Fabiana Arencibia
Un suicidio energético y ambiental de Argentina, una ley más
entreguista que la de la dictadura de Onganía, la continuidad del proyecto
privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos, una
ley de saqueo del petróleo de los argentinos, son solo algunas de las opiniones
que pudieron escucharse en la voz de especialistas, parlamentarios y diversas
organizaciones, antes y después de la sanción de la nueva ley. En esta nota
realizamos una síntesis de las mismas.
La nueva ley de hidrocarburos fue
aprobada anoche en el Parlamento por 130 votos a favor, 116 en contra y una
abstención, a través de un trámite exprés, sin el debate público que hubiese
sido imprescindible ante la envergadura de lo que se discutía. (1)
A
pesar de las manifestaciones que se hicieron públicas desde diversos sectores
políticos y sociales, advirtiendo sobre el retroceso en materia de soberanía que
significaba la norma propuesta por el Poder Ejecutivo, se ha legalizado una
nueva herramienta para el saqueo por parte del capital extranjero cuando todavía
nos preguntamos qué fue lo que se firmó con Chevrón.
Plataforma 2012,
grupo de intelectuales integrado por Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa,
Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos, Rubén Lo Vuolo, Maristella
Svampa, Osvaldo Tcherkaski y Enrique Vial, entre otros, difundió un documento
contra el contenido de la norma cuando aún no era ley.
“El proyecto de
reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos
días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios
entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos
diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el
yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevrón. Incluso, con la misma pluma
que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las
condiciones, por diversas razones…”, que detallan en el documento (2). Algunas
de ellas son:
1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía
del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevrón. Se pasa de
exigir a las empresas una inversión de 1.000 millones de dólares para tener
derecho a exportar y girar utilidades, a sólo 250 millones.
2- En función
de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del
sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12% de regalías a las empresas
concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países
latinoamericanos.
3- El Estado (nacional y provincial) se auto-excluye
explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios
territorios, así como renuncia al control público de la actividad
hidrocarburífera.
4- El proyecto de ley no contempla en absoluto la
consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por
explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra
Carta Magna y las Constituciones provinciales.
5- El proyecto de ley no
posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a
través del artículo 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer
normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
"Con esta Ley se
están entregando nuestros recursos energéticos estratégicos a las
multinacionales. (…) Hoy se escribió un capítulo más de la entrega de nuestra
soberanía nacional, es la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de
nuestros recursos energéticos y estratégicos. (…) Esta Ley entreguista acordada
a espaldas del pueblo permite concesiones absurdas que nos harán perder
soberanía por 60 o 100 años y garantizando la libre disponibilidad de divisas a
partir del tercer año de inversión", afirmó José Rigane, secretario general de
la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina
(FeTERA-CTA).
Horacio Micucci es integrante del Instituto de Estudios
Nacionales y ha trabajado con Adolfo Silenzi de Stagni, quien fue continuador de
la línea del General Mosconi (fundador de YPF) de defensa petróleo en manos del
Estado.
En una entrevista difundida durante la emisión de este jueves de
Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, Micucci dijo: “La nueva Ley de
Hidrocarburos implica profundizar la dependencia que tenemos. Un supuesto
gobierno progresista, nacional y popular profundiza una ley de entrega; legaliza
el acuerdo con Chevrón que es secreto hasta el día de hoy aun para la misma
provincia en que se aplica”.
Se refería a la ley vigente que es la 17.319
y que fue sancionada durante la dictadura militar de Onganía a la que, comentó
Micucci, “le agregaron modificaciones parciales que le han profundizado el
carácter de ley de dependencia y de entrega de petróleo”.
Durante la
entrevista explicó que la nueva ley aprobada, “es más entreguista que la de
Onganía porque esa ley establecía una superficie que se podía conceder a las
empresas privadas de áreas petroleras y decía que no podían ser mas de cinco por
empresa. A medida que pasaron los años se fue violando esa ley y por distintos
medios se llegó a que las empresas pueden tener 30 o 40 concesiones. Esta ley
que se acaba de aprobar saca el límite de concesiones. Se puede conceder todo lo
que se quiera y por tiempos enormes; estamos hablando de 35 años más 10 de
prórroga o de 30 años más 10. Si das un área petrolera con petróleo asegurado y
lo das hasta prácticamente su agotamiento, lo estas regalando”.
Claudio
Lozano es diputado nacional de la CTA y presidente del bloque Unidad Popular. En
una entrevista realizada ayer miércoles durante el programa Los Locos de Buenos
Aires (FM LA Tribu), comentó que el bloque UP presentó una propuesta a todos los
legisladores, no solo opositores sino también oficialistas, para alcanzar un
compromiso público de que, si no se podía modificar o evitar que se sancione el
proyecto, luego de las elecciones 2015 y de la asunción de los nuevos
legisladores, la norma se revise y se derogue.
“Desde nuestro punto de
vista, con esta norma se sientan las bases que efectivamente habilitan la
posibilidad de un suicidio energético y ambiental de Argentina. En principio
porque ratifica una orientación básica propia de los ‘90 y que se repite aquí,
que es entender a los hidrocarburos como una suerte de mercancía, de commodity
que se coloca en el mundo, en lugar de entenderlos como un recurso de carácter
estratégico y de un bien común que debemos defender y disfrutar el conjunto de
las generaciones, no sólo la actual sino también las futuras.
En segundo
lugar, ratifica una orientación de carácter exportador, tal como se hizo en los
‘90 con el gas y que ha llevado al disparate de haber bajado las reservas de 30
años a 8. Esto se repite ahora para los hidrocarburos convencionales y no
convencionales. Además esa orientación exportadora se la estipula sobre la base
de la aplicación generalizada del fracking”.
En este mismo sentido, la
CTA Auténtica afirmó en un comunicado: “Queremos denunciar que el proyecto
supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking) como método
para la extracción de los recursos no convencionales, lo que comportará serias
consecuencias medioambientales y pondrá en riesgo cierto el uso del agua-
nuestro bien común más preciado- para la vida de nuestras comunidades. Asimismo,
el uso indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los
procesos de fractura hidráulica, la degradación irreparable del suelo y la
ocurrencia de sismos, son otras de las consecuencias indeseables que comportará
el uso masivo de este método de producción”.
La nueva ley “garantiza
todas las condiciones favorables a las grandes empresas trasnacionales del
petróleo y el gas, mediante la generalización de incentivos impositivos y
fiscales que se habían otorgado por Decreto en julio de 2013 luego del acuerdo
entre YPF y Chevron para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata
Norte- Loma Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de
vigencia y que contiene inaceptables cláusulas secretas, anomalía que ha sido
debidamente denunciada por distintas organizaciones luego de la confirmación del
mencionado proyecto”, explicó dicha central sindical.
El abogado
argentino residente en Francia, diplomado en relaciones económicas
internacionales en la Universidad de Paris, Alejandro Teitelbaum, se dirigió a
los candidatos para las próximas elecciones al afirmar: “Los candidatos en las
próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse
solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente
inconstitucional y por afectar la soberanía nacional sobre sus recursos
naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse. Y también deben
comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa
ley. Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato
que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos
provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas
multimillonarias como indemnización porque se diga privada de ‘los beneficios
que podía razonablemente esperar’ o de las ‘ganancias futuras o esperadas’,
basada en alguno de los 54
Tratados de Promoción y Protección de Inversiones
Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de
1990 durante el Gobierno de Menem”.
El gobierno kirchnerista y los
gobiernos de las provincias hidrocarburíferas quedarán en la historia por ser
quienes le entregaron a las empresas petroleras privadas nuestro petróleo en lo
que se ha nombrado como la “consagración cortoplacista del saqueo y la
depredación de nuestros bienes comunes”.
El 24 de setiembre de 1992,
Diputados aprobó la Ley de Privatización de YPF. Oscar Parrilli, entonces
diputado nacional por Neuquén, fue el miembro informante. Durante el debate
sostuvo: “no pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) esta ley servirá
para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro
compañero presidente”, que entonces era entonces Carlos Menem. Después de la
votación, entre los que celebraron públicamente estaban el entonces gobernador
de Santa Cruz, Néstor Kirchner.
Días antes, desde la provincia
patagónica, la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner,
había dicho: “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la
Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad
de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara.
Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio
de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita. Del dictado de esa
ley depende hoy el envío de los U$S 480.000.000 y el pago de nuestra parte en la
licitación de las áreas ya concretada”.
Oscar Parrilli es hoy el
secretario general de la Presidencia de Cristina Fernández
1)
Detalle
de la votación en Diputados 2)
Documento
completo de Plataforma 2012 Notas relacionadas:
"La
Ley de Hidrocarburos es una vergüenza y es la clara entrega de la
soberanía" "El
proyecto para una nueva Ley de Hidrocarburos representa un retroceso en la
soberanía nacional" La
nueva la ley de hidrocarburos beneficia a las grandes petroleras Nueva
Ley de Hidrocarburos: sector público retrocede ante
transnacionales 
