Perpetua, que se replantea siempre sobre la falacia que no hay problema en seguir tomando deuda sin capacidad de repago mientras se puedan cubrir los intereses y vivir refinanciando las deudas por capital.

Que no es sino la trampa de la meta buscada con el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 y luego con la Hoja de Ruta Boudou, que propugna liquidar cuanto antes el problema de los holdouts y arreglar la deuda con el Club de París para volver al mercado internacional de capitales.

Y para ello se estaría forzando el acomodamiento pertinente de las principales piezas necesarias en el tablero financiero:

1. Presión devaluatoria controlada – es decir, sin abandonar el atraso cambiario relativo - para lograr una tabla cambiaria que garantice la relación peso-dólar a una paridad estable, para poder llegar así a cálculos más confiables de pago de las deudas existentes, de los pagos extra-ordinarios por arreglo de juicios con los holdouts y por anticipos al Club de París y, sobre todo, de aparente solvencia fiscal para tomar nueva deuda.

2. Acuerdos limitados de precios y salarios tratando de frenar los reclamos salariales con el argumento de una supuesta contención de precios, con el establecimiento de pautas de aumentos a futuro sin recupero de la pérdida de ingresos por desfase financiero y bajo amenaza de aumento del desempleo por las perspectivas de recesión económica.

La finalidad de estos acuerdos sería, en gran medida, una reedición de la mega-devaluación del 2002, tratando de contener aumentos de precios en sus niveles actuales – después de los adelantos generalizados ya producidos - y, especialmente, de usar dicho freno aparente de precios como argumento para limitar los incrementos de salarios a niveles inferiores a la devaluación, abaratando así los costos internos medidos en dólares.

3. Gran aumento de las tasas de interés locales – que tienen como piso de referencia las elevadas tasas de las Lebac/Nobac que coloca semanalmente el BCRA – para garantizar mayor rentabilidad bancaria, frenar el uso del crédito y ampliar el margen de ganancia por arbitraje de los capitales financieros que ingresen al país para aprovechar el diferencial de tasas bajo garantía de estabilidad cambiaria.

Este último punto es particularmente importante porque, unido a una mayor libertad en los movimientos de capitales, aumentaría el nivel de las reservas internacionales a la vez que acentuaría la dependencia de capitales financieros de corto y mediano plazo.

Sería el camino a la reedición de una experiencia ya sufrida en la Argentina en época del Proceso Militar y luego en la década menemista de los ´90, consistente en “alinear” tres elementos clave: 1. Estabilidad cambiaria con retraso relativo del tipo de cambio para facilitar la capacidad de repago de los servicios de la deuda externa (pública y privada), 2. Frenar la inflación interna con el aumento de las tasas de interés y la amenaza de mayor desempleo, y 3. Liberar el movimiento de capitales y volver a los mercados internacionales para colocar nueva deuda pública.

EN CONCLUSIÓN:

La crisis financiera que hoy vive otra vez la Argentina – traducida en inflación/devaluación, déficit fiscal y desequilibrio de la balanza de pagos – es consecuencia de la nueva Crisis de Deuda Pública.

Ésta es la verdadera causa de la crisis, una causa de fondo que la clase dirigente argentina se esmera en ocultar – oficialismo, oposición y medios de comunicación – y que constituye en la práctica una etapa más dentro de los ciclos de endeudamiento que se dan en nuestro país a través de sucesivos cambios de política financiera, sea a cargo de los mismos o de distintos gobiernos, siendo todos ellos funcionales al sistema de la Deuda, esto es, al procedimiento de refinanciaciones perpetuas.

Los grandes grupos de poder financiero internacional tienen la capacidad suficiente para planificar tales Ciclos de Deuda y los momentos de crisis son parte estos ciclos, como puntos de inflexión para el reacomodamiento de las piezas en el tablero y reapertura hacia nuevas formas de endeudamiento.

Los cambios a realizar para llegar a estas readecuaciones dentro de la política de Deuda Pública pueden darse dentro de una misma administración o en forma inter-temporal, es decir, a través de sucesivas administraciones, de forma que las modificaciones se obtengan por medio de otros actores políticos pero el resultado sea el mismo: más Deuda.

Como la Clase Política depende de los condicionamientos del Poder Financiero, las políticas de fondo subordinadas al Sistema de la Deuda Perpetua – pese a su influencia determinante - no entran en el debate público, ya que la regla de comportamiento es que “de la Deuda no se habla.”

A cambio de ese silencio se le permite a los gobiernos y al funcionariado de turno contar con una tolerancia de sus torpezas y desprolijidades, de sus violaciones a la normativa y a la lógica de las finanzas públicas y, en definitiva, al incumplimiento de los deberes de funcionarios del Estado.  

Luego, cuando los nuevos acuerdos de endeudamiento se instrumentan, los mismos son saludados por el establishment como un retorno a la racionalidad financiera, como una nueva reinserción de la Argentina en el Mundo y un consiguiente renacer de la “confianza externa”.

Es un estadio al que inexorablemente se vuelve por debilidad, ineptitud, corrupción y/o complicidad de los gobiernos y de la clase dirigente argentina.