sábado, 28 de diciembre de 2013

DEUDA PÚBLICA Y ELECCIONES 2013
La administración Kirchner ha conseguido, en principio, demorar la toma de decisiones duras o traumáticas en materia económico-financiera hasta después de las elecciones del 27.10 pero es muy difícil que pueda mantener tal comportamiento después de esa fecha.

Los resultados gubernamentales desfavorables de las PASO (que sirvieron como sondeo pre-electoral obligatorio), el no reconocimiento oficial de la grave situación fiscal que se está viviendo y el problema de salud de la presidenta (justamente durante el tramo final de la campaña parlamentaria) contribuyen a aumentar la idea de necesidad pero también la de incertidumbre frente a las acciones concretas que forzosamente tengan que ser adoptadas a muy corto plazo en nuestro país.

El presente trabajo trata de analizar el real cuadro de situación que se le presenta hoy al gobierno Kirchner en materia especifica de la Deuda Pública, que sigue siendo el condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política.


CUADRO DE SITUACIÓN.

La crisis del llamado Modelo K – independientemente del eslogan sobre “crecimiento con inclusión social” – está dada por tres factores centrales: 1) Atraso cambiario con Inflación, 2) Déficit fiscal creciente y 3) Desequilibrio de la Balanza de Pagos.

Estos tres factores se encuentran vinculados entre sí y están derivados de un problema estructural común: la Deuda Pública Argentina.

El Gobierno, la Oposición Política y los grandes Medios de formación de la Opinión Pública soslayan la importancia determinante de la cuestión de la Deuda pero los hechos les terminan siempre pasando por encima.

Parafraseando a Santayana[1] este dilema puede resumirse hoy diciendo que quienes niegan la realidad de crisis de la Deuda - con el falso discurso de la “deuda manejable” y de la mentira del “des-endeudamiento” - están condenados a estrellarse contra ella.

 a)    PROBLEMÁTICA DEL BANCO CENTRAL.[2]

La crisis de una deuda impagable – que como “agujero negro” amenaza con tragárselo todo – es el factor determinante del aumento exponencial de la Deuda intra-Estado, que se utiliza en gran escala para atender los servicios crecientes de capital e intereses y que ha terminado poniendo en juego la existencia misma del Banco Central (BCRA) como banco.

El problema clave e inmediato de la administración Kirchner es que su política ha llevado a un nivel crítico la posición de Reservas Netas del BCRA.

Al 30.9.2013 el stock de Reservas Brutas es de 34.700 MD[3], pero si a ello le restamos 8.700 MD de Cuentas Corrientes en moneda extranjera y 4.000 MD de Otros pasivos, correspondientes a préstamos de divisas por parte de bancos extranjeros – subtotal 12.700 MD – queda un saldo de Reservas Netas de 22.000 MD.[4]

El stock bajaría más aún con el uso adicional de reservas para seguir pagando deuda externa - a través del llamado Fondo de Desendeudamiento Argentino - que este año, en curso, prevé unos 8.000 MD para ello y que según el Presupuesto 2014 será de otros 10.000 MD (9.855) durante el año que viene.

Esto implica que las perspectivas son de reservas declinantes y que los niveles críticos bajarían en breve a unos 12.000 MD.

Y aquí no está considerado el efecto de lo que puede ocurrir con la deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac, que suman unos 135.100 M$ - equivalentes a 23.300 MD – y que estarían calzadas con operaciones de dólar a futuro en el Mercado Rofex.[5]

La situación se agrava más todavía si se tiene en cuenta la existencia de fuertes sumas acumuladas de Deuda Externa Privada, que lógicamente no son deuda pública pero cuyas divisas tiene que proveerlas el BCRA (y las tiene que proveer al tipo de cambio oficial).[6]

La política de pago de Deuda Externa con Reservas Internacionales ha llevado así a un virtual vaciamiento del activo de Reservas del BCRA.  

En síntesis: la administración Kirchner ya no posee reservas realmente disponibles en el BCRA y toda reposición de las mismas conlleva un aumento mayor  de su deuda cuasi-fiscal.

Este debilitamiento de la posición de reservas netas está directamente relacionado con el uso de las mismas para el pago de los servicios de la deuda externa, amén que para atender las necesidades de los nuevos desequilibrios de la Balanza de Pagos agravados por el retraso cambiario (caso de importaciones energéticas, turismo de argentinos al exterior, servicios económicos y financieros crecientes).

El atraso del tipo de cambio – peso sobrevalorado, apreciado más todavía por efecto de la inflación interna – se mantiene no sólo como freno anti-inflacionario (con resultados muy discutibles) sino también y fundamentalmente como medio para posibilitar los pagos de la deuda externa.

El retraso cambiario, en este aspecto, es una forma de sostener las posibilidades de pago de la deuda externa dado que una macro-devaluación llevaría a un nuevo default.

Pero este mismo atraso del tipo de cambio es el que está precipitando la crisis en la institución que maneja la política monetaria y cambiaria nacional, que es el BCRA.

La caída del nivel de reservas netas del BCRA, el empapelamiento de su Activo por préstamos al Tesoro sin capacidad de repago - 73.300 MD en total al 30.9.2013 (46.800 MD por Letras Intransferibles dadas contra retiro de reservas más el equivalente a otros 26.500 MD por Adelantos Transitorios) – y el aumento del stock de deuda a corto plazo por Lebac/Nobac habrían llevado así al tope el límite de endeudamiento del Banco para sostener al Gobierno Nacional.

 b)    DÉFICIT FISCAL Y PRESUPUESTO 2014.[7]

La pérdida de los superávits gemelos – fiscal y externo – ha desnudado las falencias del modelo kirchnerista.

Así como el stock de la Deuda Pública es fuertemente creciente[8], también lo son proporcionalmente los servicios de capital e intereses que se derivan de la misma.[9]

Más de la mitad de la Deuda Pública está contraída hoy con agencias del propio Estado, lo que le da un margen de maniobra para diferir los pagos correspondientes; pero el gobierno no tiene capacidad de repago demostrada sobre estas obligaciones y entonces está forzado a mantenerse dentro de un mecanismo de Deuda Perpetua: todos los vencimientos de capital se refinancian y además se toma deuda nueva; mientras que sí se pagan los intereses y los cupones PBI.

La deuda determina un déficit fiscal creciente y este déficit se cubre con más Deuda: es el círculo vicioso perfecto de la usura, donde el deudor vive pagando intereses, refinanciando capital y tomando más deuda.

La aprobación conjunta - por parte del Congreso - del Presupuesto 2014, de la prórroga de la Emergencia Pública y de varios gravámenes (principalmente el Impuesto al Cheque) hasta fines de 2015, le permite al Poder Ejecutivo seguir manejando discrecionalmente las finanzas del Estado hasta el fin de su mandato. 

El desequilibrio de las cuentas públicas le plantea al gobierno la disyuntiva de tener que contener el déficit fiscal creciente no sólo con las medidas de ajuste encubierto que están en curso – vía aumentos parciales de la presión tributaria, incrementos graduales de precios y tarifas de servicios públicos por disminución de subsidios, reducciones relativas de gastos por finalidad y por jurisdicción, freno de los aumentos salariales y jubilatorios, etc.) – sino teniendo que pasar a políticas de ajuste formales para aumento de ingresos y reducción de gastos y, sobre todo, asumiendo nuevos escalones de endeudamiento público, internos y externos.

 c)    DESEQUILIBRIO DE LA BALANZA DE PAGOS.

Así como el “modelo” perdió una de sus patas con el advenimiento de un déficit fiscal creciente, así también tiene hoy seriamente comprometido el saldo de su balanza de pagos.

Y el factor clave que lo determina es también el problema de la Deuda y el retraso cambiario vinculado al pago de la misma.

Según el Balance Cambiario del BCRA al 30.6.2013 la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, que tuvo un saldo positivo de casi 4.000 MD en 2012 (3.900), acumulaba un saldo negativo de 2.300 MD a mitad del corriente año.

Esto ocurre porque el Balance Comercial superavitario (Exportaciones menos Importaciones) se compensa por el resultado deficitario de Servicios Económicos y Financieros (particularmente Intereses y giro de Utilidades/dividendos al exterior, si bien en los últimos tiempos este último rubro ha sido transitoriamente restringido al máximo).

De la misma manera, también la Cuenta Capital/Financiera acumula un saldo negativo – de 3.000 MD en el primer semestre de 2013 – explicado, en este caso, por los elevados pagos realizados a los Organismos Multilaterales de Crédito y  otros acreedores financieros.

Todo esto ha hecho que, a la mitad del corriente año, la pérdida por variación de reservas del BCRA haya sido de 5.300 MD. Y en la actualidad acumula 8.600 MD.

La evolución desfavorable de las cuentas externas está fuertemente determinada por el retraso cambiario, por los mayores pagos de servicios financieros (públicos y privados) y por el acentuado desbalance de varios rubros específicos, como las importaciones de hidrocarburos, el sector automotor y el turismo.      

En síntesis: que la combinación de retraso cambiario – agravada por una inflación interna que no cede – crisis de la posición de reservas del BCRA, déficit presupuestario y desbalance de pagos definen un cuadro de situación tan grave como difícilmente manejable para el gobierno Kirchner.

De allí la vulnerabilidad de la posición de reservas netas del BCRA antes citada.
  
LOS ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITAN.

El fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 – un fracaso producido por la falta de capacidad de repago de las obligaciones contraídas en dicha operación y cuyos resultados están a la vista - no se soluciona con la nueva reapertura aprobada por el Congreso, aun en el caso que la misma sea aceptada ahora por los holdouts (los tenedores que no entraron en el canje y que son casi todos fondos especulativos), porque el aumento de los importes a pagar por atrasos, intereses, punitorios, gastos y honorarios elevaría considerablemente los montos de servicios a pagar a un nivel y a un ritmo peligrosamente superiores a los actuales.

Aunque se contemplara, en principio, ofrecer otra vez – como en el 2010 – el pago de los intereses acumulados con títulos Boden 2017, está el problema de empezar a regularizar los intereses semestrales y la formalización de los nuevos bonos, así como los pagos de cupones PBI.

Todo ello constituye obviamente una nueva carga financiera – ordinaria y extraordinaria – que pasa a tener que cumplir el Estado Argentino.

La aceptación irrestricta por el gobierno Kirchner de la legitimidad de la Deuda Pública que está siendo investigada por la Justicia (causas Olmos I y II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos), el récord de pagos de servicios del que se jacta la presidenta – 173.700 MD en 10 años de administración K – y el traspaso en gran escala de la deuda con terceros (fundamentalmente Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales) a Deuda intra-Estado, no revirtieron la gravedad del problema de la Deuda Pública de la Argentina sino que la están llevando a un nuevo callejón sin salida de mayor endeudamiento.

Sin embargo, el fracaso de la política seguida en materia de deuda por administración K – lo mismo que el fracaso de todas las administraciones que lo precedieron, desde el Proceso Militar hasta nuestros días – no implica necesariamente caer en una nueva crisis abierta de Deuda sino, por el contrario, supone entrar otra vez en la peligrosa senda de una nueva ola o etapa de endeudamiento, que puede tener un recomienzo gradual y luego irse paulatinamente ampliando hasta lograr niveles más institucionalizados y diversificados de deuda.

Hay una serie de señales de cambio en este sentido que están dadas por el acomodamiento de los hechos de re-endeudamiento en curso:

a)    Las negociaciones aceleradas que se están produciendo en el contexto de los fallos de Nueva York sobre los reclamos de losholdouts, aunque cualquiera sea el resultado a que se llegue (con/sin reapertura del canje) ello implica la realización de más pagos y la formalización de más deudas para regularizar la situación hoy existente (capital, intereses y cupones PBI).

b)    El mantenimiento a ultranza de la política de pagos de la deuda externa con reservas del BCRA, que conlleva una descapitalización del banco, que ha llevado a la institución a una posición financiera crítica y que fuerza la reposición de reservas comprando más divisas con deuda.

c)    El Blanqueo de Capitales en curso, por lo tocante a la emisión de títulos BAADE y PADE, que implican emitir nueva deuda en moneda extranjera con acreedores privados, evasores o no.

d)    La aceptación del pago de las sentencias en su contra dictadas por el CIADI – 500 MD – a instrumentar entregando bonos del Estado.

e)    La destrabazón o destrabe – derivado del punto anterior – del nuevo paquete de préstamos del Banco Mundial a la Argentina por 3.000 MD, en el marco del programa de Asistencia al País.

f)    El afianzamiento del programa equivalente del BID sobre Estrategia de País con la Argentina del período 2012-2015 y sus avances en la renovación pertinente, ya que el Banco Interamericano de Desarrollo constituye el primer prestamista entre los organismos multilaterales de crédito (saldo 9.900 MD – casi 10.000 MD – al 31.12.2012).

g)    El avance en las conversaciones con el FMI para regularizar las estadísticas del INDEC con la introducción del nuevo IPC Nacional.

h)    El progresivo endeudamiento externo y/o en moneda extranjera por parte de una serie creciente de provincias,[10] con las autorizaciones y garantías pertinentes del Gobierno Central; deuda consolidada ésta que constituye una ventanilla lateral y relevante del endeudamiento público.

i)    El importante aumento de la Deuda Pública Indirecta (Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios), con YPF a la cabeza; deuda de la que el Gobierno Central es garante pero sobre la cual no hay idea de su monto por la falta de informaciones oficiales.

j)    Las expectativas de aceleración de un arreglo con los países delClub de París, que estaría muy vinculado a la solución del problema de los holdouts y al financiamiento de empresas extranjeras para efectuar inversiones en la Argentina.[11]

k)    Los eventuales nuevos préstamos de la Banca Comercial, cuyo monto ha crecido ya en forma importante durante los últimos años, siendo que el saldo de deuda por este rubro era de 7.300 MD al 31.12.2012.

l)    Las posibles emisiones de bonos para cumplir con el pago dejuicios contra el Estado con sentencia en firme, que abarcan desde reclamos ante el CIADI hasta cumplimiento de causas contra la ANSES.

m)    El aumento igualmente importante del nivel y ritmo deendeudamiento externo privado – fundamentalmente Empresas, no Bancos, y realizado en gran medida con préstamos contraídos con entidades de los mismos grupos empresarios a los que pertenecen – lo que a su vez guarda relación con las contrataciones del Estado y también con la necesaria disponibilidad de divisas del BCRA.

n)    La mejora de la actividad de Bolsa, traccionada por la mejor cotización de varios títulos públicos y, particularmente, de los cupones PBI (alentados a su vez por las discutibles expectativas alcistas de las tasas oficiales de crecimiento económico). Y la paralela baja relativa de la sobretasa de Riesgo País (EMBI+ de JP Morgan), que ha descendido actualmente a menos de 1.000 Puntos Básicos (900 PB).

o)    Por último, la aparente llegada al tope de aumento de la Deudaintra-Estado – que al 31.12.2012 era el 58 % de la deuda por capital normalizada (197.500 MD) y que hoy se encuentra fuertemente concentrada en dinero prestado por la ANSES, el BCRA y el BNA – lo que abre la instancia alternativa de volver al endeudamiento con terceros (acreedores privados – fundamentalmente bonistas – y organismos multilaterales de crédito).  

Todos estos datos son indicios o señales concretas y parcialmente cuantificables de que el gobierno Kirchner no sólo no se está des-endeudando sino que, por el contrario, estaría entrando en una nueva ola o etapa de gran endeudamiento público.

Las dos primeras oleadas de endeudamiento – la del Gobierno Militar (1976-1983), que termina con el default de 1982, y la de la década menemista de la Convertibilidad (1989-2001), que termina con la Crisis de Deuda y default de fines de 2001, bajo el gobierno De la Rúa – fueron períodos de grandes aumentos de obligaciones con bancos privados y luego en títulos públicos por parte del Estado.

La actual etapa – todavía en curso – ha consistido, en cambio, en haber cumplido un período de “des-agotamiento” parcial de los niveles de deuda con terceros utilizando para ello los recursos de la Deuda intra-Estado como una suerte de “préstamo-puente” interno para poder cumplir con los pagos prioritarios a bonistas privados y organismos internacionales.

Una vez transferida la gran masa de compromisos a las agencias del propio Estado (un quantum de deuda que no tiene capacidad de repago), el stock de deuda pública externa – reducido en gran medida por esta vía – permitiría despejar los saldos importantes de endeudamiento local para volver a tener margen para colocaciones de deuda afuera.

El procedimiento habría consistido así en una “internalización” de deuda – traspaso de deuda externa con terceros a deuda interna oficial - transfiriéndola al propio Estado, donde luego puede reducirse o desaparecer por licuación derivada de la inflación, por sub-indexación de la misma y/o directamente por pase a pérdida.

Tal sería un resultado posible del esquema enunciado según la Hoja de Ruta del ministro Boudou – entonces al frente de Economía y hoy a cargo de la vicepresidencia de la Nación – cuando asumiera en el año 2009 formulando los tres pasos clave de dicha agenda: 1. Liquidación del problema de los Holdouts, 2. Arreglo de la Deuda Externa con el Club de París, y 3. Regreso de la Argentina al Mercado Internacional de Capitales, precisamente para volver a tomar Deuda Externa (que tal era el objetivo – hasta hoy frustrado – del Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005).

LA AGENDA POST-ELECTORAL.

En lo inmediato, los resultados de las elecciones parlamentarias del 27.10 no deberían cambiar nada de fondo en materia política argentina desde el punto de vista de la gestión de gobierno.

Las elecciones primarias obligatorias de Agosto – elecciones “internas” que en la mayoría de los casos no tenían razón de ser porque los grandes partidos políticos fueron a las urnas con listas únicas de candidatos preestablecidos – ya dieron un panorama anticipado y confiable que prefigura una derrota del gobierno Kirchner en los comicios del próximo 27.10.

Las PASO permitieron identificar así, de manera completa y cuantificable, las tendencias electorales y el mapa político formal de la partidocracia argentina.

Si bien una serie de acciones oficialistas ha tratado de remontar ese retroceso en las urnas (discursos, anuncios, inauguraciones, aprobaciones parlamentarias, etc.) no puede saberse en qué medida estas cosas podrán modificar efectivamente la posición del gobierno en los próximos comicios.

Es probable que el sorpresivo problema de salud de la presidenta incida más en la decisión de voto de la gente que el humor político general, hoy casi totalmente opacado e indiferente dada la vaciedad programática de gobierno y de la oposición, la ausencia de debate sobre cuestiones de fondo de la realidad nacional, la reiteración y reciclado de figuras ya conocidas, el confeccionamiento mayoritario de listas sin internas partidarias y, sobre todo, el diversivo o distractivo de la candidatura Massa, que opera funcionalmente como “el Bordón de Cristina”.[12]

En materia de omisiones de temas de debate es particularmente notable que durante toda la campaña las grandes fuerzas políticas en pugna por las bancas legislativas – tanto del oficialismo como de la oposición – no hayan abordado el problema económico-financiero clave que constituye la nueva crisis de Deuda que está viviendo el país – conforme se explica en la presente nota – ni el de sus incidencias conexas.

Por el contrario, el discurso institucional – dentro y fuera del Peronismo[13]es soslayarlo, ignorarlo como si el problema no existiera, cumpliéndose así la regla de que en la Argentina “todo lo importante es secreto” y de ello no se habla.

La clave de coincidencia en estas elecciones de medio término puede resumirse quizás en una idea central: la continuidad de la ficción del Modelo.

El oficialismo habla de afianzamiento del Modelo y la pseudo-oposición habla de corrección, ajuste o perfeccionamiento de ese Modelo pero la realidad es que la bonanza transitoria de la post-convertibilidad - que fue presentada por el gobierno Kirchner como si se tratara de un “modelo” - hoy ya no existe porque han desaparecido los superávits gemelos – fiscal y externo – que eran el sostén concreto de su apariencia.

Pero, aún así, esa versión del Modelo K tuvo su agotamiento y caída, como lo tuvieron antes la Convertibilidad de las administraciones Menem y De la Rúa, como lo tuvieron antes los Planes Austral y Primavera bajo la gestión Alfonsín; y como lo tuvo antes el Programa de Abril de 1976 del Ministro Martínez de Hoz bajo el Gobierno Militar.

Y la característica de estos “planes” y “modelos” es que todos se derrumbaron por una causa común: el sistema de la Deuda Pública, que era y sigue siendo el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política.

Nuestro país vive encerrado en una trampa de Deuda Perpetua, es decir, una deuda pública impagable que inexorablemente va siendo refinanciada, devengando más servicios por intereses y por capital, y requiriendo endeudamiento adicional, de modo que el stock de deuda sigue aumentando.

Los gobiernos de turno sobrellevan las Crisis de Deuda – esto es, los momentos de descalce entre recursos disponibles y refinanciaciones de salvataje (de salvataje a los países deudores pero especialmente salvataje a los acreedores de esos países) – en forma recurrente: apelando a tomar siempre más Deuda.

Los programas de gobierno duran en la Argentina lo que duran los mecanismos de endeudamiento necesarios para sostenerlos: cuando inevitablemente se agotan los recursos disponibles – básicamente, por falta de divisas - es necesario echar mano a fuentes de financiamiento extraordinarias que, a los fines de su presentación pública, se revisten bajo la figura de supuestos “éxitos” de re-estructuración de deudas.

Y entonces el ciclo vuelve a empezar – por la vía de “barajar y dar de nuevo” – y su forma clásica es incurrir periódicamente en una nueva ola de endeudamiento.

Porque el negocio de los capitales financieros no es llevar a los países deudores al default sino jaquearlos  porque “nadie mata la  gallina de los huevos de oro”, que vive pagando y tomando más deuda (como la Argentina).

Pero en tales momentos de crisis de Deuda – crisis periódicas que se producen por la lógica elemental de la falta de capacidad de repago – las decisiones  financieras se reacomodan y los procesos políticos derivados de las mismas también (ya que los gobiernos son los que “tienen que poner la cara” asumiendo los costos de los cambios ante la opinión pública); y se inicia entonces la preparación de una “etapa de transición”, un período de tiempo prudencial para que los nuevos cuadros político-administrativos se adecuen a las nuevas circunstancias.[14] 

El cuadro de situación explicado en la primera parte de este trabajo y las señales de cambio enunciadas en la segunda permiten inferir que la Argentina ha llegado hoy nuevamente a ese punto de inflexión en el que las decisiones de cambio no pueden ser dilatadas más, que son decisiones que van a tener que tomarse quienquiera esté al frente del Ejecutivo y que lo más probable es que tales decisiones van a estar en línea con un plan de transición hasta fines del 2015, en que asuma un nuevo gobierno.

No se sabe, obviamente, cuáles serán esas medidas concretas pero caben pocas dudas que las acciones ya deben estar decididas, y los funcionarios que las piloteen también.

Con el riesgo lógico que supone formular conjeturas en estos casos pero tomando como base la adscripción de la administración Kirchner al sistema de la Deuda Pública perpetua, su manifiesta “vocación pagadora”, su extraordinario esfuerzo fiscal en curso para cumplir con los servicios de esa deuda y todas las señales emitidas en tal sentido, es previsible que después de las elecciones se encaren más crudamente al menos tres cosas:


1.    Un intento de “estabilización” a través de una “tablita” de alineamiento de la devaluación oficial del peso a la inflación real, con aumento de las tasas de interés a niveles más elevados y positivos (cosa que ya está ocurriendo a través del aumento del piso de las tasas de mercado – Badlar y conexas - tomando como referencia las que paga el BCRA por Lebac/Nobac).

2.    Un mayor blanqueo del plan de ajuste encubierto que se viene llevando a cabo para disponer de mayores recursos destinados al pago de la Deuda (aumento de la presión tributaria, retraso cambiario relativo, baja de subsidios contra aumento de precios y tarifas de servicios públicos, freno del ritmo de aumento de salarios y jubilaciones, etc.). Y

3.    Fin de la Deuda intra-Estado – por agotamiento o tope en sus posibilidades de “préstamo puente” interno – y vuelta al Mercado Internacional de Capitales, para colocar más deuda en función de la Hoja de Ruta Boudou: 1. Liquidación del problema de los holdouts, 2. Arreglo con el Club de París, y 3. Retorno al Mercado Financiero Mundial.


Este último punto, presentable ante la opinión pública como una supuesta victoria sobre los “fondos buitre” (que entrarían en la nueva reapertura del Megacanje y/o en sus negociaciones paralelas), como el logro de un acuerdo con el Club de París que suponga el anuncio de nuevas Inversiones Extranjeras Directas (IED) y como una colocación piloto o experimental “exitosa” de bonos externos en el mercado internacional de capitales, bajo el argumento de hacerlo a tasas de interés más bajas, le abriría las puertas  a la Argentina para “reinsertarse” – una vez más – en el mercado de DeudaExterna.[15]

Sólo faltaría saber si estos cambios se llevarán a cabo, durante el período de transición, por el propio gobierno CFK – contradiciendo su discurso del des-endeudamiento y su aparente resistencia a volver a endeudarse en el exterior – o si tales cambios serán hechos por otra administración que prematuramente la suceda.


EN CONCLUSION:

El panorama post-electoral de Octubre pareciera estar definido en sus rasgos esenciales. Las cosas habrían pasado a tener, por ahora, un compás de espera en base a la fórmula de: primero, que el pueblo vote, y luego el gobierno – quienquiera esté al frente del Ejecutivo - informará sus decisiones.

La Argentina está nuevamente en Crisis de Deuda - aunque oficialismo, oposición y medios de comunicación se empeñan en soslayarla – porque el gobierno no tiene capacidad de repago para cubrir los servicios de la Deuda Pública con recursos genuinos y habría llegado al tope de uso de la Deuda intra-Estado.

Como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente, las grandes estructuras de poder económico-financiero, nacionales y multinacionales, están preparando la Transición al 2015, que la Clase Política tiene luego que llevar a cabo.

Esta transición, sin embargo, encuentra tres escollos básicos que el gobierno tiene que resolver en función de las exigencias del capital financiero internacional:


1.    El dilema de la posición de reservas netas del BCRA, sus necesidades de reposición y/o acumulación de divisas y el nuevo marco de libertad en el movimiento de capitales.

2.    El manejo de las cuentas fiscales de modo de volver a garantizar tanto la autonomía del BCRA como el logro de superávits gemelos: fiscal y externo.

3.    El modo de allanar el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou para volver al Mercado Internacional de Capitales para colocar nueva deuda.


Estas elecciones no traerán cambios por sí mismas sino que los verdaderos cambios se harán después de las elecciones: es la forma tradicional en que la Democracia queda subordinada a las exigencias del Electoralismo.   


Lic. Héctor L. GIULIANO

NOTAS:


[1] La famosa frase de referencia de George Santayana (1863-1952) es la que dice que “aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.

[2] Este punto fue desarrollado en detalle por el autor en su trabajo titulado“Alerta roja sobre el Banco Central” (2.10.2013).

[3] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos y están tomadas siempre con redondeo, de modo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos respectivos.

[4] Estas reservas netas pueden ser mucho menores todavía si – como sospecha Javier Llorens – el gobierno pudiera estar integrando parcialmente el monto de las reservas internacionales con títulos públicos argentinos, cosa que ahora le permitiría la Carta Orgánica (CO) del BCRA reformada el año pasado (Ley 24.144 modificada por la 26.739, del 27.3.2012). 

[5] El BCRA repone las reservas que presta al Tesoro comprando las divisas provenientes de las exportaciones con emisión de dinero, lo que presiona sobre el nivel de los precios.

Para contener los efectos inflacionarios de tal aumento del circulante, el mismo BCRA rescata o esteriliza la mayor parte de esos billetes emitidos colocando Letras/Notas (Lebac/Nobac), que es Deuda cuasi-fiscal (deuda paralela e independiente de la del Tesoro Nacional).

Esto significa que, por carácter transitivo, las Reservas se compran con Deuda.

Por esta deuda en Lebac/Nobac el BCRA paga actualmente intereses del orden del 18-19 % anual mientras que por la colocación de las Reservas Internacionales (casi su totalidad en plazos fijos) tiene un rendimiento casi nulo: el año 2012 fue de sólo un 0.11 % y el 2011 había sido de 0.17 %.

Concretamente, según el Balance del BCRA 2012 – conocido hace pocos días – el banco tuvo ganancias por intereses cobrados sobre las reservas de sólo 255 M$ mientras que durante el mismo ejercicio pagó intereses sobre títulos propios (las Lebac/Nobac) por 11.360 M$: 45 veces más.  

[6]  Al 31.12.2012 la Deuda Externa Privada sumaba unos 68.500 MD, de los que 22.000 MD a esa fecha se encontraban vencidos (eran Deuda exigible) y otros 27.800 MD tenían vencimiento durante el año 2013.

[7] Este punto fue desarrollado en detalle por el autor en su trabajo sobre“Deuda Pública y Presupuesto 2014 (20.9.2013).

[8]  El saldo de la deuda pública al comienzo de la administración Kirchner era de unos 175.000 MD (año 2003), durante el decenio 2003-2012 - según la presidenta Cristina Kirchner - se pagaron servicios de deuda por 173.700 MD pero actualmente el saldo de la deuda es superior a los 209.000 MD (al 31.12.2013), monto que se eleva a 300.000 MD si se le suman los intereses a pagar  (72.000 MD) y los pagos faltantes estimados por Cupones PBI (unos 16.000 MD).

La Deuda aumentó 18.800 MD el año 2012 y había aumentado 14.600 MD en el 2011.

Por ende, no es cierto que el país se esté des-endeudando.

[9]  Los vencimientos de Capital no se amortizan en forma neta sino que se pagan íntegramente con nuevas deudas, deudas que son contraídas en su gran mayoría con el propio sector público, principalmente con la ANSES, el BCRA y el Banco Nación (BNA). Estas obligaciones intra-Estado no tienen capacidad demostrada de repago y además se sigue tomando siempre deuda adicional a la que se cancela.

Según el Presupuesto 2014 el año que viene vencen 44.300 MD de deuda por capital y está previsto tomar deuda por 57.000 MD, es decir, por 12.700 MD más.

A estas previsiones presupuestarias expresas de endeudamiento hay que sumarle luego las deudas que se agregan para cubrir los déficits fiscales, que no están previstos pero que se vienen produciendo en forma creciente pese a las optimistas proyecciones de equilibrio: en 2011 se había previsto un superávit de 1.600 M$ pero resultó, en cambio, un déficit de 31.700 M$; y en 2012 se previó un superávit de 1.500 M$ y resultó un déficit de 55.600 M$.

Para el 2013 estaba también previsto un superávit, de 600 M$, pero ahora el propio gobierno estima un déficit de 44.600 M$ y proyecciones privadas lo elevan a 50 ó 60.000 M$.

Para el Ejercicio 2014 se prevé nuevamente un superávit, en este caso de 870 MD. 

Los intereses - a diferencia de los vencimientos de capital - se pagan en efectivo como parte del Gasto Público Corriente y son también crecientes: para el año 2014 está previsto pagar por este concepto 73.300 M$ (12.200 MD).

Estos intereses tienen así un incremento del 73.8 % mientras que el aumento del Gasto Público en su conjunto es del 19.2 %.

[10] Las deudas provinciales se están contrayendo hoy con Organismos Financieros Internacionales (Banco Mundial, BID, CAF)  y también con inversores financieros privados. Se toman en moneda extranjera, en pesos y/o en moneda local indexada por dólar oficial (bonos con cláusula dólar linked); y se contraen con/sin garantía de recursos naturales (caso petróleo).

Las principales provincias involucradas – con Buenos Aires, Córdoba y la CABA a la cabeza – están colocando deuda que ofrece altos rendimientos en dólares a los acreedores, del orden del 10 % o más según los casos.

[11]  La deuda con el Club de París es de 6.100 MD según el gobierno Kirchner pero los reclamos completos del mismo contra el país – incluyendo multas, punitorios y gastos – son superiores a los 9.000 MD. En la actualidad esta deuda no se está pagando, de modo que su regularización (atada a nuevos créditos) también subiría en forma relevante los servicios por capital e intereses.

[12] La irrupción de la figura de Sergio Massa como pseudo-alternativa opositora es funcional al gobierno Kirchner. Cubre, de hecho, la misma finalidad que José Bordón contra Menem en 1995 y que Roberto Lavagna contra Cristina Kirchner en 2007: dividir el voto de la oposición.

[13]  De hecho, la suma de intenciones de voto - según sondeos preliminares - estaría dando un 40 % a Massa y un 30 a Insaurralde, lo que hace en conjunto más de un 70 % del electorado polarizado en las dos grandes versiones actuales del Peronismo como Partido o facción electoral.

[14] Esto ya pasó en la Argentina muchas veces en la historia reciente y puede incluso identificarse la secuencia en el tiempo que marca la correlación directa entre crisis de deuda y cambios político-financieros en la Argentina:

a)    la crisis de deuda y default de 1981-1982, que implicó el gran cambio del gobierno militar al gobierno civil.

b)    el reacomodamiento de gabinete por las presiones externas de definición de la crisis de deuda en 1985-1987 que llevó al equipo Sourrouille, con los planes Austral y Primavera, bajo la administración Alfonsín.

c)    la crisis de Deuda e Inflación que arrastró la renuncia anticipada del Dr. Alfonsín en 1989.

d)    la crisis de deuda que llevó al equipo Cavallo y, con él, a la Convertibilidad en 1991 y al Plan Brady 1992-1993 (de la que el Plan de Convertibilidad era requisito).

e)    la crisis de deuda del Tequila (1994-1995), que motivó en la Argentina  las garantías por parte de grandes bancos sobre el endeudamiento externo bajo la administración Menem.

f)    la crisis de deuda 1999-2001, bajo la administración De la Rúa-Cavallo, que después del fracaso del Blindaje, de la operación cuasi-delictiva del Megacanje de 2001 y del nuevo canje de Noviembre terminó en el default de Diciembre de ese año.

g)    la crisis por las presiones de definición para la salida del default en 2003-2005, que llevó al Megacanje Kirchner-Lavagna, por el cual se dio el  “lavado” de gran parte de la deuda del 2001 y se pactaron nuevas condiciones de capitalización de intereses, ajuste de deuda en pesos por inflación y cupones PBI (VLPBI), así como se dio la aceptación de nuevas cláusulas de servidumbre financieras (entre las cuales, la del Acreedor más favorecido).

h)    la crisis por el fracaso del Megacanje 2005, dada la incapacidad de pago con fondos genuinos, lo que motivó la estatización de los fondos jubilatorios de las AFJP (en 2008) y el uso en gran escala de reservas del BCRA para poder atender los servicios crecientes de la deuda pública (desde Enero de 2006 con el FMI y desde 2010 con los Fondos de Desendeudamiento Argentino).

i)    la nueva crisis actual por los fallos de Nueva York a favor de los holdouts, las sentencias contra la Argentina en el CIADI, la demora de acuerdo por la deuda externa con los países del Club de París, la concentración de vencimientos de la deuda del Estado Central (potenciada por el aumento acumulativo de los pagos por VLPBI), la Deuda Pública Indirecta (Entes Públicos y BCRA en particular) y por la no disponibilidad de divisas para la Deuda Externa Privada; todo lo cual estaría conduciendo a cambios de gobierno y de políticas que se darían a  conocer después de las elecciones de Octubre.

Cualquiera sea el juicio de valor sobre este listado de puntos, se trata de hechos históricos concretos que marcan nuestra historia económico-financiera contemporánea y que están vinculados directamente con el problema de la Deuda.

[15] Cabe agregar una conjetura complementaria pero algo inevitable en torno al problema de la falta de reservas internacionales de BCRA, que han caído ya a niveles de peligro.

Las necesidades de provisión de divisas para cubrir las obligaciones de la balanza de pagos, acentuadas por la acumulación de servicios financieros atrasados de la Deuda Externa Privada y su vinculación con el giro de Utilidades/Dividendos, así como los desbalances ya citados en materia energética, automotriz y turismo, obligarían al gobierno a buscar – de alguna manera – una suerte de “blindaje” para recomponer la posición de reservas netas del BCRA.

Una parte de ello pudiera conseguirse a través del aumento de los depósitos en dólares – para lo cual se necesitaría modificar las condiciones del mercado cambiario local – y también puede lograrse por medio de mayores préstamos de otros bancos centrales (como el caso del Banco de Francia, que le ha concedido a nuestro país otro préstamo por 3.000 MD al BCRA) y/u otros organismos financieros internacionales (como el Banco de Pagos Internacionales o BIS de Basilea).

Existe también la posibilidad que se re-implante algún mecanismo que facilite nuevamente el incremento de los ingresos de capitales – especulativos y/o IED – dentro de este nuevo esquema de recomposición de reservas y que ello se pudiera dar en gran escala, como ya viene ocurriendo en Ibero-América en general (con Brasil a la cabeza).

Otras variantes pueden darse, concurrente o separadamente, por vía de acuerdos oficiales multilaterales o bilaterales.

El swap o pase de monedas negociado con China desde Mayo de este año – por hasta 10.000 MD – es uno de los instrumentos posibles para este tipo de operaciones pero, hoy por hoy, dada la difícil situación del BCRA, pudiera resultar insuficiente.   
EEUU: el mayor deudor del mundo

por Julio Gambina


El gobierno de EEUU está en problemas. Empezó el mes de octubre y su año fiscal sin presupuesto aprobado, lo que supuso mandar a sus casas, con vacaciones anticipadas a 800.000 trabajadores estatales. Aunque se decidió pagar esos salarios, la incertidumbre de la interna política en el poder gubernamental de EEUU se traslada a los trabajadores y su familia.
La discusión es por unos 40.000 millones de dólares de un presupuesto que reitera por cuatro años consecutivos un déficit fiscal de 1,5 billones de dólares, lo que explica una deuda pública estadounidense de 16,7 billones de dólares, sobrepasando el límite de endeudamiento permitido.El Departamento del Tesoro de EEUU informó que el stock de deuda alcanza a 16.747.468.940.509, y el máximo autorizado por el Congreso eran  16.699.421.095.673 dólares. El gobierno ha tomado más de 48.000 millones de dólares de deuda pública que lo aprobado por el Congreso estadounidense.Podemos afirmar que este es el problema financiero en EEUU. Siendo la primera potencia mundial del capitalismo es un Estado fallido, sin recursos propios y que necesita del financiamiento del mundo. El plazo para obtener la autorización parlamentaria de extensión de su capacidad de endeudamiento vence el 17 de octubre.El gobierno de Obama cuenta con esa extensión y también en que el mundo seguirá confiando en el dólar y en el Tesoro de los EEUU y por lo tanto seguirán demandando bonos públicos con la garantía de cancelación “Made in USA”.No en vano, la Reserva Federal de EEUU emite todos los meses 85.000 millones de dólares para el salvataje de su economía, el epicentro de la crisis mundial. Son dólares que inundan el mercado mundial y alimentan un nuevo ciclo de la burbuja financiera que siempre estalla para perjuicio de sectores subalternos, en EEUU y en el mundo.

Las negociaciones argentinas en Washington

Mientras esto ocurre en la potencia imperialista, la Argentina mantiene abierta negociaciones en Washington con impacto en la propia deuda pública local.Por un lado, la Corte Suprema estadounidense no asume tratar la apelación realizada por el gobierno argentino contra el fallo de cancelación al 100% presentado por deudores externos, aprobado en primera y segunda instancia en Nueva York. El juicio es por unos 1.300 millones de dólares y constituirá antecedente para otras demandas por unos 10.000 millones de dólares y consecuencias de incremento de acreencias sobre el universo de acreedores ingresados a los canjes de deuda del 2005 y 2010.Por otro lado y desde el CIADI se demanda al país por el cumplimiento de sentencias que alcanzan los 500 millones de dólares. Son acciones realizadas por transnacionales que se sintieron afectadas por el cambio de política cambiaria a comienzo del 2002.Por si esto fuera poco, desde Washington, el FMI presiona para evaluar cambios en los mecanismos de medición del INDEC, según el acuerdo oportunamente suscripto por el organismo y el gobierno local.

¿Qué lecciones se pueden sacar sobre esta situación?

Está claro el papel hegemónico de EEUU y su capacidad para transferir la crisis al sistema mundial. EEUU se hizo potencia a la salida de la segunda guerra, como gran prestamista del mundo. Desde entonces protagonizó el apogeo de la dominación mundial inundando de bases y programas militares el planeta, invasiones y operaciones secretas y abiertas mediante, socializando el financiamiento del accionar terrorista.Nuestro interrogante es si el mundo debe continuar financiando el terrorismo de Estado, y más aún, si se debe sostener la institucionalidad que habilita el poder global de EEUU. Claro que remitimos al orden financiero mundial y al papel de los organismos donde EEUU decide, caso del FMI y el Banco Mundial con sus agencias y anexos, caso del CIADI.La Argentina debe salir del CIADI, tal como lo hicieron países de Nuestramérica, caso de Venezuela, Bolivia o Ecuador, e incluso considerar el hecho que Brasil nunca adhirió al protocolo por el CIADI. Ecuador está organizando una Comisión Internacional para considerar la denuncia de los tratados bilaterales que atan a ese país a la presión de las transnacionales sobre la “seguridad jurídica” de sus inversiones. Es el camino que ya fue exitoso de auditoria e investigación de la deuda pública para determinar porciones de ilegitimidad.
Mientras EEUU cierra su gobierno por disputas políticas en su interior y se negocian autorizaciones para ampliar el endeudamiento público, los países con pretensión autónoma debieran desvincularse de una institucionalidad que alimenta la degradación estadounidense, que en su desesperación solo atinan a incrementar su papel de gendarme mundial a costa de una deuda cuyo costo se descarga sobre los pobres de EEUU y del mundo.

viernes, 19 de julio de 2013

Chevron y la fractura de la soberania


por Silvana Melo 

Habrá que explicarles alguna vez a los que están naciendo qué se hizo con el suelo hecho para sostenerse, para pararse, para que ande la libertad. Habrá que contarles la mitología de los pueblos soberanos, la leyenda de la independencia y la quimera del río azul que la araucanía consideraba Ñedken, arrogante y audaz.

El decreto 929 del Gobierno Nacional y la firma de la sociedad de YPF con Chevron es una amarga confirmación de que nada ha cambiado en el país en veinte años. Una desmentida brutal a Heráclito: la Argentina se baña dos veces en el mismo río. Pero antes lo fractura y lo contamina.

Con la sutileza de ahorrarse colocar a un empresario multinacional como ministro de Economía, el Gobierno reparte como naipes en juego los recursos naturales que se agotan y los deja en manos de quienes exprimirán la tierra y el río hasta volverlos desierto, los harán volar, los contaminarán y los dejarán temblando en los pies de la gente. Las leyes mineras del menemismo y el decreto cosido como una blusa a perfecta medida de Chevron responden a la misma matriz filosófica. La riqueza enajenada y con beneficios de patronal concedidos a las empresas multinacionales (a la Barrick, a Chevron, a Monsanto y a todas las que quieran venir a servirse de tan generoso plato) corresponden a una idea determinada de país. Con jefes inapelables en las sombras. Y un escenario colorido donde el poder de cartón hace creer que las decisiones de la médula pasan por Moreno o Kicillof. Habrá que explicarles a los que están llegando quién es la marioneta y quién el que le mueve los brazos.

El decreto 929 autoriza a empresas que realicen una inversión directa en moneda extranjera de mil millones o más (Chevron invertirá 1200 millones) en los primeros cinco años a exportar sin retenciones y con libre disponibilidad de los fondos que generen esas exportaciones. Es decir, nadie les exige que aunque sea una parte de esas divisas se queden en el país a cuya tierra someterán al fracking, fractura hidráulica, hidrofractura. O vejación profunda. Como las megamineras vuelan los cerros y someten a las rocas a la lixiviación por cianuro. Todas necesitan de un volumen de agua dulce monumental, arrancada a los árboles, a los peces y a la vida humana. Sin gestión del agua residual ni de la proliferación de químicos, generalmente devueltos a la ronda inocente del ecosistema.

Un año atrás el decreto 1277 declaraba la soberanía hidrocarburífera. La soberanía parece ser una esclava que pasa de manos. La nacionalización gloriosa y festiva de YPF devolvió el petróleo a manos de empresarios nacionales. No del Estado. Ahora las cosas vuelven a su curso natural. Es el tiempo de desnacionalizar. Y volver a secuestrar la soberanía. Para que no hable tonterías en los discursos vacíos. (El contrato con Chevron estará atado a la jurisdicción legal de Estados Unidos- La Nación, 17/07/2013).

El decreto apareció un día antes de la firma del convenio con la ex Standard Oil y socia fagocitadora de Texaco. Días antes, la Corte Suprema ponía fin al embargo determinado por Ecuador, donde el paso de Chevron dejó una marea de contaminación de futuro impredecible. “Se instaló en 1964 en la Amazonía ecuatoriana y explotó distintos yacimientos hasta 1990. En 26 años derramó 103 millones de litros de crudo, contaminó 63 mil millones de litros de agua y 480 mil hectáreas, afectando gravemente a 30 mil personas -aborígenes y campesinos-, que habitan la zona. (…) La Corte Suprema levantó un embargo de 19 mil millones de dólares pedido por la justicia de Ecuador por contaminación en ese país.” (Darío Aranda). No hay inocentes en esta historia.

Desde el sur hasta los nortes la Ñuke Mapu, la Pacha, la madre de todos los pájaros y todos los frutos les temblará en los pies. Habrá que explicarles. Que el Grupo Rockefeller es el dueño de Chevron y a la vez se relaciona con la explotación de petróleo en Malvinas y a la vez está ligado a los intereses de los agroquímicos y Monsanto y a la vez a la insaciable Barrick Gold.

En Vaca Muerta, en las profundidades cercanas al río Neuquén, hay gas y petróleo que yacen en los fondos abismales. En tiempos en que los recursos se agotan, no se cambian las matrices, no se piensa en modificar las fuentes de la energía que mueve las cosas. Entonces se buscan los hidrocarburos no convencionales. Es decir, aquellos que son de acceso complejo.

Para eso, aparece el fracking. O hidrofractura. Neuquén ya convive con el primer pozo horizontal multifractura. Y en Vaca Muerta vendrán a quebrarles la tierra a lo hondo y a lo ancho. A la comunidad originaria Gelay Ko, cerquita de Zapala, se le mueren los animales. El agua dejó de ser pura y se enferman más. A los mapuches que ayer rodeaban los pozos de Vaca Muerta les mutilarán su espacio y les intoxicarán el aire y el agua. La tierra, la Ñuke, les temblará bajo los pies.

El fracking es un terremoto debajo de la tierra generado por explosiones. Primero se produce una fractura vertical para quebrar las rocas que contienen hidrocarburos en sus poros. Luego, el quiebre es horizontal. Para lograrlo, se utiliza un enorme volumen de agua dulce en mezcla con 203 químicos. Cada excavación requiere 30 millones de litros de agua: el consumo diario de una ciudad de 80.000 habitantes. Si un pozo de petróleo convencional necesita 100.000 litros de agua, uno no convencional se lleva 3.500.000 (Marcelo Sarlingo, antropólogo y magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Humano)

El modelo vorazmente extractivo que hoy aparece con el rostro maquillado de Chevron –pero que es Monsanto, Cargill, Barrick, Osisko y más-, lastima con la misma ferocidad la soberanía y el ambiente. El fracking, además de dejar agujeros vacíos en la entraña de la tierra (como en los cerros volados y la lixiviación con cianuro), además de obligar bajo tortura a la tierra a entregar sus vísceras más secretas y valiosas, sacudirá esa intimidad. Es un terremoto subterráneo. Que producirá veneno en el agua y sismos futuros en la necesidad de reacomodamiento del adentro fracturado.

Mientras tanto, la resistencia está en pie. Y será la diadema a mostrarles a los que están naciendo. Habrá que explicarles y decirles que es posible resistir. “Tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking: Cinco Saltos, en Río Negro, picó en punta, superando incluso el veto de la intendenta; en Entre Ríos, ya son 10 los municipios que prohibieron esta técnica y en Mendoza, cuatro departamentos (…) Una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking (…). La Confederación Mapuche del Neuquén dio a conocer un comunicado en el que rechazan el pacto entre Chevron e YPF, y afirma que no dejarán ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana, a sus territorios ancestrales” (Maristella Svampa, documento de Plataforma 2012).

Habrá que explicarles a los que están llegando qué se hizo con el suelo que les temblará en los pies. Con el aire y el agua hechos para la vida. Con la tierra que les mienten soberana.

Habrá que crecerlos en la resistencia. Para la libertad.
Deuda Pública Argentina: Reconversión de deudas ilícitas 


por Facundo Gutiérrez Galeno 
El Gobierno Nacional ha publicado nueva emisión de deuda por más de 2.000 millones de pesos y títulos en dólares por 1.378 millones. Según cifras oficiales la deuda pública aumentó en 2012 más de 18.800 millones de dólares. Datos y cifras que desvanecen la retórica del (des)endeudamiento y agudizan una peligrosa política de reconversión de deudas ilícitas.

En las dos últimas semanas el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de la Secretaría de Finanzas y Hacienda pertenecientes al Ministerio de Economía, ha publicado en Boletín Oficial varias emisiones de deuda pública por 3.770 millones de pesos y 1.844 millones de dólares. Las operaciones de crédito tienen por objeto captar dinero público para hacer frente a los vencimientos de servicios de la deuda. Las continuas emisiones vienen a cumplir con el calendario de endeudamiento fijado en las leyes de presupuesto. Esta particular política de (des)endeudamiento trajo consigo un aumento de la deuda de 18.800 millones de dólares en 2012.

Como destacáramos en anteriores notas, el Estado Nacional sigue acrecentando su deuda pública con sendas emisiones de títulos y bonos en pesos y dólares. En la última semana se publicaron en Boletín Oficial (BO) cuatro resoluciones conjuntas de la Secretaria de Finanzas y Hacienda por medio de las cuales se emitieron Letras del Tesoro en pesos por valor de 2.035 millones, y bonos por 1.378 millones de dólares. Las letras en pesos fueron suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares. Los títulos en dólares fueron suscriptos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina SA (ENARSA). Ambas emisiones tuvieron como objeto la cancelación de servicios de la deuda pública.

Resoluciones Conjuntas 341/2012 y 84/2012: Este viernes 28 de junio de 2013, se publicó en el BO la emisión de una Letra del Tesoro en pesos por valor de 835 millones de pesos para ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES). La letra lleva fecha de emisión del 28 de noviembre de 2012, con plazo de un año, con amortización de capital íntegra al vencimiento e intereses del 19 % anual a pagar trimestralmente. La letra será transferible y tendrá cotización en los mercados. El dinero prestado por la ANSES será destinado al pago de los servicios de la deuda pública.

Resoluciones Conjuntas 290/2012 y 75/2012: El mismo viernes 28 de junio, también se publicó en BO la emisión de dos letras en dólares. Una por 1.378 millones de dólares para ser suscripta por CAMMESA, con fecha de emisión del 18 de enero de 2012, plazo de dos años y once meses (vencimiento 18/12/2014), amortización en diez cuotas e interés a pagar a la tasa LIBOR más seis por ciento anual. En la misma resolución se autorizó al emisión de otra Letra del Tesoro por 21 millones de dólares a ser suscripta por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA) en las mismas condiciones que la anterior emisión. Ambas tienen por objeto asegurar la cancelación de deuda pública externa que CAMMESA y ENARSA asumieran con la petrolera venezolana PDVSA.

Resoluciones Conjuntas 266/2012 y 72/2012: Por su parte, este martes 2 de julio, la Secretaría de Finanzas y Hacienda publicó en Boletín Oficial la emisión de una Letra del Tesoro por un valor total de 900 millones de pesos. Con amortización íntegra al año, el título fue suscripto por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES) con intereses a pagar trimestralmente del 19 % anual. La letra fue emitida en cumplimiento de la Ley de Presupuesto de 2012, con la finalidad de cancelar vencimiento de deuda pública correspondiente a dicho año financiero.

Resolución Conjuntas 126/2013 y 24/2013: El mismo martes 2 de julio, se publicó en BO la emisión de una Letra del Tesoro en pesos a ser suscripta por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, con vencimiento el día 16 de mayo de 2014, por un monto de 300 millones de pesos. Amortización íntegra al vencimiento e intereses del 18 % anual pagaderos trimestralmente. La deuda fue emitida en virtud de las facultades conferidas por el Art. 32 de la ley de presupuesto 26.784 correspondiente al ejercicio 2013, con la finalidad que lo recibido en préstamo por el Instituto irá al pago de servicios de la deuda pública.

Como se observa, las continuas emisiones tienen un denominador común: obtener dinero de organismos públicos, o empresas controladas por el Estado, para destinarlo al pago de servicios de la deuda. Lo que llama la atención es que muchas de estos títulos tienen fecha de emisión en 2012. Se publican en Boletín Oficial en estos días pero con fechas al año pasado. La desprolijidad es manifiesta. La inquietud perdura y las preguntas apremian. ¿Cuándo fueron emitidas las letras? ¿Por qué se publican en este año resoluciones conjuntas de la Secretaría de Finanzas y Haciendas del año 2012? Posibles respuestas: O bien la letras fueron emitidas el año pasado y recién ahora se blanquean, o la letras son emitidas este año con fecha anterior en cumplimiento de la ley de presupuesto de 2012. Sea como fuere, se acentúa la necesidad de financiamiento público para cubrir vencimientos de deuda.

Aumento de la deuda pública

El Ministerio de Economía de la Nación, a través del Secretario de Finanzas Adrián Cosentino, acaba de informar la actualización de las cifras de la deuda pública argentina al 31 de Diciembre de 2012. En el informe presentado surge que el saldo de deuda pública a fin del año pasado era de 209.000 millones de dólares, correspondientes a deuda “performing” (en cumplimiento) por 197.000 millones, y 11.500 millones de holdouts o bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005-2010. Como bien destaca el licenciado Héctor Luis Giuliano en su reciente artículo “El aumento de la deuda pública”, esta cifra sólo considera la deuda pública en cabeza del Estado Central pero no incluye la deuda de las provincias y municipios, la deuda cuasi fiscal del Banco Central, la indirecta de empresas y organismos del Estado ni la deuda contingente.

Del propio informe brindado por la Secretaría de Finanzas, se desprende que la deuda pública aumentó 18.800 millones de dólares en 2012, debido a que la deuda pública al 31 de diciembre de 2011 estaba en 190.000 millones de dólares (179.000 millones “performing”, y 11.200 holdouts). Un incremento del 10 % anual. Como señala Héctor Giuliano, el aumento es producto de un incremento de deuda real de 24.000 millones menos un ajuste negativo por valuación de 5.400 millones, más la sumatoria de rubros menores por unos 200 millones. El incremento es muy superior al previsto y autorizado por la ley de presupuesto del año 2012. La ley 26.728 preveía un aumento de 11.700 millones de dólares, que surgían de restar al endeudamiento autorizado de 51.800 millones el pago de capital por 40.100 millones. En el año 2011 la deuda aumentó 14.600 millones de dólares.

Sin embargo, a la deuda informada por el Ministerio de Economía falta agregarle intereses a pagar calculados en 71.600 millones de dólares, cupones ligados al crecimiento del PBI por saldo pendiente de 16.000 millones, las deudas provinciales y municipales, deuda indirectas de empresas y organismos dependientes del Estado, deuda no registrada, deuda cuasi fiscal del Banco Central, entre otras. Todo ello arroja una cifra de deuda pública superior a los 350.000 millones de dólares, representando alrededor del 80 % del PBI. Según el informe, la relación Deuda/PBI era del 45 % a fin de 2012, superior a los 41,8 % registrados a fin de 2011. Sin embargo, la deuda pública en su totalidad sigue ubicándose muy por encima de la media del 35 % de la década menemista, y del 50 % registrado en 2001.

Es preciso mencionar que la información recientemente publicada contiene diferencias sustantivas con las establecidas en estimaciones oficiales anteriores, y con la propia ley de presupuesto sancionada en 2013. Así, el informe del Ministerio de Economía establece que los vencimientos de deuda pública para el año corriente por capital son 33.700 millones de dólares, e intereses por 6.800 millones. Sin embargo, el propio Ministerio había estimado (al 30 de junio de 2012), que los vencimientos de capital e intereses para el año en curso ascendían a 17.200 y 6.000 millones de dólares respectivamente. A su vez, ambas cifras son menores que las proyectadas en la Ley de Presupuesto 26.784 (2013), donde se autoriza un endeudamiento público de 36.500 millones de dólares de capital y 10.800 millones de intereses.

Como manifiesta Giuliano, “los datos que el Ministerio informa a la opinión pública son así mucho menores que los que realmente aprueban nuestros legisladores a través de las leyes de presupuesto.”

La deuda con el sector público

Otro de los aspectos claves del informe oficial es la brindada sobre la deuda intra-sector público. Es decir, aquella que el Estado Central debe a organismos públicos descentralizados, agencias estatales, o empresas controladas por el Estado como son entre otros: ANSES, Banco Central; Banco de la Nación Argentina, Lotería y Casinos, AFIP, PAMI, ENARSA, CAMMESA, etc. El informe destaca que la deuda pública con sectores privados continua disminuyendo hasta ubicarse en el 13,1 % del PBI. Por el contrario, la deuda con el sector público aumentó de sobremanera al representar el 58 % de la deuda pública total. Así, al año 2010 la deuda con el sector público era del 46,8 % y a finales de 2011 la misma trepó al 53,8%, para ubicarse finalmente en el 58 % a fines de 2012

Los grandes medios compran el discurso oficial donde se destaca que el crecimiento de la deuda con el sector público, y la consiguiente disminución de la deuda con el sector privado, corrobora la política de (des)endeudamiento que vive la Argentina en los últimos años. Ello, amparado en el subterfugio de que la deuda intra-sector público conlleva menos peligro de colapso y más independencia financiera de los sectores privados y organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, no se analiza la peligrosa conversión y cambio de acreedores que está llevando a cabo el Gobierno Nacional. Se toma partidas y fondos públicos con destinos específicos para cubrir vencimientos de deuda con acreedores privados y organismos internacionales. Así se internaliza deuda por vía de “estatización de obligaciones” sin la demostración de la capacidad de repago del Estado de la deuda asumida con el sector público.

Una lógica perversa se apodera de las finanzas. Como precisa Giuliano, “la lógica de esta política sería descargar la mayor parte de los compromisos actuales de la deuda externa con terceros transfiriéndola como deuda intra-Estado, utilizar esta deuda como préstamo puente interno para sostener la crisis de la deuda que afecta hoy a la Argentina, y preparar con ello el regreso de nuestro país a los mercados internacionales de capitales, justamente para volver a tomar más deuda externa”.

Reconversión de deuda ilícita

La creciente deuda con el sector público es parte de una lógica que viene agudizándose en toda América Latina. Es la conversión de deuda pública del sector privado al sector público, y el desvanecimiento de la relación histórica del proceso de endeudamiento de los Estados. Los medios que reproducen el falso discurso de una deuda “más sustentable” no se detienen en perspectiva de fraude y estafa que implican las deudas nacionales. Desde su conformación y crecimiento en los años 1976/83 hasta la actualidad, las políticas públicas con respeto a la deuda han licuado responsabilidades y ocultados ilícitos e ilegitimidades en su conformación y posteriores negociaciones.

Nadie menciona que nuestra deuda es consecuencia jurídica directa de la dictadura militar. A partir de 1976 las empresas del estado eran obligadas a endeudarse en dólares con el exterior para cubrir falsos déficit operativos internos en moneda nacional. Los dólares que ingresaba por endeudamiento eran destinados al mercado cambiario para ser utilizados en la fuga de capitales por grandes grupos económicos como consecuencias de las ganancias obtenidas por la timba financiera (tablita de Martínez de Hoz). De esta manera, el Estado fijaba cupos de endeudamiento trimestral para las empresas públicas. La propia justicia federal corroboró en la causa 14.467, iniciada por Alejandro Olmos, más de 477 ilícitos en la conformación de la deuda de pública. Un puñado de grandes empresas locales y extranjeras, junto con los principales bancos internacionales lucraban a costa de endeudar el patrimonio nacional.

Luego vinieron las estatizaciones de deuda privada en 1982/85. Grupos que se endeudaron en el exterior, o que fraguaron endeudamiento a partir de mecanismos como autopréstamos, lograron transferir sus deudas al Estado Nacional. Todo ello fue motivo de investigación por parte del Banco Central en el año 1984 (Circular 340). Sin embargo, luego de encontrar varias irregularidades e ilícitos en la conformación de la deuda privada asumida por el Estado, la investigación fue recortada y luego archivada. Allí intervinieron como funcionario de la complicidad y silencio Domingo Cavallo, Carlos Melconian y Daniel Marx.

Luego de sendas negociaciones con el Club de París por deuda ilícita de la dictadura, llega el Plan Brady para América Latina. Un plan ideado por el Secretario de Estado estadounidense, Nicholas Brady, que tenía entre otros objetivos establecer los montos de la deuda y renovar una deuda dispersa, ilícita e incobrable por otra consolidada y cobrable. El Estado Nacional no tenía registros contables de la deuda pública. Por el plan Brady Argentina emitió nuevos bonos para canjearlos por los pagarés emitidos por el Banco Central, los contratos de deuda del Estado Nacional y las provincias, y todas otras obligaciones que vencieran antes del canje. Así, y de la mano de un comité de Banco liderados por el Citibank, la Argentina establecía y regularizaba su ilícita deuda.

La supuesta novación continuó hasta que - crisis mediante- llega el blindaje financiero de 2000, y después el Megacanje de 2001. Ello en respuesta a una situación límite crediticia, producto del fuerte endeudamiento público de los años noventa basado en el mantenimiento de una política de fuga constante de capitales a partir del sistema de convertibilidad. En 2001 se canjearon 46 títulos en circulación por 5 nuevos títulos. Las comisiones cobradas por los bancos que oficiaron de colocadores ascendieron a casi 150 millones de dólares. Con el Megacanje se obtuvo una recomposición de los plazos pero un crecimiento extra de la deuda en más de 55.000 millones de dólares.

En 2001 la mitad de la deuda cae en default, principalmente títulos en poder de acreedores privados. En 2002 llega la pesificación asimétrica y los seguros de cambio que beneficiaron a los grupos económicos que generaron las crisis. Se compensa a empresas y bancos, y se emite deuda por más de 50.000 millones de dólares. La deuda se torna inmanejable, los acreedores y los organismos internacionales de créditos exigen una reestructuración que permita nuevamente regularizar los pagos anuales y renovar los títulos cuestionados. En enero de 2006 se cancela toda la deuda al Fondo Monetario junto con Brasil, Turquía y Rusia, principales deudores del FMI. De esta manera la Argentina transitó las continuas políticas de emisiones y reestructuraciones o canjes.

La deuda carga ilicitud, ilegitimidad, fraudulencia y estafa desde su origen reciente en los años de plomo. El transitar espurio ha sido probado en varios expedientes de la justicia federal. Y todos los actos administrativos celebrados en su conformación, estatización, negociaciones renegociaciones, blindajes, megacanjes, reestructuraciones; conllevan nulidades absolutas por ilícitos cometidos. Incumplimientos de competencias, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidades de los actos dictados. Las nulidades en el Derecho Administrativo son absolutas. Es decir, no existe novación de deudas, transformación de obligaciones viejas en nuevas que conlleva la extinción de las anteriores. El Art. 802 de nuestro Código Civil prohíbe la novación de obligaciones anteriores ilícita o nulas.

En otras palabras, si la deuda pública que hoy pagamos y reconvertimos reconoce su origen en ilícitos e ilegitimidades de los años de plomos, continuados en los gobiernos democráticos subsiguientes, la nulidad de origen jamás se pudo haber convalidado. Los contratos están viciados de nulidad y las obligaciones que de ellos surgen devienen inexistentes. Es necesaria una auditoría exhaustiva por parte del pueblo argentino que permita exigir la nulidad de la deuda pública nacional con sustento en el principio de invalidez de los actos administrativos contrario a las leyes, de las obligaciones fundadas en causas ilícitas y la imposibilidad de novar obligaciones nulas. Tenemos material de sobra reunidos en las distintas causas que tramitaron y tramitan en la justicia federal, que nos permite exigir la suspensión de pagos de la deuda ilícita y solicitar la nulidad de todas las obligaciones financieras que de ella se derivan.

Como conclusión, y retomando el informe oficial, podemos afirmar que el crecimiento de la deuda con el sector público es altamente perjudicial al pueblo argentino. Conlleva una peligrosa política de reconversión de deudas ilícitas que licua responsabilidades y desvanece el sentido de las estafas. El crecimiento de la deuda pública - principalmente la deuda en manos del propio Estado- denota una política de privilegio de pagos a acreedores privados y organismos multilaterales, y una clausura a cualquier salida popular a la trampa de la deuda. ¿Cómo vamos a plantear la ilicitud de la deuda, o la nulidad, si los acreedores ahora son los jubilados argentinos?

 Nuevo acto de fe

Deuda por U$S 800 millones


por Facundo Gutiérrez Galeno


El Gobierno Nacional emitió deuda pública por un total de 1735 millones de pesos y 466 millones de dólares, a través de la emisión de Bonos y letras del Tesoro. Los bonos fueron entregados a empresas de los sectores avícolas y molinos harineros, y las letras fueron colocadas en la ANSES. Las emisiones fueron autorizadas por la Ley de Presupuesto de 2012 y 2013.El Gobierno Nacional emitió deuda pública como nuevo acto de fe. Por medio de las Resoluciones conjuntas N° 255-66/12, 144-25/13 y 83-21/13 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, organismos dependientes del Ministerio de Economía, se dio a conocer en Boletín Oficial la emisión de nueva deuda pública en pesos y dólares, y el blanqueo de emisión de deuda del año 2012. El total de las emisiones ronda los 800 millones de dólares y fueron autorizados por las leyes de Presupuesto de Gastos de la Nación correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.
Este miércoles 19 de junio de 2013, se publicó en Boletín Oficial tres las resoluciones conjuntas por medio de las cuales se colocó deuda por 1735 millones de pesos y 466 millones de dólares. La emisión en pesos consistió en la colocación de dos Bonos del Estado (BONTE) por 950 millones con emisión al 2012, y ampliación de 750 millones en 2013. La deuda en dólares fue autorizada a través de la colocación de dos Letras del Tesoro (LETE) en dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Las emisiones tienen como objetivo el pago de subsidios a empresas del agro y la cancelación de vencimientos de deuda.
Bonos del Tesoro 2016 (BONTE 2016): La emisión de deuda pública en pesos fue dispuesta por las Resoluciones Conjuntas 255/2012 y 66/2012, y 144/2013 y 25/2013. Por la primera de ellas, y luego de 8 meses, se blanqueó la emisión de un Bonos del Tesoro por 950 millones de pesos realizada el 4 de septiembre de 2012 de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto de ese año. A ello se agrega autorización para la emisión de una ampliación de colocación de BONTES 2016 por 750 millones de pesos bajo autorización conferida por Ley de Presupuesto 26.784 del año 2013. La nueva deuda en pesos emitida por el Estado Nacional totaliza 1.735 millones de pesos, equivalente a 327 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Los títulos serán emitidos en pesos bajo legislación nacional, con fecha de emisión al 1° de septiembre de 2012 y vencimiento al 1° de diciembre de 2016. Devengarán un interés equivalente al promedio ponderado por saldo de los depósitos de Caja de Ahorro en pesos del Banco Central, y pagaderos trimestralmente. El capital también se amortizará por trimestres en 16 cuotas. Las emisiones serán suscriptas por empresas de los sectores avícolas y molinos harineros en el marco de los acuerdos de pago de compensaciones celebrados con la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ex ONCCA). Es decir, como pago en concepto de subsidios por los acuerdos de precios celebrados con la Secretaría de Comercio.
Letras del Tesoro en dólares (LETES): Por su parte, la emisión de deuda pública en dólares será del orden de los 466 millones, a través de la colocación de dos Letras del Tesoro en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Una de ellas de 350 millones de dólares y otra por 116 millones, con vencimiento a un año e interés del 5 % nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente y la amortización íntegra al vencimiento. Las letras serán transferibles y tendrá cotización en los mercados de valores locales. La ANSES podrá colocar los títulos o venderlos al mejor postor. Lo prestado por el Sistema Previsional será destinado al pago de servicios de la deuda pública.
Como manifestamos en anteriores notas, la emisión de deuda pública del Estado Nacional sigue siendo muy alta. La deuda intra-sector público sigue creciendo a pasos agigantados en procuras de fondos que permitan cubrir las necesidades financieras en el pago de la deuda nacional. La mayoría de los organismos o dependencias públicas descentralizadas son utilizados para financiar el pago de servicios de deuda pública a acreedores privados. Así el Fondo de Garantía de la ANSES tiene el 60 % de sus activos (valuados en 227.000 millones de pesos al 30.9.2012) en títulos públicos. El mismo fenómeno se observa en la AFIP, Fondo de Reconstrucción Empresaria, Lotería Nacional y Casinos, el PAMI y el Banco Nación. Una reconversión peligrosa de acreedores privados a públicos. 
En esta oportunidad se suma la entrega de subsidios por 1.735 millones de pesos a empresas avícolas y molinos harineros por medio de BONTES 2016. Cabría preguntarse por qué no se publican ni se detallan qué empresas del sector recibirán los títulos públicos emitidos y a emitirse en la presente autorización. Quiénes son los empresarios beneficiados con estas colocaciones en pesos, y qué acuerdos celebraron con la Secretaría de Comercio de Nación. En qué marco y cuáles fueron los beneficios de precios recibidos por el pueblo argentino. Información de vital importancia que no ha sido publicada ni formó parte de las resoluciones conjuntas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación.
Todo duerme en el oscuro limbo de la deuda pública. La emisión y colocación de miles de millones de títulos comporta una pesada carga para el pueblo argentino y sus generaciones venideras. El Gobierno incumple en cada emisión con el derecho constitucional de base republicana que impone el deber de todo gobierno de hacer pública la información atinente al manejo de la hacienda nacional. Todo ciudadano tienen derecho al acceso a la información pública, máxime cuando se encuentra en juego la “relevancia de los intereses públicos gestionados”, según sostuvo la Corte en un reciente fallo contra el PAMI (1). El principio republicano establece la obligación de la publicidad de todo acto de gobierno. Y así está consagrado en la Constitución Nacional (2), los tratados internacionales con jerarquía constitucional y el Decreto 1172/2003.
La carencia de información y detalle en el manejo de la deuda pública es una constante de las políticas oficiales. Basta mencionar que el Ministerio de Economía mantiene desactualizada la cifra de deuda pública al 30 de junio de 2012. Es necesario que pueblo exija la publicación detallada de los títulos emitidos, se realice un censo de acreedores para determinar quiénes son los tenedores, y una evolución histórica de los ilícitos y fraudes en el proceso de conformación de nuestra espuria deuda pública. De otra manera, la deuda seguirá creciendo a espalda de la ciudadanía y sus pagos se saldarán en sendas libras de carne y nuevos financiamientos.
Como dijera un célebre filósofo del siglo XIX, la única parte presunta de la riqueza nacional que entra de verdad en la posesión colectiva de los pueblos modernos es su deuda pública. El credo del capital es admirar el endeudamiento como forma de enriquecimiento de los pueblos. Actos de fe sin rendición de cuenta alguna particulariza las políticas de deuda llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, porque la falta de fe en la deuda pública ocupa, desde la incubación de ésta, el lugar del pecado contra el Espíritu Santo, antes el único imperdonable.

NOTAS:
(1) “Asociación Derechos Civiles c/ EL PAMI (decreto 1172/03) s- amparo”, CSJN, 04/12/2012.
(2) Artículos 10, 14, 16, 31, 32, 33 Y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros