martes, 29 de septiembre de 2015

 DIFUNDE Aurora Tumanischwili Penelón por FeTERA FLORES (Federación de
trabajadores de la energía de la República Argentina en CTA.) y CO-FUNDADORA DE
LA PLATAFORMA GLOBAL CONTRA LA GUERRA, sede en España, miembro del colectivo OJOS PARA LA PAZ..
Nieta de José Fernando Penelón, fundador del primer Partido Comunista de
América, creador y dirigente de la Internacional Comunista Sur Americana;
camarada y amigo personal de Lenin quien lo condecoró con el cargo honorífico
de Coronel del Ejército Rojo. DESE UN GUSTAZO ÉTICO INTRODÚZCASE Y NAVEGUE POR 
http://josefernandopenelon.blogspot.com.ar  su lectura le será inolvidable  


El Sábado, 26 de septiembre, 2015 17:16:21, Facundo <facundo_mmo2007@yahoo.com.ar> escribió:


Argentina: El cianuro llega al río

Francisco Olaso
25 de septiembre de 2015
Prisma Internacional

Buenos Aires (apro).- Las movilizaciones en la provincia de San Juan, a raíz del derrame de cianuro en la mina Veladero, han abierto una profunda grieta en el consenso de la población local frente a la actividad minera.

En Jáchal, la ciudad más cercana a esta mina de oro, los vecinos fueron alertados acerca del peligro de beber agua de red a las 22:00 horas del 13 de septiembre. Pero no fue a través de un comunicado oficial. Tampoco les dio aviso la operadora de la mina, Barrick Gold, que había detectado el derrame al menos 12 horas antes. El alerta fue disparado por un mensaje de texto que un operario de la mina envió a su propia familia.

Tanto el gobierno provincial a cargo del peronista José Luis Gioja, como la minera canadiense, pasaron del silencio inicial a minimizar la gravedad del hecho. El reconocimiento fue surgiendo de manera forzada y a cuentagotas. El 14 de septiembre, a través de un comunicado de prensa, Barrick Gold negó que la solución cianurada que se usa para separar el oro de la piedra hubiera llegado a los cursos de agua. El 16 de septiembre, sin embargo, cuantificó el derrame tóxico en 234 mil litros. El 23 de septiembre, el juez interviniente, Pablo Oritja, reveló a los medios que la compañía admitía que esta cifra se elevaba a un millón de litros.

El gobernador Gioja fue notificado del derrame por la empresa el mismo 13 de septiembre. Pero se dirigió a los vecinos afectados recién un día más tarde. Por entonces ya reinaba un clima de inquietud e incertidumbre y no quedaba una botella de agua mineral en ningún comercio. Los 20 mil pobladores de Jáchal no bebían agua de red ni se bañaban ni enviaban a sus hijos a la escuela. “Que la gente tenga absoluta tranquilidad porque fue una contingencia técnica que está totalmente controlada”, dijo el mandatario. Ese mismo día, sin embargo, se proveyó a tres localidades de la zona de agua mineral y se les recomendó no consumir agua corriente. Esto incrementó el temor y el descreimiento ante los comunicados del gobierno y de la empresa. Allí se repetía que “el incidente”, “la contingencia” o “el episodio” no acarreaban peligros para la salud humana.

El derrame de solución cianurada en los afluentes del río Jáchal, que atraviesa la ciudad homónima, pareció ser admitido de manera involuntaria o indirecta por Jaime Bergé, el presidente de la Cámara Minera de San Juan. El 14 de septiembre, Bergé dijo al diario El Zonda que la concentración de cianuro de la solución que se usa en la mina a cielo abierto era muy baja, y que te “podés tomar medio vaso y no hace nada”.

“Medio vaso… qué locura”, dice a Apro Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en comunicación telefónica desde San Juan. “Todas estas cosas no hicieron más que crear una enorme intranquilidad, que se convirtió en efervescencia –prosigue–. Yo hace mucho que viajo a San Juan, y acá la gente estaba muy apagada por la opresión minera, la hegemonía minera, que es muy grande. Esto ha abierto una brecha; es un punto de inflexión”, explica el abogado.

Por lo pronto, el 18 de septiembre, un tercio de los 20 mil habitantes de Jáchal se manifestaron bajo el lema “Si contamina no es progreso”. La población se encuentra en estado de movilización permanente. “La gente está reflexionando dónde está la riqueza minera, es decir, más allá del hecho puntual. Está pidiendo un plebiscito contra las mineras”, sostiene Viale.

El juez Pablo Oritja ha comenzado esta semana a tomar declaración indagatoria a diez directivos y empleados de la Barrick Gold a cargo de la mina. Busca determinar las causas y las responsabilidades del derrame en aguas de los afluentes del río Jáchal. El juez investiga si hubo “negligencia humana” en la rotura de una válvula, ya sea por desgaste o falta de mantenimiento. Se pregunta por qué estaba abierta una compuerta que debía estar cerrada y por qué falló el plan de emergencia. El juez ha extendido la suspensión de las actividades en la mina hasta nuevo aviso. La minera ha abierto una investigación interna y relevado la gerencia operativa de la mina en favor de personal llegado de Canadá.

Cuatro son en total las denuncias presentadas contra funcionarios de la Secretaría de Minería de la Nación, contra el gobernador Gioja y su secretario de Minería, y contra los responsables de la empresa Barrick Gold. La multinacional canadiense mantiene desde hace años excelentes relaciones con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El candidato oficialista Daniel Scioli, favorito para imponerse en las próximas elecciones presidenciales del 25 de octubre, ha anunciado que dará un gran impulso a la actividad minera, elevando la actual Secretaría de Minería al rango de ministerio.

Mitos

La mina Veladero es una de las minas de oro y plata más importantes de Argentina. En 2014 produjo 722 mil onzas de oro. Cuenta con reservas de 11.4 millones de onzas de oro. Es operada desde 2005 por Barrick Gold. Como mina a cielo abierto requiere de enormes cantidades de agua y de cianuro. Cuando acabe su vida útil, los residuos cianurados quedarán durante años sin tratar en un dique construido a 4 mil 200 metros de altura. Su propagación en el ambiente puede provocar lluvias ácidas. La filtración hacia las aguas subterráneas no puede descartarse.

“La megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de saqueo económico –sostiene Enrique Viale, quien es coautor del libro 15 Mitos y Realidades de la minería trasnacional en Argentina (Ed. El Colectivo, 2011)–. En todo el planeta, donde hay megaminería no hay un verdadero desarrollo socioeconómico pero sí gran conflictividad social y ambiental”, sostiene.

El abogado descree del mito de prosperidad minera. “En San Juan la empresa Barrick paga 1.7% del mineral que extrae –grafica–. Es un robo escandaloso. Y emplea menos del 1% de la población económicamente activa de la provincia y aporta en regalías menos del 1% del presupuesto provincial”.

Frente al derrame producido por Barrick Gold en Veladero, el gobierno de San Juan pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que realice un monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas, en el marco del convenio que tiene la provincia con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para auditorías externas en algunos emprendimientos mineros. El 18 de septiembre, la Unops inició la toma de muestras e investigación en los ríos Jáchal, Las Taguas y Blanco.

“La ONU no tiene órganos ejecutivos ni de control –objeta Enrique Viale–. La Unops es una cuasi consultora y una gran mentira. Dicen que necesitan un proceso muy largo de control para mantener sus honorarios. Ya había sido contratada por (el gobernador) Gioja para tratar de revertir su imagen. La gente no confía en eso, ni en el gobierno ni en la empresa. Jáchal está levantado como nunca antes en la historia”.

–¿Quién puede aportar en estos días información fidedigna? –se le pregunta.

–Nadie –dice el abogado–. Por eso la intranquilidad de la gente. Por eso la gente ha tomado sus propias muestras de agua, y las ha mandado a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, porque no confía en la Universidad Nacional de San Juan, que está absolutamente cooptada por el interés minero. En San Juan los tres poderes están cooptados por la Barrick. Eso genera una intranquilidad mayor.

“La Barrick primero dijo que no había nada, después admitió 15 mil litros, después 224 mil litros, ahora se trataría de un millón de litros de solución cianurada”, prosigue el abogado ambientalista. “Es cada vez más, y nosotros sabemos que pueden haber sido 2 millones de litros que terminaron en alguna de las dos cuencas de la provincia, la del río San Juan o la del río Jáchal. Una locura”.

Profundización

El juez Pablo Oritja sostuvo que se están haciendo una serie de peritajes a lo largo de la cuenca del río para determinar si existe daño ambiental y en qué grado. “Si hablamos de contaminación como el vertido de una sustancia peligrosa podemos decir que sí porque está constatado”, señaló el jueves 23 al diario La Nación.

El juzgador sostuvo que en la actualidad “no hay cianuro en el agua que pueda afectar a la salud de las personas, lo que no quiere decir que no pueda haber producido un daño ambiental en la cuenca”.

Hasta el momento, la justicia de la ciudad de Jáchal ha recibido dos denuncias y otras dos han sido presentadas ante la justicia federal de la provincia de San Juan. Algunos de los delitos que se investigan son el “envenenamiento de aguas”, la “propagación de enfermedades peligrosas”, el “encubrimiento” y el “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Yo no tengo mucha expectativa con la justicia”, dice Viale. Recuerda que cuando en 2010 se aprobó la Ley Nacional de Protección de Glaciares, que restringía el ámbito de acción de la actividad minera, la justicia federal de San Juan detuvo su aplicación a nivel local. “Otorgó una medida cautelar a Barrick en 20 horas, para que no se aplique la ley en la provincia”, explica Viale. En 2012, la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto esta medida.

El 23 de septiembre los senadores nacionales que integran la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron una sesión extraordinaria en la ciudad de San Juan, para “tomar conocimiento y participar de la evaluación del estado de afectación del ambiente provocado por el derrame de cianuro ocurrido en la mina Veladero”.

Desde el gobierno nacional rige el silencio. El candidato oficialista Daniel Scioli ya declaró que en caso de ser elegido presidente elevará el rango de la Secretaría de Minería a ministerio.

“La actividad minera tiene la capacidad de generar 30 mil millones de dólares en los próximos cuatro años y cientos de puestos de trabajo”, sostuvo Scioli durante el Seminario Internacional sobre Minería Sustentable que se realizó el 17 de julio último en el Centro Cívico de San Juan. “La minería sustentable es parte de la gran agenda del desarrollo nacional”, puntualizó.

“Creemos que se va a profundizar este modelo cualquiera de los tres candidatos que hoy tienen chance de ganar las elecciones –opina Viale, en referencia al oficialista Daniel Scioli, el conservador Mauricio Macri y el peronista disidente Sergio Massa–. Vemos un futuro complejo, con mucha conflictividad social, porque hay mucha resistencia en las poblaciones. En este momento hay siete provincias que tienen prohibiciones de este tipo de minería –sostiene–. Scioli les prometió mucha más minería a estas transnacionales mineras que tienen una historia negra en el mundo. Acá el discurso y el relato progresista estallan en pedazos”, cuestiona.

Por lo pronto, las poblaciones afectadas de San Juan han pasado de la “fiebre del oro” al pánico por la posible contaminación del agua. El debate abierto sacude los cimientos mismos en los que se erige la política minera. La Barrick Gold ha visto ya detenidas las obras de construcción de la mina de oro de Pascua Lama, un proyecto binacional argentino-chileno que se extiende entre la provincia de San Juan y la Tercera Región de Chile. En 2013, la Corte de Apelaciones de Copiapó en Chile ordenó paralizar totalmente el proyecto minero. Hizo lugar a la presentación de comunidades indígenas diaguitas del valle de Huasco, que acusaban a Barrick Gold de perjudicar los glaciares, contaminar recursos hídricos y afectar el derecho a la vida.

http://www.proceso.com.mx/?p=416462
 

SOMOS ANTICAPITALISTAS, PERO CON LOS BANCOS NOS PORTAMOS BIEN
El Socialismo “Financiero” latinoamericano


Más allá de las críticas y diatribas contra el capitalismo y contra la globalización impulsada por el mal llamado neo-liberalismo (que en realidad es un neo-imperialismo), en su gran mayoría los gobiernos latinoamericanos auto-promocionados como progresistas han sido socios y benefactores del poder financiero angloamericano que domina e impera en la economía mundial.
En una nota anterior (“Rockefeller y el Che, ¿un solo corazón?”) destacamos la concordancia política que se ha institucionalizado entre el mencionado poder, comandado por la corporación Rockefeller como coordinador y aglutinante de las empresas multinacionales que logran grandes ganancias en sus operaciones comerciales con los países iberoamericanos, y los mencionados gobiernos que se presentan como críticos feroces del capitalismo y reivindican un “socialismo” que en muchos casos respeta a rajatabla la matriz económico-financiera especulativa impulsada a nivel mundial durante las décadas ’80 y ’90.
El acuerdo y la concordancia no han sido solamente políticos, sino también económicos y financieros. Por ejemplo, tal como destaca una nota publicada por la agencia Bloomberg en marzo de 2013, los bonos internacionales emitidos durante los 14 años de gobierno del fallecido comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela produjeron a los inversores un 692% de rendimiento (Juan Barreto, “Nicolás Maduro. Con Chávez, su mentor, Venezuela nunca incumplió un pago”,Clarín, 10 de marzo de 2013). Destaca la nota que en esos años el ex presidente venezolano nunca incumplió un pago de esos bonos, lo cual “produjo retornos de más del doble del promedio regional”. La ganancia obtenida fue equivalente a un 14,7% anualizado, “mayor a la de los países con grado de inversión como Brasil, cuya deuda rindió un 656%”, y superó “promedio del 370% del mercado de emergentes durante ese período”. En definitiva, el socialismo bolivariano del siglo XXI hizo muy buena letra y cumplió a rajatabla con el poder financiero angloamericano globalista, definido por Alfredo Jalife Rahme como “los Amos del universo”.
También el ex dirigente sindical y líder del Partido de los Trabajadores brasileño, Ignacio Lula da Silva, y su sucesora, la ex combatiente marxista Dilma Roussef, han sabido ser generosos con el poder financiero internacional en su relación con Brasil, en sus gestiones como presidentes. El sector bancario ha sido el más beneficiado con las políticas económicas implementadas en el país hermano por los gobernantes “socialistas”. Según el periodista y analista Dan Horch, “los beneficios anuales combinados de los cuatro bancos más grandes del Brasil han crecido más del 850%, de 2.100 millones de dólares a más de 20.000 millones, en los 12 años del Partido de los Trabajadores gobernante” (Dan Horch, “In Good Times or Bad, Brazil Banks Profit” [En los buenos o malos tiempos, los bancos en Brasil ganan], New York Times, 14 de agosto de 2015).
En el mercado de créditos, excluidos los préstamos subsidiados por el gobierno, los consumidores brasileños pagan en promedio un 58% de interés, mientras que las empresas pagan un 27,5% por el dinero que piden prestado. La brecha entre el interés que los bancos pagan para atraer capitales y el interés que cargan en los préstamos que otorgan es del 30% en promedio.
Cuando Lula da Silva asumió la presidencia, en el año 2003, los cuatro bancos más grandes tenían “el 53% de los activos totales del sistema bancario”, mientras que en la actualidad “tienen más del 70%”, obligando a muchos de los bancos más pequeños operan “sólo en segmentos limitados del mercado”. Por otra parte, la deuda del sector privado “se ha elevado a casi el 70% de la economía, del 30% que abarcaba cuando Lula da Silva asumió su cargo” en el 2003.
También nuestro país se ve infectado por este servicio que el progresismo brinda a los bancos nacionales e internacionales. Si entre el 2001 y el 2005 los bancos acumularon un quebranto de casi 23.600 millones de pesosentre el 2006 y el 2011 esos mismos “quebrados” obtuvieron una ganancia de casi 32.000 millones de pesos. Casi un tercio de este total lo lograron los bancos en un solo año, el 2010 (Javier Blanco, “la banca argentina cerró su mejor año en toda la década”, en La Nación, 8 de enero de 2011). En el año 2014 los bancos lograron una ganancia de 45.937 millones de pesos en comparación con el año anterior, es decir, un 57,6%. Los patrimonios netos de los bancos en Argentina se elevaron de $ 41.380 millones en el año 2008 a $ 168.134 millones en el año 2014. El retorno obtenido sobre el capital fue de 7 puntos en el año 2005 y se fue incrementado sin parar, hasta llegar a 32,7 puntos en el 2014, es decir, aumentó 4 veces y media (Juan Pablo de Santis, “el 2014 fue un buen año para ser dueño de un banco privado en Argentina”, en La Nación, 4 de marzo de 2015).
Este festival de negocios de los bancos en Argentina está amparado por la vigencia ininterrumpida, durante más de 38 años, de la Ley de Entidades Financieras n. 21.526/77 sancionada por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz el 14 de febrero de 1977. Es decir, la elevada rentabilidad financiera y bancaria en Argentina está amparada por la vigencia de una ley del Proceso de Reorganización Nacional. ¿No resulta llamativo y raro que el gobierno auto-proclamado como el más transformador de nuestra historia se sustente en leyes de la dictadura cívico-militar de 1976, sobre todo en el campo económico-financiero, vital para el desarrollo de un país? A partir de 1943, entre otras medidas de carácter revolucionario, Perón y el GOU impulsaron la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización del Banco Central y la nacionalización de los depósitos bancarios, para sustentar la independencia económica de nuestra Patria. Por el contrario, los gobiernos democráticos posteriores al Proceso mantuvieron la matriz económico-financiera impuesta por José A. Martínez de Hoz y sus Chicagos boys, a punta de bayonetas. Curiosa contradicción: el auto-titulado “proceso más transformador de la historia argentina” se sustenta en las leyes de la sangrienta y servil dictadura de 1976. Es que, muchachos, no hay que exagerar, ni ser tremendistas ni pasarse de rosca: la “revolución” debe hacerse sin molestar ni perjudicar en lo más mínimo al imperialismo internacional del dinero.  

 
José Arturo Quarracino                                        Juan Carlos Vacarezza
Sub-coordinador general                                       Coordinador general



La Olmos

jueves, 10 de septiembre de 2015

EL DEFAULT DE LA DEUDA INTRA-ESTADO.
Por Héctor GIULIANO (9.9.2015).

Oficialismo, oposición política y grandes medios de comunicación repiten a coro y constantemente que la Argentina se ha venido des-endeudando bajo la administración Kirchner pero esto no es cierto y tales afirmaciones configuran un grosero engaño a la opinión pública y, consecuentemente, al pueblo argentino.
Este mito del des-endeudamiento viene a caballo de la política sistemática seguida por la administración K de pago de la deuda con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – mediante recursos tomados de casi todas las cajas del Estado, contra entrega de títulos públicos que actúan como “vales de caja” sin capacidad de repago.
Todos se jactan de un supuesto des-endeudamiento pero lo que ninguno dice – clase política, medios y economistas del establishment – es quién, cuándo y cómo va a devolver esta enorme masa de dinero a los organismos del Estado que han sido “empapelados” con bonos impagables; con el agravante que tales entes no le han prestado ni le prestan al Tesoro fondos propios sino fondos administrados que son de terceros: fundamentalmente dinero de los jubilados de la ANSES, reservas del BCRA y depósitos del BNA.   
EL MITO DEL DES-ENDEUDAMIENTO.
La Deuda Pública del Estado Central ha venido aumentando durante la gestión K a un promedio de 10.000 MD[1] por año.
Según datos del Ministerio de Economía (MECON) la deuda era de unos 150.000 MD (152.600) al momento de la asunción de Néstor Kirchner - mediados del 2003– y llegaba a los 233.200 al 31.12.2014 (último dato oficial): 221.700 MD de deuda performing o con cumplimiento del pago de intereses y 11.600 MD por bonos no presentados al megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 (Holdouts).
A esta cifra, empero, hay que sumarle la deuda no computada de los cupones ligados al PBI – entre 10/15.000 MD – y los excedentes estimados a pagar a los holdouts por los juicios perdidos en Nueva York y diversas jurisdicciones del mundo, que agregarían otros 10/15.000 MD por concepto de sentencias y arbitrajes, intereses acumulados, punitorios, honorarios y gastos.
Contando estos dos rubros (20/30.000 MD) y las nuevas obligaciones que se vienen colocando durante el corriente año a través del nuevo “festival de bonos” en curso  la Deuda Pública estaría actualmente en el orden de los 260.000 MD o más.
Sin considerar aquí el total de intereses a pagar en el futuro, que según el MECON es de 75.000 MD pero que en la práctica constituye una suma permanente y creciente porque la totalidad de los vencimientos de capital se cubre íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones de deuda) y además se toma deuda adicional.
El año 2014 el stock de la deuda pública aumentó en 19.000 MD y para el corriente ejercicio - según Presupuesto 2015 - está previsto que la deuda aumente en otros 18.000 MD.
Por eso decimos:
a)    que no es cierto que la Argentina se esté des-endeudando porque la deuda pública sigue aumentando fuertemente,
b)    que el país no se ha liberado del problema de la deuda porque continúa bajo la trampa de deuda perpetua – por refinanciación sistemática de sus vencimientos de capital y por la continua toma de más deuda – y
c)    que la administración K, después de más de diez años de gestión, ha venido batiendo récords de pago de servicios de la deuda con terceros no para independizarse del sistema de endeudamiento estructural que padece nuestro país sino para volver a endeudarse en el mercado local e internacional de capitales.
Y el gran instrumento para viabilizar este proceso de re-endeudamiento es la Deuda intra-Sector Público o Deuda intra-Estado.
LA DEUDA INTRA-ESTADO.
El 61 % de la deuda del Estado Central – 136.000 MD sobre la deuda performing oficial de 221.700 – está en manos del propio Estado.
Esto es así porque la administración Kirchner adoptó la política de pago de la deuda con terceros utilizando fondos que saca de toda una serie de organismos públicos.
En el caso argentino y bajo el gobierno K los principales prestamistas del Sector Público son tres:
  1. El Banco Central (BCRA), al que el Tesoro Nacional le debe hoy 90.000 MD por concepto de Títulos Públicos y de Adelantos Transitorios (59.000 en dólares y 31.000 en pesos respectivamente).
  2. La ANSES – que no tiene fondos propios sino que administra la plata de los jubilados – que tiene más del 64 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Previsional prestado al Gobierno.
  3. El Banco Nación (BNA), cuya finalidad primaria es prestar al sector privado productivo pero tiene aproximadamente la mitad de su cartera de créditos prestada al Estado (en préstamos y títulos públicos).
Pero además de estos tres organismos toda una larga serie de otros entes públicos viven prestándole dinero al gobierno[2]:
a) AFIP-Administración general de Ingresos Públicos, b) AGP-Administración general de Puertos, c) BICE-Banco de Inversión y Comercio Exterior, d) CMEA, e) CAMMESA-Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., f) IAF-Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, g) INDER-Instituto Nacional de Reaseguros, h) Lotería Nacional, i) FFSIT-FF (Fondo Fiduciario) Sistema de Infraestructura de Transporte, j) FFRH-FF Recuperación Hipotecaria, k) ENARSA-Energía Argentina SA, l) FFFIR-FF Federal de Infraestructura Regional, m) FAH, n) FFRE-FF de recuperación  de Empresas, o) FFRH-FF de Recuperación Hipotecaria, p) FFPEV-FF para eliminar la Violencia, q) INDER-Instituto Nacional de Reaseguros, r) PAMI-Programa Asistencial Médica Integral (!), s) PROCREAR-Programa de Crédito Argentino, t) SRT-Superintendencia de Seguros de Trabajo, y otros entes públicos y/o semi-públicos.
Estos préstamos de la Deuda intra-Estado usualmente se hacen contra letras/bonos que en la práctica equivalen a desvíos de fondos de sus destinos específicos y  no tienen capacidad de repago demostrada.
Es decir, que son un “paga-Dios” que sirve para cubrir vencimientos que son así traspasados al Fisco por vía de operaciones de rescate o recompra de las obligaciones con terceros sin posibilidad alguna de restitución de esos fondos prestados.
El grave problema de la descapitalización y desfinanciamiento producido por toda esta masa de obligaciones impagables intra-Sector Público – un desequilibrio fiscal estructural que se cubre con refinanciaciones permanentes - es abiertamente soslayado por la clase política – oficialismo y oposición – por la clase dirigente en general y por los economistas del establishment en particular.
PROYECCIONES Y PERPECTIVAS.
Tener deuda interna e intra-Estado, en lo inmediato, obviamente es mejor que tener deuda externa con terceros, pero ello no elimina la cuestión de fondo del re-endeudamiento y toma de nueva deuda sin capacidad de repago (con el sector público y con el sector privado), sobre todo si se tiene en cuenta cuál es el objetivo final de este macro-sacrificio de recursos y activos financiero-fiscales.
Es el símil de un préstamo coercitivo u obtenido bajo presión a familiares o amigos para pagarle obligaciones a un tercero, con el agravante ya citado que el Tesoro se está apropiando así de fondos que no son propios del Estado y que tienen finalidades o destinos diferentes al pago de la Deuda Pública.
La cuestión de la Deuda intra-Estado no es neutra – no se trata de un “pagaré” donde acreedor y deudor son la misma persona y, por ende, su falta de cumplimiento o default no tiene consecuencias sobre las Finanzas Públicas: es plata que se tiene que devolver.
El costo financiero de la Deuda intra-Estado conlleva la descapitalización del BCRA, el desfinanciamiento del sistema previsional que administra la ANSES, la merma de créditos prestables al sector privado productivo por parte del BNA y un sistemático desvío de fondos presupuestarios de sus destinos específicos.
La presidenta CFK – en su discurso del 26.8.2014 (donde auto-calificó la gestión Kirchner de “pagadora serial”) – dijo que en el decenio 2003-2012 la Argentina pagó 173.700 MD a sus acreedores.
Pero la deuda pública, pese a tales pagos, no bajó en relación al stock existente al inicio de su gestión sino que, por el contrario, aumentó fuertemente durante el período.
La explicación de este “fenómeno” – saldo inicial de 150.000 MD al 2003 menos 174.000 MD de pagos de la Deuda durante 10 años contra saldo final de 233.000 MD (ó 260.000) al 31.12.2014 - muestra claramente que todos esos “pagos” fueron en realidad cancelaciones efectuadas íntegramente con nuevas deudas – pagando “deuda con deuda” – tal como se sigue haciendo hasta la fecha en forma sistemática (exactamente al revés de lo que dice el ministro Kicillof), a la vez que se toma deuda adicional.
Esta utilización masiva de la Deuda intra-Estado ha venido siendo realizada por la administración Kirchner para cumplir escrupulosamente la Deuda Pública con Terceros a costa de traspasarle las obligaciones impagables al Fisco: algo así como ofrecerle a los acreedores el ideal de que el deudor – en este caso, la Argentina – se “trague” su propia deuda (vía rescates o recompras); cosa que la administración K fue instrumentando todos estos años a través del sistemático pago de obligaciones en moneda extranjera con reservas internacionales del BCRA y pagos de obligaciones en pesos con toma de fondos contra colocación generalizada de títulos dentro de la Administración del Estado.
El des-endeudamiento con terceros vía transferencia del grueso de la deuda al propio Estado deudor deja abierta, a la vez, la posibilidad – una “posibilidad” que ya se está ejecutando - de una reducción parcial y gradual de la misma aunque no por cobertura o cumplimiento sino al contrario, por su licuación e impago:
a)    A través de la renovación permanente de las obligaciones intra-estatales a su vencimiento – con bajas tasas de interés o directamente sin intereses - y/o practicando condonaciones parciales.
b)    A través de la licuación de la Deuda en Pesos ajustada por CER – que está en manos de la ANSES – de modo que por sub-indexación de tales ajustes esa deuda intra-sector público tenga una reducción progresiva tanto en su valor real como expresada en dólares (conforme a la metodología internacional).[3]
c)    Paralelamente, el diferimiento de la aplicación de la movilidad jubilatoria del 82 % y la muerte de jubilados/pensionados – con el consiguiente ahorro de pagos y retroactivos (directamente vinculados a la edad de los beneficiarios) - también iría descargando con el tiempo gran parte de la Deuda intra-Estado de y con la ANSES.
Este mecanismo no eliminaría totalmente la deuda intra-sector público pero atenuaría su peso vía licuación e impago de compromisos, sirviendo así funcionalmente, en la práctica, como “préstamo-puente” para – descargando obligaciones con terceros – volver a tomar nueva Deuda Externa.
La clave de toda esta operatoria reside entonces en que ahora la mayoría de la deuda del Estado Central es Deuda intra-Estado, que dicha deuda traspasada es impagable y que merced a este mayúsculo “desagote parcial” de obligaciones con terceros a costa del desfinanciamiento público la administración K y el nuevo gobierno electo quedan cada vez más en condiciones de lograr el objetivo del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou del 2008, consistente en retornar al mercado internacional de capitales, precisamente para volver a endeudarse.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 9.9.2015
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2015 09 09 DP INTRA-ESTADO.




NOTAS:

[1] Las siglas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos y se expresan siempre con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
[2]  No se incluye aquí – aclaración muy importante - el total de la Deuda Pública Nacional, que comprende también las deudas de Provincias/Municipios, Empresas Públicas/Organismos Nacionales/Fondos Fiduciarios (FF), Banco Central (BCRA) y juicios contra el Estado con sentencia en firme; cuyo monto consolidado no se conoce porque no es informado por las autoridades.
[3] Por definición, toda devaluación del peso – sea por minidevaluaciones graduales (como en la actualidad) o por macro-devaluaciones (como en Enero de 2014) -    implica una licuación o reducción del valor de las obligaciones en moneda local expresadas o computadas en dólares.
Hoy – datos al 31.12.2014 – el 35 % de la deuda performing (222.000 MD) está en pesos (equivalente a 78.000 MD) y el 65 % está en moneda extranjera (144.000 MD), de modo que la “licuación” de la deuda en pesos por esta vía ha tenido una fuerte incidencia al atenuar el monto del incremento anual de la deuda pública total.
El año pasado – siempre según la información del MECON para el cierre del 2014 – el aumento de la deuda durante el ejercicio fue de 37.400 MD (40.100 MD de nuevo financiamiento menos amortizaciones/cancelaciones por sólo 2.700 MD) pero la disminución producida por la devaluación sobre la deuda en pesos fue de 15.300 MD (16.400 agregando ajuste por CER y otros conceptos menores), de modo que el aumento de la deuda resultante quedó así en 19.000 MD. 

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Tragedia de Once: pidieron 15 años de prisión para Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi

Lo solicitó la querella que representa a la familia de Lucas Menghini Rey. El lunes habían pedido 22 años para el maquinista
La querella que representa a la familia de Lucas Menghini Rey, uno de los 51 muertos de la tragedia de Once, pidió este martes 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por los delitos de "estafa" y "descarrilamiento culposo".

En contraste con las otras dos querellas que este lunes sólo pidieron la prisión para el maquinista Marcos Antonio Córdoba, el tío de la víctima y uno de los abogados de la denominada querella número 3, Leonardo Menghini, analizó que los 29 acusados son responsables de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

El letrado consideró que todos "tuvieron por su acción o por omisión el dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012", en la estación terminal de la línea Sarmiento. En su alegato, Menghini afirmó que Schiavi y Jaime "eran funcionales a la actividad económica de TBA" porque había "falta de control por parte de los funcionarios que debían controlar". También solicitó 18 años de prisión para el ex dueño de TBA Sergio Claudio Cirigliano.

Leila Leyva, otra abogada de la querella 3, denunció que los acusados en el juicio "arreglaban" con los testigos sus declaraciones "en el baño de caballeros" de los tribunales de Comodoro Py y que "lo hacían sin importarles quién escuchaba".

En la ronda final de los alegatos de las querellas, la perteneciente a Lucas Menghini se diferenció de las otras dos, que este lunes ante el Tribunal coincidieron en solicitar la pena de 22 años de prisión para el maquinista Córdoba, pero dejaron fuera al resto de los acusados. Al finalizar esta etapa, será el turno del fiscal de juicio Fernando Arrigo, quien, según indicaron fuentes del caso, podría extenderse durante al menos cuatro audiencias para formular su pedido de penas.