miércoles, 26 de marzo de 2014

La deuda interna


Una vez más, el conflicto docente que posterga el inicio del año escolar, además de los justos reclamos de los educadores, expresa la incapacidad del gobierno nacional en resolver las necesidades fundamentales del país -educación, justicia, bienestar- en pos de cumplir con las demandas de los acreedores externos. La discusión paritaria así lo demuestra: mientras el salario mínimo, vital y móvil ascendió de 510 pesos en 2005 a $ 3.600 en 2014, el salario inicial docente pasó de 700 a 3400 pesos, lo que significa que siendo en 2005 superior en un 40% al SMVM hoy esa proporción se degradó resultando el salario docente un 7% inferior al salario mínimo.

Aun partiendo de la base que el salario mínimo vital y móvil es un valor de referencia, un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la tendencia general de los salarios mundiales observó que la relación entre salario mínimo y medio es bastante variable, pero la situación más frecuente es la fijación de un ingreso mínimo que representa un 40 por ciento del haber medio. Sin embargo, esta relación no es la que refleja la evolución del salario docente. Lejos de acompañar la evolución del SMVM y mucho más lejos de los promedios que publica el Ministerio de Trabajo para el sector privado, en la actualidad el salario inicial de un docente está por debajo del mínimo vital y móvil.

Pero, claro, siendo parte esencial de la negociación, la cuestión salarial docente constituye la punta del iceberg de un sistema jaqueado por la ineptitud de los funcionarios que, en vez de correr tras los acontecimientos, debieran planificar de antemano qué hacer con uno de los pilares esenciales del desarrollo nacional: la educación argentina. En ese sentido, cabe recordar que el valor del salario no sólo se fija en virtud de la satisfacción de las necesidades del trabajador sino también al reconocimiento de la labor que desempeña acorde a sus capacidades. Ello significa que la calificación de la tarea docente debe ser retribuida de acuerdo al rol social que históricamente cumplen maestros y profesores en todo nuestro país.

Pues bien, el conflicto planteado podría ser solucionado si los gobernantes comprendieran la necesidad -largamente postergada- de recategorizar la tarea docente, entendiendo que son los maestros capacitados los protagonistas del cambio y la mejora en la calidad educativa que el Estado Nacional debiera procurar y garantizar en nuestras aulas.

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su artículo 28 -referido a la jornada extendida de la escolaridad obligatoria- y en el 32 - respecto a la concentración de las horas cátedra de los/as profesores/as- modificaciones sustanciales en pos de mejorar la calidad educativa, tanto en cuanto a los logros de los aprendizajes por parte de los alumnos, como a la necesaria mejora de las condiciones laborales de los docentes para lograrla. En el mismo sentido, en el artículo 67, entre los derechos de los docentes se enuncian el de la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera; el desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene; el mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente; y un salario digno.

De acuerdo al informe del CIPPEC de 2013 sobre el cumplimiento de las metas educativas, estos aspectos son justamente los que han quedado más postergados. Son, también, los que aunan el reclamo de los docentes y de la comunidad educativa en general. Al relacionar la evolución del salario docente con el particular retraso en el cumplimiento de estos artículos de la Ley, resulta evidente que en materia educativa la década ganada tiene una cuenta pendiente.

La diputada nacional de Proyecto Sur-UNEN fija su posición sobre el conflicto docente.
Alcira Argumedo (INFOSUR)

Formosa tierra de nadie y una guerra no declarada contra los Wichí


En estos momentos miembros de una comunidad del pueblo originario Wichí en la provincia de Formosa están siendo amenazados por una acción de venganza de las fuerzas policiales y temen el robo de órganos de un niño herido por balas de la policía. “Nos estamos preparando para una represión” , dice Agustín Santillán, referente Wichí en la región de Ingeniero Juárez en el noroeste de la provincia.


Los miembros de la comunidad son testigos de un crimen policial cometido el viernes pasado cuando efectivos balearon a niños Wichí que se encontraban tranquilamente sentados en la vereda. Tres niños resultaron heridos, entre ellos uno de 11 años a quien alcanzó una bala de plomo. Según se pudo reconstruir y documentar, hubo una cacería a lo largo de unos cien metros hasta que el niño tropezó. Por hablar sobre este hecho con la prensa ahora los testigos están amenazados. El niño herido gravemente está internado con fuerte custodia en el hospital de Formosa Capital. “Su herida no para de sangrar”, dice Santillán.

“Así pasa siempre”, dice un testigo, “los insultan a los chicos aborígenes, que no hacen nada. Les dicen indios de mierda y cuando los chicos responden los atacan.”

El tiroteo forma parte de la violencia generalizada contra los originarios Wichí y la región de Ingeniero Juárez está en un estado de una guerra no declarada contra la población originaria. Esto se pudo averiguar en los últimos días cuando, desde el jueves 19 de marzo hasta domingo pasado, unos treinta voluntarios de la organización “Enfermeros de Asistencia Humanitaria” (ENASHU) de Buenos Aires estaba en el lugar para brindar atención médica a las comunidades. Esta intervención de enfermeros y médicos se convirtió en una expedición en tierra de nadie y los integrantes fueron testigos de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Como “un sistema de apartheid”, lo calificó el líder y fundador de ENASHU, Tano Boggiano. “Oficialmente no hay una guerra civil en Argentina, pero los aborígenes sí sufren las condiciones de una guerra.” Estas palabras cobran relevancia especial tomando en cuenta que Boggiano participó de acciones de ayuda humanitaria en África en los años noventa. El grupo de voluntarios, que este autor acompañó, fue amenazado por la policía y por el gobierno provincial.

Según varios testigos los niños Wichí fueron baleados el viernes pasado a las 20:30hs. Un grupo de unos cinco niños Wichí del Barrio 50 Viviendas de Ingeniero Juárez se había sentado en la vereda de la Plaza Juan D. Perón. Un testigo cuenta que un patrullero que estaba circulando la plaza pasó tres veces delante del grupo de jóvenes apuntándolos con un arma. “Los chicos no hicieron nada. Cuando el patrullero pasó por cuarta vez los policías tiraron”, dice el testigo. “Apenas para el coche un policía sale y tira”, dice otro testigo. “Primero tiraron con balas de goma, después con balas de plomo calibre 38.” (ver fotos) Se encontraron cartuchos de balas de goma cerca de la vereda donde se habían sentado los chicos. Las balas de plomo se encontraron en el interior de la plaza, cerca de una pileta vacía. “Los chicos trataban de escapar hacia el interior, porque allá no hay luz”, dice un testigo. En el borde de la pileta y en su fondo se pudieron encontrar manchas de sangre, prueba de una verdadera cacería de niños. (ver fotos) Según datos consistentes de los testigos, el herido por bala de plomo en la rodilla es un niño Wichí de 11 años y otros dos chicos fueron alcanzados por balas de goma.


Esta agresión no es un hecho aislado. En las noches de Ingeniero Juárez cada quince minutos se escucha las detonaciones de balas y hay represión policial y de infantería a mansalva. Y aún más, otros crímenes se pudieron observar solo en los últimos días: Por ejemplo, varios referentes y caciques Wichí informaron del caso de una joven mujer y su bebé recién nacido del Barrio Palo Santo. Por complicaciones médicas del bebé ambos fueron trasladados al hospital de la Capital de Formosa, unos 500 kilómetros de Ingeniero Juárez. Pero aunque la mujer no tenía problemas de salud diagnosticados fue devuelta a Ingeniero Juárez muerta y sin sus ojos. Ercilia Agüero, cacique de una comunidad del Barrio Viejo en Ingeniero Juárez declara, “y no se sabe, donde está el bebé. Es desaparecido.” Los caciques cuentan que muchas veces pacientes desaparecen cuando están traslados hacia Formosa Capital. El tráfico de es un fenómeno común en la provincia. Es por hechos que se temen ahora por la vida del niño baleado y internado en el hospital de la capital.

Las amenazas por las instituciones del estado llegaron hasta el grupo humanitario de ENASHU. El primer día, la directora médica encontró en la puerta de su habitación un sándwich mohoso con una carta “Bienvenidos al hotel” mientras efectivos de la policía estaban apostados en cada esquina alrededor del hotel. El sábado en la noche pasó la camioneta de la infantería por delante del lugar que los voluntarios tenían como base “con uniformados de infantería disparando balas de goma a la pared de enfrente”, cuenta Boggiano. Asimismo a las siete de la mañana, funcionarios de alto rango del gobierno de la provincia fueron trasladados en helicóptero a Ingeniero Juárez para frenar la intervención humanitaria. “Solicitaron mi presencia como líder del grupo para manifestarme que deberíamos irnos. Me amenazaron directamente con un proceso penal por tráfico de medicamentos.” A Boggiano lo acusaron de no haber comunicado por escrito la visita “a pesar de que 30 días antes en persona me dirigí al Director del Hospital de Juárez para avisar con anticipación”. La comitiva estaba conformada por el Director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Humano; una Farmacéutica de alto rango del mismo ministerio, un secretario y el mismo Director Médico del Hospital de Ingeniero Juárez. Por la intervención del gobierno provincial se demoró la campaña humanitaria por cinco horas, “ese retraso significa que una gran cantidad de gente quedó sin atención”, dice Boggiano.


Aparentemente, el gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán trató de ocultar la precariedad y la pobreza extrema que vive el pueblo originario Wichí: los vientres de los niños están hinchados por el hambre y los parásitos, las mujeres tienen cabellos rubios por la desnutrición, en unas comunidades que fueron atendidos por el grupo ENASHU siete de cada diez personas tienen tuberculosis, y el Mal de Chagas llega a tasas de casi cien por ciento. Las familias viven en taperas con techo de tierra, las casas de material están entregadas sólo en calidad de pago político, los pozos de agua están contaminados, el agua potable está regateada como pago por obediencia. En muchas comunidades del interior de la región el camión trae agua solo una vez por mes y a veces no llega. En la comunidad Pocitos unos 50 kilómetros de Ingeniero Juárez, que fue atendida por ENASHU el viernes pasado, gran cantidad de niños no tenían ropa. Cuando los enfermeros les ofrecieron caramelos, los niños los agarraron con manos temblorosas y los comieron con el papel sin desenvolverlos, para ellos no eran golosinas sino que se trataba de la primer comida en días.

Stefan Biskamp (ANRED)

La CGT y la CTA opositoras convocan a un paro nacional para el 10 de abril


Las CGT opositoras al Gobierno fijaron hoy para el jueves 10 de abril el paro nacional en contra de la Casa Rosada, que será "sin movilización y sin acto central".

Así lo resolvieron este mediodía durante un plenario encabezado por Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo, y Luis Barrionuevo, quien lidera la CGT Azul y Blanca.

Durante el encuentro, realizado en la central de la calle Azopardo de esta Capital, se confirmó la fecha del jueves 10 y que la jornada será "sin movilización y sin acto central", con la participación también de la CTA opositora y de los gremios de la UTA (transporte público) y La Fraternidad (maquinistas de trenes), sindicatos que, en lo formal, integran la CGT afín al Gobierno. 

Gira de Massa a EEUU: política, Congreso Judío y financieras

El diputado viajará a ver a funcionarios, líderes religiosos y empresariales.


El diputado Sergio Massa -posible candidato presidencial para el 2015- ya está listo para iniciar su tan anunciada agenda norteamericana esta semana.
La gira se inicia con una reunión el lunes en el Departamento de Estado donde será recibido por Ricardo Zuñiga (asesor del presidente Barack Obama para Latinoamérica) y la Subsecretaria para la región Roberta Jacobson. A la misma se sumará Luis Areaga de la DEA. Massa luego tendrá encuentros con autoridades del Banco Mundial.
El martes Massa tendrá una presentación en el Diálogo Interamericano y un almuerzo conexpertos del Banco Mundial sobre temas de salud y educación. Por la tarde estará en el Capitolio conversando con el Congresista Matt Salmon, republicano de Arizona, miembro del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
El miércoles Massa será recibido por el Secretario General de la OEA; José Miguel Insulza. También visitaría el Museo del Holocausto y tendría una reunión en el Atlantic Council. El diputado además tendrá encuentros con la prensa local, como el diario Washington Post y la señal CNN.
El jueves parte hacia Nueva York donde tendrá una reunión en el Council de las Américas con el exAlcalde de la ciudad Rudolph Giuliani. También tendrá un encuentro con Jack Rosen del Congreso Judío norteamericano. También visitará las oficinas del Morgan Stanley.
El viernes estará en el Congreso Judío Mundial y también tendrá una charla en el CFR (Council of Foreign Relations) y con su presidente Richard Haass. Luego tendrá un encuentro en el JPMorgan, un encuentro en el Credit Suisse y en el Roubini Global Economics.
Sin dudas una agenda cargadísima, muy intensa, digna de un candidato que está en campaña presidencial y que aprovecha su presencia aquí para dejar clara su visión con lo más altas autoridades, ONGs y centros financieros. No hay duda: Massa ha venido a presentarse al Norte y seguramente habrá mucho para decir tras su visita.

viernes, 7 de marzo de 2014

DEUDA PÚBLICA Y DISCURSO CFK.

Por Héctor GIULIANO (3.3.2014).


Pese a la nueva Crisis de Deuda de la Argentina desatada este verano de 2014 por su problema estructural de iliquidez e insolvencia fiscal para poder responder a los servicios de una deuda impagable, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no hizo referencia alguna a esta cuestión de fondo en su discurso de apertura de sesiones del Congreso y hasta planteó un panorama inverso a la realidad.

Tampoco se refirió a los principales problemas derivados de la Deuda: Inflación-Devaluación, Déficit Fiscal y desequilibrio de la Balanza de Pagos.

El objeto de esta breve nota es identificar las inexactitudes, las referencias engañosas y las omisiones graves del discurso presidencial del 1.3 en materia de endeudamiento público.


FALSÍAS DEL DISCURSO.

La presidenta volvió a repetir que la Argentina se está des-endeudando cuando ello no es cierto: la deuda no baja sino que sube continuamente y, además, está previsto que se incremente próximamente en una escala superior todavía.

Según las propias cifras oficiales del Ministerio de Economía (MECON) – últimos datos disponibles al 30.6.2013 – el stock de la Deuda Pública en cabeza del Estado Central era de 207.600 MD (Millones de Dólares): 196.100 MD de deuda performing o con pago de intereses y 11.500 MD de deuda con tenedores que no entraron en las reestructuraciones del 2005 y 2010.

Después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 las autoridades se jactaban de haber hecho descender el saldo de deuda a 126.600 MD (en realidad, 146.000 MD, la misma cifra que al momento del default de Diciembre 2001). Pero esta deuda es ahora mucho mayor – como dijimos – de unos 208.000 MD.

Según los propios números del MECON la Deuda aumentó 14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012; estaba previsto que aumentase otros 12.000 MD en 2013 (de lo que todavía no se tienen datos finales) y está presupuestado que aumente otros 12.700 MD este año.

Por ende, es mentira que la Argentina se esté des-endeudando y el gobierno Kirchner engaña abiertamente a la opinión pública sobre este punto.

Y estos datos oficiales son tan falsos en valores absolutos como en valores relativos.   

La presidenta dijo textualmente que hoy la deuda pública es de un 10 % del PBI; y enfatizó este dato diciendo que era de un 8 % pero que ahora, por efecto de la devaluación, se estimaba habría subido en unos dos puntos.

Esta información es igualmente engañosa porque no se refiere a la deuda total.

La última información oficial del MECON dice que la relación Deuda/PBI (un indicador – por otra parte – muy discutible desde el punto de vista técnico financiero) al 30.6.2013 era del 43.6 %.

Como agravante de estas dos tergiversaciones gubernamentales, la presidenta agregó una tercera y “novedosa” comparación entre “deuda pública neta per cápita” y “cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles” (SMVM) (!): una “explicación” perfectamente inentendible para el argentino medio e incluso para cualquier estudioso que quiera interpretar su verdadero sentido.

Le hubiera sido mucho más simple, gráfico y directo decir que ahora – después de la gestión Kirchner durante la “década ganada” – cada argentino debe en promedio unos 5.200 US$ (cinco mil doscientos dólares per cápita o su equivalente de 42-62.000 pesos cada uno): simple producto de dividir el stock de deuda oficial de 207.600 MD (incluyendo los 11.500 MD de holdouts) por los 40.1 millones de habitantes del país.

La presidenta, en cambio, dijo que “su Deuda” – a valores de Junio 2013 – equivale a 1.9 SMVM. Como a esa fecha el valor del mismo era de 2.875 $, ello significa que se está refiriendo a un importe de unos 5.500 $ (pesos, no dólares, resultado de 2.875 x 1.9 = 5.463 $).

Se da así la casualidad que el coeficiente “sui generis” de comparación con SMVM elegido por la presidenta viene a representar un valor 10 veces menor al promedio de la verdadera deuda pública per cápita. 


LAS OMISIONES DE DEUDA.

Estos montos impagables de deuda oficial por capital a los que hacemos referencia – básicamente, el total de 208.000 MD – no incluyen los intereses de este año (12.200 MD), no tienen en cuenta los intereses a pagar en el futuro (unos 72.000 MD), la capitalización de intereses (que venía declinando durante el decenio 2005-2014 pero que ahora se reactiva parcialmente con 500 MD más dentro del acuerdo con Repsol), las indexaciones por inflación creciente de la deuda en pesos ajustada por CER y los cupones ligados al PBI (de los que todavía faltarían pagar unos 15.000 MD).

Siendo además que esta deuda corresponde sólo a la que se encuentra en cabeza del Estado Central, faltando considerar aquí la deuda consolidada de Provincias (más de 30.000 MD) y de Municipios (sin datos), la Deuda Pública Indirecta de Empresas del Estado (con YPF a la cabeza), Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios (todos sin datos), la deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA) por Lebac/Nobac (más de 21.000 MD) y por otros pasivos (2.000 MD), y la deuda por juicios contra el Estado con sentencia en firme (también sin datos).

Todo este macro-endeudamiento K – deliberadamente ocultado a la opinión pública por complicidad entre el oficialismo, la oposición política y los medios de comunicación - está hoy en vísperas de sufrir un salto adicional en los pasivos públicos:

a)    Por la nueva deuda que se está negociando para pagar los juicios de los holdouts en Nueva York y las demandas contra la Argentina ante el CIADI con títulos públicos, más sus gastos y honorarios.

b)    Por la nueva deuda producto del arreglo con los países del Club de París (que le reclaman al país más de 9.500 MD).

c)    Por la nueva deuda para pagar el acuerdo con Repsol por las acciones de YPF: 6.000 MD de capital – 5.000 MD en firme y 1.000 MD por garantías de cotización – más otros 5.000 MD por concepto de intereses a pagar; en total, unos 11.000 MD.

d)    Por la renovación de los programas de Asistencia al País del Banco Mundial y del BID – por unos 3.000 MD cada uno – así como por los préstamos adicionales de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

e)    Por los nuevos préstamos bilaterales para financiamiento de Obras Públicas e Infra-estructura (principalmente con China).

f)    Por último, por el nuevo endeudamiento externo para cubrir el Déficit Fiscal y la recomposición de Reservas Internacionales del BCRA.

Este último punto – después de agotadas las reservas para pagar deuda externa y después de haber permitido el vaciamiento de divisas más grande de la historia argentina (90.000 MD en el período 2003-2012) – está dado en función de la Hoja de Ruta Boudou, que prevé la terminación de los pleitos con los holdouts y el arreglo con el Club de parís como requisito para el retorno de la Argentina al mercado internacional de capitales, esto es, para volver a endeudarse.


EN CONCLUSIÓN:

Conforme lo hemos desarrollado ya en diversos trabajos anteriores, la actual Crisis de Deuda viene como arrastre del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, que la presidenta – repitiendo el falso eslogan de la administración K – sigue queriéndolo presentar como “la reestructuración de deuda externa más exitosa de la historia”.

El gobierno fue tratando de contener o enmascarar parcialmente algunos de los efectos de este fracaso a costa del vaciamiento sistemático de los fondos públicos, en dólares y en pesos, merced a la variante de la Deuda intra-Estado.
   
La administración Kirchner, después de haber batido récords de pago de deuda externa a costa de vaciar las reservas del BCRA y destinar la mayor cantidad de fondos y títulos de renovación en moneda extranjera, ha llegado hoy a un tope o límite de tal maniobra y se encuentra ahora embarcado en un camino más fuerte de re-endeudamiento y toma de nuevas deudas.

La nueva directiva es que el país deje de financiarse con emisión monetaria y Deuda intra-Estado para volver a tomar Deuda Externa, en forma directa – colocación de bonos – y/o en forma indirecta (deuda dolarizada de tipo dollar-linked).

Estas obligaciones – como las actuales - no tienen capacidad demostrada de repago y sus servicios de amortizaciones parciales mínimas e intereses se están programando para aguantar las erogaciones indispensables hasta el año 2015, de modo que puedan ser traspasadas básicamente a las administraciones futuras.

Después de haber usado masivamente la Deuda intra-Estado para pagar deuda con terceros – organismos financieros internacionales y acreedores privados – hasta el punto de haber empapelado al Sector Público con títulos inservibles; después de haber desfinanciado así a la ANSES (que administra la plata de los jubilados); después de haber descapitalizado al BCRA (bajando el stock de las reservas, encajándole Letras impagables a 10 años de plazo en el Activo para poder pagar deuda externa y emitiendo deuda creciente por Lebac/Nobac por las que ahora abona un 30 % anual de intereses); después de haber comprometido por la misma vía la mitad del Activo del BNA; después de haber manejado discrecionalmente las disponibilidades circunstanciales de los Entes Oficiales en general; y después de haber utilizado de esta manera los fondos administrados por el gobierno como “préstamo-puente” - sin capacidad de devolución - para atender la deuda pública con terceros, ahora el gobierno Kirchner espera volver “exitosamente” al Mercado Internacional de Capitales para tomar nueva Deuda.

Llegó el momento en que la realidad desnuda al relato: es la hora de la verdad en que ya no se puede seguir vendiendo la mentira del Desendeudamiento.

Es el resultado inexorable de haber sostenido el mito del Modelo aguantándolo con Deuda Pública hasta haber agotado los recursos fiscales con el vaciamiento de los fondos básicos del Estado.
DEUDA PÚBLICA, INFLACIÓN Y SALARIOS REALES.

Por Héctor GIULIANO (14.2.2014).


La nueva Crisis de Deuda del verano 2014 está teniendo una consecuencia tan grave como lógica en relación a los salarios reales de la Argentina.

La Deuda Pública explica hoy – directa o indirectamente – el aumento de la inflación, que se produce por vía financiera más que por vía económica. Esta inflación carcome el valor de la moneda y con ello provoca una pérdida del poder adquisitivo que determina la baja de los salarios reales de los trabajadores.

El Sindicalismo Nacional tiene una responsabilidad determinante en materia económico-financiera, social y política para evitar que el costo de este ajuste derivado de la Crisis de la Deuda se traslade nuevamente al Pueblo Argentino.


DEUDA PÚBLICA E INFLACIÓN.

El empeño del gobierno Kirchner en sostener el sistema de endeudamiento perpetuo explica el agravamiento actual de la inflación argentina.

Hay que diferenciar la inflación de base económica, es decir, el aumento de precios por desequilibrio de las condiciones de mercado – fundamentalmente insuficiencia de Oferta frente a la Demanda – de la inflación de base financiera, derivada de la sobre-emisión destinada a sostener el gasto improductivo, público y/o privado.

El aumento de los créditos para consumo, el estímulo al turismo y a las formas de vida dispendiosas, la tendencia generalizada a la compra de artículos de marcas cada vez más caras, los cambios de electro-domésticos y de automóviles más frecuentes (y siempre de mayores precios), etc., son formas de inflación de base económica.

Incluso entran parcialmente en esta categoría rubros que conllevan aumento de la actividad productiva, como el caso de la construcción de propiedades de lujo o casas de veraneo y todo tipo de alojamientos que no son para vivienda directa o permanente sino para ocupaciones indirectas o temporarias, porque este tipo de edificaciones arrastra una suba generalizada de los precios del mercado de la construcción por encima de las pautas normales. 

Y todo ello, como producto de un aparato publicitario institucionalizado que vive creando necesidades artificiales dentro del sistema de vida de la Sociedad.

Frente a este mecanismo de inflación de precios por vía del Mercado, esto es, por aumento inducido de la Demanda, existe otro mecanismo que es directamente monetario, generado por la sobre-emisión de dinero por parte del Estado para sostener el Gasto Público y - dentro de este gasto fiscal - atender específicamente los costos financieros, directos e indirectos, del sistema de la Deuda Pública:

a)    Emitiendo el Banco Central (BCRA) moneda sin respaldo para comprar reservas que se prestan al Tesoro para pagar Deuda Externa.

b)    Emitiendo el BCRA dinero sin respaldo para suministrarle Adelantos Transitorios – que en realidad, no son transitorios sino permanentes y acumulativos porque se renuevan en forma sistemática – para que el gobierno pueda atender las obligaciones en pesos de la Deuda y de otros rubros de gastos fiscales.

c)    Emitiendo dinero para cubrir los Subsidios destinados a contener parcialmente el traslado a precios y tarifas de servicios públicos de los incrementos producidos por la inflación y el retraso cambiario: un atraso del tipo de cambio utilizado a su vez para posibilitar la atención de los servicios de la deuda en moneda extranjera.

d)    En suma, una emisión de dinero sistemática para cubrir el Déficit Fiscal creciente provocado por los servicios de la Deuda Pública y sus condicionamientos conexos de refinanciación perpetua.

Y todo esto – el peso de la Deuda como condicionante central en materia económica, financiera y política -  es precisamente lo que se soslaya u oculta a la opinión pública,  porque la falsa consigna de la clase dirigente es que no hay que vincular los problemas de la inflación, la devaluación del peso, el déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos con el problema de la Deuda, pese a que la Deuda es la causa de fondo que los determina.


LA NUEVA CRISIS DE DEUDA.

La co-relación entre aumento de precios generalizado – Inflación - y pérdida de poder adquisitivo de los salarios es materia de texto y no necesita siquiera explicación.

No es tan así, en cambio, la aceptación o el entendimiento de la relación entre esa inflación y la deuda pública, según lo vimos en el punto anterior.

Por ende, por carácter transitivo, la inflación no es aquí un fenómeno autónomo sino una consecuencia derivada de la Deuda, que es el factor causal de esa inflación: una inflación financiera que se emplea como forma de financiamiento del Estado y mecanismo de atención de los servicios de la Deuda Pública.

Es cosa corriente sentir la versión de portavoces muy autorizados del establishment que cargan diariamente las tintas contra la Inflación como producto de sostener un Gasto Público excesivo y, consecuentemente, de financiar el Déficit Fiscal. Pero es notable que esos mismos exponentes soslayan decir que la Deuda es hoy el principal determinante de ese Gasto y de ese Déficit, así como de la pérdida masiva de divisas por vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para atender el pago de la Deuda Externa.

Y este ocultamiento no es neutro porque al dejar la cuestión de la Deuda fuera del análisis del problema, la Inflación queda como causa central de la crisis financiera que hoy vive la Argentina y, por ende, fuera también de toda acción correctiva necesaria sobre aquella, la Deuda.

Es la forma clásica de obviar los verdaderos problemas estructurales de fondo del país alterando la relación entre causas y efectos: la Deuda es obviada así como factor causal de la presente crisis financiera y se la reemplaza por la Inflación, que es un derivado de la misma.

Esta inflación, a su vez, tiene como consecuencia la caída de los salarios reales, pero como el recupero del poder adquisitivo de los salarios retro-alimentaría la inflación, entonces hay que contener los aumentos de sueldos, forzando así el paso del costo del ajuste provocado por la deuda a los trabajadores y asalariados en general (activos y pasivos).

¿Y con la Deuda – que es la causa del problema - qué hacemos? No hay problema señores: frenen ustedes el financiamiento inflacionario del Estado vía emisión monetaria y vuelvan a sostenerlo con más Deuda Pública.


INFLACIÓN Y SALARIOS REALES.
  
El Ajuste Fiscal – todo ajuste – conlleva entre sus componentes centrales, directa o indirectamente, la baja de los salarios reales.

El gobierno Kirchner ha venido llevando a cabo un plan de ajuste encubierto, hasta ahora con más énfasis en el ajuste por vía de los ingresos (aumento de la presión tributaria, incremento de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de la deuda pública) que en el ajuste por vía de los gastos (reducción gradual de subsidios, reasignaciones de gastos y retrasos en los aumentos compensatorios de salarios).

Ahora, en cambio, con el agravamiento de la crisis de Deuda del verano 2014, estaríamos pasando a una amenaza cierta de reedición de la caída de los ingresos reales del sector asalariado análoga a la que se dio con la macro-devaluación del 2002, después de la crisis de Deuda De la Rúa-Cavallo del 2001.

Existen tres formas básicas que han venido siendo utilizadas para bajar los salarios reales:

1.    La sub-indexación de los salarios nominales apelando a la manipulación de los índices de inflación por parte del INDEC; mecanismo que fue frustrado al gobierno Kirchner por la reacción de los sindicatos, que forzaron el reconocimiento de aumentos compensatorios sobre la base de la inflación real, e incluso por encima de la misma.

2.    La asimetría de aumentos que se dan por la inflación pasada frente a perspectivas ciertas de mayor inflación futura.

3.    La trampa financiera por desfase entre el tiempo en que se producen los aumentos de precios y el momento posterior de vigencia de los aumentos de salarios pactados.

Este último punto requiere una explicación más pormenorizada a través de un ejemplo simple:

a)    Supongamos que por cada 1.000 $/Mes de sueldo el asalariado sufre una reducción de sus ingresos del 3 % mensual por causa del aumento de precios, lo que en tres meses reduce su poder de compra neto a 915 $: su ingreso baja - en términos reales - a 971 $ al fin del primer mes (1.000/1.03), a 942 $ al fin del segundo mes (1.000/1.03²) y a 971 $ al fin del tercer mes (1.000/1.03³).

b)    Los ingresos perdidos por el trabajador son ahorrados por el empleador (estatal o privado), que dispondría de esos fondos - que deja de pagar hasta que no se actualicen los salarios a futuro – en la misma proporción: 29 $ el mes 1 (1.000 – 971), 58 $ el mes 2 (1.000 – 942) y 85 $ el mes 3 (1.000 – 915).

c)    En total, en los tres meses transcurridos, los 172 $ que perdió de percibir el asalariado en poder adquisitivo los quedó a su favor el empleador.

d)    Si el empleador colocara esos fondos que ahorra – siempre en términos reales – a una tasa digamos del 2.0 % mensual capitalizable (25 % nominal anual), obtendría en todo el período un rédito por intereses de 5.8 $: 1.8 $ por los 29 colocados durante tres meses, 2.3 $ por los 58 colocados durante dos meses y 1.7 $ por los 85 colocados durante un mes. Este importe – en el ejemplo, una tasa inferior a la inflación – tendría para el colocador un efecto compensatorio o resarcitorio parcial que para el asalariado no existe. Y si la tasa de interés fuese positiva (mayor igual a la de inflación) dicho efecto compensatorio sería total, incluso con un rédito a su favor. 

e)    Si el trabajador quisiera recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el trimestre el porcentaje de aumento para recomponer financieramente la pérdida salarial sería del 9.29 % (1.000/915 = 1.0929).

f)    El doble importe que el asalariado pierde frente a la inflación por el desfase en las actualizaciones de sueldo – pérdida directa y costo financiero – se acentúa más todavía en los casos de desdoblamiento de los aumentos (por ejemplo, en los ajustes semestrales); y todo ello siempre que tales actualizaciones se pacten sobre la base del recupero del poder de compra en función de la inflación real.

Marx habló de la plusvalía económica pero esto se refiere a la idea de plusvalía financiera, entendida como costo de oportunidad o uso alternativo de fondos a pagar aprovechando el desfase de las actualizaciones salariales.

Porque el empleador – estatal o privado – tiene así la opción de amortizar o compensar, parcial o totalmente, la incidencia de los futuros aumentos salariales gracias al período de diferimiento de las actualizaciones de sueldos.

Más aún, esto no es sólo una posibilidad teórica sino una alternativa práctica, inducida o estimulada con el fuerte aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central (BCRA).

La respuesta técnica y justa a este problema de asimetría financiera sería la baja de los períodos de liquidación de salarios, es decir, una mayor frecuencia de los pagos de salarios a los trabajadores (por ejemplo, quincenal).

Una medida de este tipo, sin embargo, tendría obviamente peligrosos riesgos hiper-inflacionarios, por aceleración de la espiral precios-salarios, pero precisamente por ello – por sus temibles efectos posibles – debiera constituir la amenaza al gobierno para que contenga efectivamente la inflación con resultados concretos so pena de exponerse al reclamo lógico de una mayor frecuencia de pago a los asalariados.

Así como el gobierno Kirchner se ata ahora a la dolarización de la Deuda Pública – a través de la variante dólar linked (ligada al tipo de cambio oficial)  – dándole un “seguro de cambio” a los inversores financieros, además del aumento de las tasas de interés, así también debiera garantizar que los salarios no van a quedar nuevamente retrasados financieramente por la inflación comprometiendo no sólo eventuales “cláusulas gatillo” sino compensando también el efecto de la pérdida financiera por desactualizaciones salariales frente a la inflación.

Y esto llevaría entonces necesariamente a revisar las causas verdaderas de la inflación argentina, que hoy están por encima de la misma porque la inflación no es autónoma sino que viene determinada por la emisión masiva de dinero para sostener el sistema de la Deuda Pública – sostén de pago de los servicios por intereses y capital – y porque el aumento de la tasa de interés, que tiene efecto recesivo, es también causa de inflación.


EN CONCLUSIÓN.   

La crisis de Deuda del verano 2014 es la causa de fondo del actual desequilibrio inflacionario, cambiario, financiero fiscal y externo de la Argentina.

La emisión masiva de dinero por parte del BCRA para sostener los pagos de compromisos en pesos y en moneda extranjera del gobierno, el vaciamiento de las reservas internacionales para cumplir a ultranza con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales, el aumento de la deuda intra-Estado como forma de traspaso y empapelamiento del propio Fisco con títulos públicos sin capacidad de repago y el uso de este mecanismo como préstamo-puente interno para poder volver al mercado internacional de capitales para colocar más deuda, según la hoja de ruta Boudou, fueron los factores determinantes de esta crisis actual.

Pero el problema insoluble de la Deuda – que es la causa de la crisis - es ocultado al Pueblo Argentino; y ello se hace con la complicidad del gobierno, la pseudo-oposición política de la partidocracia parlamentaria y la clase dirigente, en beneficio de los acreedores financieros y para volver a endeudarse, con el argumento que “es preferible tomar más Deuda antes que financiarse con Inflación”.

Es la forma en que operan las estructuras de poder económico-financiero: no sólo por la acción directa y manifiesta de los gobiernos de turno y del establishment vinculado a los intereses de la Deuda sino también dejando que las torpezas y errores de política financiera se cometan impunemente para que luego las cosas se replanteen nuevamente en su favor a través del simple “acomodamiento de los hechos”.

En este sentido, merced a las nuevas medidas financieras adoptadas por el gobierno Kirchner, las alianzas ya habrían sido establecidas de hecho entre los intereses comunes del gobierno y el empresariado económico-financiero. Ahora falta observar el comportamiento de los Sindicatos.

Algunas presiones clave sobre el sector gremial ya habrían sido esbozadas: 1. Forzar la aceptación de aumentos por paritarias en función de la inflación futura y no de la recuperación frente a la inflación pasada, so pena de acusación por hiper-inflación, desestabilización y “rodrigazo”, 2. Apelar a la “responsabilidad sindical” frente a la amenaza de desempleo derivado del efecto recesivo del aumento de las tasas de interés y de un gradual abandonando del gobierno de su función actual de “fondo de desocupación encubierto”, y 3. Sugerir la convivencia y concesiones políticas a parte de la dirigencia gremial – caso deuda con las Obras Sociales - para que guarden silencio sobre la vuelta de la Argentina al mercado internacional de capitales.        

Las próximas semanas serán muy importantes dentro de este cuadro de situación – reunión tripartita en el Vaticano del 19.3 inclusive – porque las presiones del “partido de la Deuda” son cada vez más grandes y más fuertes para que la Argentina vuelva al re-endeudamiento previsto según el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y la hoja de ruta Boudou.
La negociación con el Club de París 


por Alejandro Olmos Gaona 

Hace unos días, el Ministro de Economía Axel Kiccillof y el Embajador en la Unión Europea, Hernán Lorenzino, quien es a su vez titular de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, viajaron a Europa a los efectos de iniciar conversaciones con los miembros del Club de París , para arreglar el pago de la deuda, que mantiene nuestro país con sus miembros, no habiendo trascendido, los términos del ofrecimiento efectuado por los funcionarios, ya que como ocurre habitualmente los detalles son secretos, y aunque han transcendido algunos datos, siempre prefiero manejarme en mis investigaciones con cifras oficiales, para no caer en errores que puedan inducir a confusión.

La deuda con el Club de París, se arrastra desde el default del año 2001, y el 2 de septiembre de 2008, la Presidenta de la Nación, decidió pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió el Decreto 1394, que también fue firmado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa, norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia.

Debe recordarse que en mayo del año 2011, trascendió que el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto a negociar con el Club de Paris, habiéndose fijado en la suma de 8470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el “éxito” de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica en ese momento las “deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático” (Diario Página 12, 15/5/2011).

Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son, no se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional, la noticia difundida por los medios oficialistas es un claro ejemplo de cómo se manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones, además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se originara durante la dictadura militar.

Pero como siempre la realidad viene a contradecir el discurso los hechos resultan sustancialmente distintos y las deudas que reclaman los países que integran el Club de Paris, como provenientes de la dictadura cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que supuestamente se habrían descontado y voy a mostrar cual es la realidad que el gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero insustancial.

Dejando de lado deudas canceladas de la década del sesenta, las obligaciones que hoy se van a negociar tienen en parte su origen durante la gestión del dictador Videla, y fueron acrecentadas posteriormente con nuevas deudas contraídas durante la década del 90, después de realizada la V Ronda de negociaciones que culminara en el año 1992, durante la gestión de Domingo Cavallo.

Para poder tener una idea exacta del significado de lo que se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas, y llegar hasta el año 1985, cuando comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces el monto de la deuda a renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar, que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.

En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego en el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.

Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.

El 19 de septiembre de 1991, se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592 millones de dólares.

El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.

En el Boletín Fiscal de la Nación, se indica que al 30 de diciembre de 1996 la deuda era de 6.725 millones de dólares, haciéndose constar además la existencia de deudas con otros bilaterales, por la suma de 3.436 millones de dólares. La cifra disminuye en 1997 a 5.144 millones, más 2959 por deudas bilaterales. En 1998 la deuda es de 4512 millones de dólares, más 2943 (bilaterales), en 1999 es de 3235, más 2682 (bilaterales) y cuando se produce el default del 2001 la deuda era de 1879 millones de dólares, más 2579 millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son préstamos que se negocian en el marco del Club de Paris, e integran las sumas que este reclama..

Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda por capital con el Club de parís era de 6298 millones de dólares, según los informes del Ministerio de Economía, por lo que sumando los intereses convencionales más los punitorios, la deuda treparía a más de 9500 millones de esa moneda a la fecha.

Hasta aquí el detalle riguroso de las negociaciones y la evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluyo los detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por mora. Lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas, es determinar que importe corresponde a la deuda de la dictadura, y cual el que corresponde a los gobiernos a partir de diciembre del año 1983.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, al Presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”

Debo hacer un paréntesis para referirme a la deuda de la empresa Cogasco, actualmente reclamada por Holanda, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.

La empresa, fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2000 millones de dólares

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a "fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases" Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: "No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expte. 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (...) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones". El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el Dr. Marcelo Kiguel, Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

A la deuda de la dictadura refinanciada en el año 1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce. En lo que hace a la que provenía de la dictadura, como lo consignara anteriormente habría quedado en 1879 millones de dólares en el año 2001, por lo cual si se suman los intereses hasta la fecha, que pretende cobrar el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar, dejando sujetas a revisión las otras obligaciones de la década del 90.

Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las cifras, y mostrar las nuevas deudas, que hoy se van a renegociar en el marco del Club de París, lo constituye la inexistencia de documentación verificable en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Las que he consignado en los párrafos anteriores son solo datos estadísticos tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del Boletín Fiscal de la Nación. Y digo esto porque en el año 2009 solicité al Ministerio datos sobre las deudas, sin que se me pudiera informar nada al respecto. En el año 2011, el diputado Pino Solanas solicitó al Ministro de Economía información sobre lo que se iba a pagar, sin merecer respuesta alguna. Se volvió a insistir, y el Director de Deuda Pública del Banco Central, contestó que se debía pedir la información al Banco Central de la República Argentina. Enviada la nota correspondiente a la Lic. Marcó del Pont, presidenta del banco, se informó, que ellos no tenían ninguna documentación y que había que pedirla en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera comedia de enredos, cada una de esas instituciones le adjudicaba a la otra la posesión de documentos que aparentemente ninguna tenía. Finalmente a los pocos meses se recibió una nota del Contador Amado, Director del Departamento de Deuda Externa del Ministerio, acompañando un listado de acreedores, con montos, indicando que esos datos eran toda la documentación que tenían, lo que significa que el gobierno va a negociar la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, sin que exista documentación respaldatoria alguna, dejando nuevamente al arbitrio de los acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios, como ya ocurriera en otro momento.

Esto de la inexistencia de documentación sobre la deuda, no es algo nuevo, ya que en diversas oportunidades el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, solicitó al Banco Central, datos sobre la deuda externa pública y privada, informándosele, que no tenían documentación alguna, y solo datos estadísticos, sin valor contable. Esta es la forma habitual de manejar las cuentas públicas por parte de los funcionarios del Estado, y después como resultado de la violación de sus deberes, se debe pagar una deuda que solo tiene como fundamento la exigencia de los acreedores, y sus propios registros, utilizándose para ello el dinero proveniente del trabajo de todos los argentinos, que el gobierno maneja con total discrecionalidad.